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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE LA NATURALEZA PATRONAL DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 108/2026. · Registro digital (IUS): 34398
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-13
Promovente: Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 108/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA MARIANA FLORES VEGA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, dictada en sesión ordinaria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

Primero. Recepción del asunto en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. El diez de julio de dos mil veintiséis se recibió a través del sistema MINTERSCJN, el oficio ********** por el que se comunicó el acuerdo dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 126/2026, de su índice. Para pronta referencia se transcribe el proveído en mención:

“Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintiséis.

Formación del expediente. Con las constancias de cuenta fórmese el expediente, impreso y electrónico, correspondiente a la contradicción de criterios al rubro mencionada.

Cuaderno auxiliar. De ser necesario, con una impresión de este proveído, y los documentos que no resulten indispensables, fórmese el cuaderno auxiliar correspondiente, el cual será sometido al procedimiento de baja documental al finalizar este asunto.

Criterios denunciados. El Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, denuncia una posible contradicción de criterios entre:

1) El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el recurso de queja 219/2025; y,

2) el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el recurso de queja 1 /2026.

El aparente tema de contradicción consiste en determinar si el Pleno del Tribunal Superior Agrario tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emite en sesión administrativa un acuerdo relativo al cambio de adscripción de un servidor público de un Tribunal Agrario.

Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado que se denuncia una contradicción de criterios en la que participan Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur, debe estimarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer de esa especie de contradicciones.

Competencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur. Si bien la regulación respectiva no prevé expresamente a qué Pleno Regional le corresponde conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre un Tribunal Colegiado especializado y otro sin especialización. pertenecientes a la misma Región, con independencia de la materia en la que incida el criterio respectivo, son de la competencia de los Plenos Regionales.

Ante ello, dado que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron en asuntos relacionados con la materia administrativa (agraria), con fundamento en los artículos 226, fracción 111, de la Ley de Amparo y 39, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el diverso numeral 8 del Acuerdo General 67/2022 y 1, fracción 11, inciso 2, del reformado Acuerdo General 108/2022, del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios es el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur.

(...)

Informe sobre contradicción de criterios radicada en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con tema a dilucidar relacionado. Se informa que de la revisión en el sistema de seguimiento de contradicciones de criterios pendientes de resolver en este Tribunal, consultable en la dirección electrónica https://www.scin.gob.mx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx apartado Pleno, sección de Amparos, Contradicciones de Criterios y demás asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia durante los últimos tres meses, se advierte que no se encuentra radicada en este Tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en la presente contradicción de criterios.

Designación de delegados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica el denunciante.

Negativa de acceso al expediente electrónico. Atendiendo a la naturaleza de una contradicción de criterios en la que no hay partes ni se ventila litis alguna, la denuncia formulada por la persona legitimada constituye un mero requisito de procedibilidad para que este Tribunal examine los criterios presuntamente contradictorios y establezca si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita el criterio prevaleciente, sin que la resolución que la decida trascienda directamente a la esfera jurídica de alguna persona, ni afecte las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes.

Ante ello, no ha lugar a acordar favorablemente la consulta electrónica del expediente en el que se actúa, dado que el propósito formal del denunciante en el presente asunto queda satisfecho en la medida en que da origen al trámite de la contradicción de criterios y justifica su legitimación, sin que por ello se violen sus derechos de acceso a la impartición de justicia, ya que, en todo caso, la resolución que se dicte podrá consultarla en los medios oficiales de difusión.

(...)”.

Asimismo, se remitió la denuncia de contradicción de criterios presentada por el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario.

Segundo. Radicación del asunto en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de trece de julio de dos mil veintiséis, se ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 108/2026, se admitió a trámite y tuvo como órganos contendientes al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (Recurso de queja 219/2025) y al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito (Recurso de queja 1/2026).

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Tercero. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdos de cuatro y once de agosto de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes de los Tribunales Colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

Cuarto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de once de septiembre de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo de presidencia de seis de julio de dos mil veintiséis, así como en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1°, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

“Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos”.

De modo que si, como lo señaló la presidencia del Alto Tribunal, la presente contradicción de criterios se suscita entre un tribunal colegiado especializado en materias administrativa y de trabajo y otro sin especialización, ambos comprendidos dentro de la Región Centro-Sur, así como que ambos tribunales colegiados se pronunciaron en asuntos relacionados con la materia administrativa (agraria); este órgano colegiado es competente para conocer y resolver el asunto.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haberse formulado por el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, quien actuó en representación de la autoridad responsable, carácter que le fue reconocido por los tribunales que emitieron los criterios contendientes en el presente asunto.

TERCERO. Criterios contendientes. A continuación se transcriben, en lo que es relevante para esta contradicción, los criterios denunciados.

A. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Al resolver el recurso de queja 219/2025, en sesión de seis de noviembre de dos mil veinticinco.

“(...)

SÉPTIMO. Estudio. Son fundados los agravios transcritos.

Previo a emitir los razonamientos que arriban a la anterior conclusión, es necesario puntualizar que la materia del presente asunto se circunscribe a verificar la legalidad del auto admisorio de demanda de amparo; es decir, analizar si –como lo aduce la parte recurrente- se actualiza –o no- de modo manifiesto e indudable una causal de improcedencia del juicio constitucional.

Además, debe decirse que al versar el presente asunto sobre materia administrativa, opera el principio de estricto derecho.

Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia XIX.2o.A.C. J/16, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, página 1482, Novena Época, Materia Común, con número de registro digital 173250, de rubro y texto:

‘LITIS CONSTITUCIONAL. SU DELIMITACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, TRATÁNDOSE DE ASUNTOS EN QUE OPERA EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. (se transcribe)’

De ahí que, la legalidad del auto impugnado se analizará a la luz de los agravios vertidos.

Pues bien, sentado lo anterior, se tiene que la parte recurrente aduce, en esencia, lo siguiente:

- Que contrario a lo establecido en el acuerdo recurrido, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues a su consideración derivan de una relación laboral.

- Lo anterior, porque la determinación del Pleno del Tribunal Superior Agrario, de cambiar de adscripción a la parte quejosa, así como el oficio a través del cual se le comunicó esa decisión, son de naturaleza eminentemente laboral, al generarse del vínculo jurídico laboral que se mantiene entre el quejoso en el juicio biinstancial y el aquí recurrente, pues es una relación de coordinación y no de supra-subordinación.

- En abundamiento, refiere que de la simple lectura a los actos reclamados, se advierte que la decisión de su representado, de cambiar de adscripción al secretario de acuerdos **********, no conlleva una manifestación de voluntad de un ente investido de imperio, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

- De ahí que, -dice- si la parte quejosa alega como concepto de violación la falta de fundamentación y motivación de la resolución de cambio de adscripción, ello no actualiza su análisis a través del juicio de amparo, ya que, en todo caso, constituye el fondo de una controversia laboral, la cual es competencia exclusiva del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ante quien considera, el quejoso debió sustanciar su demanda relativa a su cambio de adscripción. Por tanto, también estimó que en el caso, se actualiza el diverso supuesto de improcedencia señalado en la fracción XX, del arábigo 61, de la ley de la materia, en relación con el diverso 123, apartado B fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pronunciamiento de este órgano colegiado.

Pues bien, como se adelantó al principio de este considerando, los motivos de disenso sintetizados con antelación, son fundados, de ahí que deba declararse fundado el medio de impugnación de trato.

Para mejor comprensión del sentido que rige el presente fallo, se considera útil realizar las siguientes precisiones:

La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto a través del cual reclamó el acuerdo tomado en sesión administrativa de ocho de abril del año que transcurre, por el Tribunal Superior Agrario, cuyo Pleno ordenó su cambio de adscripción, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, a su homólogo del Distrito Veinte con sede en Monterrey Nuevo León, así como el oficio **********, mediante el cual se materializaba la determinación antes referida.

Al respecto, mediante el acuerdo de catorce de abril de dos mil veinticinco, aquí recurrido, la entonces Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Hidalgo, entre otras cosas, radicó la demanda bajo el número 949/2025-4, la admitió a trámite por la totalidad de autoridades responsables y actos reclamados, a quienes les solicitó su informe con justificación, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó la formación del incidente de suspensión, por haberlo solicitado el promovente.

Dicha admisión es, precisamente, la que se combate por parte de la autoridad responsable agraria a través del recurso que hoy nos ocupa.

En efecto, la parte inconforme considera que, en lugar de admitirla, la juzgadora federal debió desechar la demanda al estimar actualizada, de modo manifiesto e indudable, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de la materia, la primera en relación con el diverso 123, apartado B fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la segunda, con los arábigos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional además de que estima, lo reclamado versa sobre una cuestión laboral que debe ventilarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ahora bien, precisado lo anterior se considera útil conocer el siguiente marco jurídico referencial:

El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: ‘(se transcribe)’.

De lo anterior, se desprende que el desechamiento procede únicamente cuando se actualice una causal de improcedencia en la que deben concurrir dos condiciones: que sea manifiesto e indudable.

Por ‘manifiesto’ se entiende lo que es patente, notorio y absolutamente claro.

Por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.

Así, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

Esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse el escrito de demanda y los anexos que se acompañen, y considerarse probada en hechos narrados claramente por el promovente o porque estén acreditados con elementos de juicio indubitables.

De modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos que expresen y las pruebas que ofrezcan, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causal de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda de amparo.

Luego, el Juez de Distrito legalmente puede desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, sin perder de vista que esto constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad.

Por tanto, las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues únicamente por excepción en los precisos casos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, por lo que es de estricta aplicación lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.

Tiene aplicación la jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Tercera Parte, página 35, Séptima Época, Materia Común, con registro digital 238327, que reza:

‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. (se transcribe)’.

A lo que debe agregarse que las causales de improcedencia son autónomas entre sí y el análisis de su actualización debe realizarse de manera estricta.

Apoya dicha afirmación la tesis 2a. CLVII/2009, de la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto:

‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. (se transcribe)’.

Así las cosas, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda de amparo, pues, de lo contrario, se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio constitucional en contra de un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.

Tiene aplicación la tesis 2a. LXXI/2002, de la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, Materia Común, cuyo contenido es:

‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (se transcribe)’.

En ese orden de ideas, en opinión de este Tribunal Colegiado de Circuito, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, aplicados en sentido inverso, todos de la Ley de Amparo, invocada por la parte inconforme sí se actualiza de modo manifiesto e indudable.

Se explica.

Los numerales en cita, textualmente establecen:

‘(se transcriben)’.

De lo anterior, podemos advertir que juicio de amparo es improcedente, en los casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley, su objeto, radica en resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, además, que tendrá el carácter autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

En suma, que constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes, actos u omisiones de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió a quienes se debe tener, para efectos del juicio de amparo con la calidad de autoridad. Las consideraciones en las cuales sustentó esa determinación, resultaron en el nacimiento de la tesis P. XXVII/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, Novena Época, Materia Común, con registro digital 199459, que reza:

‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. (se transcribe)’.

De igual forma, la extinta Segunda Sala del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, también estableció las características que una autoridad debe tener para que le considere como responsable para efectos del juicio de amparo, las cuales son:

1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;

3) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,

4) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Los anteriores requisitos, se encuentran en la ejecutoria de la que emanó el criterio aludido, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Materia Común, Novena Época, con registro digital 161133, que reza:

‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (se transcribe)’.

De lo anterior, se colige por una parte, que el ente del que se reclamen actos presumiblemente violatorios de derechos humanos, debe ser un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, lo que en el caso no ocurre.

Al respecto, debe decirse que las relaciones de coordinación, son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes.

En cambio, las de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y obligatoriedad; por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

Finalmente, las de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional.

Por otra parte, conforme al párrafo segundo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, también pueden ser considerados actos de autoridad los realizados por particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Establecido el marco referencial anterior, ahora nos ocuparemos del caso concreto.

Pues bien, la Jueza de Distrito, al proveer sobre la admisión de la demanda, determinó que no contaba con elementos para considerar que la parte aquí inconforme, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo al derivar de una relación de coordinación que existe entre la autoridad recurrente y la parte quejosa y por consiguiente, si el asunto debía velarse ante un tribunal laboral federal de conciliación y arbitraje.

Lo anterior se estima incorrecto, dado que del estudio integral de la demanda de amparo y las constancias anexas a éste, las que forman parte del mismo y a las cuales con la facultad que la ley confiere al juzgador en términos de los artículos 129, 197 y 202 del invocado código adjetivo, se advierte que la parte promovente, se duele esencialmente del oficio ********** derivado del acuerdo tomado en sesión administrativa de ocho de abril del mismo año, en el que, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, ordenó el cambio de adscripción del quejoso del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, a su homólogo del Distrito Veinte con sede en Monterrey Nuevo León.

En ese sentido, se estima que, la actuación en comento, deriva de la relación obrero patronal que une al quejoso con el Tribunal Superior Agrario.

De lo que se sigue, que respecto del acto combatido, ese Tribunal actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la Federación con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en contra de la citada actuación no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional.

Lo anterior, pues dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34398-91784d5c/improcedencia-del-amparo-indirecto-procede-desechar-de-plano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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