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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS QUE FUERON INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 57/2025. · Registro digital (IUS): 33819
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y POR EL PRIMER
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo V, Volumen 1, Pág.542.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 57/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. El magistrado titular de la SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ, denunció la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por:

• PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO al resolver los juicios de amparo directo 122/2021 y 458/2023.

• SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, al resolver los juicios de amparo directo 649/2023 y 200/2024.

• PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, al resolver el conflicto competencial 13/2024.

SEGUNDO. Trámite. El asunto se radicó y admitió a trámite con el número de expediente 57/2025; se requirió a los Tribunales Colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; se solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN que informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema “Determinar si el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz es el competente para conocer de la demanda en la que se solicita la declaración de beneficiarios sobre los derechos del de cujus miembro de una institución de seguridad pública, conforme a los artículos 2, fracciones I y XXVI, 280, 281, fracción II, 293, fracción II y 295, fracción IV del Código de Procedimientos Administrativos local, o bien, corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en términos de los artículos 225 al 228 de la Ley Estatal del Servicio Civil de dicha entidad”.

Con motivo del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS, este PLENO REGIONAL quedó integrado a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco con las Magistradas Mariana Flores Vega y Diana Elda Pérez Medina, y el Magistrado Jorge Alberto Orantes López.

El treinta de octubre posterior se dictó auto de returno y confirmación al magistrado Jorge Alberto Orantes López para la elaboración del proyecto correspondiente.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes.

No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en que se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 38, y 39, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3 (ACUERDOS GENERALES aplicables conforme al artículo décimo noveno transitorio de la mencionada LEY ORGÁNICA). Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por Tribunales Colegiados del Séptimo -circuito que corresponden a la región Centro-Sur- al resolver asuntos de naturaleza administrativa y laboral; y el que emitió primero en tiempo su resolución fue el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO en el amparo directo 122/2021, lo cual finca la competencia por materia y territorialidad a este PLENO REGIONAL.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por el magistrado titular de la ahora SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ (antes Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia de Veracruz) en su calidad de autoridad responsable en cuatro de los asuntos en contradicción, por lo que cuenta con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, como se advierte en el respectivo expediente electrónico.

TERCERO. Antecedentes de las resoluciones.

Toda vez que los cinco asuntos en pretendida contradicción fueron resueltos por tres Tribunales Colegiados, sus posturas se identificarán como: criterio 1 (dos juicios de amparo directo del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA); criterio 2 (dos juicios de amparo directo del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA) y criterio 3 (un conflicto competencial del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO).

Se anticipa que los asuntos se originaron por las demandas de declaración de beneficiarios, promovidas por deudos de personas finadas que fueron parte de las instituciones de policía en el estado de Veracruz. Cuatro demandas fueron presentadas en juicio contencioso administrativo ante Salas del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA en Veracruz, y una demanda ante el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE local (esta última dio lugar al conflicto competencial).

Los cuatro juicios de amparo directo provienen de asuntos en donde se dictaron autos de desechamiento de las demandas naturales, los cuales fueron confirmados en reclamación por la propia autoridad del Tribunal de Justicia Administrativa local (en uno de los casos se revocó el desechamiento por no ser clara la improcedencia pero después se sobreseyó por la misma causa). Uno de los tribunales en materia administrativa negó el amparo y el otro de la misma materia lo concedió.

Por su parte, el conflicto competencial entre el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE local y el de JUSTICIA ADMINISTRATIVA también local. El TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO resolvió que era competente el de conciliación y arbitraje.

La narración particular es como sigue:

Criterio 1. Amparos directos 122/2021 y 458/2023 del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, resueltos el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

Se recuerda que en los recursos de reclamación se confirmó el desechamiento de la demanda de juicio contencioso administrativo (acto reclamado). En los juicios de amparo se negó la protección constitucional por las consideraciones siguientes:

- Se sostuvo que tal como lo consideró la autoridad responsable, para que proceda el juicio administrativo se requiere la existencia de un acto administrativo, lo cual no acontecía porque se promovió una declaración de beneficiarios que no está prevista en la ley como acto administrativo (artículos 2, fracción I, y 280 del Código de Procedimientos Administrativos local).

- El tribunal citó también los artículos 2 y 280 del código adjetivo administrativo local para sostener que al demandarse la declaración de beneficiarios no se impugna la legalidad de un acto o resolución administrativa emitidos por la autoridad.

- Consideró que la declaración de beneficiarios por el fallecimiento de un trabajador no es materia del juicio contencioso administrativo, lo que determina la improcedencia de la demanda.

- Dijo que en la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) (registro digital 2017685) de rubro “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO.” la CORTE SUPREMA estableció que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por lo que la quejosa previamente debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le declarara beneficiaria de los derechos de su finado esposo a fin de que aquella se pronunciara en sentido favorable o no.

Criterio 2. Amparos directos 649/2023 y 200/2024 del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ambos resueltos el diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

En estos asuntos el tribunal concedió el amparo para que la autoridad responsable del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA local emitiera nueva sentencia y se pronuncie en cuanto a la competencia legal que tiene para conocer del acto señalado en la demanda administrativa.

Las consideraciones que emitió fueron:

- Aun cuando la solicitud de la actora que consistió en la declaración de beneficiarios, efectivamente, no tiene las características de acto administrativo, debe considerarse que las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz sí son competentes para conocer de dicha pretensión a través del juicio contencioso administrativo.

- La corte ha establecido que la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales con el gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan; por lo que la competencia debe corresponder al tribunal local de esa materia, por ser el más afín para conocer de las reclamaciones conducentes.

- Citó, entre otras, la jurisprudencia 2a./J. 134/2008 (registro digital 168901) de rubro “INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS CON SUS MIEMBROS CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.”

- La citada competencia que tienen las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz para resolver las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, se asemeja al caso de las personas que soliciten vía juicio contencioso administrativo la declaración de beneficiarios.

- Citó también las siguientes tesis:

Jurisprudencia 2a./J. 91/2007 (registro 172320) de rubro: “SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.

Tesis aislada XXVI.11 A (10a.) de Tribunal Colegiado (registro electrónico 2015671) de rubro: “SALA UNITARIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. ES COMPETENTE PARA CONOCER, POR AFINIDAD, DE LA DEMANDA PRESENTADA POR QUIENES SE CONSIDERAN BENEFICIARIOS DE UN INTEGRANTE DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL O MUNICIPAL, EN LA QUE RECLAMEN PRESTACIONES INHERENTES AL SERVICIO DESEMPEÑADO, CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO.”

- En el caso en estudio se dilucida una cuestión de competencia que se encuentra relacionada con la declaración de beneficiarios ante las Salas del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ, solicitada por la cónyuge supérstite de una persona que en vida laboró como policía auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz.

- Por ese motivo, las controversias que se suscitan entre el referido instituto y sus integrantes, con independencia de las prestaciones demandadas, deben someterse a la jurisdicción administrativa.

- Por consiguiente, la misma suerte deben seguir los conflictos entre las personas que solicitan ser reconocidas como beneficiarias de un miembro policíaco finado y el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, cuando las prestaciones demandadas, como son las relativas a lograr el reconocimiento y declaración de beneficiarios, derivan precisamente del vínculo administrativo que existió entre el policía finado y el referido instituto.

- Se cita la jurisprudencia 2a./J. 40/2013 (10a.), (registro digital 2003797) de rubro “TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE SINALOA. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR QUIENES SE CONSIDERAN BENEFICIARIOS DE UN MIEMBRO DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL O MUNICIPAL”.

- A mayor abundamiento, la reclamación de la declaración de beneficiarios no se considera de naturaleza laboral, ya que ésta habría surgido con motivo de la relación de naturaleza administrativa entre el finado y el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, y en términos de la jurisprudencia en mención, el derecho a reclamar los beneficios de seguridad social y demás prestaciones inherentes al servicio desempeñado tienen esa misma naturaleza jurídica, debido al fallecimiento del titular de la relación administrativa con la institución policial.

Criterio 3. Conflicto competencial 13/2024 del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, resuelto el catorce de junio de dos mil veinticuatro.

El conflicto competencial se suscitó entre el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ y la SALA REGIONAL UNITARIA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA local, para conocer de la solicitud de declaración de beneficiarios de los derechos de un policía operativo finado.

El Tribunal Colegiado resolvió que la competencia corresponde al TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE porque:

- El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN establece que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, lo que significa que dichos servidores públicos tienen una relación administrativa con el Estado, por lo que se encuentran excluidos de la aplicación de la norma de trabajo que rige a lo demás servidores públicos, de modo que aquéllos no pueden acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dirimir sus conflictos individuales.

- Por ende, tratándose de las contiendas entre quienes prestan sus servicios como policía operativo y su empleador Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) debe conocer -por afinidad- el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

- Sin embargo, en aras del derecho fundamental de acceso a la justicia se considera que tratándose de la solicitud del reconocimiento de beneficiarios sobre las prestaciones de la persona que en vida prestó sus servicios como policía, debe conocer el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque los artículos 225, 226, 227 y 228, de la LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ prevén la figura de la declaración de beneficiarios, con el propósito de que la persona que se considere tenga derecho pueda recibir prestaciones en virtud del fallecimiento de un servidor público.

- Por su parte en el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ no está regulada la declaración de beneficiarios para que las personas que se consideren con algún derecho sobre las prestaciones del extinto servidor público puedan reclamar su pago.

- Consecuentemente, el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO debe conocer de la solicitud, en atención a que la LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ sí regula dicha institución jurídica y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz no lo hace.

- Citó la tesis emitida de la otrora Cuarta Sala de la Corte visible en la página 426, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, Octava Época, con número de registro digital 208011, de rubro “POLICÍAS, FALLECIMIENTO DE. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE CONFLICTOS LABORALES RELATIVOS ENTABLADOS POR SUS BENEFICIARIOS”; criterio fue publicado en mil novecientos ochenta y nueve, cuando el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución ya disponía que los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal de servicio exterior, se regirán por sus propias leyes.

Hasta aquí las consideraciones esenciales de las ejecutorias.

CUARTO. Inexistencia de la contradicción de criterios.

De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 (registro digital 165077) de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.” los elementos para que se presente una contradicción de criterios son:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Los requisitos que anteceden no se colman respecto de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo 122/2021 y 458/2023 del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, en relación con los demás asuntos, toda vez que dicho tribunal, al negar el amparo contra la confirmación del desechamiento de las demandas de declaración de beneficiarios de una persona finada que trabajó como policía, realizó el ejercicio de su arbitrio judicial sobre aspectos de procedencia del juicio contencioso y no de competencia (que es a lo que se refieren las otras ejecutorias). Es decir, lo que resolvió el tribunal es que de acuerdo con los artículos 2, fracciones I y XXVI, y 280 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ (el primero dispone lo que se entiende por “acto administrativo” y “resolución administrativa”; el segundo relaciona los actos contra los que procede el juicio contencioso administrativo) la demanda de declaración de beneficiarios no está prevista como un acto administrativo contra el que proceda el juicio contencioso; es decir, lo que consideró es que no existía un acto administrativo que fuese impugnable mediante juicio contencioso.

Incluso, el tribunal refirió que antes de acudir al juicio contencioso, la parte quejosa debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le declarara beneficiaria de los derechos de su finado cónyuge, a fin de que resolviera de manera favorable o no, o bien de manera ficta, para dar lugar a la existencia de un acto administrativo que fuese impugnable mediante juicio contencioso.

Entonces, a diferencia de las demás ejecutorias relatadas cuyas consideraciones giraron en torno a la competencia legal para conocer de la demanda de declaración de beneficiarios, las ejecutorias precisadas en este apartado en modo alguno negaron la competencia legal, sino más bien se refirieron a aspectos de improcedencia del juicio contencioso.

Aunado a ello, en las ejecutorias de los otros dos tribunales no se formuló postura interpretativa alguna en oposición o discrepancia, por aspectos de procedencia, a lo sostenido por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

De ahí que por lo que hace a las resoluciones precisadas, la contradicción de criterios es inexistente.

QUINTO. Existencia de la contradicción de criterios.

En cambio, sí existe contradicción de criterios entre lo resuelto por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA en los juicios de amparo directo 649/2023 y 200/2024, y lo decidido por el PRIMER TRIBUNAL EN MATERIA DE TRABAJO en el conflicto competencial 13/2024.

Al margen de que las cuestiones litigiosas provienen de asuntos diferentes en cuanto a su objeto (juicios de amparo en un caso y conflicto competencial en el otro) en el caso es factible tener por configurada la contradicción de criterios porque resuelven de manera discrepante lo atinente a la competencia legal para conocer de la demanda o solicitud de declaración de beneficiarios de los derechos de una persona finada que se desempeñó como policía en el Estado de Veracruz.

En ambos asuntos, los Tribunales Colegiados tomaron en consideración lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN, que establece que los miembros de las instituciones policiales (entro otros) se regirán por sus propias leyes; lo que significa que esa clase de servidores públicos tienen una relación administrativa con el Estado y se encuentran excluidos de la aplicación de la normas en materia de trabajo que rige a lo demás servidores públicos (el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa lo hizo al citar las jurisprudencias que se basan en el precepto constitucional precisado).

El SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA sostiene que, sobre la base de que la relación entre el Estado y los miembros de los cuerpos de policía es de carácter administrativo, este mismo ámbito opera cuando se demanda la declaración de beneficiarios de los derechos de un policía fallecido; motivo por el cual niega que la competencia sea de carácter laboral, negando implícitamente la aplicación de cualquier norma de esa índole.

Por su parte, el PRIMER TRIBUNAL EN MATERIA DE TRABAJO también toma en consideración lo atinente a que la relación entre el Estado y los policías es de índole administrativa, pero en su concepto, la demanda de declaración de beneficiarios en el Estado de Veracruz debe ser competencia laboral, porque los artículos 225, 226, 227 y 228, de la LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ sí prevén la figura de la declaración de beneficiarios y no así el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS local, por lo que la competencia se finca en el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE local.

Así, es dable tener por configurado el ejercicio de arbitrio judicial respectivo, en el que ambos Tribunales Colegiados llegaron a soluciones contradictorias, ya que uno afirma lo que el otro niega en cuanto a la competencia legal, administrativa o de Trabajo, para conocer de esa clase de asuntos. Mientras que el SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA sostiene que la competencia se finca en el TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA en el estado de Veracruz, el PRIMER TRIBUNAL EN MATERIA DE TRABAJO considera que la competencia se finca en el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE local.

En consecuencia, el tema de la contradicción consiste en determinar si la competencia legal para conocer de una solicitud de declaración de beneficiarios de una persona finada que laboró como policía en el estado de Veracruz corresponde al TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE o al TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, ambos de dicha entidad federativa.

SEXTO. Estudio.

El criterio que debe prevalecer es que la competencia legal para conocer de la demanda o petición de declaración de beneficiarios, de los derechos de un policía finado que prestó sus servicios en el estado de Veracruz, recae en el ámbito administrativo, por lo que la competencia para conocer de esa demanda o solicitud se finca en el TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA y no en el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE de dicha entidad federativa.

En el caso no existe disenso en cuanto a que el régimen de trabajo entre el Estado y los integrantes de los cuerpos de policía es de carácter administrativo, por disposición constitucional, como se explica enseguida.

En la promulgación de la CONSTITUCIÓN en mil novecientos diecisiete, el artículo 123 estableció las bases del régimen en materia de trabajo y las relaciones obrero-patronales, para la protección de derechos sociales e individuales en materia de trabajo. Sin embargo, en ese entonces no se previó abarcar a los trabajadores al servicio del Estado; pero tales principios y valores se fueron adaptando y desarrollando en el transcurso del tiempo.

Así, en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, se adicionó el apartado B al citado precepto constitucional, para incluir en las bases laborales a las relaciones entre los órganos del Estado y sus empleados.

Al concluir el proceso legislativo, la redacción de las fracciones XI y XIII del apartado B del citado artículo 123 quedó así:

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados;

XIII.- Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal de servicio exterior se regirán por sus propias leyes;

Así, desde esa reforma, en la fracción XI se fueron fijando las bases de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, desde entonces la fracción XIII dispuso expresamente que la relación entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública (entre otros) con los órganos del Estado en los que prestan sus servicios continuaría estando dentro de un régimen de carácter administrativo y no típicamente laboral, lo cual se regularía por sus respectivas leyes administrativas.

Lo anterior quedó explicado por el PLENO DE LA CORTE en la jurisprudencia P./J. 24/95(1) cuyo rubro y texto son:

“POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.

La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33819-c6a174cb/competencia-por-materia-para-conocer-de-la-declaracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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