Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL BLOQUEO, CONGELAMIENTO, RESTRICCIÓN O MANEJO DE FONDOS REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO (IFPE), SON ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 15/2026. · Registro digital (IUS): 34226
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.177.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 15/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE JUNIO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: AURI GABRIELA CAUICH VÁZQUEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de tres de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS;

Y

RESULTANDO:

Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, todos con residencia en la Ciudad de México, una persona moral, por conducto de su representante, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 304/2025, y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circunscripción, al resolver el recurso de queja 324/2025.

La denuncia fue remitida al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiséis, dictado en el cuaderno de varios, ordenó su remisión al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

El tres de febrero de dos mil veintiséis, el homólogo de este Pleno, registró la contradicción de criterios con el número 8/2026, se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó su remisión a este órgano colegiado.

Segundo. Radicación y trámite ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. A través del oficio recibido el cuatro de febrero del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano colegiado, el citado Pleno Regional remitió las constancias relativas al escrito de denuncia; por tanto, el Magistrado Presidente ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 15/2026 y la admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina y se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:

"Determinar si, el auto inicial en amparo es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado a la empresa "******* *****" proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, o bien, los actos atribuidos no se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el peticionario de garantías."

Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales comunicaron que sus criterios continuaban vigentes.

Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de tres de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informó que durante los últimos tres meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.

Quinto. Amicus curiae. Mediante acuerdos de dieciocho, veintiséis y treinta y uno de marzo, siete, veintiuno, veintitrés de abril y veintiuno de mayo, todos de dos mil veintiséis, se tuvieron por formuladas diversas manifestaciones con el carácter de amicus curiae, en términos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Sexto. Confirmación de turno. Una vez integrado el expediente, por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Séptimo. Retiro. El doce de mayo de dos mil veintiséis, se listó el expediente para verse en sesión del día veinte siguiente; sin embargo, a petición de la Magistrada Ponente quedó retirado; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia, domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

"Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos".

Luego, si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados en materia civil, pertenecientes al Primer Circuito, ambos comprendidos en la Región Centro-Sur, materia y región respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver del asunto.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de criterios se formuló por parte legitimada, al ser denunciada por el representante de la persona moral quejosa, en el juicio de amparo indirecto 856/2025, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y, recurrente en la queja 304/2025, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, criterio contendiente en la presente contradicción.

TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios de los tribunales colegiados de circuito denunciados como contradictorios.

A. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (recurso de queja 304/2025).

Antecedentes

• Una persona moral demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben:

"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:

Autoridad responsable señalada como tal por actos equiparables a los de autoridad; ************* ** ** **** ** ***** *********** ** ****** ** **** ***********, operadora de la Plataforma ‘******* ****’ (incluyendo su modalidad ******* **** ******** como agregador de pagos), RFC ************. Dicha entidad privada, si bien es de naturaleza mercantil, realiza funciones reguladas y autorizadas por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y disposiciones financieras generales, actuando como Institución de fondos de pago electrónico (‘******* **** ******’) o por medio de comisionistas para la prestación de servicios de pago. En virtud de lo anterior, sus actos en cuestión se consideran actos equivalentes a los de autoridad, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo, tal como se detallará más adelante con domicilio en ***** ****** ** ********* ******** **** ******** **** *** ******* ******** **** ****** ****** ******** ****** ** ******.

** ********** ** ** **** ** ****, entidad afiliada que funge como comisionista operando la pasarela de pago ******* **** ********. RFC ************. Se incluye a su representante legal como autoridad responsable por los mismos actos referidos, dada su participación en la ejecución material del bloqueo de fondos reclamado. Con el mismo domicilio en Boulevard ****** ** ********* ******** ****** **** **** *** ******* ******** ******** ****** ******** ****** ****** ****** ***** ******.

*************** ******* ** ** **** ** ****, con RFC ************ ******** ******, con domicilio en Boulevard ****** ** ********* ******** **** ***** ** * *** ******* ******** ******** ****** ******** **** ****** ****** ** ******, se señala como posible autoridad responsable en virtud de que, conforme a la relación contractual que sostiene con el quejoso a través de las plataformas denominadas ******* ***** * ******* **** ****** * ********, participa directa o indirectamente en la retención, indisponibilidad o demora en la liberación de recursos económicos propiedad del quejoso.

Dicho señalamiento se realiza únicamente para efectos de este juicio de garantías, con el fin de que se emitan las medidas cautelares solicitadas y se garantice la tutela judicial efectiva, sin que ello implique prejuzgar su calidad jurídica definitiva en relación con el acto reclamado.

IV. ACTO QUE SE RECLAMA DE CADA AUTORIDAD;

* De las entidades de ************ ** ** **** ** **** y de ** ********* ** ** **** ** ***** ************ ** ******* ** ** **** ** ****, como responsables equiparadas, se reclama:

La quejosa reclama la retención arbitraria e ilegal de la totalidad de sus fondos llevada a cabo por la entidad responsable a través de la plataforma ******* ****. En concreto, se reclama la congelación o inmovilización de recursos monetarios propiedad de **** **** aproximadamente $********** (*********** ******* *** ************* ******* * **** ***** ****** M.N.) acumulados entre enero y hasta 5 de junio de 2025, más lo que se acumule a la presente fecha, que la autoridad responsable mantiene indebidamente en su poder. Esta retención total de ingresos se ha realizado sin procedimiento legal alguno, sin notificación ni audiencia previa, y de forma desproporcionada al impedir a la quejosa disponer de ninguno de sus fondos, en lugar de limitarse a montos efectivamente en disputa o bajo investigación. Asimismo, se reclama la amenaza inminente de prolongar dichas retenciones o repetir actos similares en el futuro, lo cual agrava la afectación continua a los derechos de la quejosa.

Dicho acto reclamado se identifica como un hecho consumado de tracto sucesivo (retención mantenida y que persiste día con día), atribuible a la entidad responsable en ejercicio de facultades unilaterales. Se precisa que no media orden judicial ni administrativa alguna que justifique o ampare la referida retención; se trata de una actuación unilateral de la empresa ******* **** ************* **** ** **** ***** en el manejo de la cuenta de la quejosa, bajo el supuesto de sus términos contractuales internos. Es por ello por lo que se acude al presente juicio de garantías en contra de dichos actos de autoridad."

• Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el que en proveído veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, la registró con el número ******** de su índice y determinó desecharla de plano por estimarla notoriamente improcedente al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que consideró que a ******* ****** ******** ******* ** ******* ********* *********** ** ****** ** **** ***********, no le asiste el carácter de autoridad responsable en términos de la ley reglamentaria.

• Inconforme con la anterior determinación, la persona moral interpuso recurso de queja, que por razón de turno fue remitido al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quedó registrado con el número 304/2025 y en sesión de veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado declaró fundado dicho medio de impugnación.

Determinación que, en lo que interesa, se sustentó en las siguientes consideraciones:

" (...)

QUINTO. Estudio de los motivos de agravio.

(...)

Los argumentos de inconformidad sintetizados con anterioridad, atento a su substancial causa de pedir, en el sentido de que, es incorrecto el proceder de la juzgadora federal de desechar su demanda porque, entre otras cuestiones, dejó de considerar lo que prevé el artículo 5° de la Ley de Amparo en cuanto a los lineamientos que definen los actos de un particular con la naturaleza de autoridad, se consideran fundados.

De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, sólo es posible desechar la demanda de amparo si se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta.

Un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

Sirve de fundamento, la tesis número 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, que dice lo siguiente:

‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (se transcribe)’.

De no cumplirse los aludidos requisitos, se debe proveer sobre la admisión de la demanda, pues la conclusión del procedimiento por desechamiento de la demanda es de estricta recepción, debido a la idea del legislador consistente en que las partes deben contar con amplia oportunidad de defensa en el juicio.

En el caso, la quejosa ahora inconforme reclamó de ******* ****** ******** ** *************** ******** ** ******* ********* *********** ** ****** ** **** *********** y de otras, lo que refirió como la retención arbitraria e ilegal de la totalidad de sus fondos a través de la plataforma de ******* ****, es decir, la inmovilización de los recursos monetarios que refiere, son de su propiedad, hasta por la cantidad de $********** (*********** ******* *** ************* ******* * **** ***** ****** M.N.), acumulado de enero a junio del presente año.

(...)

El anterior proceder de la Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito de haber desechado la demanda constitucional, se considera incorrecto; puesto que en términos del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad y afecten derechos al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria o al omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones y cuyas funciones estén previstas en una norma general.

Al respecto, la jurisprudencia ha establecido que, el auto inicial no es el momento procesalmente oportuno para analizar si los actos reclamados constituyen o no propiamente actos equivalentes a los de autoridad en términos del aludido precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo.

Máxime que en asuntos donde se debe realizar un estudio profundo y complejo para determinar, a ciencia cierta, si los actos reclamados se ubican o no en la hipótesis del artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y no exista jurisprudencia que clarifique la procedencia del juicio constitucional en casos como el que se plantea, se debe dar trámite a la demanda.

En efecto, en asuntos como los indicados en el párrafo anterior, el auto inicial sobre el trámite de la demanda, no es el momento procesal oportuno para analizar si el acto reclamado a un particular al que se señala como autoridad responsable puede o no considerarse como de autoridad para los efectos del amparo, pues ese estudio debe ser propio de la sentencia, cuando se tienen mayores elementos para analizar y determinar su naturaleza jurídica y, por tanto, se cuenta con materia suficiente para hacer dicho pronunciamiento a partir de un estudio más profundo.

Razón por la cual, atendiendo a la causa substancial de pedir de la inconforme, de que es incorrecto el desechamiento de la demanda constitucional por no haber considerado las hipótesis que se obtienen del artículo 5° de la Ley de Amparo para definir cuándo un acto de un particular debe considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, se estima que en la especie no se actualiza en este momento, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia con base en la que la Secretaria en Funciones de Jueza desechó la demanda de amparo.

Se cita como fundamento, la jurisprudencia número 2a./J. 54/2012 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829, cuyo contenido dice:

‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (se transcribe)’.

En consecuencia, se reitera, la causa de improcedencia invocada por la Secretaria en Funciones de Jueza de Distrito no es manifiesta ni indudable, por lo que procede declarar fundado el recurso de queja de que se trata y, con fundamento en lo previsto por el artículo 103 de la Ley de Amparo, se revoca el auto impugnado y se ordena a dicha juzgadora federal proveer sobre la demanda constitucional conforme a derecho corresponda.

Sirve de fundamento la jurisprudencia número 2a./J. 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, página 901, que señala lo que sigue:

‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. (se transcribe)’.

Al resultar fundados, en lo substancial los motivos de agravio sintetizados con anterioridad, deviene innecesario estudiar el resto de los argumentos de inconformidad.

Por lo expuesto, fundado, se resuelve:

ÚNICO.- Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por **** ***** ******** *** ******** *************, contra la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, dictada por la Secretaria en funciones de Jueza del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto ********.

Notifíquese; (...)."

B. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (recurso de queja 324/2025).

Antecedentes

• Una persona física demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben:

"III.- Autoridades Responsables

A) La autoridad responsable ******* ****** **** ** ****, a quien se le denomina como ‘******* **** ******’ a través de su *********** ** ****** ** **** *********** ******** ****** *********** ** ********** ********** ********** regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México* *** ********* ***** ***** ****** ** ********* ******** **** ***** ** * *** ******** ****** ******** ***** ****** ** ******* ***** ****** cuyo domicilio para ser notificada el que obra en los registros públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el proporcionado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con dirección de correo electrónico para notificaciones une@mercadopago.com.mx.

B) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como autoridad supervisora del sistema financiero.

C) Unidad de Inteligencia Financiera, por si ordenó el acto a través de un oficio reservado.

IV.- Actos Reclamados

1. La orden y ejecución material, sistemática, unilateral, continua y de tracto sucesivo de retener, bloquear, congelar e inmovilizar los fondos existentes y los que ingresan a la cuenta de fondos de pago electrónico con número de CLABE ******************, propiedad del quejoso. Se reclama la inmovilización unilateral, continuada, sistemática, desproporcionada y carente de fundamentación y motivación de la totalidad de los recursos económicos propiedad del quejoso, número de cuenta **********, depositados en una cuenta de fondos de pago electrónico regulada por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, ejecutada por una entidad privada en ejercicio de funciones delegadas por el Estado de aproximadamente $************ MXN, correspondiente a movimientos entre 1 de marzo a junio 31 (sic) de 2025. Dichos fondos fueron retenidos por ******* ****, sin orden judicial, ni notificación previa, afectando los derechos patrimoniales del quejoso. La medida carece de fundamento legal, pues se ejecutó sin mandamiento escrito ni motivación debida, sin notificación previa, privando al usuario de su dinero sin proceso legal.

2. Se reclama la omisión de la autoridad responsable de cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas estipuladas en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

3. El bloqueo total e inoperatividad de la cuenta para recibir nuevas transferencias o depósitos a la cuenta clabe, impidiendo la recepción de pagos de clientes o propios y cualquier otra operación de entrada de recursos, mediante transferencia bancaria a la cuenta. Este acto agrava la afectación inicial, pues no sólo priva al quejoso de sus fondos existentes, sino que anula por completo su capacidad para continuar con su actividad comercial.

4. La omisión de informar de manera clara, precisa, detallada y oportuna al quejoso sobre el motivo, fundamento, duración y desglose de cada una de las retenciones y bloqueos efectuados sobre su cuenta. Esta omisión incluye la existencia de montos retenidos que no se refleja en la interfaz de usuario, fenómeno que la propia responsable ha denominado ‘dinero oculto’, impidiendo al quejoso conocer el estado real y completo de su patrimonio.

5. La amenaza inminente de prolongar indefinidamente las retenciones y bloqueos existentes y de repetir actos similares en el futuro, lo cual agrava la afectación continua a los derechos del quejoso.

6. El acto reclamado consiste en la retención, bloqueo, inmovilización y negativa de disposición de los fondos existentes en la cuenta de fondos de pago electrónico, a nombre del quejoso, bajo el número de CLABE ******************, administrada por ******* ****, sin orden judicial y sin notificación legal."

• Correspondió conocer de la demanda, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por auto de diez de julio de dos mil veinticinco, la registró con el número 1002/2025; y determinó declinar competencia por razón de materia, ya que consideró que los actos que reclamó la parte quejosa no tienen su origen en la materia administrativa, motivo por el cual ordenó la remisión de los autos a un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno.

• Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la registró con el número 778/2025 y por auto de veintiocho de julio de dos mil veinticinco, atento al artículo 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remitió los autos al Juzgado Octavo de Distrito en la misma materia y circunscripción, por conocimiento previo, al advertir la existencia de diverso juicio de amparo promovido por igual persona quejosa y mismos actos reclamados.

• El diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, registró la demanda con el número 778/2025, se avocó al conocimiento del asunto y determinó desecharla al advertir que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues consideró que ******* ****** ******** ******* ** ******* ********, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

• Inconforme con el desechamiento, la persona quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quedando registrado con el número 324/2025 y resuelto como infundado en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

Resolución que, en la parte que interesa, se transcribe:

"(...)

QUINTO. Estudio. Por cuestión de técnica y método, y en atención al sentido de la siguiente jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con registro 2011406, visible en la página 2018, abril de 2016, tomo III, libro 29, de la décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, los motivos de inconformidad se estudiarán en su conjunto, al tenor de lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. (se transcribe)’.

Ahora bien, en contra de la anterior determinación el recurrente alega en sus agravios, esencialmente, que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que establecen que las personas privadas pueden ser consideradas como autoridades responsables en el juicio de amparo si realizan actos de autoridad que afecten derechos fundamentales y sus funciones están reguladas por una norma general.

Aduce que ******* ****** ******** ******* ** ******* ********, a quien se le denomina ‘******* **** ******’ al retener sus fondos realiza un acto unilateral, imperativo y coercitivo que afecta un derecho fundamental a disponer libremente de su patrimonio como capital de trabajo, fundándose en las leyes de carácter general y orden público, bajo la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Que el contrato de adhesión de emisión y depósito mercantil de fondos de pago electrónico celebrado entre el peticionario del amparo y la institución de fondos de pago electrónico, denominada ‘******* **** ******’, no es un contrato de coordinación celebrado en un plano de igualdad, dado que el quejoso no estuvo en posibilidad de negociar los términos del contrato, ya que las condiciones fueron impuestas unilateralmente por ‘******* **** ******’, en virtud de las cuales puede retener fondos por la normatividad que la regula y de un contrato de adhesión registrado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); esto es, está ejerciendo una facultad de orden público de supra a subordinación que le ha sido conferida por el Estado, y que por tanto, no es una negociación privada; lo que satisface el elemento formal exigido por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo.

El quejoso sostiene que al retener sus fondos y bloquear sus cuentas unilateralmente, la responsable adquiere la natura

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34226-26e06aae/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.