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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD PARA EFECTOS CUANDO EL ACTO POR EL QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DELEGA LA FUNCIÓN DE DAR A CONOCER A LA PERSONA CONTRIBUYENTE LOS HECHOS Y OMISIONES ADVERTIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, ADOLECE DE FALTA O INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA (ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN II Y 52, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 105/2025. · Registro digital (IUS): 34317
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 105/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

Ciudad de México, dos de julio de dos mil veintiséis.

El Pleno Regional En Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. El Magistrado Presidente de la Sala Regional en Quintana Roo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (en adelante Segundo Tribunal Colegiado) al resolver el amparo directo 116/2023 y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de ese mismo Circuito (en adelante primer tribunal colegiado) al resolver el amparo directo 183/2023.

SEGUNDO. Trámite. El asunto se radicó con el número de expediente 105/2025, se admitió a trámite, se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si ante el Alto Tribunal está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema (preliminar): “Determinar si, al decretar nulidad lisa y llana de la resolución administrativa dentro del procedimiento de ejecución por vicios de forma, también es factible precisar de manera concreta como efectos de la nulidad, que la autoridad fiscalizadora cuenta con facultades para reponer el procedimiento y emitir un nuevo acto, donde deberá señalar de manera correcta la irregularidad de la competencia detectada”. El asunto se turnó para su estudio al magistrado Jorge Alberto Orantes López; turno que fue confirmado en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes.

El Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la Administradora de lo Contencioso “5” adscrita a la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica, hizo valer manifestaciones a manera de amicus curiae.

El proyecto se expuso en sesión de tres de junio de dos mil veintiséis, en donde se acordó su aplazamiento para examinar con mayor detenimiento las observaciones expresadas en la deliberación del asunto. El proyecto se listó de nueva cuenta para la sesión de la fecha.

La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

Este Pleno Regional en Materias Administrativa civil de la región centro-sur es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 38, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de La Federación, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales, y artículos 1, fracción II, punto 2, y 2 del acuerdo general 108/2022 del pleno del consejo de la judicatura federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los plenos regionales de las regiones centro-norte y centro-sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, este último reformado en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte Y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en su artículo 3 (Acuerdos Generales aplicables conforme al artículo décimo noveno transitorio de la mencionada Ley Orgánica). Lo anterior porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en asuntos del orden administrativo, cuya territorialidad y materia se encuentran asignadas a este Pleno Regional.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por el magistrado Presidente de la ahora Sala Regional en Quintana Roo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa(1) (en las fechas de las sentencias reclamadas su denominación era Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) en su calidad de autoridad responsable en los dos juicios de amparo directo 116/2023 y 183/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado Y Del Primer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, que son los órganos jurisdiccionales cuyos criterios se encuentran en pretendida contradicción, por lo que el denunciante, al haber sido parte en ambos juicios de amparo directo -como autoridad responsable- cuenta con legitimación conforme a lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Antecedentes de las resoluciones.

Los dos juicios de amparo directo fueron promovidos por personas jurídicas contribuyentes, en donde reclamaron las resoluciones dictadas por la misma Sala Regional de Justicia Administrativa en sendos juicios de nulidad) cuyas controversias tienen las siguientes características comunes:

i) Autoridades de auditoría fiscal (en un caso, el Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; en el otro caso, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal De Quintana Roo “2”) instauraron sendos procedimientos de fiscalización a dos personas jurídicas contribuyentes (el primer caso consistió en una visita domiciliaria y el segundo fue una revisión de gabinete).

ii) En la sustanciación de los procedimientos se expidieron oficios mediante los cuales se realizó la invitación a las contribuyentes para que acudieran a las oficinas de la autoridad y se les dieran a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento fiscalizador.

Lo anterior es relevante, porque en cada una de las resoluciones de la Sala Regional responsable se consideró que las autoridades fiscalizadoras no fundaron debidamente la facultad de delegar en otros funcionarios la labor de dar a conocer esos hechos y omisiones.

iii) Posteriormente se emitieron resoluciones de créditos fiscales, las cuales fueron impugnadas mediante recursos de revocación. En ambos recursos se resolvió la confirmación de las determinaciones recurridas, ante lo cual las personas jurídicas contribuyentes promovieron juicios de nulidad.

iv) La Sala Regional responsable resolvió los dos juicios declarando la nulidad, tanto de las resoluciones de los recursos de revocación como las que determinaron los créditos fiscales, porque:

- Tenían como antecedentes oficios que carecen de la debida fundamentación, ya que si bien las autoridades de auditoría fiscal cuentan con la facultad expresa para informar a los contribuyentes de las omisiones y hechos advertidos con la revisión,(2) lo cierto es que omitieron fundar su competencia para facultar o delegar a otros funcionarios, para que por su conducto se le informara a dichos contribuyentes de los hechos y omisiones.

- Las declaraciones de nulidad en ambos asuntos se fundaron en los artículos 51, fracciones I, III y antepenúltimo párrafo, y 52, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;(3) tienen la característica de que se hizo de forma lisa y llana, pero a la vez se expresó que era para el efecto de que la respectiva autoridad fiscalizadora repusiera el procedimiento para expedir un nuevo oficio donde precisara de manera debida la fundamentación de su competencia y emitiera la resolución que en derecho corresponda; aclarando que la autoridad fiscalizadora no podría ser conminada a realizar lo anterior mediante el procedimiento de cumplimiento de sentencia, ni impedírsele que lo haga, toda vez que su actuación es con motivo del ejercicio de sus facultades discrecionales.

Las personas jurídicas contribuyentes promovieron sendos juicios de amparo directo, en los cuales alegaron acerca del tema de la nulidad lisa y llana, y a la vez para efectos. En uno de los juicios se negó el amparo y en el otro se concedió.

Hasta aquí los antecedentes comunes de los asuntos de origen. Enseguida se exponen las consideraciones respectivas de las sentencias de amparo directo.

Criterio 1. Amparo directo 116/2023 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resuelto el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco (negó la protección constitucional a la contribuyente quejosa).

El Tribunal Colegiado refirió que en la sentencia reclamada se citó la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS.”(4)

Enseguida el tribunal de amparo consideró:

“(...) Expuesto lo anterior, como se adelantó, es infundado el argumento de la quejosa, pues la circunstancia de que existan vicios del procedimiento, no da pie a determinar que fue incorrecta la decisión del tribunal ad quem para, por un lado, decretar la nulidad lisa y llana de las resoluciones demandadas y, por otro, determinar que es para los efectos que precisó.

En ese sentido, la sala regional fundó el por qué la nulidad debía ser para efectos, para lo cual se apoyó en la jurisprudencia de observancia obligatoria que al efecto citó.

De dicho criterio jurisdiccional se desprenden los siguientes lineamientos:

- Que de lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria.

- Que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decrete su ilegalidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos.

- Que los efectos se traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimente.

Como se advierte, la responsable al determinar los efectos para los que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada así como de la recurrida, se ajustó a lo que el máximo tribunal establece, toda vez que éstas tuvieron su origen en el procedimiento administrativo oficioso, iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales por parte de la autoridad fiscalizadora.

Por tanto, al advertirse el vicio de forma que tuvo por actualizado la sala responsable, precisó los efectos que en su caso debía observar la autoridad fiscalizadora, sin que ello resulte contrario a derecho.

En ese tenor, en torno a lo aducido en los argumentos identificados como a, b, y d, son infundados, pues la sentencia no adolece de incongruencia alguna en la parte de la que se duele la moral impetrante, pues si declaró la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y de la previamente impugnada, para los efectos que precisó, fue debido a que la autoridad actuó en ejercicio de facultades discrecionales, ante lo cual, si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimente.

En torno a las disconformidades identificadas como c, e y f, no le asiste la razón, pues si la nulidad del acto de autoridad demandado y de la previamente impugnada, fue para los efectos que precisó la sala regional responsable, entonces, no debía fundamentar su decisión en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni aplicar el numeral 52, fracción II de dicha ley, pues se insiste, tales actos de autoridad combatidos tuvieron su origen en el procedimiento administrativo oficioso, iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales por parte de la autoridad fiscalizadora.

Por tanto, no es dable decretar la nulidad lisa y llana de la resolución emitida en el recurso de revocación que recayó a la previamente impugnada, como lo pretende la moral quejosa, ello ante los lineamientos del Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial invocado en la sentencia reclamada en la parte que interesa.

- En torno a la disconformidad identificada como g, es infundado en razón de que la interpretación trazada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el criterio jurisprudencial citado, alude esencialmente a que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decrete su ilegalidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos.

Es decir, el elemento diferenciador es que la autoridad fiscalizadora haga uso de facultades discrecionales, como lo fue en el caso concreto del oficio (número), de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, ante lo cual no es dable afirmar que el legislador excluyó los supuestos previstos en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por ende, la aplicación del criterio invocado por la sala responsable, resulta perfectamente aplicable en la especie.

- (...) fue adecuado que la sala regional responsable declarara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la recurrida en términos de lo dispuesto en el artículo 52, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el efecto de que la autoridad fiscalizadora reponga el procedimiento y emita un nuevo oficio donde precise de manera debida la fundamentación de su competencia material y territorial, a través del cual cumpla con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

En esa tesitura, respecto de los criterios intitulados “NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA”; “NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN” y “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”

No resultan aplicables al caso, pues aun cuando en su publicación aparecen como jurisprudencias vigentes, se advierte que todas fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fueron emitidas con anterioridad al criterio obligatorio intitulado “NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS”, que de igual forma fue sustentada por dicho órgano jurisdiccional en el dos mil catorce, por lo que se estima que sus lineamientos son los que actualmente están en vigor, y se aplican exactamente al caso justiciable.

(...)”

Criterio 2. Amparo directo 183/2023 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resuelto el veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco (concedió el amparo a la contribuyente quejosa).

Las consideraciones esenciales son las siguientes:

“(...) Decisión que se estima desacertada, tal y como lo alega la quejosa, porque si en la especie, acudió al juicio de nulidad a impugnar la resolución que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra la diversa que contiene el crédito determinante, y simultáneamente también impugnó ésta última, y la Sala responsable declaró la nulidad de ambas resoluciones, por estar viciadas de origen, al tener como antecedente el oficio (número) de siete de junio de dos mil diecinueve, el cual carece de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad que lo emitió; eso trae como consecuencia legal que se declare la nulidad lisa y llana de esas determinaciones –como inicialmente lo determinó la Sala–, por lo que no debió señalar determinados efectos como erróneamente los estableció en las propias consideraciones del fallo reclamado, así como en el resolutivo marcado como “II”.

Para corroborar esa afirmación, se debe destacar lo que está previsto en el 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es del contenido siguiente:

“ARTÍCULO 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.”

De esa porción normativa se advierte que el legislador estableció que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre la incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

Ahora, de la ejecutoria por la que se resolvió la contradicción de tesis 163/2007, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que nos interesa, señaló lo siguiente:

- Que es posible afirmar que si en un juicio de nulidad se controvierte tanto la resolución recaída a un recurso de revocación intentado en contra de la determinación de un crédito fiscal, como ésta última; y la Sala Fiscal, consideraciones distintas en relación con la legalidad de ambas resoluciones, dado que el legislador del conocimiento cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la legalidad de la segunda de las nombradas, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante, puede emitir, en principio le otorga tanto facultades de mera anulación, como de jurisdicción plena.

- Que cuando en un juicio fiscal se combate la resolución recaída a un recurso de revocación, así como aquélla en la que se determina un crédito fiscal, en ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad administrativa, (impugnada en ese recurso), si la Sala Fiscal declara la nulidad de esta última por indebida incompetencia de la autoridad que la dictó o de la autoridad que emitió uno de los actos que forman parte del proceso de verificación del que deriva dicha resolución, esa nulidad debe ser lisa y llana, -no para efectos-, sin obligar a la autoridad a que dicte una nueva resolución, ni tampoco, a que se abstenga de hacerlo, ante la discrecionalidad que la ley le otorga en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

- Y que esa indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió la resolución determinante del crédito fiscal, a su vez, actualiza una diversa causa de ilegalidad en relación con la resolución del recurso de revocación también impugnada, consistente en que la autoridad apreció en forma equivocada los hechos que motivaron la revisión; por lo que debe decretarse la nulidad lisa y llana de la referida resolución del recurso, sin que esa determinación deje en estado de inseguridad jurídica al particular pues, por una parte, se decretó la nulidad de la resolución del recurso, al advertirse en ella, un vicio de fondo; y, por otro lado, no se justifica el reenvío para que la autoridad dicte una nueva resolución en ese medio de defensa, ni siquiera para el efecto de que en dicha resolución se ordene dejar insubsistente el acto recurrido ya que, la Sala Fiscal se pronunció en relación con la legalidad de este último acto.

De esas consideraciones derivó la jurisprudencia 2a./J. 240/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. (más adelante se transcribe).

También se estima importante destacar lo que la propia Segunda Sala resolvió en la contradicción de tesis 262/2011, pues en lo que nos interesa, expuso lo siguiente:

• Que la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate; por lo que si la autoridad funda su competencia legal de manera insuficiente o incompleta, el particular desconocerá si la autoridad tiene facultades o no para emitir el acto administrativo, y que en ese supuesto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no vinculará a la autoridad a realizar acto alguno, ni podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual se deberá ordenar el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal.

• Y que si bien en el párrafo segundo, inciso d), del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con sus fracciones II y III, scienden al sentido de la resolución impugnada los vicios consistentes en irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimiento dispone que no afectan las defensas del particular ni tras de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados; lo establecido en tales ordenamientos es inaplicable tratándose de la omisión, indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas, pues ello constituye un vicio que no es análogo a los referidos supuestos legales; aunado a que tal disposición no puede interpretarse extensivamente porque atentaría contra el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, lo que se confirma con lo establecido en la fracción I del propio artículo 51 que establece como causa de ilegalidad de una resolución administrativa la incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado, o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución, interpretado armónicamente con el contenido del antepenúltimo párrafo del precepto legal en cuestión, que establece que el tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Consideraciones de las que derivó la jurisprudencia 2a./J. 174/2011 (9a.), de rubro y texto siguientes:

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (se transcribe posteriormente)

De las consideraciones expuestas en las ejecutorias y jurisprudencias indicadas se obtiene que cuando en el juicio contencioso administrativo se combate la resolución recaída a un recurso de revocación, así como la recurrida que determina un crédito fiscal, en ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad administrativa, y la Sala fiscal responsable declara la nulidad de esa resolución liquidatoria, entre otras razones, por la indebida incompetencia de la autoridad que emitió uno de los actos que forman parte del proceso de verificación del que deriva dicha resolución, tal nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos, esto es no se podrán establecer lineamientos para que la autoridad dicte una nueva resolución.

Así, conforme a ese criterio, es inconcuso que si en la especie la sala responsable, de oficio, determinó que existe un vicio en la competencia material de una de las autoridades que participó en el procedimiento fiscalizador, ya que el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, fundó indebidamente su competencia material, en el fallo reclamado únicamente debió limitarse” (sic) “a decretar la nulidad lisa y llana de la resolución determinante y de la impugnada; no obstante, no actuó en esos términos, ya que estableció efectos concretos para que la autoridad demandada reparara tal irregularidad, ello al señalar que la nulidad decretada era para el efecto de que la fiscalizadora repusiera el procedimiento y emitiera un nuevo oficio donde se precisara de manera debida la competencia material y territorial.

No obsta para lo anterior, que la Sala responsable haya indicado que la autoridad fiscalizadora no podía ser conminada a realizar lo ordenado a través del procedimiento de cumplimiento de sentencia, ni impedirle que lo hiciera, en virtud de que la resolución determinante había sido emitida en ejercicio de sus facultades discrecionales, lo que podría realizar siempre y cuando no hubieren caducado sus facultades y se llevara a cabo dentro del plazo referido; pues esta afirmación solo deja en evidencia que se dieron ciertos lineamientos u efectos de la nulidad, cuando ello no debió establecerse dada la nulidad lisa y llana decretada.

Máxime que, como se vio, en el resolutivo “II”, relativo a la resolución determinante del crédito, se estableció que la nulidad era para efectos, lo que deja en evidencia que la Sala responsable perdió de vista que ante la irregularidad de incompetencia advertida lo que procedía era declarar únicamente la nulidad lisa y llana, sin establecer lineamiento alguno, como el que erróneamente plasmó en el fallo reclamado.

En las relacionadas condiciones, ante lo fundado de los argumentos de violación analizados, procede conceder el amparo y la protección de la justicia de la Unión, para los efectos que se precisarán en el considerado correspondiente.

(...)

Ahora, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 99/2007, -la cual es de aplicación obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo- estableció que la falta, insuficiente o incorrecta fundamentación de la competencia, en el caso, material de la autoridad, al ser una obligación constitucional, da lugar a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad lisa y llana del acto administrativo.

Criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 172182, de rubro y texto siguientes:

“NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. (se transcribe más adelante)

En ese sentido, si tenemos que en la especie la ilegalidad advertida por la sala responsable fue la relativa a que la autoridad que emitió el oficio (número) de siete de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento fiscalizador, no fundó su competencia material para facultar, autorizar o designar al personal adscrito a la autoridad demandada para que por su conducto se dieran a conocer al contribuyente las omisiones o hechos advertidos durante el procedimiento fiscalización que se le realizó; y que acorde al criterio citado, ese vicio conlleva a que se declare la nulidad lisa y llana del acto administrativo; es evidente que el estudio de los diversos argumentos enlistados no generaría mayor beneficio al ya alcanzado, ni cambiaría el sentido de esta resolución.

DÉCIMO PRIMERO. Efectos. Ante lo fundado de los conceptos de violación, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable realice lo siguiente:

Deje insubsistente la sentencia de diez de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente (clave); y,

Emita otra, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y las jurisprudencias citadas, prescinda de establecer efectos a la nulidad que decretó, por estar frente a la nulidad lisa y llana de la resolución determinante del crédito fiscal, así como de la impugnada por la que se resolvió el recurso de revocación.

(...)

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.

De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(5) de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”, los elementos para que se presente una contradicción de criterios son:

a. Los tribunales contendientes hayan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34317-6e9dec29/juicio-contencioso-administrativo-federal-procede-declarar-la-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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