COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA QUE CONFIRMA EL AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PERMISO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE TAXI DE RUTA. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 39/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y PRIMERO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: DULCE REBECA GONZÁLEZ OSORIO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto, todos del Decimoquinto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, definir la regla normativa aplicable para establecer qué juzgado de distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, la resolución que confirma el acuerdo en el que se negó la suspensión definitiva del acto impugnado.(1)
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado vía interconexión el cinco de marzo de dos mil veintiséis, el Juez Decimoséptimo en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado al resolver el conflicto competencial 30/2025 y el Tercer Tribunal Colegiado al resolver el conflicto competencial 33/2025, con el diverso emitido por el Primer Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial 29/2025, todos del Decimoquinto Circuito.
4. Radicación del asunto. En proveído de nueve de marzo de dos mil veintiséis, se admitió a trámite la contradicción de criterios con el expediente 39/2026; se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados. De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “Determinar cuál es la regla aplicable para fincar la competencia del Juzgado de Distrito, por razón de territorio, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de la demanda de amparo indirecto en la que se reclama, del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, la resolución que confirma la negativa de conceder la suspensión del acto impugnado en un juicio de nulidad consistente en la modificación de las condiciones en que fue otorgado el permiso para la prestación del servicio de transporte público”.
5. Asimismo, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. Informes de vigencia. En acuerdo de presidencia de trece de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el informe proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a través del cual hizo del conocimiento que el criterio en cuestión continuaba vigente.
7. Omisión de informe. Los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, del Decimoquinto Circuito, no atendieron el requerimiento que se le dirigió para que informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
8. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. En acuerdo de presidencia de quince de abril de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
9. Asimismo, se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; porque se suscita entre órganos jurisdiccionales que pertenecen al Decimoquinto el cual corresponde a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los tribunales colegiados de circuito.
A. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el conflicto competencial 30/2025, en sesión de veintidós de enero de dos mil veintiséis.
a) Antecedentes del caso.
14. Demanda de amparo indirecto. Una persona física promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y por el acto siguientes:
“III. La autoridad responsable
Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
IV. Actos que se reclama:
Resolución de 25 de septiembre de 2025 dictada en el cuaderno de suspensión ******* JS, que confirma la resolución que niega la suspensión definitiva.”
15. Radicación. De la referida demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cuya persona titular admitió a trámite con el expediente *********.
16. Declinación de competencia. En auto veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y, una vez analizadas las constancias que remitió, la persona juzgadora declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, al estimar que la resolución reclamada impacta sobre el permiso para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxi de ruta en la ciudad de Tijuana, Baja California, toda vez que en ella se confirma la diversa resolución dictada en el incidente de suspensión ******* ** del índice del Juzgado Segundo del Tribunal Estatal de Justicia del Estado de Baja California, en la que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa.
17. Motivo por el cual estimó actualizada la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al tener el acto reclamado ejecución material en la ciudad de Tijuana, Baja California, por ser la ciudad en donde opera el permiso para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxi de ruta, por lo que sus efectos se materializarían en dicha ciudad.
18. En esas condiciones, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno.
19. Rechazo de competencia. Por cuestión de turno, correspondió conocer al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con el expediente **********, cuya persona titular por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, no aceptó la competencia declinada al considerar que el acto reclamado constituía un acto declarativo que carecía de ejecución material.
20. Se insiste y plantea conflicto competencial. En auto once de diciembre de dos mil veinticinco, la persona titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, reiteró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.
21. Conflicto competencial. Por cuestión de turno, correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el expediente 30/2025 que, en sesión de veintidós de enero de dos mil veintiséis, por unanimidad de votos, resolvió que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, era legalmente competente para conocer de la demanda de amparo.
b) Consideraciones del tribunal colegiado.
“(...)
Este órgano colegiado considera que la competencia para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de mérito, se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; ello, en atención a las consideraciones que se expresarán en la presente resolución.
De inicio, es necesario establecer que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:
‘Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda.
Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’
Del precepto legal transcrito, se obtienen las reglas para fijar la competencia por razón de territorio de las personas juzgadoras para conocer de un juicio de amparo indirecto, las cuales son:
a) Es competente para conocer de un juicio de amparo la persona juzgadora en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
Conforme a esta prescripción legal, es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador.
b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente la Juez o el Juez de Distrito ante la o el que se presente la demanda, es decir, la persona juzgadora que previno en el conocimiento del juicio de amparo.
c) Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será competente la Juez o el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
De las directrices de competencia enunciadas, se desprenden, en términos generales, dos tipos de actos de autoridad:
a) Actos que tienen ejecución material.
b) Actos que no requieren ejecución material.
Bajo esas premisas, en el caso se advierte que las consideraciones que tomó en cuenta el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto *********, a efecto de sostener su decisión de declarar que carecía legalmente de competencia para conocer del asunto; en esencia, las basó en que la quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mediante la cual confirmó lo resuelto en el incidente de suspensión relativo al expediente ******* del índice del Juzgado Segundo del aludido Tribunal Administrativo, en el que se negó la suspensión definitiva que fue solicitada.
A consideración del juzgador de amparo, el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de Tijuana, Baja California, porque el acto administrativo reclamado en el mencionado juicio de nulidad se trata de una resolución emitida por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Tijuana, mediante la cual se reubicó la zona de la ciudad de Tijuana en la cual se podía prestar el servicio de transporte público en la modalidad de taxi de ruta, y por ende, al ser en dicha ciudad donde opera el permiso para la prestación del servicio de transporte público los efectos del acto reclamado se materializan en dicha ciudad.
Por su parte, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, rechazó tener competencia para conocer y resolver el asunto, porque en su concepto, lo que reclama la parte quejosa constituía un acto declarativo que carecía de ejecución material, al trasladarse sus efectos al ámbito formal; por lo consideró que correspondía conocer del asunto, al juzgado con residencia en esta localidad, ya que era en esta ciudad donde tiene su residencia el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California.
Ahora, para determinar la competencia del Juzgado de Distrito, se atiende a la regla contenida del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgado en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
A fin de justificar la anterior determinación, es pertinente establecer que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), publicada en la página 916, libro 19, del mes de junio de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.’, se advierte que al interpretar el numeral 37 de la Ley de Amparo, estableció que ese precepto legal alude a la “ejecución material”, como criterio único para asignar competencia por territorio a las Jueces o los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo.
Por ende, determinó que la citada locución debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por sí mismo, o bien, sus efectos conlleven a esa situación.
Así, para establecer si los actos reclamados requieren o no ejecución material, como elemento para determinar la competencia territorial, es necesario conocer su naturaleza, esto es, si se trata de actos positivos, negativos o declarativos, principalmente.
En ese sentido, se tiene que los actos positivos son aquéllos que implican un hacer efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales y, por lo regular, implican una acción, una orden, una privación o una molestia.
En tanto que, los actos negativos son aquellas abstenciones de la autoridad, al no realizar lo que la ley le ordena; es decir, son los actos a través de los cuales la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado.
Mientras que los actos declarativos son aquellos actos de autoridad que se concretan a reconocer una situación jurídica determinada, sin introducir modificación o alteración alguna; en ellos, la autoridad se circunscribe a manifestar la existencia de derechos u obligaciones, sin extinguirlos, modificarlos o transmitirlos.
En el caso concreto, se advierte que la naturaleza del acto reclamado se relaciona con un acto meramente declarativo, ya que la autoridad señalada como responsable confirmó una resolución de primera instancia, sin modificar ni alterar lo medular de la litis, puesto que no ordenó hacer nada, sino tan sólo confirmar que no procede conceder la suspensión definitiva solicitada.
En ese sentido, la resolución que se reclama en la demanda de amparo, produce meros efectos formales dentro del procedimiento, que no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas.
Al tenor de lo mencionado, si bien la ejecución material no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.
Sin embargo, esos alcances –para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución– no pueden llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, porque de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado (que en el caso en particular se limita al pronunciamiento dictado dentro de una resolución de segunda instancia), sino a las posibilidades futuras que deriven de una eventual determinación en la que pudiera implicarse una ejecución material respecto a una autoridad que estuviera ligada a acatar cierto mandato judicial, que en el caso, se observa que sería el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los juzgadores de amparo, ya que se estaría atendiendo a los alcances que pudiera tener el acto reclamado, y no propiamente a las reglas para establecer dicha competencia.
En efecto, una vez examinadas las constancias, se determina que el acto de reproche no requiere de ejecución material, ya que no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, sino que en todo caso, la autoridad actuará o dejará de hacerlo únicamente derivado del ejercicio sus propias facultades y no de lo ordenado por la autoridad que en este caso emitió la resolución reclamada.
En ese sentido, se considera válido considerar que la resolución reclamada en el juicio constitucional produce un efecto meramente formal dentro del procedimiento de origen, ya que al limitarse a confirmar una situación jurídica preexistente –que no requiere de una actuación material para su cumplimiento–, es claro que dicho acto no trasciende ni modifica el estado de las cosas; esto es, no modifica la realidad, sino que la hace constar, porque el actuar del órgano jurisdiccional de segunda instancia permite constatar que lo resuelto por el de primera instancia debe permanecer en iguales términos en que se emitió, sin modificación.
En otras palabras, al versar el acto reclamado sobre una resolución de segunda instancia que confirmó diversa determinación, permite advertir que éste únicamente se limitó a justificar un actuar jurídico que ya existía dentro un juicio de prima instancia; en consecuencia, no amerita un cumplimiento respecto a una ejecución material.
Bajo este marco, dado que en el caso, lo reclamado en los juicios que dieron origen a las resoluciones contradictorias no produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, sino que atañe a un pronunciamiento de carácter formal; por ende, el acto de la autoridad señalada como responsable dentro del procedimiento de origen, no requiere ejecución material para efectos de definir la competencia territorial en el conocimiento jurisdiccional de los Juzgados de Distrito.
De ahí que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, se concluye que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente por territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ***** ******** ****** ******, por ser el de la jurisdicción en la que se presentó la demanda de amparo.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), localizable en la página 500, libro 6, del mes de mayo de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006529, cuyos rubro y texto son:
‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo’.
En esas condiciones, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por ***** ******** ****** ******; y, en consecuencia, deben remitirse a la autoridad mencionada, las constancias que conforman el expediente de origen, junto con testimonio autorizado de la presente ejecutoria, para los efectos legales procedentes.
(...)”
22. Sobre la vigencia del criterio, cabe aclarar que si bien el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito no atendió el requerimiento que se le dirigió para que informara si su postura no había sido superada o abandonada, de autos se advierte que su criterio continúa vigente.
23. En efecto, de las constancias que obran en el expediente electrónico correspondiente al conflicto competencial 30/2025, disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE),(2) se desprende que mediante acuerdo de presidencia de trece de marzo de dos mil veintiséis, se determinó lo siguiente:
“(...)
Informe de contradicción de tesis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual informa que admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el expediente 39/2025.
En atención a lo solicitado, infórmese que el criterio sostenido en el conflicto competencial se encuentra vigente a la fecha de emisión de este acuerdo.
(...)”
24. En consecuencia, si bien no se recibió el oficio correspondiente, para efectos de la presente contradicción debe considerarse vigente el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito.
B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el conflicto competencial 33/2025, en sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiséis.
a) Antecedentes del caso.
25. Demanda de amparo indirecto. Una persona física promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y por el acto siguientes:
“III. La autoridad responsable
Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
IV. Actos que se reclama:
Resolución de 11 de septiembre de 2025 dicta en el cuaderno de suspensión ******** **, que confirma la resolución que niega la suspensión definitiva.”
26. Radicación. De la referida demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cuya persona titular admitió a trámite con el expediente *********.
27. Declinación de competencia. En auto de doce de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y, una vez analizadas las constancias que adjuntó al mismo, la persona juzgadora declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, al estimar que la resolución reclamada impacta sobre el permiso para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxi de ruta en la ciudad de Tijuana, Baja California, toda vez que en ella se confirma la diversa resolución dictada en el incidente de suspensión ******** *** del índice del Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia del Estado de Baja California, en la que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa.
28. Motivo por el cual estimó actualizada la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al tener el acto reclamado ejecución material en la ciudad de Tijuana, Baja California, por ser la ciudad en donde opera el permiso para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxi de ruta, por lo que sus efectos se materializarían en dicha ciudad.
29. En esas condiciones, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno.
30. Rechazo de competencia. Por cuestión de turno, correspondió conocer al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con el expediente ************, cuya persona titular en auto de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado es meramente declarativo, por lo que devolvió los autos al juzgado declinante.
31. Se insiste en declinar competencia. En auto de uno de diciembre de dos mil veinticinco, la persona titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, insistió en declararse incompetente y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, a fin de que determinará a quien correspondía conocer del asunto.
32. Conflicto competencial. Por cuestión de turno, correspondió conocer del conflicto competencial suscitado al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el expediente 33/2025 que, en sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiséis, por unanimidad de votos, resolvió que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, era legalmente competente para conocer de la demanda de amparo.
b) Consideraciones del tribunal colegiado.
“(...)
TERCERO. Determinación del órgano jurisdiccional competente. La Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo que dio lugar al conflicto de competencia que aquí se resuelve.
De inicio, la competencia por razón de territorio debe examinarse a la luz de lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece en cada uno de sus párrafos diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber:
a) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se promueva la demanda.
c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamados no requieren ejecución material, en razón de su naturaleza, supuesto en el cual, deberá conocer del juicio de amparo, la persona titular del Juzgado de Distrito ante el que se haya presentado la demanda.
Con relación al tema, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo 37 de la Ley de Amparo, alude a la ‘ejecución material’, como criterio único para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34172-0a9f04c5/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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