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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE SINALOA. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR QUIENES SE CONSIDERAN BENEFICIARIOS DE UN MIEMBRO DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL O MUNICIPAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 522/2012. · Registro digital (IUS): 24434
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 930.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 522/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito debe asumir el conocimiento de la presente denuncia de contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, quien está facultado para ello, con fundamento en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por ser parte en los conflictos competenciales de donde derivaron los criterios en oposición.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver, por unanimidad, el conflicto competencial **********, en sesión de dos de febrero de dos mil doce, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERANDO: ... QUINTO. Este Tribunal Colegiado considera que debe declararse competente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por conducto de su Sala Regional Zona Norte, por las razones que se exponen a continuación: A. ********** por derecho propio y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos de nombres **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por conducto de sus apoderados jurídicos, demandó al honorable Ayuntamiento del Municipio de Mocorito, Sinaloa, con domicilio ampliamente conocido en las calles Morelos e Hidalgo, número treinta y dos, colonia Centro de la localidad en cuestión, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago del finiquito y/o liquidación del de cujus **********, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, desde el uno de enero de mil novecientos noventa y dos, hasta el cuatro de abril de dos mil once, fecha de su defunción por riesgo de trabajo. Que dicho finiquito consiste en la indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, así como cuatro horas extras diarias, que laboraba desde la fecha de su contratación hasta la fecha de su deceso, entre otras prestaciones. De dicha demanda se desprenden dos cuestiones: La primera: que la promovente del juicio, materia del presente conflicto competencial, se ostenta como cónyuge y promueve el juicio por su propio derecho y en nombre y representación de sus hijos, como beneficiaria del de cujus, quien prestaba sus servicios como agente o elemento de la preindicada corporación policiaca y, la segunda: que el de cujus falleció como consecuencia de un riesgo de trabajo el cuatro de enero de dos mil once, motivo por el cual la promovente presentó la correspondiente demanda reclamando liquidación y/o finiquito, integrado por: indemnización constitucional y el pago de diversas prestaciones, tales como vacaciones, prima vacacional y dominical, horas extras, entre otras prestaciones. B. La Dirección de Seguridad Pública Municipal del honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, en la cual prestaba sus servicios el extinto **********, es parte integrante de la administración pública del Estado de Sinaloa que, a su vez, forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo. La anterior afirmación se funda en los artículos 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1o. y 15 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2 y 3 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que, de manera respectiva, dicen lo siguiente: (se transcriben). C. Debe decirse, además, que la relación jurídica que existía entre el extinto cónyuge de la premencionada promovente y la corporación policiaca a la que pertenecía era de carácter administrativa y, por tanto, sus relaciones se rigen por leyes específicamente administrativas. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, la jurisprudencia 24/95, derivada de la contradicción de tesis 11/94, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, que fue publicada en la página cuarenta y tres del Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, precisó que si los miembros de la policía municipal o judicial constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio es de naturaleza administrativa. Dicho criterio es del tenor siguiente: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe texto). Tal postura fue reiterada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada visible en la página ciento setenta y ocho del Tomo III, Administrativa, P.R., SCJN, Novena Época del Apéndice (actualización 2002), del rubro y texto siguientes: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe texto). Aunado a que, al respecto, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa es claro y específico al estatuir: (se transcribe). No se soslaya que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Pleno antes transcrita, contra la orden de baja de un policía resulta procedente el juicio de garantías; empero, ello no constituye obstáculo a lo considerado hasta aquí, toda vez que, en la especie, no se está reclamando la baja, además de que no se pretende resolver cuál es la vía correspondiente para combatir un acto de autoridad como el mencionado, sino qué autoridad es la competente para conocer de la demanda que dio origen al presente conflicto que, por cierto, no es de amparo. D. Por otro lado, es oportuno precisar que, en su orden, los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa disponen lo siguiente: (se transcriben). En su orden, los artículos 1o., 64 y 65 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa señalan lo siguiente: (se transcriben). Como se advierte de los preceptos legales transcritos, para resolver los conflictos que se presentaren en las relaciones laborales entre el Estado o el Municipio y sus trabajadores; entre los patrones y sus trabajadores, o bien, las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado y los particulares, existirán: Un tribunal de arbitraje, una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se establece de esta manera que a los Tribunales Municipales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa compete el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y las entidades públicas municipales, o sólo entre aquéllos, con motivo de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa realizan la justicia laboral en los términos de la competencia que les atribuye el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y, al respecto, los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución General de la República y 523 y 698 de la Ley Federal del Trabajo disponen, de manera respectiva, lo siguiente: (se transcriben). De lo relatado y ponderado a lo largo de este considerando se colige la dificultad existente para tipificar o caracterizar de manera perfecta y exacta la competencia de alguna de las dos autoridades jurisdiccionales contendientes para conocer de la demanda, pues aunque en ella se presenta una controversia contra un órgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, la misma es planteada por los beneficiarios de un miembro de un cuerpo de seguridad pública y deriva de una relación administrativa y no laboral. En esas condiciones, es oportuno atender a las prevenciones de los numerales 1o., 2o., 3o., 4o., 13 y 22 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa que, en su orden, rezan: (se transcriben). El artículo 24 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa dispone: (se transcribe). Como se advierte, la referida Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dirimir una controversia, cuenta con facultades para decretar condenas, y no sólo para declarar la validez o nulidad de un acto de autoridad, de acuerdo con el artículo 2o. de la invocada Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, lo que hace factible, con independencia de la competencia que aquí se le está fincando para conocer de la demanda que nos ocupa, que esté en posibilidades de resolver, con plenitud de jurisdicción, desde luego, sobre la procedencia o no de las reclamaciones contenidas en dicha demanda. Es verdad que las prestaciones demandadas por la promovente, en términos comunes, son consideradas de naturaleza laboral; sin embargo, tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó con anterioridad, en primer lugar, porque sobre tal observación predomina el imperio del artículo 123 constitucional que, en su apartado B, fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Además, porque no todas las prestaciones son de naturaleza ajena a lo administrativo ni a las leyes aplicables al caso, pues, como se observa, el reclamo que realiza se sustenta en la circunstancia de que la muerte de su cónyuge tuvo lugar a consecuencia de un riesgo de trabajo y, al respecto, los artículos 37 Bis A y 37 Bis M de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa, textualmente disponen lo siguiente: (se transcriben). Por todo lo expuesto, lo que procede es declarar competente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por conducto de su Sala Regional Zona Norte, para conocer y resolver la cuestión planteada a través de la demanda formulada por **********, por sí y en representación de sus hijos **********, ********** y **********, todos de apellidos **********. Sobre el particular, es de invocarse la jurisprudencia 77/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa del Tomo II, correspondiente al mes de diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.’ (se transcribe texto). Por la misma razón, se observa la jurisprudencia que sustenta la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página treinta y nueve del Tomo VII, Conflictos Competenciales, correspondiente al Apéndice 2000, del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe texto). ..."

Similares consideraciones expuso el citado Tribunal Colegiado, al resolver los conflictos competenciales ********** y **********, motivo por el cual no se transcriben.

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver, por unanimidad, el conflicto competencial **********, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil doce, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERANDO: ... CUARTO. Debe declararse que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa es el órgano legalmente competente para conocer de la demanda laboral que dio origen a esta controversia. En efecto, la actora del juicio laboral **********, por conducto de sus apoderados, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil doce, demandó ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al Gobierno del Estado de Sinaloa, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a la Dirección de la Policía Ministerial y/o a quien resulte responsable de las mencionadas fuentes de trabajo, las prestaciones siguientes: a) El pago por concepto de liquidación a partir del uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno al veintisiete de octubre de dos mil once, consistente en muerte por riesgo de trabajo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, gastos funerarios y horas extras, por motivo de la defunción de su esposo en su carácter de comandante ‘A’ de la Policía Ministerial, a raíz de su muerte violenta; b) El pago o indemnización correspondiente a los seguros de vida expedido a nombre del de cujus, consistente en cuarenta y cinco meses de sueldo a la fecha de su fallecimiento, el pago doble de dicha prestación, la cantidad de quinientos cuarenta mil pesos, como beneficio adicional por la muerte violenta, así como al pago de un millón de pesos por seguro de vida a cargo del Gobierno del Estado; y, c) El pago de la pensión por viudez. En el capítulo de hechos señaló, entre otras cosas, que su finado esposo ingresó a laborar como comandante ‘A’ a la Policía Ministerial del Estado, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a partir del uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, hasta el veintisiete de octubre de dos mil once, fecha en que ocurrió su deceso por muerte violenta en riesgo de trabajo, en términos del acta de defunción relativa que allegó a su libelo; que contrajeron nupcias, conforme la copia certificada del acta de matrimonio que anexó, y que procrearon cinco hijos; que el de cujus trabajaba cuatro horas extras diarias de lunes a sábado, desde el inicio de sus labores, y que al momento de su fallecimiento percibía el salario diario de cuatrocientos treinta y dos pesos con veintiocho centavos. Ofreció diversas probanzas (fojas 3 a 16). El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en auto de veinticuatro de enero del propio año, se declaró incompetente legalmente para conocer de la demanda y declinó la competencia a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del propio Estado, aduciendo, en esencia, que el conflicto era de naturaleza administrativa y no laboral, en tanto que las relaciones entre los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales y el personal policial a su servicio son de clase eminentemente administrativa y que, por afinidad, toca de su conocimiento a esa clase de tribunales, conforme a las distintas jurisprudencias del Alto Tribunal del País que al efecto citó, bajo los rubros: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.’, ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).’ y ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).’ (fojas 17 a 20). La Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por su parte, por acuerdo de nueve de febrero siguiente, se negó admitir la competencia planteada, en razón de que, en principio, no se estaba en presencia de actos, procedimientos o resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos centralizados o descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecta la esfera de los particulares, únicos casos que le compete conocer a ese tribunal, en términos del artículo 3o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, sino que atendiendo a las prestaciones que reclama la accionante, entre ellas una pensión por viudez, en tal caso, corresponde de su conocimiento al tribunal remitente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, citando como apoyo de lo anterior una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya voz dice: ‘PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’ (fojas 22 y 23). De lo expuesto se observa que el punto de controversia es determinar si corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa o a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del propio Estado, conocer de la demanda que promovió **********, por conducto de sus apoderados. Establecido lo anterior, se reitera que la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, es la competente para conocer y resolver sobre las prestaciones que exige la actora en su libelo. En efecto, establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, lo siguiente: (se transcribe). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en abundante jurisprudencia que la relación que guardan esos grupos con el Estado no es de naturaleza laboral, sino estrictamente administrativa, y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan, por tanto, no gozan de los derechos consagrados en ese precepto fundamental, sino sólo de aquellos que sus respectivas leyes les confieren, lo cual constituye una excepción a la regla de que la relación entre el Estado y los servidores públicos se asimila a la laboral. En efecto, la relación jurídica de los miembros de las instituciones policiales es administrativa, porque desempeñan la función de preservar la seguridad pública, prevenir la comisión de infracciones y delitos, así como auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de estos últimos; tienen autoridad, realizan actos de imperio y son depositarios de la fuerza pública, además de que deben ajustar su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez establecidos en la propia Constitución, y la naturaleza de estas funciones está por encima de los intereses personales o particulares que dichos servidores públicos pudieran tener. En ese sentido, y atendiendo a la garantía establecida en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, concerniente a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, el Alto Tribunal decidió que toda contienda competencial, con motivo de la prestación de servicios de seguridad pública, corresponde conocerla, por afinidad, al Tribunal Contencioso Administrativo. Efectivamente, tanto el Tribunal Pleno como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias en que se apoyó el tribunal laboral para declararse en causa de impedimento legal, determinan la competencia en favor de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, cuyos rubros establecen: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (jurisprudencia del Tribunal Pleno número 24/95, publicada en la página 43, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.’ (jurisprudencia de la Segunda Sala número 77/95, publicada en la página 290, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).’ (jurisprudencia de la Segunda Sala número 23/96, publicada en la página 244, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).’ (jurisprudencia de la Segunda Sala número 10/97, publicada en la página 347, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). De lo anterior se colige que compete conocer a los tribunales administrativos de los conflictos suscitados entre los cuerpos de seguridad pública municipales o estatales (y, por consecuencia, de los militares, los marinos y del personal del servicio exterior) con las dependencias de seguridad pública de su adscripción, con motivo de los servicios que ellos presten a esas dependencias públicas, debido a que su relación jurídica con el Estado es eminentemente administrativa, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, si en el asunto de origen la actora ********** demandó del Gobierno del Estado de Sinaloa y de otras autoridades el pago de diversas prestaciones, entre otras, indemnización por riesgo de trabajo, vacaciones, aguinaldo, horas extras, distintos seguros, así como la pensión por viudez, con motivo del deceso de su esposo **********, quien al momento de su fallecimiento dijo que ostentaba el cargo de comandante ‘A’ de la Policía Ministerial del Estado; luego, obliga a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo conocer de la demanda de que se trata, en tanto la relación que el servidor público tenía para con las demandadas era de naturaleza administrativa, mas no laboral, en los términos ya establecidos por jurisprudencia firme de la superioridad, tal como resolviera el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Al respecto, se cita la siguiente jurisprudencia aplicable al caso concreto: (datos de localización): ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL DEL JUICIO PROMOVIDO POR LOS BENEFICIARIOS DE UN POLICÍA AUXILIAR.’ (se transcribe texto). Para lo anterior, no se opone el texto del artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, en que se basó la Sala Regional Zona Centro del Tribunal Contencioso Administrativo para no aceptar su competencia, que dice: (se transcribe). Pues si bien se advierte que, según por disposición legal, corresponde a ese órgano laboral local de conciliación y arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas, así como en lo relativo a las pensiones de los integrantes de las corporaciones policiales estatales, lo cierto es que la regulación estatal así establecida no es acorde a los lineamientos del artículo 116, fracción VI, constitucional, que establece: (se transcribe). Ya que este precepto fundamental vincula a los Congresos Locales a las bases del artículo 123 del mismo Código Político, el cual excluye categóricamente a los miembros de las instituciones policiales de la relación laboral, en términos de sus dos grandes apartados, para atribuirles una de índole administrativa regida por sus propias leyes. Lo anterior significa que la regulación estatal no puede separarse de los cánones administrativos predeterminados en la Constitución General, para introducir a los miembros de las instituciones policiales en el ámbito de la legislación burocrática local y, por ende, en la esfera laboral, de la cual los excluyó la propia Norma Fundamental, ni siquiera bajo el argumento de que esta circunstancia es más benéfica para ellos y amplía el espectro de derechos mínimos que le concede la misma Constitución, porque la posibilida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24434-7f2bfaca/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-en-el-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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