ABUSO DE FUNCIONES. PARA QUE SE CONFIGURE ESE TIPO ADMINISTRATIVO BASTA LA MATERIALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 31/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciséis de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en establecer si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, determinar si para tener por configurada la falta administrativa grave de abuso de funciones prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, basta con que se demuestre que el servidor público al que se le imputa tal conducta ejerció funciones conferidas o no, a fin de realizar o inducir a actos u omisiones arbitrarias, o si también es necesario acreditar que al desplegarla tenía como finalidad generar un beneficio indebido o causar un perjuicio.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, la magistrada presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo Primer y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal 64/2025, 507/2025 y 408/2025, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 31/2026. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los tribunales colegiados. Por acuerdos de seis y nueve de marzo de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo Segundo y Décimo Primer, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de veinte de marzo dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Amicus curiae. No se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(1) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(2) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en la materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
10. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(3) al ser formulada por la magistrada presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en representación del Pleno, quienes conocieron de los recursos de apelación R.A. 132/2024-S3 y R.A. 271/2024-S3, así como la facultad de atracción F.A. 3/2022-S3, antecedentes de los recursos de revisión fiscal 64/2025, 507/2025 y 408/2025, del índice de los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo Primer y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, cuyos criterios contienden en esta contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso referir los antecedentes de cada asunto y que se encuentran narrados en las ejecutorias en contienda.
A. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 64/2025.
12. Denuncia. En oficio de seis de abril de dos mil veintidós, la directora general de Gestión Social de Destinos de la Secretaría de Turismo informó al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría citada, de las presuntas irregularidades administrativas de la servidora pública **********, relacionadas con que, en su carácter de Coordinadora de Destinos del Centro adscrita a la dirección mencionada, aceptó la petición presentada por el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, relativa a ser sede del Tianguis de Pueblos Mágicos.
13. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, la titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo radicó la investigación, registrándola con el número de expediente ****************, en el que se ordenó la investigación de los hechos denunciados.
14. Informe de presunta responsabilidad administrativa. El siete de septiembre de dos mil veintidós, emitió el acuerdo de calificación de falta administrativa, donde determinó que la servidora pública incurrió presuntamente en la falta administrativa grave de abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en consecuencia, remitió a la titular del Área de Responsabilidades del órgano interno referido, el informe de presunta responsabilidad administrativa.
15. Mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo, remitió los autos originales del expediente de investigación ****************, así como el expediente de probable responsabilidad administrativa ************, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
16. Procedimiento administrativo. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del tribunal citado radicó el asunto con el número de expediente ******* ********; y, el treinta de noviembre de la misma anualidad resolvió que no existían elementos para determinar la comisión de la falta administrativa grave consistente en abuso de funciones, porque no fueron aportados elementos probatorios ni argumentos que demostraran que la servidora pública hubiera recibido un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, o haya causado perjuicio a alguna persona o al servicio público.
17. Recurso de apelación. En contra de la determinación anterior, la titular del Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones, en el ramo Turismo, de la Secretaría de la Función Pública, interpuso recurso de apelación del cual conoció la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien lo radicó con el número de expediente R.A. ***********, y dictó sentencia el trece de agosto de dos mil veinticuatro, donde confirmó la sentencia recurrida.
18. Recurso de revisión. En contra de ese fallo, la titular del Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones, en el ramo Turismo, de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de autoridad investigadora, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, ordenó su registro con el número R.F. 64/2025 y lo admitió a trámite.
19. Sentencia. Seguida la secuela procesal del recurso, en sesión de veinte de marzo de dos mil veinticinco, el tribunal resolvió confirmar la sentencia recurrida bajo las siguientes consideraciones:
"(...)
SEXTO. Estudio. (...)
Ahora, para resolver la controversia planteada es necesaria una breve referencia al procedimiento administrativo sancionador.
El procedimiento administrativo sancionador se constituye por el conjunto de actos concatenados seguidos en forma de juicio, con el objeto de conocer irregularidades o faltas de índole administrativo ya sean de servidores públicos o de particulares susceptibles de sancionar.
Las irregularidades o faltas administrativas son las acciones u omisiones que lesionan el derecho administrativo, sancionadas por una norma jurídica que no es contemplada como delito o falta de naturaleza penal.
La sanción administrativa al igual que la penal constituye una manifestación del ius puniendi del Estado que consiste en la facultad para imponer medidas correctivas por la comisión de conductas ilícitas contrarias a las leyes, facultad que se divide en una potestad punitiva jurisdiccional y una potestad sancionadora administrativa.(4)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 4/2006 señaló que dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, como son, entre otros, el principio de legalidad, el principio del non bis in idem, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia P./J. 99/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565, registro digital: 174488, cuyo texto es el siguiente:
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO (Se transcribe)".
La línea jurisprudencial del máximo tribunal ha ido evolucionando en el mismo sentido reconociendo otros principios originalmente del derecho penal, pero aplicables a la materia administrativa siempre que se cumplan con dos requisitos, a saber, que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado.
El criterio al que nos referimos es el 2a./J. 124/2018, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo II, página 897, registro digital: 2018501, cuyo texto es el siguiente:
"NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. (Se transcribe)".
En ese sentido el más alto tribunal ha incluido paulatinamente principios sustantivos de protección aplicados al derecho administrativo sancionador, así por ejemplo, en la jurisprudencia P./J. 43/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la aplicación con matices del principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador, de la manera siguiente:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. (Se transcribe)".
Esto significa que es posible trasladar los principios garantistas del derecho penal al procedimiento administrativo sancionador (siempre que sea compatibles con su naturaleza), porque en ambos casos se manifiesta la facultad punitiva del Estado que encuentra límites constitucionales en los artículos 14, 16, 19, 21 y 23, que, en general, acogen los principios de legalidad y seguridad jurídica.
La explicación anterior tiene por objeto evidenciar que el derecho administrativo sancionador comparte principios aplicables al derecho penal, como lo es el principio de tipicidad.
Al respecto, deviene aplicable la jurisprudencia P./J. 100/2006 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, de rubro y texto siguientes:
"TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. (Se transcribe)".
Por eso de manera acertada la sección de la sala superior emisora estimó adecuada la consideración que la autoridad investigadora fue omisa en demostrar la totalidad de los elementos que constituyen la conducta de abuso de funciones.
Efectivamente, el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone:
"Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia."
En ese sentido, este órgano colegiado al resolver el juicio de amparo directo 95/2024, en sesión de once de abril de dos mil veinticuatro, estudió los elementos que constituyen al abuso de funciones.
En el precedente invocado, se determinó que, en lo que interesa, que el abuso de funciones se presenta cuando un servidor público ejerce atribuciones que no tiene conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esa ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Se concluyó que, existen dos elementos que conforman el tipo administrativo de abuso de funciones, a saber:
- El ejercicio por parte de un servidor público de atribuciones que no tiene conferidas o que se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios.
- La finalidad de generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Cómo se observa, el criterio sustentado por este tribunal colegiado es coincidente con el alcanzado por la sección emisora, pues los elementos que consideró que componen al tipo de responsabilidad administrativa que nos interesa fueron: el subjetivo, consistente en que la conducta debe ser realizada por una persona que le asista la calidad de servidora pública al momento de los hechos; el conductual, que describió como el ejercicio de atribuciones que no tiene conferidas o que se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios; y, el de finalidad, que se actualiza cuando la persona servidora pública busca generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
(...)
Con base en lo hasta aquí expuesto es posible concluir que el motivo de agravio es infundado.
(...)".
[Lo destacado es de origen]
B. Criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 507/2025.
20. Denuncia. El quince de julio de dos mil veintidós el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de autoridad investigadora, determinó el grado de presunción en que un servidor público de la Secretaría de Turismo, habría incurrido en las faltas administrativas graves de desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
21. Informe de presunta responsabilidad. Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de autoridad substanciadora, admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa; y, remitió el expediente administrativo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que de conformidad con sus facultades y de considerarlo pertinente, aceptara su competencia para continuar con la substanciación y resolución del procedimiento administrativo sancionatorio.
22. Procedimiento de responsabilidad administrativa. Mediante auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se declaró competente, por lo que registró el asunto con el número de expediente ***************; y, agotado el sumario en cada una de sus etapas, el dos de enero de dos mil veinticuatro dictó la sentencia respectiva, misma que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se establece que NO existen elementos para tener por configurada la falta administrativa grave de abuso de funciones imputada al **********, por lo que no es responsable administrativamente de esa conducta.
SEGUNDO. Se establece que SÍ existen elementos para determinar la acreditación de la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos atribuida al ** ********** y por tanto SÍ es responsable administrativamente por la comisión de dicha conducta.
TERCERO. En consecuencia, y conforme a las consideraciones vertidas en la presente resolución, se impone a ********** la sanción de SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES la cual deberá ejecutarse de conformidad con lo previsto en el numeral 225, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
CUARTO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 193, FRACCIÓN VI Y 209, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. NOTIFÍQUESE.".
23. Recurso de apelación. Inconforme con la determinación anterior, la Titular del Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones en el ramo Turismo, en su carácter de autoridad investigadora, interpuso recurso de apelación, el cual se admitió a trámite por la Presidencia de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente **** *********** y seguidos los trámites de ley, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, emitió la sentencia correspondiente en la que determinó confirmar la resolución recurrida.
24. Recurso de revisión. En contra de ese fallo, la Sala Superior Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Titular del Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente por auto de siete de noviembre de dos mil veinticinco, ordenó su registro con el número R.F. 507/2025 y lo admitió a trámite.
25. Sentencia. Seguida la secuela procesal, en sesión de veintidós de enero de dos mil veintidós, el tribunal resolvió confirmar la sentencia recurrida bajo las siguientes consideraciones:
"(...)
SÉPTIMO. Estudio. Al respecto cabe señalar que los agravios previamente sintetizados, serán analizados en su conjunto, dada la estrecha relación que mantienen, ello en razón de técnica jurídica y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.(5)
I. Procedimiento administrativo sancionador. Sus principios.
Pues bien, a fin de resolver lo que en derecho corresponde, resulta oportuno hacer una breve referencia al procedimiento administrativo sancionador.
Así, el procedimiento administrativo sancionador se constituye por el conjunto de actos concatenados seguidos en forma de juicio, con el objeto de conocer irregularidades o faltas de índole administrativo ya sean de servidores públicos o de particulares susceptibles de sancionar.
Por su parte, las irregularidades o faltas administrativas son las acciones u omisiones que lesionan el derecho administrativo, sancionadas por una norma jurídica que no es contemplada como delito o falta de naturaleza penal.
Y, la sanción administrativa al igual que la penal constituye una manifestación del ius puniendi del Estado que consiste en la facultad para imponer medidas correctivas por la comisión de conductas ilícitas contrarias a las leyes, facultad que se divide en una potestad punitiva jurisdiccional y una potestad sancionadora administrativa.(6)
Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2006 señaló que dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, como son, entre otros, el principio de legalidad, el principio del non bis in idem, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia P./J. 99/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565, registro digital: 174488, cuyo texto es el siguiente:
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. (Se transcribe)".
Así también, es preciso apuntar que la línea jurisprudencial del Máximo Tribunal Constitucional ha ido evolucionando en el mismo sentido, reconociendo otros principios originalmente del derecho penal, pero aplicables a la materia administrativa siempre que se cumplan con dos requisitos, a saber, que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado.
El criterio referido es el 2a./J. 124/2018, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo II, página 897, registro digital: 2018501, cuyo texto es el siguiente:
"NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. (Se transcribe)".
Por otra parte, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incluido paulatinamente principios sustantivos de protección aplicados al derecho administrativo sancionador, así por ejemplo, en la jurisprudencia P./J. 43/2014, el Pleno del Alto Tribunal, reconoció la aplicación con matices del principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador, de la manera siguiente:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. (Se transcribe)".
Lo anterior significa que es posible trasladar los principios del derecho penal al procedimiento administrativo sancionador (siempre que sean compatibles con su naturaleza), porque en ambos casos se manifiesta la facultad punitiva del Estado que encuentra límites constitucionales en los artículos 14, 16, 19, 21 y 23, que, en general, acogen los principios de legalidad y seguridad jurídica.
De la explicación anterior es posible evidenciar que el derecho administrativo sancionador comparte principios aplicables al derecho penal, como lo es el principio de tipicidad.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 100/2006 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, de rubro y texto siguientes:
"TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. (Se transcribe)".
Así, del criterio preinserto, se obtiene que el principio de tipicidad es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas y significa que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.
II. Caso en concreto.
• Tipicidad de la conducta grave.
Expuesto el marco jurisprudencial anterior, este Tribunal Colegiado estima que la decisión tomada por la Tercera Sección de la Sala Superior, en confirmar la sentencia de primera instancia fue correcta, en razón de que el sustento de su determinación fue que en el caso debía acreditarse de manera plena la conducta atribuida al aquí opositor, relativa al abuso de funciones; para lo cual estimó que resultó necesaria la concurrencia de todas las condiciones que describe la hipótesis normativa, establecida en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ahora bien, a fin de evidenciar lo correcto de la decisión adoptada por la Sección revisora, es oportuno hacer un análisis del contenido de ese numeral. Así, dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia."
Del precepto transcrito se colige, en lo que interesa, que el abuso de funciones se actualiza cuando un servidor público ejerce atribuciones que no tiene conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esa ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Como se ve, existen cuatro elementos que conforman el tipo administrativo de abuso de funciones, a saber:
• 1. Que se trate de un servidor público.
• 2. Que ejerza atribuciones que no tiene conferidas o que se valga de las que tenga.
• 3. Para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarias.
• 4. Las cuales tengan como finalidad generar un ben
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34076-1fd3194f/abuso-de-funciones-para-que-se-configure-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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