COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR Y RESOLVER UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. CORRESPONDE AL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN Y COMISIÓN ESPECIAL RESPECTIVA (ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO RELATIVO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 55/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de catorce de julio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 55/2026, suscitada entre los sustentados por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si al instar un procedimiento formal de responsabilidad administrativa contra un miembro de servicio, la autoridad competente para resolverlo es la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, o bien, debe ser el Consejo de Profesionalización y Comisión Especial respectiva, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido en este Pleno Regional el veintiuno de abril de dos mil veintiséis, la Magistrada integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas Materias y Circuito al resolver el amparo en revisión 356/2021, así como por el Tribunal Colegiado en cita, en el amparo en revisión 382/2024.
4. Trámite de la denuncia ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiséis, la Presidencia de este órgano colegiado ordenó el registro del oficio en cita con el expediente 55/2026, asimismo, solicitó a los Tribunales contendientes, informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.
5. Por autos de catorce y veintiuno de mayo, ambos de dos mil veintiséis, se tuvo a los tribunales colegiados contendientes, desahogando el requerimiento formulado, en el que sostuvieron la vigencia de sus criterios plasmados en los recursos de revisión 356/2021 y 382/2024 respectivamente, y ordenaron la vinculación de los asuntos correspondientes; asimismo, en el segundo auto, se tuvo por recibido el oficio CCST/X/288/05/2026, por el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
6. En tres de julio de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés], así como de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente; en virtud de que la contradicción se suscitó entre el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de ahí que se comprenden en la materia y territorio asignados a este Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por **********, Magistrada integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, órgano colegiado que emitió uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
10. Primer criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, resolvió el amparo en revisión 356/2021.
Juicio de amparo indirecto.
11. Una persona física por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto contra los actos y autoridades que a continuación se detallan:
“... III.-AUTORIDADES RESPONSABLES:
a).- LA **********.
b).- LA **********DE LA **********
c).- EL ********** ADSCRITO A LA **********.
d).- EL C. ********** ADSCRITO A LA **********.
e).- EL **********.
IV.- ACTOS RECLAMADOS: Los siguientes:
a).- DE LA **********, le reclamo la RESTITUCIÓN A MI CARGO Y LA NULIDAD de todo el supuesto Procedimiento Administrativo, el desahogo de la supuesta investigación, y principalmente la RESOLUCIÓN de fecha 27 de noviembre del año 2020, y todo lo actuado en el supuesto procedimiento del expediente administrativo número **********, que se tramitó en la **********, y que fue resuelto y firmado por el Fiscal General del Estado de Oaxaca, en el cual se resolvió mi REMOCIÓN DEL CARGO, que tenía como ********** con número de identificación **********; la resolución de la supuesta investigación de fecha 29 de octubre del año 2020, que se realizó y dictó en el expediente Administrativo **********, mismo que llevó y resolvió el **********Regional Adscrito a la **********, en el cual se dictó auto de formal procedimiento administrativo en contra del suscrito **********, supuestamente por quebrantar el régimen disciplinario como miembro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; la audiencia de Ley del implicado celebrada a las 11.00 (sic) horas del día 18 de noviembre del año 2020, con la cual supuestamente se tuvo agotada la etapa procesal del procedimiento, la cual no me fue notificada de forma correcta; Y (sic) la notificación de la referida resolución misma que se hizo con fecha 21 de diciembre del año 2020, en la cual resolvió el **********, imponerme como infractor LA REMOCIÓN DEL CARGO, por quebranto el Régimen disciplinario, ya que me conduje de manera irrespetuosa, y retó (sic) a golpes al particular, acorde a la copia simple del escrito de denuncia por el delito de **********, signado por el C. **********, de fecha 18 de noviembre del año 2019, a quien supuestamente le expresé ********** aunado a lo anterior, se suma la video grabación contenida en el disco compacto de la marca **********, el cual cuenta con la leyenda plasmada en letra molde de color rojo, el cual fue objeto de estudio, consecuentemente el implicado en el presente asunto, es PLENAMENTE RESPONSABLE DE QUEBRANTAR EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, que rige a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pues del sumario se advierte que se trata de una infracción grave, en atención a lo previsto en el artículo 178 fracción V del reglamento del Servicio Civil de Carrera, puesto que su conducta se le reprocha al responsable, fue denunciado en la red social denominada ********** por el usuario **********, visible en la dirección electrónica ********** resulta ser el sitio web más accedido del mundo y es considerado como la red que influencia directamente en la opinión de los Usuarios; Con (sic) ello se evidencia el daño que causó a esta Institución, así como a la sociedad Oaxaqueña que convive jurídicamente y a la cual se le debe garantizar que este tipo de situaciones no deben repetirse, pues el responsable de referencia desplegó una acción dolosa, es decir, tuvo toda la intención de agredir verbalmente y retar a golpes a una persona, pues con la experiencia adquirida por su antigüedad de 16 años con siete meses como miembro de esa institución, debió estar consiente (sic) que nunca debió desplegar la conducta que hoy se sanciona; Que si bien es cierto que durante el tiempo transcurrido como miembro de esta Fiscalía General no ha sido sancionado por cuestiones diversas a las que nos ocupa, y que el hecho del que se responsabiliza en la presente determinación, no produjo perjuicios al servicio, a otros integrantes o al material o equipo que tenía a su resguardo para el ejercicio de sus funciones, sin embargo, esto no quiere decir que el hecho que hoy se sanciona, cometido por **********, es sumamente grave, pues ello, es indiscutible y no tiene justificación alguna, aun cuando alegara que su instrucción escolar es de nivel medio superior. Así como de todas y cada una de las actuaciones, requerimientos que se han realizado en el expediente administrativo número **********, instruido en mi contra, mismo que resolvió el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA; En (sic) el mismo existen violaciones en el procedimiento, porque de forma incorrecta tramitaron el procedimiento Administrativo, del cual debió conocer primeramente la COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE PERMANENCIA TAL COMO LO DETERMINAN LOS ARTÍCULOS 194, 235, 236, 242 y demás relativos del REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL DE LA CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN SU ETAPA DE INVESTIGACIÓN; Y PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEBIÓ DE HABER CONOCIDO DEL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACIÓN TAL COMO LO DETERMINA LOS ARTÍCULOS 192, 193, 194, 195 FRACCIONES IV Y VII, 197, 204, 205, 206, 209 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL DE LA CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, mismos que no fueron aplicados en el presente procedimiento, tal como se desprende de la resolución que se combate, ya que el mismo lo conocieron LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, LA VISITADURÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EL VISITADOR REGIONAL ADSCRITO A LA VISITADURÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA VISITADURÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA Y EL SECRETARIO MINISTERIAL ADSCRITO A LA VISITADURÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, quienes intervinieron y firmaron las actuaciones y resoluciones que se han señalado y sé pide su nulidad, tal como se desprende de la diligencia que se recurre, así como de las demás que han practicado, quienes no están facultados para conocer del procedimiento de responsabilidad que se dice se me instruyó, como en el caso está sucediendo, y más aún porque en el caso yo no cometí ninguna responsabilidad que se considere como grave, para que se me dicte una resolución y se me condene a la REMOCIÓN DE MI CARGO, que en el caso se está haciendo de forma incorrecta y violando mis garantías de audiencia, así como la violación de mis derechos.
b).- De la autoridad responsable ordenadora y ejecutora LA ********** DE LA **********,Y DEL ********** ADSCRITO A LA ********** DE LA ********** le reclamo la NULIDAD de todo el procedimiento administrativo, así como de todas y cada una de las actuaciones, notificaciones y en especial de la supuesta investigación y resolución de fecha 29 de octubre del año 2020, en el cual se dictó auto de formal procedimiento administrativo en contra del suscrito **********, supuestamente por quebrantar el régimen disciplinario como miembro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; La (sic) audiencia de Ley del implicado celebrada a las 11.00 (sic) horas del día 18 de noviembre del año 2020, con la cual supuestamente se tuvo agotada la etapa procesal del procedimiento, la cual no me fue notificada de forma correcta; Igualmente (sic) la resolución de fecha 27 de noviembre del año 2020, en la cual se resolvió la REMOCIÓN DE MI CARGO, que se dictó en el supuesto expediente Administrativo número **********, instruido en mi contra, y la notificación de la referida resolución misma que se hizo con fecha 21 de diciembre del año 2020, misma que estoy combatiendo, porque de forma incorrecta fue resuelta y firmada por el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, quien determinó imponerme como infractor LA REMOCIÓN DEL CARGO, procedimiento que llevó y tramitó la Visitaduría General y el Visitador Regional adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, actuando de forma incorrecta ya que estas autoridades no son las indicadas para el trámite del procedimiento Administrativo, pues quienes debieron de conocer del procedimiento Administrativo los son LA COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE PERMANENCIA Y DEL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACIÓN, tal como lo establecen LOS ARTÍCULOS 194, 235, 236, 242 y demás relativos del REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL DE LA CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN SU ETAPA DE INVESTIGACIÓN; Y PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEBIÓ DE HABER CONOCIDO EL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACIÓN TAL COMO LO DETERMINA LOS ARTÍCULOS 192, 193, 194, 195 FRACCIONES IV Y VII, 197, 204, 205, 206, 209 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL DE LA CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, y no como en el caso lo hicieron, y más aún porque quien lo resolvió y firmó fue el **********, autoridad que no es competente, ya que lo debió resolver y firmar EL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACIÓN, tal como lo determina el reglamento del Servicio Civil de la Carrera de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, por lo tanto, todas y cada una de las actuaciones y resoluciones del supuesto procedimiento Administrativo son totalmente NULOS, y como consecuencia, los mismos me están causando agravios, violaciones en mis garantías y derechos, porque la ejecución de la referida resolución, no se desahogó conforme a lo establecido por las Leyes antes señaladas, causándome daños y perjuicios en mis derechos, papeles y Economía.
c).- DEL C. ********** Y DEL **********, LA NULIDAD del procedimiento Administrativo, de todos y cada uno de los (sic) actuaciones y notificaciones que ha realizado y en especial de la supuesta investigación y resolución de fecha 29 de octubre del año 2020, en el cual se dictó auto de formal procedimiento administrativo en contra del suscrito ********** supuestamente por quebrantar el régimen disciplinario como miembro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; La audiencia de Ley del implicado celebrada a las 11.00 (sic) horas del día 18 de noviembre del año 2020, con lo cual supuestamente se tuvo agotada la etapa procesal del procedimiento, la cual no me fue notificada de forma correcta; Igualmente la resolución de fecha 27 de noviembre del año 2020, en la cual se resolvió la REMOCIÓN DE MI CARGO, que se dictó en el supuesto expediente Administrativo número **********, instruido en mi contra, y la notificación de la referida resolución misma que se hizo con fecha 21 de diciembre del año 2020, misma que estoy combatiendo, porque de forma incorrecta fue resuelta y firmada por el **********, quien determinó imponerme como infractor LA REMOCIÓN DEL CARGO, procedimiento que llevó y tramitó la ********** y el ********** adscrito a la **********, actuando de forma incorrecta ya que estas autoridades no son las indicadas para el trámite del procedimiento Administrativo, pues quienes debieron de conocer del procedimiento Administrativo lo son LA COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE PERMANENCIA Y DEL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACIÓN, tal como lo establecen los artículos 194, 235, 236, 242 y demás relativos del reglamento del Servicio Civil de la Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su etapa de investigación; y para la tramitación y resolución del procedimiento debió de haber conocido del Consejo Local de Profesionalización tal como lo determinan los artículos 192, 193, 194, 195 fracciones IV y VII, 197, 204, 205, 206, 209 y demás relativos del reglamento del servicio civil de la carrera de la fiscalía general del estado de Oaxaca, así como los artículos 72 y 73 la ley orgánica de la fiscalía general del estado de Oaxaca, y no como en el caso lo hicieron, y más aún porque quien lo resolvió y firmó fue el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, autoridad que no es competente, ya que lo debió resolver y firmar EL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACIÓN, tal como lo determina el reglamento del Servicio Civil de la Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo tanto, todas y cada una de las actuaciones y resoluciones del supuesto procedimiento Administrativo son totalmente NULOS, y como consecuencia, los mismos me están causando agravios, violaciones en mis garantías y derechos, porque la ejecución de la referida resolución, no se desahogó conforme a lo establecido por las Leyes antes señaladas, causándome daños y perjuicios en mis derechos, papeles y Economía.
[...]".
12. Por razón de turno, de dicha demanda conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, que por auto de quince de enero de dos mil veintiuno, la registró con el consecutivo ********** y la admitió a trámite. Por auto de trece de mayo siguiente, el Juez de Distrito dejó de tener como autoridades responsables al ********** adscrito a la **********; y seguida la secuela procesal, el nueve de junio del año en cita, celebró la audiencia constitucional y en treinta de julio posterior, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.
Recurso de revisión.
13. Inconforme con la determinación anterior, el **********, interpuso recurso de revisión, del cual, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, que lo registró y admitió a trámite con el consecutivo 356/2021; en sesión de veintidós de julio de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, en la materia de la revisión revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado.
14. Las consideraciones medulares y que interesan en el caso, consisten en:
“(...)
SÉPTIMO. Estudio de agravios de la recurrente respecto de la concesión de amparo.
La impugnante aduce en esencia, que el fallo recurrido debió realizar el análisis del informe justificado y pruebas que obraban en dicho expediente al dictar esa resolución.
Que la juez de amparo no observó que la determinación reclamada, cumple con la garantía constitucional prevista en el artículo 14 de la ley Fundamental, porque el expediente administrativo fue iniciado el **********, esto es, de acuerdo con las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio del Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el expediente debía seguir siendo tramitado ante la Visitaduría, hasta que lo determinara el plan de implementación gradual que acordara el Consejo Local de Profesionalización, Plan de Transición, publicado el treinta y uno de enero de dos mil veinte para efectos de su validez jurídica, fecha posterior al inicio del citado expediente, por lo que en términos de los artículos 1º y 3º de la Constitución Política Local, así como 6 y 20 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la resolución impugnada fue emitida por el Fiscal General del Estado de Oaxaca, en la que se determinó remover al elemento policiaco.
Agrega la impugnante, que a la fecha, no se ha emitido ni ejecutado en su totalidad el plan de implementación gradual a que se refiere el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, como lo dispone el artículo séptimo transitorio, párrafos primero y segundo, como consecuencia, no es posible sustanciar el procedimiento respectivo ante el Consejo de Profesionalización, que es de orden público y de interés social.
Los sintetizados motivos de inconformidad son fundados.
Es así, porque en la sentencia impugnada, la juez federal consideró esencialmente, que el ********** se radicó el expediente administrativo de investigación **********, en contra de diversos servidores públicos, entre ellos el quejoso, por probables infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones; que el **********, ordenó iniciar procedimiento contra el quejoso, por el quebrantamiento del régimen disciplinario de dicha Fiscalía; que el ********** tuvo verificativo la audiencia de ley que estuvo presidida por el **********; y, en resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el ********** determinó la remoción en el cargo como elemento de la ********** que ostentaba el quejoso.
Dijo la A quo, que el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, prevé el procedimiento de responsabilidad administrativa; que en la fecha en que se emitió el mencionado Reglamento, no se encontraba constituida la Comisión y el Consejo Local de Profesionalización, a que se refiere el artículo séptimo transitorio; que desde el mes de enero de dos mil veinte entró en funciones el Consejo Local de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, órgano competente para conocer de los procedimientos de responsabilidad administrativa, instaurados en contra de los miembros del servicio y se aprobaron por unanimidad de votos la integración de Comisiones Especiales de Permanencia y Disciplinaria del Consejo de que se trata.
Por lo tanto, dijo el A quo, que la resolución de **********, relativa a la remoción en el cargo de agente estatal de investigaciones, resultaba violatoria de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber sido emitida por el Fiscal General del Estado de Oaxaca, autoridad carente de legal competencia para ello, ya que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado, la autoridad competente para resolver en definitiva los procedimientos instruidos en contra de los miembros del servicio, lo es la Comisión Disciplinaria y de Permanencia del Consejo Local de Profesionalización, quien entró en funciones desde el mes de **********.
La forma en que resolvió la A quo, es incorrecta, ya que si bien es cierto, como se alega en los agravios que se analizan, que el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acta de inicio y clausura de la sesión solemne de instalación del Consejo Local de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado, e inicio de funciones y toma de protesta a los integrantes del Consejo, realizada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, mediante la cual se realizó la declaración formal de la instalación y clausura de dicho Consejo, la formación de Comisiones Especiales, para el debido ejercicio de sus atribuciones, entre ellas, la Comisión de Permanencia y Disciplina.
No es menos verídico que, a la fecha no se ha emitido el plan de implementación gradual de todos los aspectos previstos en el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Por ello, se actualiza el supuesto previsto en el artículo séptimo transitorio, párrafo tercero, del Reglamento citado, que dispone:
“SÉPTIMO. Instalado formalmente el Consejo, deberá proceder inmediatamente a emitir mediante acuerdo el plan de implementación gradual de todos los aspectos previstos en el presente Reglamento hasta alcanzar su realización total.
Respecto al procedimiento ante la Comisión a que refiere el Titulo Cuarto, Capitulo III del Presente Reglamento; su implementación se regulará de igual forma mediante el plan de implementación gradual que emita el Consejo. En tanto los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Visitaduría, continuaran su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
Asimismo, todos los procedimientos administrativos tanto de responsabilidad o permanencia que surjan posteriormente de la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán continuar siendo tramitados ante la Visitaduría de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, hasta que lo determine el plan de implementación gradual que acuerde el Consejo”.
Lo resaltado es propio de esta ejecutoria.
En el numeral reproducido, se previó que ante alguna dilación en la emisión del plan de implementación gradual, todos los procedimientos administrativos tanto de responsabilidad o permanencia que surgieran posteriormente de la entrada en vigor de ese Reglamento, deberían continuar tramitándose ante la Visitaduría de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, hasta que lo determinara el plan de implementación gradual que acuerde el Consejo Local de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General; sin que dicho plan de implementación se haya emitido.
De ahí que aunque se encuentre instalado el Consejo Local de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, como no se ha emitido el plan para la implementación gradual de todos los aspectos previstos en dicho reglamento, tal como lo refiere la recurrente, la autoridad competente para resolver en definitiva los procedimientos instruidos en contra de los miembros del servicio, no lo es la Comisión Disciplinaria y de Permanencia del Consejo Local de Profesionalización, quien entró en funciones desde el mes de **********.
Por lo que la autoridad legalmente competente para tramitar el procedimiento que se instauró en contra del quejoso, es la Visitaduría de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento en que se iniciaron los procedimientos relativos. ...”
15. Segundo criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 382/2024.
16. Los antecedentes que se advierten de la ejecutoria pronunciada consisten en lo siguiente:
Demanda de amparo indirecto.
17. Una persona física por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
1.- **********.
2.- El **********.
IV.- ACTO RECLAMADO
********** del Estado, le reclamo la violación a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica al haber dado la orden verbal al Ministerio Público de la ********** adscrito a dicha visitaduría para sustanciar el procedimiento formal de responsabilidad por posible quebrantamiento al régimen disciplinario, en mi contra en mi carácter de ********** esto en el expediente administrativo **********, con lo que trasgrede los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad con que debe regirse, así como la trasgresión a mis derecho humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 de la Carta Magna, y haber dado la orden de suspenderme provisionalmente, sin goce de sueldo y por tiempo indeterminado.
El ********** adscrita a la **********.
Le reclamo la violación a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica, al emitir el acuerdo de fecha 07 de marzo del año dos mil veinticuatro, y el acuerdo de fecha 08 de marzo del año dos mil veinticuatro, donde me cita para notificarme el INICIO DE FORMAL PROCEDIMIENTO en mi contra, en mi carácter de **********, por el posible quebrantamiento al régimen disciplinario, emitido dentro del expediente administrativo **********, y ordenar la SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE MI EMPLEO, SIN GOCE DE SUELDO Y POR TIEMPO INDETERMINADO, sin ser competencia para emitir una medida cautelar de esta naturaleza; lo que me deja en completo estado de indefensión y contraviene los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen su actuar, así como los derechos humanos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, del debido proc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34258-35e6e02b/competencia-para-substanciar-y-resolver-un-procedimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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