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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL SISTEMA NORMATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO O SEMIESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 81/2026. · Registro digital (IUS): 34382
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-06
Promovente: Entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 81/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. DISIDENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS DIANA ELDA PÉREZ MEDINA, MARIANA FLORES VEGA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, RESPECTO AL FONDO DEL ASUNTO. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, dictada en sesión ordinaria de dos de septiembre de dos mil veintiséis.

V I S T O S;

Y

R E S U L T A N D O:

Primero. Denuncia de la posible contradicción. Mediante oficio recibido el cinco de junio de dos mil veintiséis en este Pleno Regional, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se remitió la denuncia de la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 378/2025, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el recurso de queja 403/2025.

Segundo. Radicación y trámite de la denuncia. Mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiséis, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 81/2026 y la admitió a trámite.

En ese mismo acuerdo, se turnó el asunto para su estudio a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina, se solicitó a los tribunales contendientes la vinculación de su respectivo expediente electrónico y se requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes para que informaran si los criterios sustentados aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el planteado en el presente asunto, a saber:

"Determinar si al reclamar en amparo indirecto como un sistema normativo el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población en Materia de Fortalecimiento de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas, se surte la competencia en favor del juez de distrito en materia administrativa, o bien corresponde al juzgador federal especializado en materia penal, atendiendo al bien jurídico tutelado o al interés fundamental perseguido".

Tercero. Vigencia de los criterios denunciados. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiséis, se tuvieron por rendidos los informes solicitados al Segundo y al Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante los cuales manifestaron que los criterios denunciados continuaban vigentes.

Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que durante los últimos tres meses no se radicó en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios vinculada con el tema consultado.

Quinto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintiséis, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Diana Elda Pérez Medina para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1°, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:

"Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos".

De modo que si la presente contradicción de criterios se suscita entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa del sexto circuito, ambos comprendidos dentro de la Región Centro-Sur; materia y territorio respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción; como se adelantó, este órgano colegiado es competente para conocer y resolver el asunto.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haberse formulado por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

TERCERO. Criterios contendientes. A continuación se transcriben, en lo que es relevante para esta contradicción, los criterios denunciados.

A. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Recurso de queja 403/2025.

Antecedentes.

Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinticinco en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, siete personas físicas, una de ellas, además, en representación de dos personas menores de edad, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

a) Como Autoridad Ordenadora:

CAMARA DE DIPUTADOS, en el ubicado: (...);

CAMARA DE SENADORES (...);

b) Como Autoridad Ejecutora:

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el cual, se encuentra ubicado en (...);

TITULAR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, el cual se encuentra ubicado en (...);

IV. ACTOS RECLAMADOS

Se reclama de las Autoridades Ordenadora:

Se reclama de la CAMARA DE DIPUTADOS, la discusión, aprobación y expedición del dictamen de ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas’. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del presente 2025

Se reclama de la CAMARA DE SENADORES, la discusión, aprobación y expedición del dictamen de ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas’. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del presente 2025.

2) Se reclama como Autoridades Ejecutoras:

Se reclama del Titular de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la sanción y expedición del ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas’. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del presente 2025; y

Se reclama del Titular de Diario Oficial de la Federación, la publicación del ‘DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas’. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del presente 2025.

(...)".

Desechamiento. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, donde se registró como juicio de amparo indirecto 1230/2025 y, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se desechó de plano la demanda de amparo.

Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con el número de expediente 403/2025 y, en sesión ordinaria de veintiocho de enero de dos mil veintiséis, resolvió:

"(...)

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

7. No se considera necesario analizar los agravios propuestos por la parte recurrente, en virtud que este Tribunal Colegiado de Circuito estima que existe un impedimento de carácter procesal, lo que se demuestra a continuación.

8. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligada la persona juzgadora previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento.

9. Las reglas de competencia de las juezas y jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

10. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué persona juzgadora es la competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, ya que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia.

11. Ahora, para que una persona juzgadora tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a las demás personas juzgadoras y tribunales del mismo grado.

12. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio.

13. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia:

a. Competencia por territorio;

b. Competencia por materia;

c. Competencia por razón de la vía; y,

d. Competencia auxiliar.

14. En relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los juzgados federales penales [artículos 48 a 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación]; juzgados de Distrito de amparo en materia penal [artículo 53]; juzgados de Distrito en materia administrativa [artículo 54]; juzgados de Distrito civiles federales [artículo 55]; juzgados de Distrito mercantiles federales [artículo 56]; juzgados de Distrito de amparo en materia civil [artículo 57] y juzgados de Distrito en materia de trabajo [artículo 58].

15. Asimismo, se establece que las personas juzgadoras sin jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos de ese capítulo sobre las atribuciones de los jueces de Distrito [artículo 46], supuesto en el cual quedan comprendidos las y los jueces de Distrito de jurisdicción mixta o sin especialización; quienes, por tanto, tienen competencia para conocer de los asuntos, con independencia de la materia a la cual se refieran.

16. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados, debe valorarse la naturaleza de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad responsable, pero no atender concretamente a los conceptos de violación.

17. Lo anterior se sustentó en la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 3/2007, que en la parte que interesa es del tenor siguiente:

‘(se transcribe)’.

18. Derivado de esas consideraciones se emitió la jurisprudencia 2ª. /J. 24/20095 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente.

‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. (Se transcribe)’.

19. De esta manera, se advierte que para delimitar la competencia por razón de materia es necesario atender a: i) la naturaleza del acto reclamado o ii) a la naturaleza la de la autoridad responsable y no a los conceptos de violación.

20. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 185/2017, consideró que, en esencia, el criterio rector para asignar el conocimiento de un asunto por cuestión de materia, radica en la naturaleza del litigio que da origen al proceso.

‘(se transcribe)’.

21. En ese contexto, a través del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, publicado el veintinueve de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, se modificó la competencia de los juzgados federales mixtos en el Estado de Puebla, y se crearon órganos especializados en materia penal y de procesos penales federales.

22. Asimismo, fueron creados los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, los que, de conformidad con lo establecido en el mencionado acuerdo, con relación al numeral 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 54 a 58 de la indicada legislación.

23. Los indicados preceptos disponen:

‘(se transcribe)’.

24. Precisado lo anterior, en la especie, es necesario conocer los actos reclamados por la parte quejosa, a efecto de dilucidar el juzgado de distrito al que, por cuestión de materia, corresponde conocer, tramitar y resolver el juicio de amparo.

• Actos reclamados.

En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la peticionaria señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

- Del Congreso de la Unión, Presidenta de la República y Titular del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, con motivo de su entrada en vigor:

El ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, en específico, los artículos 91 bis, 91 Ter, 91 Quater, 91 Quinquies, 91 Sexies y 114 Bis, de la Ley General de Población.

26. Como se observa, la parte quejosa señaló como actos reclamados diversas normas generales publicadas el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación –contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas–, con motivo de su entrada en vigor, es decir, al considerar que son de naturaleza autoaplicativa.

• Parámetro para definir la competencia tratándose de la impugnación de normas generales.

27. En ese sentido, para determinar el órgano jurisdiccional que, por cuestión de materia, debe conocer del citado juicio de amparo, es necesario dar respuesta a la pregunta siguiente:

¿Cuál es el parámetro que define la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman normas generales?

28. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2019, analizó esa temática, en la medida en que el punto de contradicción radicó en establecer qué órgano jurisdiccional era legalmente competente para conocer de los asuntos en los que se impugnaba la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

29. En ese precedente, el Alto Tribunal definió el parámetro que debe seguirse para establecer el órgano jurisdiccional a quien le corresponde, por razón de materia, conocer y resolver de los asuntos en los que se reclamen normas generales, como se desprende de la transcripción siguiente:

‘(se transcribe)’.

30. De acuerdo a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, tratándose de la impugnación de normas generales, el criterio o parámetro para definir la competencia por razón de materia, debe atender al bien jurídico o interés fundamental sobre el que versan las disposiciones jurídicas reclamadas.

• Bien jurídico o interés fundamental perseguido por las normas reclamadas.

31. Ahora, para efectos del presente asunto, es necesario conocer el bien jurídico o interés fundamental que se tutela en los artículos impugnados por la parte quejosa.

32. Para lo cual, es indispensable conocer el contenido de las porciones jurídicas reclamadas, que son del tenor siguiente:

‘(se inserta tabla)’.

33. En este punto, es necesario apuntar que de la exposición de motivos del decreto reclamado por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, se advierte lo siguiente:

‘(se transcribe)’.

34. De dicha exposición se desprende que el decreto tiene como objetivo que el gobierno federal ponga toda su capacidad en el reforzamiento del aparato estatal, para cumplir con el respeto y garantía de las libertades y derechos de las personas mexicanas, así como potenciar el fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

35. Así, por cuanto hacía a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, se propuso, entre otras cosas, incorporar la Plataforma Única de Identidad, la cual se pretende que sea una herramienta que facilite la búsqueda y localización de personas desaparecidas, conectada a diversas bases de datos, como la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos, lo cual permitiría realizar búsquedas continuas y exhaustivas, optimizando los recursos disponibles en la búsqueda de personas, mediante la CURP.

36. Se explica que, para lo anterior, resulta importante que la autoridad competente cuente con la información suficiente de la persona desaparecida para hacer más eficiente su identificación y búsqueda, por lo que, se estableció la obligación por parte de todas las autoridades y particulares de cualquier naturaleza que, por sus funciones o actividades, tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato que permita la identificación de las personas, permitan la consulta de dicha información a la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia, para las acciones de investigación que desarrollan y sin que ello implicara una vulneración al derecho a la protección de datos personales.

37. De igual manera se implementó la "ficha de búsqueda", la cual deberá ser generada en formato físico y digital y contendrá los datos esenciales de la persona reportada como desaparecida o no localizada, la cual será notificada al Registro Nacional de Población con la finalidad de que se activen en la Plataforma Única de Identidad los alertamientos de usos de la CURP de la persona, así como la búsqueda de coincidencias con sus datos de identificación.

38. Asimismo, se agregó como integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda, al Registro Nacional de Población, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al representante que designare la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

39. Por otro lado, se creó la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas, la cual contendrá los datos de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.

40. En esa tesitura, se precisó que uno de los objetivos principales de la reforma era la celeridad del proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, por lo que se estableció que la autoridad competente que reciba noticia, reporte o denuncia, deberá registrarlo tanto en el Registro Nacional de Población, así como en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

41. Lo anterior, evitaría la duplicidad de registros e investigaciones, pues las personas titulares de las agencias del Ministerio Público, al iniciar una investigación deberán consultar la Base Nacional de Carpetas de Investigación para acreditar que no existen otras investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, fiscalías especializadas u otras fiscalías.

42. Por otro lado, en la iniciativa de reforma se contempló el fortalecimiento de las fiscalías, pues se establece la obligación de contar con fiscalías especializadas en desaparición, las cuales deberán contar con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos contemplados en la Ley General de Desaparición Forzada.

43. Además, se estableció que la Secretaría de Gobernación permitirá a la Fiscalía, fiscalías locales, Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones locales, el acceso a la Plataforma Única de Identidad, mediante el Registro Nacional de Población, para consultar la información relativa a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.

44. Finalmente, se indicó que, tomando en consideración que la Ley General de Desaparición Forzada está diseñada para ser aplicable a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en México, se fortalecía el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses añadiendo una disposición normativa estratégica que enfatice la obligación de todas las autoridades, incluidos a Fiscalía General, los Tribunales Superiores de Justicia, las Fiscalías y los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, en sus respectivas competencias, quienes estarán obligados a conectar sus bases de datos, registros o sistemas, así como la información genética y de servicios periciales y forenses, manteniéndola actualizada.

45. Esto es, de la exposición de motivos que dieron origen a la reforma de las disposiciones reclamadas por la parte quejosa, se advierte que la intención de las autoridades legislativas fue la de crear una Plataforma Única de Identificación, con la finalidad de coadyuvar con la investigación del delito de desaparición forzada, previsto en su Ley General.

46. En efecto, a partir de lo expuesto, puede afirmarse que la modificación a la Ley General de Población, en lo relativo a la incorporación de datos biométricos asociados a la CURP, no constituye una medida aislada ni autónoma, sino que se inserta dentro de un diseño normativo integral orientado a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas víctimas del delito de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares.

Dicha reforma forma parte de un entramado de ajustes legales, administrativos y tecnológicos que buscan articular bases de datos, registros y sistemas de información previamente dispersos, con el objetivo de dotar de mayor eficacia, celeridad y coordinación a las autoridades competentes.

47. En ese sentido, la creación y utilización de la base de datos vinculada a la CURP, con información biométrica y de identificación, tiene como finalidad dotar a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías locales, a las instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia, de herramientas técnicas y operativas que les permitan fortalecer las labores de investigación del delito de desaparición forzada, optimizar la localización de personas desaparecidas y evitar la duplicidad de registros e investigaciones, todo ello en el marco de las competencias legales que a cada autoridad corresponden.

48. Los ajustes legales mencionados, relativos al diseño normativo integral orientado a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas víctimas del delito de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares comprendió también la expedición, adición y derogación de diversas leyes, las cuales, como se verá, conforman un sistema normativo encaminado a fijar las bases para el funcionamiento del sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública.

49. Por lo anterior, es indispensable conocer el contenido de las porciones jurídicas relacionadas con el sistema normativo mencionado, que son del tenor siguiente:

‘(se inserta tabla)’.

50. En este punto, se puntualiza que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, tiene como objetivo de existencia el delimitar y establecer las bases y lineamientos para el funcionamiento del sistema mencionado, cuya finalidad consiste en ‘[...] eficientar los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, las causas que lo generan y lograr la paz social’.

51. Incluso, vale la pena señalar que la mencionada legislación es ‘[...] reglamentaria del párrafo décimo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [...]’, porción jurídica que es del tenor siguiente:

‘(se transcribe)’.

52. En torno a la transcripción preinserta, del estudio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34382-c0e716dd/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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