CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. SE DISTRIBUYE SUCESIVAMENTE ENTRE LAS PARTES CUANDO SE PRETENDE VINCULAR AL PRINCIPAL POR ACTOS DE SU FACTOR Y LA PARTE DEMANDADA ALEGA QUE ÉSTE CARECÍA DE FACULTADES (ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE AGOSTO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA. DISIDENTE: MAGISTRADO JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, dictada en sesión ordinaria de doce de agosto de dos mil veintiséis.
V I S T O S;
Y
R E S U L T A N D O:
Primero. Denuncia de la posible contradicción. Mediante escrito signado electrónicamente y recibido en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México el veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, una persona moral, por conducto de su apoderado legal, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el (i) Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 133/2025 y (ii) el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 755/2024 y 57/2025.
Segundo. Radicación y turno. Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional ordenó formar y registrar el expediente con el número 48/2026; admitió a trámite la denuncia; turnó el asunto para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina; y solicitó a los órganos contendientes que informaran si los criterios denunciados aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con los planteados en el presente asunto, a saber:
"Determinar si, al demandar en la vía mercantil el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de factoraje financiero, la carga de la prueba respecto de las facultades del director del factoraje para modificar la tasa de rebate y la forma de pago, corresponde al enjuiciante como institución financiera o bien, le corresponde a la moral actora, por ser quién lo afirma al ejercer su acción en juicio".
"Determinar si, el aumento en la tasa de rebate y su pago, le es vinculante a la institución financiera derivado de las facultades del director del factoraje, con independencia de que recaiga sobre el objeto, giro o tráfico respectivo, o bien, no le vincula por ser el aumento en perjuicio de la institución bancaria y, si ese aumento de la nueva tasa, implica una aceptación tácita por haberse pagado el monto modificado, entendiéndose como un acto positivo a la luz del acuerdo de voluntades".
Tercero. Declaración de incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diverso asunto. En acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiséis, la presidencia del Alto Tribunal declaró carecer de competencia para conocer de la contradicción de criterios 60/2026, de su índice, con base en los razonamientos siguientes:
"Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintiséis.
Formación del expediente. En términos de la normativa aplicable con las constancias de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes a la contradicción de criterios al rubro mencionada.
En su caso, con copia autorizada de este proveído y los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, fórmese cuaderno auxiliar, el cual, al concluir el trámite será sometido al respectivo procedimiento de baja documental.
Criterios denunciados. El promovente al rubro citado, quien se ostenta como apoderado de la parte quejosa en los asuntos enseguida mencionados, denuncia una posible contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver los amparos directos 755/2024 y 57/2025, en contra del sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Región Centro-Sur) al resolver el amparo directo 133/2025.
El aparente tema de contradicción consiste en determinar a quién corresponde la carga de la prueba respecto de la acreditación de las facultades del director de factoraje de una institución financiera.
Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado que se denuncia una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur, debe estimarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer de esa especie de contradicciones.
Competencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur. En virtud de que la contradicción de criterios se suscita entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur y los asuntos en los que sustentaron sus criterios corresponden a la materia civil, con fundamento en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los diversos numerales 8 del Acuerdo General 67/2022 y 1, fracción II, inciso 2, del reformado Acuerdo General 108/2022, del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios es el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur.
Informe. Se informa que de la revisión en el sistema de seguimiento de contradicciones de criterios pendientes de resolver en este Tribunal, consultable en la dirección electrónica https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx apartado Pleno, sección de Amparos, Contradicciones de Criterios y demás asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia durante los últimos tres meses, se advierte que no se encuentra radicada en este Tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en la presente contradicción de criterios (...)".
Cuarto. Desahogo de requerimiento y recepción de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por desahogados los requerimientos formulados al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y al Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Además, se tuvo por recibido el oficio por medio del cual se informó que en acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente del Alto Tribunal, declaró carecer de competencia para conocer de la contradicción de criterios 60/2026, e hizo del conocimiento que en los últimos tres meses no se encontró radicada contradicción de criterios alguna, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el que se denuncia en la presente contradicción de criterios.
En ese mismo proveído, se ordenó hacer del conocimiento del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ante este Pleno Regional, mediante escrito presentado el pasado veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, el mismo promovente presentó la denuncia de contradicción de criterios, que dio origen a la contradicción de criterios 48/2026.
Quinto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que durante los últimos tres meses no se radicó en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios vinculada con el tema señalado en el auto de admisión del propio expediente.
Sexto. Amicus curiae. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintiséis ante este Pleno Regional, una persona moral por conducto de su apoderado, expresó diversas manifestaciones a título de amicus curiae, las cuales se tuvieron por formuladas en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.
Séptimo. Confirmación de turno. Una vez agotada la debida secuela procesal, por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Octavo. Manifestaciones. El doce de agosto de dos mil veintiséis, se recibió en la oficialía de partes de este Pleno Regional, un escrito en el cual una persona moral solicitó a este órgano colegiado que tomara en consideración la viabilidad de que los magistrados de este órgano colegiado solicitaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción. Con dicho escrito se dio cuenta en sesión, se ordenó agregarlo al expediente y se proveyó al respecto.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1°, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:
"Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos".
De modo que si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados en materia civil del primer circuito, ambos comprendidos dentro de la Región Centro-Sur y respecto de los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver el asunto, por materia y territorio.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción fue presentada por el apoderado legal de la parte tercera interesada en el juicio de amparo directo 57/2025; personalidad que le fue reconocida en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, dictado por el Magistrado Presidente del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Además, al presentar la denuncia de contradicción de criterios, el apoderado legal señaló expresamente:
"**********, en mi doble carácter, tanto de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la sociedad denominada **********, personalidad que acredito en términos del instrumento notarial número 63,607, otorgado el 7 de abril del 2005, ante la fe deI Licenciado Juan Manuel García de Quevedo Cortina, Notario Público número 55 del entonces Distrito Federal, así como de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la sociedad denominada **********, personalidad que acredito en términos del instrumento notarial número 14,684, otorgado el 21 de noviembre del 2017, ante la fe del Licenciado Arturo Adolfo Llorente Martínez, Notario Público Número 205 del entonces Distrito Federal, documentales que en copias digitalizadas se acompañan a la presente como anexos 1 y 2, las cuales, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que constituyen reproducciones fieles, íntegras e inalteradas de los testimonios originales que se encuentran en mi poder, y que en esos mismos términos solicito sea reconocida mi personalidad en esta instancia superior, ante Ustedes, con el debido respeto comparezco para exponerles: (...)".
A continuación se insertan imágenes, de los testimonios de los instrumentos notariales número 63,607, otorgado el siete de abril de dos mil cinco, ante la fe del Licenciado Juan Manuel García de Quevedo Cortina, Notario Público número 55 del entonces Distrito Federal, así como el diverso instrumento notarial número 14,684, otorgado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, ante la fe del Licenciado Arturo Adolfo Llorente Martínez, Notario Público Número 205 del entonces Distrito Federal; que el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó que eran reproducciones fieles, íntegras e inalteradas de los documentos originales:
SE
INSERTA
IMAGEN
SE
INSERTA
IMAGEN
De ahí que este Pleno Regional reconoce la personalidad que ostenta el promovente, pues acredita ser apoderado de la sociedad denominada **********, en los términos precisados en los instrumentos notariales de mérito.
Precisado lo anterior, debe decirse que de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haberse formulado por una persona moral que fue parte en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción de criterios, a saber, quejosa en los juicios de amparo directo 755/2024 y 133/2025; y tercera interesada en el diverso juicio de amparo 57/2025.
TERCERO. Criterios denunciados como contradictorios. A continuación se transcriben, en lo que es relevante para este asunto, los criterios denunciados.
A. Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Juicio de amparo directo 755/2024, resuelto en sesión de dos de octubre de dos mil veinticinco.
"(...)
[26] SÉPTIMO. Elementos para resolver. Dada la extensión de la demanda de amparo y en función al problema jurídico planteado, es importante precisar algunos antecedentes procesales que dieron origen a la emisión del acto reclamado.
[27] La peticionaria inició el juicio oral mercantil porque, según la causa de pedir contenida en su escrito inicial, el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, los contendientes celebraron un convenio para la incorporación al programa de cadenas productivas con Nacional Financiera.
[28] Para efectos prácticos de esta ejecutoria, una cadena productiva ante Nacional Financiera, es un mecanismo de financiamiento que tiene por objeto facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas, que forman parte de la cadena de suministro de una empresa de mayor tamaño, comúnmente denominada Empresa Ancla, obtengan el pronto pago de las facturas que le expiden a ésta por los servicios prestados o los bienes entregados.
[29] De modo que cuando existen estas cadenas productivas, los proveedores autorizados, después de celebrar operaciones comerciales con la empresa anclada y de haber emitido la factura correspondiente, pueden registrar tales documentos en la cadena productiva y, una vez validadas, las facturas pendientes de cobro se envían a la institución financiera participante, la cual adelanta el importe de las mismas al proveedor, descontando la tasa de financiamiento aplicable.
[30] Conforme a la información oficial que proporciona el Gobierno de México, dada a conocer por conducto de Nacional Financiera, las ventajas de estas cadenas productivas son que los proveedores pueden obtener liquidez inmediata, ya que el banco deposita al proveedor los recursos en el mismo día de la operación y, eventualmente, al vencimiento del plazo de pago de los documentos mercantiles [facturas], la gran empresa, también conocida como empresa anclada, liquida al banco los documentos operados por el proveedor.
[31] Pues bien, atendiendo a lo manifestado por la peticionaria en su demanda mercantil, por los beneficios que obtiene la institución bancaria, se pacta una comisión y tasa de rebate. En el sumario primigenio, Nacional Financiera explicó que el rebate consiste en que el intermediario financiero hace partícipe de los ingresos a la Empresa Ancla o de Primer Orden, en razón de la operación de la cadena productiva.
[32] Una vez precisado lo anterior, es oportuno mencionar que, dentro de las cadenas de suministro, se pacta el rebate en entero beneficio de la Empresa Ancla. En la demanda mercantil se detalló que en principio la comisión o tasa de rebate era de 6.5% y que, eventualmente, ésta se incrementó al 7.0%. Lo anterior, en función a que, según el dicho de la amparista, el uno de abril de dos mil diecinueve, el Director de Factoraje de la tercera interesada, **********, le comunicó dicho incremento.
[33] Según lo narrado en la demanda, la quejosa procedió a emitir las facturas electrónicas respectivas por concepto de rebate, a efecto de que la tercera interesada devolviera el importe requerido, lo que no se hizo a pesar de los requerimientos formulados.
[34] Al contestar la demanda, la enjuiciada negó la procedencia de la acción, sobre la base esencial de que si bien ********** fue su Director de Factoraje, lo cierto era que nunca consintió el aumento en la tasa de rebate y que dicha persona carecía de facultades para obligarla a dicho convenio. También aclaró que por las irregularidades en la actuación de dicha persona, prescindió de sus servicios y lo denunció por el delito de administración fraudulenta.
[35] Sobre ese escenario procesal, el juez de proceso emitió sentencia absolutoria al considerar que la enjuiciante no había acreditado que **********, Director de Factoraje de la tercera interesada, tuviera facultades suficientes para obligarla al aumento en la tasa de rebate. Dicho lo anterior, procede examinar el fondo de la cuestión efectivamente planteada.
[36] OCTAVO. Estudio. El análisis de los conceptos de violación hechos valer se hará de acuerdo con la temática que intitula cada fracción de esta parte considerativa y, por cuestión de método, se harán en un orden distinto al propuesto en la demanda de amparo.
[37] 8.1 Facultades del factor y actos positivos
(...)
[50] Los conceptos de violación son infundados. De conformidad con el artículo 309 del Código de Comercio, se reputarán factores a las personas que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos.
[51] La doctrina sostiene que esta figura de Derecho Mercantil no es de reciente creación, sino que fue conocida desde los romanos, ya que es sustancialmente igual a la de ‘institor’, quien, según Ulpiano, aplicaba su actividad al manejo y dirección del comercio.
[52] En esa medida, es dable aseverar que el factor, en el derecho vigente, se trata de una especie de representante del comerciante, dado que la ley lo habilita a contratar en nombre de la empresa; sin embargo, como cualquier facultad otorgada por el Poder Reformador, ésta se encuentra francamente limitada por la propia normativa comercial.
[53] En el caso de nuestro país, las modulaciones al ejercicio de los factores se encuentran previstas en los artículos 315 y 316 del Código de Comercio, que disponen lo siguiente: ‘(se transcriben)’.
[54] Conforme a estas directrices, los factores están expresamente habilitados a contratar en negocios cuyo objeto se encuentre comprendido en el giro o tráfico del que se encuentren encargados y, en ese supuesto, aun cuando el factor haya abusado de sus facultades, el contrato resulta vinculante para la empresa.
[55] También existe la posibilidad de que el factor haya celebrado un contrato cuyo objeto sea ajeno al giro del que está encargado. En este caso, para que el acto jurídico sea vinculante para la empresa, se requiere que se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis normativas: (i) Que haya obrado con orden de su principal; (ii) Que éste haya aprobado la contratación en términos expresos o (iii) Que lo haya hecho a través de actos positivos.
[56] En el caso que se nos plantea, el thema decidendum consiste en resolver si el aumento a la tasa de rebate que pactó la peticionaria con **********, entonces Director de Factoraje de la tercera interesada, le resulta vinculante a ésta o si, por el contrario, la misma no es obligatoria por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en los artículos 315 y 316 del Código de Comercio.
[57] En la demanda de amparo, la quejosa planteó que, a su juicio, el aumento a la tasa de rebate se encontraba dentro del giro o tráfico del que estaba encargado ********** y que, en caso de no considerarlo así, existen actos positivos a través de los cuales la institución bancaria consintió dicho incrementó.
[58] Pues bien, para dar respuesta total a esos planteamientos, es conveniente comenzar diciendo que no existe controversia en cuanto a que ********** pactó con la quejosa el aumento de la tasa de rebate de un 6.5 a un 7%. Tampoco hay debate en cuanto a que la persona mencionada era Director de Factoraje de la tercera interesada.
[59] Lo anterior, en función a que en el juicio de origen fueron aspectos aceptados por las partes contendientes e, incluso, así fue reconocido por el juez responsable. De modo que lo único que se encuentra sujeto a discusión es si dicho aumento en la tasa de rebate es o no vinculante para la institución tercera interesada y, para serlo, no hay duda que tendría que actualizarse alguna de las hipótesis normativas contenidas en los artículos 315 y 316 del Código de Comercio, lo que en opinión de este tribunal no ocurre, tal y como se demuestra a continuación.
[60] En principio, es oportuno mencionar que la doctrina es unánime al señalar que la representación que ostentan los factores es diametralmente distinta a la que regula el Derecho Civil, ya que ésta no suele formalizarse a diferencia de los mandatos en aquella materia, sin que ello reste validez o vinculatoriedad a los actos llevados a cabo por el factor en nombre de su principal.
[61] Sin embargo, esta particularidad ocasiona que difícilmente exista un listado o documento que la persona juzgadora pueda consultar para determinar si el objeto del contrato celebrado por el factor se encuentra o no comprendido en sus facultades o en el giro del que está encargado.
[62] Para resolver esa problemática, resulta útil acudir a la obra de León Bolaffio, quien señala que el factor puede hacer cuanto sea preciso para el desempeño de su cometido y que tiene las facultades que a este efecto le son necesarias, reconociendo que cuando no existe apoderamiento, la representación es tácita y comprende todos los actos pertenecientes o necesarios que se requieren para la ejecución del comercio que se le confió.
[63] El mismo autor define actos pertenecientes los que están dentro de los límites del comercio para el que fue nombrado el factor. Por su parte, señala que acto necesario es el que, en circunstancias no previstas, es absolutamente indispensable, aun cuando excedan de lo que ordinariamente requiere el funcionamiento de la casa comercial.
[64] Una idea similar tiene Vivante, quien considera que el mandato que no se otorga o publica con las formalidades prescritas, se trata de uno tácito y debe reputarse general, siempre que las circunstancias exteriores induzcan a creer que el acto pertenece al comercio del poderdante.
[65] Por su parte, la doctrina mexicana ha establecido que no es posible fijar, mediante una regla general, el nivel de las restricciones y que ello depende de la apreciación del juez, quien deberá atenerse más que al título pomposo del factor, al contenido específico de su función.
[66] En ese orden de ideas, resulta plausible afirmar que esta doctrina fue recogida por el legislador, quien reguló como primer supuesto que los actos del factor resultan vinculantes para el comerciante cuando el objeto de éstos recaiga en el giro o tráfico del que se encarga.
[67] Sobre las bases apuntadas, es posible afirmar que, para la procedencia de la acción, la quejosa debió acreditar los siguientes elementos: (i) Que ********** era factor de **********; (ii) Que con esa persona pactó un incremento en la tasa de rebate y (iii) Que el citado incremento es una actuación comprendida dentro del giro o tráfico que le fue encargado.
[68] Lo anterior, dado que el Código de Comercio vigente prescribe, de manera clara, que para que el negocio contratado por el factor sea vinculante para la empresa, se requiere que el objeto del mismo recaiga en el giro o tráfico que le fue encargado al primero, por lo que si la peticionaria pretendía vincular a la institución demandada al cumplimiento del incremento en la tasa de rebate, era indispensable que se probara dicho extremo.
[69] Ello, en función a que no puede perderse de vista que el pacto de una tasa de rebate, dentro de una cadena productiva, se trata de un auténtico acto jurídico de naturaleza mercantil, ya que produce obligaciones y derechos, por lo que la modificación de dicha tasa, al variar un acto de comercio, debe considerarse como un convenio para todos los efectos legales.
[70] Por consiguiente, si la modificación a la tasa de rebate tiene la naturaleza jurídica de un convenio, la parte que pretenda ejecutarlo debe, en todo momento, probar que el mismo fue celebrado por personas capaces de obligar a los interesados. En este caso, a la peticionaria y a la institución bancaria tercera interesada, pues solamente en ese escenario se puede considerar que el mismo es vinculante para éstas.
[71] Sobre todo, porque toda la posición procesal de la actora, aquí quejosa, en el juicio oral mercantil se encuentra dirigida a afirmar que ********** era factor de ********** al ser su Director de Factoraje y que éste podía incrementar la tasa de rebate que inicialmente había sido pactado, lo que desde luego constituye una afirmación que merece ser materia de prueba en términos del artículo 1194 del Código de comercio.
[72] En ese tenor, la inconforme tuvo a su alcance un gran cúmulo de medios de convicción que pudo ofrecer y desahogar para acreditar que el aumento de la tasa de rebate se trataba de un acto que se encontraba comprendido en el giro o tráfico encargado a **********, pues como lo reconoce la doctrina, bastaba que probara que dicho acto era perteneciente o necesario para el área de factoraje de la que estaba a cargo la citada persona.
[73] Para ello, la peticionaria pudo, desde su escrito inicial, solicitarle al juez de proceso que requiriera a la enjuiciada para que entregara su organigrama y descripción de puestos y áreas, con el apercibimiento que, de no entregarlo, se tendrían por ciertos los hechos de la demanda, lo que pudo solicitar en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, con lo que habría cumplido con su carga probatoria.
[74] En efecto, este tribunal considera que la carga de la prueba le corresponde en principio a la enjuiciante porque, como ya se destacó, para poner de manifiesto que el aumento en la tasa de rebate le resulta obligatorio a la institución demandada, tenía que acreditar indefectiblemente que la modificación a dicha tasa se encontraba comprendida en el giro o tráfico que le fue encargado al Director de Factoraje, siendo que dicho extremo era fácilmente corroborable, dado que la inconforme pudo, desde el principio, solicitarle a la persona juzgadora que requiriera dicha información, por lo que no se trata de una prueba imposible o de difícil acceso, ya que bastaba una simple petición bajo protesta de decir verdad para obligar a la enjuiciada a llevar la prueba al proceso.
[75] Máxime que, atento a la naturaleza de la tercera interesada, también era apto que la promovente del amparo solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la rendición de algún informe que diera noticia de las funciones del Director de Factoraje o que describiera todo lo que comprendía dicha área para, a partir de ello, determinar si la modificación a la tasa de rebate se encontraba o no dentro del catálogo de facultades de **********.
[76] Incluso, en el caso concreto se llega al extremo de que la impetrante pudo ofrecer la prueba testimonial a cargo de la persona con la que pactó la modificación a la tasa de rebate, quien al acudir al sumario hubiese proporcionado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que desempeñaba el cargo de Director de F
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34315-2b17949f/carga-de-la-prueba-en-el-juicio-oral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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