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Modo: Corpus Pro

AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2012. · Registro digital (IUS): 24261
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA E
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Pág. 1067.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados, uno adscrito a un circuito y otro con el carácter de auxiliar, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente denuncia de contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por **********, quejoso en el juicio de amparo directo laboral **********, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, quien está facultado para ello, con fundamento en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo laboral **********, en sesión de catorce de junio de dos mil doce, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERACIONES: ... QUINTA. ... En conclusión, el peticionario de amparo pretende que se analice que fue incorrecta la determinación del tribunal responsable, de considerarlo como trabajador de confianza, porque la patronal no acreditó tal supuesto. Ahora bien, es cierto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco sostuvo que a la secretaría demandada le correspondía la carga de acreditar que **********, en la categoría de agente de tercera, era un trabajador de confianza, que al analizar las pruebas consistentes en informe rendido por la Oficialía Mayor del Estado de Tabasco, informe de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, treinta y tres recibos de pago, nueve fotocopias de recibos de pago, diploma, confesión espontánea en los hechos de la demanda, artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, quedó acreditada su calidad de trabajador de confianza, por ser agente de tercera, del tipo corporativo, policía. Y refirió también el tribunal responsable que si bien, por regla general, el patrón debe precisar y probar cuáles son las funciones que desarrolla el trabajador, al que le atribuye la categoría de confianza, cuando dicho punto está en debate; pero que, en el caso concreto, el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, expresamente les da la calidad de confianza a los policías, y al caer esa actividad en el marco jurídico de la ley, resultaba innecesario valorar pruebas para justificar conductas que la propia legislación contempla, y consideró que sólo bastaba con que diera la hipótesis al caso concreto, esto es, el carácter de policía, para considerarlo como de confianza. Lo que tuvo como consecuencia el determinar la improcedencia de la reinstalación, como de exonerar al pago de salarios caídos, al no estar protegido por el principio de la estabilidad en el empleo, sino sólo a las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social. Así las cosas, al margen de la decisión de la autoridad responsable, de considerar al actor como trabajador de confianza, así como las impugnaciones que al respecto vierte el citado quejoso, lo cierto es que ********** precisó en su escrito de demanda que tenía la categoría de agente de tercera, lo cual también confirmó al haber aportado, en el propio escrito, las documentales consistentes en recibos de pago en los que aparece como categoría: agente, calidad de dicho actor, que no puede ser motivo de análisis para considerar si se trata o no de un empleado de confianza, en acatamiento a lo preceptuado por la Carta Magna. Lo anterior es así, en razón de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, establece que tanto los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, y que en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar las prestaciones a que tenga derecho, esto es, no procede reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido. En efecto, la Constitución excluye expresamente a los miembros de las instituciones policiales de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y, entre ellas, el derecho a la estabilidad en el empleo, porque no existe una relación de trabajo, sino administrativa, y precisamente por esa exclusión explícita que deriva de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 referido, en este caso, de los miembros de instituciones policiales, el trato que se da a éstos es distinto al de los trabajadores al servicio del Estado. Ahora bien, el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco dispone: (se transcribe). Por consiguiente, si bien dicho precepto legal incluyó a los miembros de la policía como ‘empleados de confianza’, también es verdad que dicha inclusión resulta contraria al texto expreso de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional, pues, se reitera, expulsa a los miembros de las instituciones policiales del régimen ordinario aplicable a la generalidad de los empleados públicos, es decir, la disposición constitucional, al diferenciar a estos grupos (militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales), en las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, señalando que deberán regirse por sus propias leyes, las excluye de la aplicación de las normas que se establecen en el citado apartado y, por tanto, al ser dicha relación de naturaleza administrativa, carecen del carácter de trabajadores y, por tanto, no pueden, en consecuencia, catalogarse como empleados de confianza; por lo que si el artículo 5 antes transcrito incluye a los miembros de las policías como ‘trabajadores de confianza’, es incuestionable que dicha inclusión es contraria al texto expreso del artículo constitucional en comento, pues si la intención del Constituyente hubiera sido la de considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del apartado B como trabajadores de confianza, con los derechos de protección al salario y a la seguridad social, así lo hubiera dejado establecido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 106/2010 de la Primera Sala, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 372, que reza: ‘POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA.’ (se transcribe texto). Así como la tesis 2a./J. 14/98 de la Segunda Sala, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, materias: constitucional, administrativa, página 352, de contenido: ‘POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.’ (se transcribe texto). En resumen, este órgano colegiado no puede abordar análisis alguno respecto de la calidad de trabajador de confianza que atribuyó la autoridad responsable, y mucho menos las probanzas y consideraciones que al efecto alude el quejoso en sus conceptos de violación, precisamente ante lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la observación obligatoria de las jurisprudencias transcritas, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. ..."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el amparo directo auxiliar **********, derivado del juicio de amparo directo ********** del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en sesión de veintiuno de enero de dos mil once, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERANDO: ... SÉPTIMO. ... En un segundo motivo de disenso, el ahora quejoso hace valer que el tribunal responsable lo consideró como trabajador de confianza, con el hecho marcado como número uno en su escrito inicial de demanda y con la contestación dada al mismo, así como con el recibo de pago que exhibió, en el que aparece que su puesto es de agente y que se le realizaba un pago por riesgo policial, y se declaró procedente la excepción opuesta por el Ayuntamiento demandado, en el que manifestó que al actor le revestía la calidad de trabajador de confianza, sin que la autoridad responsable calificara las actividades que desarrollaba el quejoso y que debió comprobar la parte demandada. Concepto de violación que resulta fundado, en atención a las siguientes consideraciones: Tenemos que en el laudo ahora recurrido, en primer lugar, se analizó la calidad de trabajador de confianza alegada por el Ayuntamiento, al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, y se consideró que aun cuando no se excepcionó la demandada en esa parte, debería ser absuelta; ello con la confesión expresa del aquí quejoso, ya que en su escrito inicial, en el hecho número uno, manifestó que trabajó para el Ayuntamiento demandado con la categoría de agente, así como con la confesión expresa de la entidad demandada, que reconoció la relación laboral y el puesto que desempeñaba el operario, además del recibo de pago exhibido por el actor, con el que se acreditó la categoría de agente y que recibía un pago de riesgo policial. Con lo que el tribunal responsable consideró que el actor era un trabajador de confianza, conforme lo establece el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y que, al ser así, le eran aplicables únicamente las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, encontrándose excluido del principio de estabilidad en el empleo, conforme al diverso numeral 12 del citado ordenamiento legal. Conclusión que resulta incorrecta, toda vez que de las constancias que obran en autos, y que fueron las que tomó en consideración el tribunal responsable, tenemos que el actor, en el hecho marcado como número uno en su demanda, manifestó lo siguiente: ‘1. Con fecha 16 de julio del año 1999, el hoy actor el C. ********** fue contratado en forma verbal y por tiempo indefinido por el C. ********** (sic), siendo contratado para laborar bajo el mando y subordinación del mismo, y del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco, Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Centla, Tabasco, siendo contratado para laborar con la categoría de agente, dedicándose el actor a realizar actividades propias de su categoría siempre bajo las órdenes y supervisión de los demandados.’. Y en cuanto a la contestación dada al citado hecho, se hizo de la siguiente manera: ‘1. El hecho 1 de la demanda que se contesta resulta ser cierto tal y como se encuentra argumentado el mismo, por lo cual no se genera controversia alguna respecto al mismo, aclarándose únicamente que el hoy actor desde siempre laboró única y exclusivamente al servicio del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco.’. Por lo que respecta al recibo de pago exhibido por el actor y que obra a foja 8 de los autos del expediente laboral, si bien se desprende que el puesto del aquí quejoso era el de agente y que se le otorgaba un pago en concepto de riesgo policial, el mismo no refiere fehacientemente las funciones que efectuaba el actor con las cuales pueda arribarse a la conclusión de que la categoría que le corresponde es la de trabajador de confianza. Toda vez que si bien tanto en la demanda y en la contestación se tuvo al actor con la categoría de agente, y en el recibo de pago aparece que el puesto que ocupa el trabajador es de agente, también es cierto que la calidad de confianza de un puesto no la otorga la denominación que sobre el particular se haga en el nombramiento respectivo (el cual no fue exhibido en juicio) o, en su caso el aludido recibo, sino que las funciones desempeñadas se encuentren dentro de las que se enumeran en el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y, en el presente caso, el Ayuntamiento demandado no acreditó con probanza alguna ninguna de las actividades precisadas en dicho numeral, ni cuáles eran las funciones que realizaba el actor y que las mismas fueran de confianza. Ya que el citado artículo enumera todas las funciones que debe realizar un trabajador para que sea considerado de confianza; asimismo, hace una distinción en cuanto a los que señalen las leyes orgánicas de las entidades públicas, que les asigne dicha categoría; razón por la cual deben comprobarse en su totalidad las funciones que se expresan, a fin de determinar la calidad del trabajador, y no de la manera en que lo realizó el tribunal responsable; de ahí que lo resuelto haya sido incorrecto. Resulta aplicable al caso, por igualdad de razón, la siguiente jurisprudencia: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.’ (se transcribe texto). Es por ello que en el nuevo laudo que se dicte al respecto debe tomarse en consideración que con el acervo probatorio allegado a juicio no se comprobaron las funciones que desempeñaba el actor, con las cuales se concluyese que el aquí quejoso fuese un trabajador de confianza. ..."

QUINTO. En principio, es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos en un tema similar sea discordante esencialmente.

Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente, cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior de acuerdo con las tesis de rubros siguientes:

"Registro: 164120

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Materia: común

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

"Registro: 166996

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Materia: común

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.

I. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito.

Antecedentes

a) ********** demandó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco la reinstalación por despido injustificado; en esencia, señaló que prestó servicios por trece años como agente (tercero) del cuerpo de policía.

b) (De la ejecutoria no deriva dato alguno sobre la contestación de la demanda).

c) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco emitió laudo en el que absolvió a la demandada de reinstalar al actor, considerando que quedó acreditada su calidad de trabajador de confianza.

Consideraciones del Tribunal Colegiado

• El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal expulsa a los miembros de las instituciones policiales del régimen ordinario aplicable a la generalidad de los empleados públicos, es decir, la disposición constitucional, al diferenciar a estos grupos (militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales), señalando que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y, entre ellas, el derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que no existe una relación de trabajo, sino administrativa.

• Por tanto, al ser administrativa la relación con los miembros de instituciones policiales, carecen del carácter de trabajadores; de ahí que no puedan catalogarse como empleados de confianza.

• La inclusión que el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco hace respecto de los miembros de la policía como empleados de confianza, resulta contraria al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, pues si la intención del Constituyente hubiera sido la de considerar a esos grupos como trabajadores de confianza, con los derechos de protección al salario y a la seguridad social, así lo hubiera dejado establecido.

II. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

Antecedentes

a) ********** demandó del Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco, la reinstalación por despido injustificado y, en esencia, señaló que prestó servicios como agente.

b) El Ayuntamiento demandado manifestó que el actor no tiene derecho, porque es trabajador de confianza.

c) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco absolvió de la reinstalación, sobre la premisa de que, al ser agente de la policía, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Centla, el actor es trabajador de confianza, conforme el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.

Consideraciones del Tribunal Colegiado

• Si bien en la demanda y en su contestación se tuvo al actor con la categoría de agente, y en el recibo de pago aparece que el puesto que ocupa el trabajador es de agente, lo cierto es que la calidad de confianza de un puesto no la otorga la denominación que sobre el particular se haga en el nombramiento respectivo (el cual no fue exhibido en juicio) o, en su caso, el aludido recibo, sino que las funciones desempeñadas se encuentren dentro de las que se enumeran en el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.

• El Ayuntamiento demandado no acreditó alguna de las actividades precisadas en el mencionado precepto, ni cuáles eran las funciones que realizaba el actor y que las mismas fueran de confianza.

• Como el citado artículo enumera las funciones que corresponden a un trabajador de confianza, deben de comprobarse en su totalidad las funciones que se expresan, a fin de determinar la calidad del trabajador, y no de la manera en que lo realizó el tribunal responsable; de ahí que lo resuelto haya sido incorrecto.

Ahora bien, conforme a los datos enunciados, habrá que determinar los aspectos jurídicos en que los Tribunales Colegiados adoptaron posturas contradictorias, si es que existen y, en su caso, delimitar el punto jurídico que esta Segunda Sala debe resolver.

Con esa finalidad, deben precisarse, primero, los elementos que son comunes en los juicios laborales:

• Servidores públicos con el carácter de agentes policiales demandaron la reinstalación por despido injustificado.

• Prestaron sus servicios en instituciones policiales en el Estado de Tabasco (Secretaría de Seguridad Pública y Dirección de Seguridad Pública Municipal).

• El Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal analizó la naturaleza de confianza del servidor público.

Así, mientras el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito determinó que no podía establecer la calidad de "trabajador de confianza" del actor, porque, al ser agente policial, no tenía el carácter de trabajador, sino que la relación jurídica era de naturaleza administrativa.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región resolvió que la sola denominación de agente policial era insuficiente para determinar su calidad de trabajador de confianza, pues debían acreditarse, además, las funciones correspondientes, y que éstas estuvieran así catalogadas en el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.

En tal virtud, esta Segunda Sala considera que, en el caso, se configura una contradicción de tesis implícita, debido a que si el Tribunal Colegiado Auxiliar concluyó que la naturaleza de trabajador de confianza de los agentes policiales depende de las funciones que realicen, entonces necesariamente debe entenderse que asumió, tácitamente, que la relación jurídica de este tipo de servidores públicos es de trabajo, lo que se opone a lo resuelto por el Tribunal Colegiado ordinario, en tanto resolvió que la relación jurídica es administrativa.

De manera que sí existe contradicción de tesis, y el punto que debe resolverse en este expediente consiste en determinar sobre cuál es la naturaleza jurídica que se genera entre un agente policial y las instituciones policiales estatales o municipales en el Estado de Tabasco.

Se cita como apoyo la siguiente jurisprudencia:

"Registro: 169334

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, julio de 2008

"Materia: común

"Tesis: P./J. 93/2006

"Página: 5

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, atento a las consideraciones siguientes:

En principio, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 18 de junio de 2008)

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

(Reformado, D.O.F. 18 de junio de 2008)

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 8 de octubre de 1974)

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

(Reformada, D.O.F. 18 de junio de 2008)

"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

"Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en respon

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24261-0422de76/agentes-de-las-instituciones-policiales-de-tabasco-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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