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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO INCAUSADO. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS INCIDENTES QUE REGULAN LAS CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVIO AL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 87/2025. · Registro digital (IUS): 34030
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.584.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 87/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2026. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ Y MARIANA FLORES VEGA. DISIDENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. SECRETARIO: MAURICIO OMAR SANABRIA CONTRERAS.

Ciudad de México. Sentencia del PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, correspondiente a la sesión de once de marzo de dos mil veintiséis.

V I S T O S, los autos para dictar sentencia en la contradicción de criterios 87/2025, conforme a lo que en lo sucesivo se expone.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. Los Magistrados integrantes del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, que resolvieron el recurso de reclamación 21/2025 (derivado del amparo directo 184/2025), denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano y los diversos criterios:

• El TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, en el amparo directo 304/2023 y el recurso de reclamación 15/2025 (derivado del amparo directo 181/2025); y

• El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, en el recurso de reclamación 39/2024 (derivado del amparo directo 349/2024).

SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 87/2025, posteriormente, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto;(1) finalmente, turnó la contradicción para su estudio al Magistrado JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, turno que fue confirmado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes, el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 38, y 39, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3 (ACUERDOS GENERALES aplicables conforme al artículo décimo noveno transitorio de la mencionada LEY ORGÁNICA). Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por los magistrados integrantes del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, que resolvieron el recurso de reclamación 21/2025 (derivado del amparo directo 184/2025), como se advierte del respectivo expediente electrónico vinculado.

TERCERO. Posturas contendientes. Los posicionamientos de los tribunales se describen a continuación:

1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Recurso de reclamación 21/2025 (derivado del amparo directo 184/2025), la ejecutoria informa lo siguiente:

1.1. Acto reclamado. Resolución emitida en el incidente de pensión compensatoria, alimentos y disolución de la sociedad conyugal, relativo a un procedimiento de divorcio incausado.

1.2. Amparo directo 184/2025. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticinco, se desechó la demanda de amparo, ya que procedía el recurso de apelación, por lo que no se agotó el principio de definitividad.

1.3. Recurso de reclamación 21/2025. La quejosa interpuso reclamación en contra de la determinación anterior, que se declaró fundado y se ordenó la admisión del amparo, con base en las consideraciones siguientes:

1.3.1. El divorcio incausado de origen se tramitó conforme a las disposiciones del juicio oral sumarísimo.

1.3.2. Al dictarse sentencia, se declaró la terminación marital y se dejaron a salvo los derechos de las partes para dilucidar los términos del convenio en la vía incidental.

1.3.3. La resolución interlocutoria reclamada tiene origen en el incidente tramitado para dirimir lo relativo a dicho convenio, que se sustanció bajo las reglas de los incidentes.

1.3.4. Conforme a lo dispuesto por el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, contra las sentencias dictadas en los incidentes no procede recurso alguno.

1.3.5. Atenta la regulación incidental en dicha codificación, no resulta aplicable el criterio relativo a la recurribilidad de las resoluciones después de decretado el divorcio, a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 120/2012, de la Primera Sala, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES."

2. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. En el amparo directo 304/2023 y en el recurso de reclamación 15/2025 (originado en el amparo directo D.C. 181/2025), que, respectivamente, informan lo siguiente:

2.1. Amparo directo 304/2023.

2.1.1. Acto reclamado. Sentencia en la cual se condenó al quejoso al pago de una pensión compensatoria definitiva dictada en un juicio de divorcio incausado.

2.1.2. El tribunal colegiado sobreseyó en el juicio de amparo, por las consideraciones esenciales siguientes:

2.1.2.1. La sentencia reclamada era apelable, porque la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 104/2019 que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES)," consideró que el divorcio incausado puede concluir en la etapa postulatoria al declarar la disolución marital y aprobar todos los aspectos del convenio; pero si no se aprueba este último, dejará a salvo los derechos de las partes para que las diriman en la etapa conclusiva en la vía incidental.

2.1.2.2. La Corte "interpretó" que la vía incidental que tienen las partes para dirimir las cuestiones no aprobadas, solo es para darle expeditez al procedimiento, pero no se trata de un incidente, en estricto sentido, porque no sería la vía idónea, ya que resuelve una cuestión de fondo y principal.

2.1.2.3. Las disposiciones analizadas por la Corte de la codificación del Distrito Federal, son de similar contenido a las previstas en la codificación correspondiente al Estado de Puebla.

2.1.2.4. La resolución dictada en la etapa conclusiva del divorcio incausado es una sentencia definitiva contra la que procede apelación.

2.1.2.5. La procedencia de la apelación no está sujeta a interpretación adicional, porque es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 120/2012 (10a.), de la Primera Sala, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES."

2.2. Recurso de reclamación 15/2025 (originado en el amparo directo 181/2025). La ejecutoria da cuenta de los aspectos de relevancia siguientes:

2.2.1. Acto reclamado. Resolución que absolvió del pago de la indemnización compensatoria en un juicio de divorcio incausado.

2.2.2. Amparo directo 181/2025. La divorciante promovió amparo en su contra, que se desechó por no haber agotado el principio de definitividad, mediante la interposición de la apelación.

2.2.3. Recurso de reclamación. El recurso interpuesto se declaró infundado, con base en similares razonamientos esenciales sostenidos en el amparo directo 304/2023.

3. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Recurso de reclamación 39/2024 (derivado del amparo directo 349/2024), la ejecutoria informa lo siguiente:

3.1. Acto reclamado. La resolución que dirimó sobre la liquidación de sociedad conyugal relativo a un juicio de divorcio incausado.

3.2. Amparo directo 349/2024. La demanda de amparo se desechó, al considerar que debió agotarse el recurso de apelación previamente para cumplir con el principio de definitividad.

3.3. Recurso de reclamación 39/2024. Se interpuso reclamación en su contra, que se declaró infundado, con los razonamientos siguientes:

3.3.1. Por inoperancia de los agravios, porque existe jurisprudencia que les da respuesta y que determinan que en contra de las resoluciones inherentes a la disolución marital, en un procedimiento de divorcio incausado, aunque sean dictadas en un incidente, constituyen una sentencia definitiva susceptible de recurrirse. Esa jurisprudencia es la 1a./J. 120/2012, de la Primera Sala, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES."

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.

El TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza cuando los TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO adoptan criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Para ello, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.(2)

En esa línea, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la colisión de criterios exige que:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de la PRIMERA SALA número 1a./J. 23/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.", (registro digital 165076), y 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." (registro digital 165077).

Del análisis de las posiciones adoptadas por los tribunales colegiados contendientes, se advierte que se pronunciaron sobre la necesidad o no de agotar el principio de definitividad previsto en el artículo 63, fracción XVIII, de la LEY DE AMPARO, contra la resolución emitida en los incidentes que regulan las cuestiones inherentes y posteriores a la disolución marital en el divorcio incausado.

El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO consideró que contra la aludida determinación no procede recurso alguno, por tratarse de una resolución interlocutoria recaída en un incidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 414 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

En cambio, los Tribunales Colegiados Primero y Tercero de la misma materia y circuito, estimaron que en su contra procede el recurso de apelación, al tratarse de una sentencia definitiva susceptible de ser recurrida, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 120/2012, de la Primera Sala, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES", que consideraron aplicable y vinculante en el sistema recursal del divorcio incausado en el Estado de Puebla.

De ahí, que deba dirimirse si contra la resolución dictada en los incidentes relativos a regular las cuestiones inherentes y posteriores a la disolución marital en el divorcio incausado, procede o no recurso en su contra que deba agotarse para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.

QUINTO. Estudio.

Para resolver esta problemática vinculada con el acceso a la justicia constitucional, en vista de la observancia del principio de definitividad, debe recordarse que el juicio de amparo es un mecanismo jurisdiccional extraordinario, cuyo objeto esencial es la protección de los derechos fundamentales de las personas previstos en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de que México es parte, contra actos u omisiones de autoridades o particulares que actúen en forma equivalente a la autoridad, conforme lo establece la ley.

La otrora PRIMERA SALA (contradicción de tesis 206/2022) ha reiterado que la acción de amparo conforma una estructura cuyo contenido está dotado de un cúmulo de principios generales que al mismo tiempo que rigen su procedencia, también definen su diferencia con los medios legales ordinarios. Entre ellos, se encuentra el principio de definitividad (contradicción de tesis 102/2017), que encuentra su justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, y exige que el quejoso acuda en primer término a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto y omisión que produce la afectación, por tanto, el amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria que rija el acto, a través de los cuales pueda revocarse, modificarse o nulificarse el mismo.

El principio de definitividad se encuentra previsto en el artículo 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XVIII, de la LEY DE AMPARO. El último párrafo de este precepto dispone:

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

(...)

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;

Esta porción normativa prevé dos excepciones al principio de definitividad cuando se reclaman actos jurisdiccionales, que hace potestativo para el afectado agotar el medio de impugnación ordinario antes de acudir al amparo, a saber: (a) cuando para decidir sobre su procedencia no basta atender a la literalidad de la ley sino que debe realizarse una interpretación adicional; o (b) cuando su fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

La entonces PRIMERA SALA (contradicción de tesis 206/2022) reiteró su doctrina desarrollada al resolver la contradicción de tesis 298/2015, en el sentido de que la ausencia de una previsión expresa del recurso o medio de defensa, o bien, la necesidad de acudir a "interpretaciones adicionales", resultaban carentes de razonabilidad al incumplir el principio de interpretación estricta en favor de la tutela judicial efectiva, aunado a que no brindaban certeza ni seguridad jurídica. Por eso, era inexigible al justiciable que interpretara de manera sistemática o extensiva el sentido de un precepto con relación a otro, para deducir la procedencia de un recurso, no previsto claramente como impugnable en la ley; de ahí, que en estos casos debía considerarse que el recurso o medio de defensa estaba sujeto a una interpretación adicional, que actualizaba la excepción al principio de definitividad.

En cuanto al supuesto de "fundamento legal insuficiente", reiteró que se generaba por la incertidumbre originada en la falta de precisión sobre las reglas para la tramitación del medio de defensa. Así, la suficiencia en la regulación estaba ligada a la certeza jurídica, por lo que esta excepción se materializaba cuando el fundamento legal no expresaba claramente los requisitos de procedibilidad para la interposición del recurso o medio de defensa.

La CORTE destacó que tales excepciones al principio de definitividad privilegiaban los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso a la justicia constitucional, y se evitaba que, por vicios legales, el gobernado pudiera quedar en estado de indefensión, al obstaculizarse el acceso a un recurso judicial efectivo y sencillo.

La mencionada PRIMERA SALA además precisó que coincidía con la otrora SEGUNDA SALA (contradicción de tesis 83/2018), en el sentido de que la excepción al principio de definitividad no se actualizaba cuando la CORTE haya determinado jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa existente en contra de la determinación reclamada, porque así quedaba cumplido el objetivo de claridad sobre su procedencia por parte del justiciable y por el carácter obligatorio de la jurisprudencia conforme a lo dispuesto por el artículo 217 de la LEY DE AMPARO no permitía disertar a los órganos de mejor jerarquía sobre su procedencia ni inaplicarla.

En concordancia con lo anterior, la PRIMERA SALA (contradicción de tesis 102/2017) al dirimir sobre la procedencia o no de un recurso para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, consideró que resultaría insuficiente únicamente determinar si se requería una interpretación adicional para estimar actualizado el supuesto de excepción a la obligación de agotar el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la LEY DE AMPARO, porque si la jurisprudencia tiene la función de dotar de certeza al sistema jurídico, entonces, debía establecerse si era o no recurrible esa determinación y, en su caso, señalar el recurso procedente para mayor seguridad jurídica de los justiciables y operadores jurídicos.

Lo cual, dijo la CORTE, sería vinculante para los casos concretos ulteriores, una vez que resultara obligatoria la jurisprudencia resultante de esa contradicción de tesis, al tenor de lo dispuesto por el artículo 217 de la LEY DE AMPARO.

Apuntado lo anterior, conforme al CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA, el divorcio incausado propuesto por ambas partes o a solicitud de una de ellas, puede concluir con el dictado de la sentencia que declare la disolución marital y apruebe el convenio si cumple con las exigencias legales (artículos 442, 443, 444 y 448).

En cambio, si los consortes no lograron ponerse de acuerdo en los puntos del convenio o no es aprobado, al decretarse el divorcio se dejarán expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía incidental, en términos de lo dispuesto por el artículo 447 que dice:

Artículo 447. Si los cónyuges no llegaren a un arreglo en la junta a que se refiere el artículo anterior, el Juez decretará la disolución del vínculo matrimonial dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio.

La vía incidental prevista en este precepto legal está dispuesta para regular las cuestiones relacionadas con el convenio, a que se refiere el ordinal 443, a saber: (i) guarda y cuidado de los hijos; (ii) régimen de visitas y convivencia con los hijos; (iii) alimentos para los hijos y su garantía; (iv) designación de la casa en la que cada consorte habitará durante el procedimiento; (v) alimentos para el consorte que tenga derecho a ellos; (vi) periodo e incremento de los alimentos; (vii) administración y ulterior liquidación de la sociedad conyugal; y (viii) compensación cuando el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

El CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA destina el capítulo décimotercero a los incidentes, conforme a las reglas siguientes:

CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO INCIDENTES

Artículo 413

Son incidentes, las cuestiones que surgen en un juicio y tienen relación directa e inmediata con el negocio principal.

Artículo 414

Los incidentes cualquiera que sea su naturaleza se tramitarán:

I. Por escrito, pudiendo ofrecer las pruebas que tengan relación con la cuestión incidental;

II. En cuerda separada y sin suspensión del procedimiento;

III. Dentro de tres días siguientes a que tenga conocimiento del hecho

que los motiva;

IV. La parte contraria dentro del mismo término, podrá contestarlo ofreciendo su material probatorio;

V. Transcurrido el término, se señalará día y hora para una audiencia indiferible, en la que se desahogarán las pruebas que así lo ameriten y aleguen las partes lo que a su derecho convenga, y

VI. El Tribunal dictará la resolución conducente, y contra ésta no procede recurso.

De estos preceptos legales se advierte que el trámite previsto para los incidentes es breve y simplificado, al limitarse a la demanda incidental, en que deben ofrecerse las pruebas conducentes, el escrito de contestación que debe presentarse dentro de los tres días, junto con su respectivo ofrecimiento de pruebas y una audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos y, con el pronunciamiento de la sentencia.

Esta sentencia, por disposición expresa del artículo 414, fracción VI, no admite recurso alguno.

Este enunciado normativo para uno de los tribunales contendientes se erigió en el sustento para determinar la inimpugnabilidad de la resolución interlocutoria que en la vía incidental dirime las cuestiones inherentes a la disolución marital.

A este respecto, la inimpugnabilidad o improcedencia de la apelación, no significó desconocer el carácter de sentencia definitiva o de fondo de la determinación que dirime las cuestiones relacionadas con el convenio sobre los que se dejaron expeditos los derechos de las partes para hacerlos valer de manera incidental.

Esto es así, porque no hubo disputa sobre la vía de amparo directo para reclamarla, lo que de suyo encierra el reconocimiento de tratarse de una resolución con la categoría de sentencia definitiva, en lo cual coincidieron todos los tribunales contendientes.

Sin embargo, para unos tribunales, del carácter de sentencia definitiva derivaron la recurribilidad, mediante la apelación prevista en el artículo 377 de la codificación procesal civil; en cambio, el otro tribunal en atención al tipo de procedimiento en el que fue emitida la resolución, aplicó literalmente la regla de irrecurribilidad prevista para las sentencias dictadas en los incidentes.

Esto deja ver que el disenso se originó en el enfoque que se hizo de la resolución en cada una de las posturas adoptadas. De un lado, el aspecto adjetivo o formal de la sentencia y del otro, su contenido material o de fondo. A partir de los cuales derivaron su irrecurribilidad o la procedencia de la apelación en su contra, respectivamente.

La postura que adoptó la impugnabilidad de este tipo de resoluciones, además, se apoyó en la jurisprudencia 1a./J. 120/2012, de la PRIMERA SALA, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES", con registro digital 2003036.

A este respecto, debe afirmarse que dicha jurisprudencia que dotó de seguridad jurídica al sistema recursal relativo al divorcio incausado regulado en la legislación de la Ciudad de México, no puede considerarse que per se tenga un ámbito material y espacial de validez ampliado o extensivo para otros sistemas procesales de distintas entidades federativas, con efectos vinculantes para la sistematización de las reglas recursales previstas en otras legislaciones locales, como ocurre en el Estado de Puebla.

En efecto, la recurribilidad que se predica de los autos y resoluciones dictadas después de la disolución marital conforme a la legislación de la Ciudad de México, no solo pone énfasis en la naturaleza jurídica de tales resoluciones, sino también en que el sistema recursal, conforme a sus artículos 685, párrafo primero y 691, párrafo segundo, del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, prevé que son recurribles mediante la apelación o revocación, según corresponda, esto es, se prevé la recurribilidad de ellas.

Asimismo, en ese sistema recursal aplicable para el divorcio sin expresión de causa, la resolución que declara el divorcio y aprueba o no el convenio, es irrecurrible, y, por ende, impugnable en amparo directo, como lo determinó la otrora PRIMERA SALA, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES)", con registro digital 2021695. Criterio jurisprudencial que no aborda la impugnabillidad de las resoluciones posteriores al divorcio que dirimen las consecuencias inherentes a esa disoluición marital que se tramitan de manera incidental.

A diferencia de la legislación del Estado de Puebla que establece expresamente la irrecurribilidad de las resoluciones que recaen en los incidentes y, también discrepa sobre la impugnabilidad de la sentencia que declara el divorcio y aprueba o no el convenio, porque en dicha entidad poblana sí es recurrible mediante el recurso de apelación previsto en los artículo 377 o 584, según se haya sustanciado el procedimiento en el sistema tradicional o en el juicio oral sumarísimo, respectivamente.

Lo anterior no significa que la cuestión quede resuelta con la literalidad de lo previsto en el artículo 414, fracción VI, para determinar la irrecurribilidad de la resolución que se analiza. Por el contrario, tiene especial relevancia el contenido o aspecto material o sustantivo de dicho fallo, para dirimir este punto.

Al respecto, debe tenerse en consideración que la sujeción al trámite previsto para los incidentes tiene origen en lo dispuesto por el artículo 447, al establecer que si los consortes no logran ponerse de acuerdo sobre los aspectos del convenio, "el Juez decretará la disolución del vínculo matrimonial dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio."

La PRIMERA SALA (contradicción de tesis 104/2019, ejecutoria de 21 de noviembre de 2019),(3) determinó que las expresiones relativas de dejar expedito el derecho de los cónyuges para hacerlo valer en la vía "incidental", sólo constituye un enunciado dirigido a enfatizar que el procedimiento debe continuar, pero mediante los trámites previstos por la ley para la sustanciación de los incidentes, por lo que toca a las etapas faltantes, en lugar de proseguir la tramitación contemplada para la vía ordinaria; esto con el único fin de imprimirle mayor celeridad al asunto y abrir a las partes una especie de atajo procedimental o de transbordo a un mecanismo que corre a mayor velocidad.

La CORTE precisó que, conforme a ese enfoque, la continuación del juicio respecto del resto de las pretensiones (a la disolución marital), "se dictará una única sentencia que será necesariamente definitiva y no interlocutoria, porque resuelve un proceso principal y no un proceso incidental o un incidente;" porque la naturaleza principal de las pretensiones que se dilucidan, consistentes en regular las consecuencias inherentes del divorcio, quedan comprendidas en el litigio que se plantea con la demanda de divorcio, ya que se exige al actor la propuesta de un convenio sobre dichas consecuencias de divorcio, la exposición de los hechos relativos y el ofrecimiento de las pruebas conducentes, y a la parte demandada la obligación de expresar su aceptación o rechazo de dicha propuesta, de formular una contrapropuesta, en su caso, de exponer también sus hechos en correlación con los expuestos por el demandante, y de ofrecer también los medios de pru

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34030-b7662d03/divorcio-incausado-en-atencion-al-principio-de-definitividad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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