SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA IMPEDIR LA PROGRAMACIÓN O PRÁCTICA DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA EXIGIDAS COMO REQUISITO DE PERMANENCIA AL PERSONAL ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AUN CUANDO ADUZCA NO UBICARSE EN EL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 67/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 5 DE AGOSTO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIO: MOISÉS ISRAEL FLORES PACHECO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cinco de agosto de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 67/2026, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos.
La problemática jurídica por resolver consiste en determinar si es procedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, para el efecto de que no se programen o practiquen evaluaciones de control de confianza exigidas como requisito de permanencia al personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos que aduce no ubicarse en el régimen previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Remisión por incompetencia de la contradicción de criterios. Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintiséis, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tuvo por recibida la denuncia realizada por la persona titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, respecto de la posible contradicción de criterios suscitada entre lo determinado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 246/2026, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 235/2026.
2. Asimismo, en dicha resolución, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo declinó competencia a favor de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil, al estimar que la denuncia corresponde a la materia administrativa, pues los criterios derivan de quejas sobre la suspensión provisional de evaluaciones de control de confianza previstas como requisito de permanencia en la Fiscalía General del Estado de Morelos.
3. Recepción de la denuncia en este Pleno Regional. El ocho de mayo de dos mil veintiséis se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio a través del cual el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, remitió el antes referido asunto.
4. Admisión a trámite y turno. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiséis la presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro del asunto como la contradicción de criterios 67/2026 y la admitió a trámite, lo que ordenó notificar a los órganos colegiados contendientes, a quienes solicitó la vinculación de sus respectivos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encontraba vigente. Por otra parte, en el mismo proveído, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comunicara si existía alguna contradicción de criterios radicada en esa instancia que guardara relación con la temática planteada en el presente asunto.
5. Por último, se realizó el turno electrónico del expediente a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega.
6. Recepción de informes. Mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiséis, se recibieron los oficios a través de los cuales los Tribunales Colegiados contendientes informaron que los criterios que utilizaron al resolver los asuntos de su índice continúan vigentes; además manifestaron que dichos expedientes fueron habilitados para su consulta.
7. En auto de cuatro de junio de dos mil veintiséis se recibió el oficio CCST/X/329/05/2026 de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se informó que en ella no se encuentra radicada ninguna contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
8. Confirmación de turno. En auto de dieciocho de junio de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
9. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibieron opiniones de personas o instituciones en calidad de amicus curiae, lo que se hace constar para los efectos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y con lo previsto en el artículo 14, fracción I,(4) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y del artículo 2(5) del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.(6)
11. Lo anterior, dado que se denuncia la contradicción suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, órganos que se sitúan en la Región Centro-Sur, de conformidad con el artículo 8 del citado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;(7) aunado a que en este asunto se aborda un tema atinente a la materia administrativa y a que los criterios en contienda fueron emitidos por órganos colegiados con esa semiespecialización. Luego, este Pleno Regional ejerce su jurisdicción en función de la materia y territorio.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia proviene de parte legítima en tanto fue formulada por la persona titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, órgano jurisdiccional que dictó los autos recurridos en los recursos de queja de los que derivaron los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa. Lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. A fin de determinar la existencia de la contradicción de criterios, enseguida se formula una breve relatoría de los antecedentes de cada asunto, así como de las posturas que asumieron los órganos colegiados, en el orden de la fecha de su emisión.
A. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 246/2026
14. Antecedentes del acto reclamado. Una persona con el cargo de “Auxiliar de Perito”, adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, señaló que el diecinueve de marzo del dos mil veintiséis, recibió indicación de presentarse en la Dirección de Personal, de la Dirección General de Recursos Humanos, con la finalidad de programar exámenes de control de confianza a su persona.
15. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito depositado el veinticinco de marzo de dos mil veintiséis en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el trabajador interpuso amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS.
Ordenadoras.
1.- Fiscal General del Estado de Morelos (FGEM); 2.- Coordinador General de Servicios Periciales de la PGEM (sic); 3.- Director General de Recursos Humanos de la FGEM; (sic); Director de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la FGEM (sic), (...).
Ejecutoras.
2.- (sic) Coordinador General de Servicios Periciales de la PGEM (sic); 4.- (sic) Director de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la FGEM (sic); (...).
IV. ACTO RECLAMADO
De las Ordenadoras. ‘La orden de aplicar los artículos 123, inciso B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción VII y VIII, 60, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4, fracción XV, 93 y 94 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 1, 3, 6, 26, fracción XIII, 80, 83, 88, 92, fracción VIII y 93, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como 1, 3, 8, 18, fracciones XV y XXXII, 19, fracción IV, inciso f), numeral 3, 77, fracción V, inciso c), y 78, octies, fracciones IV, V y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; que se traduce en se (sic) la orden de aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza, como requisito de permanencia, propios del Servicio Profesional de Carrera, a pesar de que tengo el cargo de ASISTENTE ‘A’ y por mis funciones no me aplica las leyes en materia, en contravención a lo dispuesto al artículo 1, 14, 16, 123 y 124 de la Constitución Federal.
De las Ejecutoras. La ejecución del acto reclamado.”
16. En ese mismo acto, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, en los siguientes términos:
“Con fundamento en los artículos 125, 126, 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión de plano, y la suspensión provisional de los actos reclamados y en su oportunidad la suspensión definitiva respecto de los mismos actos reclamados, así como se declare que la justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a los beneficiarios de amparo, para el efecto de que cesen inmediatamente los actos reclamados y se ordene ejecutar violencia económica, ordenado (sic) la entrega del pago de la pensión por jubilación del quejoso vulnerable. (sic)”.
17. Prevención de la demanda. Por razón de turno, el asunto se remitió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en donde se registró con el número de expediente **********. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, el Juzgado previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado que le causaba perjuicio, al advertir que la demanda era confusa, pues por una parte señalaba la aplicación de evaluaciones de control de confianza, por otra aludía a la falta de formalidades en un procedimiento y, además, en el capítulo de suspensión solicitaba cuestiones relativas al pago de una pensión por jubilación.
18. En desahogo, la parte promovente precisó que reclamaba, por un lado, el oficio de trece de marzo de dos mil veintiséis, mediante el cual se le requirió documentación para remitir su expediente al Centro de Evaluación y Control de Confianza y programar evaluaciones de permanencia; y, por otro, el inicio de un procedimiento administrativo de hecho, sin mandamiento escrito ni observancia de las formalidades esenciales.
19. Admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiséis, la Jueza de Distrito tuvo por subsanada la prevención, admitió la demanda de amparo y ordenó la apertura del incidente de suspensión por así haberse solicitado.
20. Negativa de la suspensión provisional. En esa misma fecha, en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional determinó negar la medida suspensional provisional solicitada por el quejoso. La Jueza precisó que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional para que no se efectuaran los exámenes de control y confianza ordenados mediante oficio de trece de marzo de dos mil veintiséis. Si bien tuvo por acreditado, de manera indiciaria, el interés suspensional, a partir de lo manifestado bajo protesta de decir verdad y del oficio exhibido, negó la medida cautelar al estimar que no se satisfacía el requisito relativo a que su concesión no afectara el interés social ni contraviniera disposiciones de orden público.
21. Lo anterior, porque las evaluaciones de control de confianza tienen como finalidad garantizar que el personal vinculado con funciones de seguridad y procuración de justicia cumpla con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; de ahí que suspenderlas obstaculizaría el funcionamiento de dichas instituciones y afectaría el derecho de la sociedad a contar con personal debidamente evaluado y certificado. Además, consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 116/2013 (10a.), de rubro: “SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PRACTICADAS AL PERSONAL DE BASE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.”
22. Recurso de Queja. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado vía electrónica el nueve de abril de dos mil veintiséis en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el quejoso -por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo- interpuso recurso de queja, el cual fue remitido al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el cual lo registró como el recurso de queja 246/2026. En sesión de catorce de abril de dos mil veintiséis, el tribunal declaró infundado el recurso; lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
• Calificó de infundados los agravios hechos valer.
• Hizo referencias a las consideraciones de la Jueza de Distrito.
• Señaló que, con independencia de que se encontraran demostrados la existencia del acto reclamado y el interés suspensional, aspectos sobre los cuales no existía controversia, lo cierto era que, en el caso, no era posible conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, porque se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público; en consecuencia, no se satisfacía el requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
• Hizo referencia al artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 128 de la Ley de Amparo. Refirió que dichos numerales establecen que, entre los requisitos legalmente exigidos para la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo, se encuentra que su concesión no cause un daño significativo a la colectividad ni prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden, como resultado de ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y las disposiciones de orden público.
• Agregó que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece, de forma enunciativa y no limitativa, los supuestos en los cuales se considera que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
• Indicó que fue correcta la consideración de la jueza de Distrito, en el sentido de que, conforme a las normas destacadas, las personas juzgadoras tienen la obligación de ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho frente al orden público y el interés social.
• Señaló que la apariencia del buen derecho supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la persona juzgadora debe ponderar simultáneamente que con la concesión de la suspensión no se lesionen el interés social ni el orden público, en el entendido de que, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor que los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiera sufrir la parte quejosa, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y del interés social está por encima del interés particular.
• Recalcó que, si quien resuelve pudiera anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, deberá ponderar esa situación y determinar si con la suspensión se vulnerarían disposiciones de orden público o se seguiría perjuicio al interés social; o bien, si, atento al resultado anticipado, el perjuicio que pudiera concretarse en la esfera jurídica del quejoso sería menor que la afectación a la sociedad. Ello, porque dichos juicios de valor sirven para determinar si se concede o se niega la suspensión en el juicio de amparo.
• Explicó que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital 818680, de rubro: “INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.”, determinó el contenido de ambos conceptos.
• Retomó consideración de la contradicción de tesis 24/2020, de la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal del país.
• Explicó que, para determinar si la concesión de la suspensión en el juicio de amparo era procedente, debían considerarse los actos reclamados por el quejoso, el escrito de aclaración de la demanda y el contenido de diversas disposiciones que rigen su actuación como servidor público de la Fiscalía General del Estado de Morelos, especialmente en el área de Servicios Periciales, entre ellas, los artículos 4, fracciones VII y VIII, 60, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 19, primer párrafo, 83, 88 y 93 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como 13 del Reglamento de dicha ley orgánica.
• A partir de ello, recalcó que, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado sólo procede cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
• Estableció que de los artículos 4, fracciones VII y VIII, 60, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los artículos 19, 83, 88 y 93 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que las instituciones de procuración de justicia, entre ellas las instituciones que integran los servicios periciales, forman parte del sistema de seguridad pública, y que el personal adscrito a dichas instituciones está sujeto a un régimen especial de evaluación, certificación y control de confianza.
• Lo anterior se robustece con el contenido del artículo 13, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que señala que el personal de servicios periciales es oficial auxiliar del Ministerio Público en sus funciones de investigación y persecución de los delitos.
• Argumentó que las evaluaciones de control de confianza constituyen un requisito indispensable de ingreso, permanencia y desarrollo en el servicio, y que no pueden considerarse actos administrativos ordinarios, sino mecanismos estructurales del Estado orientados a verificar la idoneidad, capacidades y confiabilidad del personal; detectar factores de riesgo que puedan comprometer el ejercicio de funciones públicas; y garantizar que el desempeño institucional se ajuste a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
• Asimismo, sostuvo que dichas evaluaciones tienen una naturaleza preventiva y forman parte del diseño constitucional del sistema de seguridad pública, por lo que el orden público comprende el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado, particularmente las encargadas de la seguridad y procuración de justicia, en las que tales mecanismos constituyen instrumentos indispensables para garantizar la integridad, confiabilidad y profesionalización del personal que las integra.
• Consideró que conceder la suspensión del acto reclamado implicaría impedir la aplicación de un mecanismo legal obligatorio, permitir que un servidor público permaneciera en funciones sin acreditar su confiabilidad y desarticular temporalmente el sistema de control diseñado por el legislador.
• Determinó que, de concederse la medida cautelar solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público, al interferir con el funcionamiento regular de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
• Respecto del interés social, señaló que la sociedad tiene un interés legítimo y prioritario en que las instituciones encargadas de la seguridad pública operen con personal evaluado, certificado y confiable.
• Adujo que permitir que un servidor público eludiera temporalmente las evaluaciones de control de confianza generaría un riesgo potencial para la colectividad, pues debilitaría los mecanismos de prevención de actos irregulares y comprometería la eficacia del sistema de justicia. Ello, porque dichas evaluaciones buscan garantizar que el personal actúe conforme a principios constitucionales, lo que redunda directamente en beneficio de la sociedad. En ese sentido, recalcó que, de concederse la suspensión, se afectaría de manera directa el interés social.
• En lo atinente a la ponderación de intereses, puntualizó que, si bien la parte quejosa adujo una posible afectación a su esfera jurídica individual, lo cierto era que, en el presente caso, debía prevalecer el interés colectivo sobre el interés particular, porque la función del quejoso como servidor público en una institución de procuración de justicia incide directamente en la seguridad y el orden público. Además, por la calidad de servidor público que ostenta, está sujeto a un régimen especial que impone mayores exigencias de control y evaluación.
• Refirió que la eventual afectación individual que pudiera resentir con la negativa de la suspensión no era de tal entidad que justificara suspender un mecanismo esencial para la protección de la colectividad. Así, estableció que la suspensión solicitada contravendría disposiciones de orden público, al impedir la aplicación de un mecanismo obligatorio de control estatal, y afectaría el interés social, al poner en riesgo la confiabilidad y eficacia de las instituciones de procuración de justicia.
• Estimó que, con la negativa de la suspensión, la afectación que se podría causar al quejoso no revestía el carácter de irreparable, porque las evaluaciones constituyen actos repetibles y no definitivos, cuyos resultados pueden ser impugnados en la vía administrativa o jurisdiccional. De esta manera, la eventual consecuencia adversa no se actualiza de manera automática, sino que requiere un procedimiento posterior que deberá respetar el derecho de audiencia y defensa del servidor público.
• Señaló que, ante la eventualidad de que en el juicio de amparo se determinara la inconstitucionalidad del acto, sería jurídicamente posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, incluso mediante la nulidad de los efectos derivados de la evaluación; por tanto, el daño que pudiera resentir sería reparable y reversible.
• Indicó que, de concederse la suspensión solicitada, se generaría un daño de naturaleza distinta, pues se permitiría que el servidor público continuara en sus funciones sin haber acreditado los estándares de control de confianza, lo que produciría riesgos para la seguridad pública y quebrantaría la confianza de la sociedad en las autoridades e instituciones. Por ello, el daño al interés social sería más grave, inmediato y de carácter irreversible.
• Concluyó que compartía lo determinado por la jueza federal, en el sentido de negar la suspensión provisional solicitada; por tanto, calificó de infundados los agravios hechos valer.
23. Bajo tales argumentos el tribunal colegiado confirmó la negativa de la suspensión provisional por afectación al interés social y al orden público.
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 235/2026.
24. Una persona con el cargo de “Auxiliar de Perito”, adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, señaló que el veintisiete de marzo del dos mil veintiséis, recibió indicación de presentarse en la Dirección de Personal, de la Dirección General de Recursos Humanos, con la finalidad de programar exámenes de control de confianza a su persona.
25. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintiséis, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el trabajador interpuso amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS.
Ordenadoras.
1.- Fiscal General del Estado de Morelos (FGEM). 2.- Coordinador General de Servicios Periciales de la PGEM (sic), 3. Director General de Recursos Humanos de la FGEM (sic); Director de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la FGEM (sic) con domicilio en (...).
Ejecutoras.
2.- Coordinador General de Servicios Periciales de la PGEM (sic); 4.- Director de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la FGEM (sic); con domicilio los tres (sic) primeros en (...).
IV. ACTO RECLAMADO
De las Ordenadoras. ‘La orden de aplicar los artículos 123, inciso B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción VII y VIII, 60, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 4, fracción XV, 93 y 94 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 1, 3, 6, 26, fracción XIII, 80, 83, 88, 92, fracción VIII, y 93, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Fiscal General del Estado de Morelos; así como 1, 3, 8, 18, fracciones XV y XXXII, 19, fracción IV, inciso f), numeral 3, 77, fracción V, inciso c), y 78 octies, fracciones IV, V y VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; que se traduce en se la orden de aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza, como requisito de permanencia, propios del Servicio Profesional de Carrera, a pesar de que tengo el cargo de ASISTENTE ‘A y por mis funciones no me aplica las leyes en materia, en contravención a lo dispuesto al artículo 1, 14, 16, 123 y 124 de la Constitución Federal´.
De las Ejecutoras. La ejecución del acto reclamado”
26. El promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos:
“Con fundamento en los artículos 125, 126, 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión de plano, y la suspensión provisional de los actos reclamados y en su oportunidad la suspensión definitiva respecto de los mismos actos reclamados, así como se declare que la justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a los beneficiarios de amparo, para el efecto de que cesen inmediatamente los actos reclamados y se ordene ejecutar violencia económica, ordenado (sic) la entrega del pago de la pensión por jubilación del quejoso vulnerable (sic).”
27. Admisión de la demanda y apertura del incidente de suspensión. Por razón de turno, el asunto se remitió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, el cual lo registró con el número de expediente ********** y lo admitió a trámite, en auto de ocho de abril de dos mil veintiséis. En esa misma fecha ordenó la tramitación del incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa.
28. Negativa de la suspensión provisional. En esa misma fecha, en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional determinó negar la medida suspensional provisional solicitada por el quejoso. En principio, el órgano jurisdiccional tuvo por acreditado, de manera indiciaria, el interés suspensional de la parte quejosa, a partir de lo manifestado bajo protesta de decir verdad respecto de su cargo de auxiliar de perito, así como del oficio exhibido con la demanda; sin embargo, precisó que, de la lectura integral del escrito inicial y del acto reclamado, la suspensión provisional realmente se solicitó para que no se efectuaran los exámenes de control y confianza ordenados mediante dicho oficio, sin que resultara congruente la petición relativa al pago de una pensión por jubilación.
29. En ese contexto, negó la medida cautelar al considerar que no se satisfacía el requisito previsto en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, relativo a que su concesión no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público, pues las evaluaciones de control de confianza tienen como finalidad garantizar que el personal encargado de funciones de seguridad y procuración de justicia cumpla con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
30. Así, estimó que suspender tales evaluaciones obstaculizaría el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, afectaría el derecho de la sociedad a contar con personal debidamente evaluado y certificado, e impediría la aplicación de mecanismos indispensables para garantizar la seguridad pública y la eficacia del servicio; además, señaló que, de resultar desfavorables los resultados, el quejoso estaría en aptitud de desvirtuarlos con las pruebas conducentes. Por ello, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 116/2013 (10a.), de rubro: “SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PRACTICADAS AL PERSONAL DE BASE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, concluy
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34271-ba0fd90c/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-es-improcedente-concederla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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