COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL.
CONFLICTO COMPETENCIAL 7/2021. SUSCITADO ENTRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 6 DE DICIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIO: JAIME CONTRERAS CARAZO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Resolución del conflicto competencial.
Este Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito considera que la competencia recae en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por conducto de su Sexta Sala Unitaria.
El fundamento jurídico que utilizó el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para declinar su competencia fue el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes, y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación que une a los policías con las respectivas dependencias a las que están adscritos es de carácter administrativa y no laboral.
Ahora bien, en la contradicción de tesis 41/2008-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la función de "policía" debe entenderse en sentido extenso, como la actividad del Estado consistente en vigilar el respeto a la ley y al orden en la sociedad, por lo que dicho vocablo no debe limitarse a la comprensión de las funciones de prevención e investigación de los delitos, sino que debe comprenderse como sinónimo de vigilancia en todos los órdenes de la sociedad; asimismo, nuestro Alto Tribunal determinó que los miembros de dichas instituciones policiales se encuentran sujetos al régimen previsto en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su relación con los Estados y Municipios a los que pertenecen es de carácter administrativa.
Asimismo, precisó que la competencia para conocer de dichos asuntos recae, por afinidad, en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, incluso cuando las disposiciones constitucionales y secundarias que lo rigen no lo expresan tajantemente, esto, porque la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo, y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan; así, en respeto a la garantía consagrada en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General, determinó que la competencia relativa a los miembros de la policía recae en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque, de acuerdo con sus facultades, es el más afín para conocer de esos reclamos, al tener competencia para conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatales y municipales.
Las consideraciones que se han sintetizado dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2008, de la literalidad siguiente:
"AGENTES DE SEÑALAMIENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COLIMA. SU RELACIÓN JURÍDICA CON ESA DEPENDENCIA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, Y DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE AQUÉLLA DEBE CONOCER EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. De la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 167/2006, publicada con el rubro: ‘POLICÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, se advierte que el concepto de ‘policía’ se relaciona con la actividad del Estado de vigilar el respeto a la ley para preservar el orden en la sociedad, lo que implica todo acto tendente a garantizar la tranquilidad de los gobernados, añadiéndose que para establecer si determinadas funciones corresponden a una institución policial deben tomarse en cuenta los objetivos perseguidos con ellas, los cuales deben vincularse al orden público y la seguridad que debe existir, inclusive, en las vías públicas y, además, en el interés de la sociedad para que se hagan respetar los ordenamientos en esa materia. Por otra parte, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio del mismo nombre, deriva que las actividades de los Agentes de Señalamientos adscritos a la Dirección General de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima son, en general, elaborar, pintar e instalar los anuncios de tránsito y vialidad en la vía pública. En este sentido, se concluye que los mencionados agentes desempeñan una actividad administrativa que tiene carácter policial, pues sus funciones se relacionan con el orden externo de la calle y el control de la circulación vial para seguridad de sus usuarios, acorde con la naturaleza de las actividades de la dependencia a la que pertenecen. Además, aun cuando no participan activamente en la vigilancia de que se cumplan los anuncios viales, lo cierto es que el desempeño de su cargo es una expresión de actividad del Estado, y que al estar adscritos a la Dirección General de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima, realizando funciones en beneficio directo de la colectividad, forman parte de una institución policial, lo que resulta suficiente para considerar que dichos servidores públicos son miembros de una institución policial a la que en forma general se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, sus relaciones se rigen por lo que dispone esta fracción y por los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de que la relación jurídica de los miembros de las instituciones policiales y el Estado es de naturaleza administrativa. Finalmente, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias del Estado de Colima señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o de lo Contencioso Administrativo para conocer de las demandas promovidas por los miembros de las instituciones policiales contra las autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan las pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia recae en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, pues tiene competencia para conocer de las controversias suscitadas entre los particulares y las administraciones públicas Estatales y Municipales, esto es, de la materia contencioso administrativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que contiene la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia."(18)
En el mismo sentido, nuestro Alto Tribunal también emitió la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."(19)
Y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente:
"AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas jurisprudencias que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen una relación de naturaleza administrativa con el poder público, debido a que al diferenciar a ese grupo de servidores públicos en las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la citada disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas de trabajo para los servidores públicos del Estado. En congruencia con lo anterior, se concluye que la relación jurídica entre los agentes de policía y el Estado de Tabasco y sus Municipios es de naturaleza administrativa, pues si bien a las Legislaturas Estatales corresponde regular las relaciones de sus trabajadores, sobre las bases del artículo 123 constitucional, conforme al artículo 116, fracción VI, de la Norma Suprema, al hacerlo deben respetar la exclusión prevista en el apartado B, fracción XIII, de aquel numeral, respecto de los miembros de las instituciones policiales, tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco."(20)
Incluso, y a la cual se alude por afinidad, en la diversa contradicción de tesis 280/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, aun cuando las acciones intentadas por miembros del cuerpo policial estén relacionadas con el reconocimiento de un riesgo de trabajo, la competencia para conocer de dicho reclamo debe recaer en el tribunal que conoce de asuntos administrativos, porque de ninguna forma puede inadvertirse el régimen legal al que están sujetos los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, quienes en términos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, guardan una relación administrativa con los Estados y Municipios a los que pertenecen, lo que impide que puedan considerarse trabajadores al servicio del Estado, por lo que, aun cuando el reclamo radique en una solicitud de seguridad social, el tribunal administrativo es el competente para conocer de esos reclamos, pues debe atenderse al régimen legal del que derivan las prestaciones legales, el que en ningún momento deja de ser administrativo.
Dicho criterio, identificado con la clave 2a./J. 31/2019 (10a.), es de la literalidad siguiente:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación jurídica entre los servidores públicos citados y el Estado es de naturaleza administrativa. En ese sentido, el derecho de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales federales, de solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la calificativa de un riesgo de trabajo tiene esa misma naturaleza y, en consecuencia, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a este tribunal conocer de los conflictos en los que se demande al Instituto mencionado el reconocimiento de un riesgo de trabajo."(21)
En congruencia con tales criterios de nuestro Alto Tribunal, y tomando en consideración que la promovente del procedimiento paraprocesal en su carácter de directora de Desarrollo Humano, en ausencia del director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, manifestó que esta dependencia determinó rescindir el cargo que venía desempeñando **********, quien ejercía sus funciones en la Dirección de Operaciones Policiales de la propia secretaría, por lo que es indudable que sus funciones fueron las de policía y, por ende, su vínculo con la aludida secretaría es de carácter administrativo y se rige por las leyes y reglamentos de la materia, así como por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, de la lectura del Decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se desprende que uno de sus objetivos fue la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al que se dotó de competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública, estatal o municipal, en términos de la legislación que para tal efecto expidiera el Poder Legislativo.
En dicho instrumento normativo, en su artículo 12, fracción X, se estableció lo siguiente:
"Artículo 12. Las leyes se ocuparán de:
"...
"X. Establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como las disposiciones que regulen los procedimientos y recursos contra sus resoluciones.
"El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos, según corresponda.
"El tribunal se integrará hasta por siete Magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la ley.
"Los Magistrados del tribunal serán designados por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley."
Por su parte, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete se publicó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en cuyos artículos 4, apartado A, fracciones I y VII, primero y cuarto transitorios, se dispuso lo que a continuación se transcribe:
"Artículo 4. El tribunal tendrá competencia para conocer de:
"A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
"I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares;
"...
"VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario público estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla;"
"Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."
"Tercero. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla deberá quedar instalado y entrar en funciones a más tardar dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley."
"Cuarto. Los procedimientos, asuntos y juicios que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de su inicio y se resolverán por la instancia que conozca de ellos."
En consecuencia, dado que de conformidad con los numerales transcritos, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es el encargado de dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública estatal, es incuestionable que en términos de lo que ha determinado nuestro Alto Tribunal en los criterios citados, dicho tribunal administrativo es el más afín para conocer el asunto, pues la promovente sostuvo expresamente que la persona rescindida y que se pretende notificar ejercía sus funciones en la Dirección de Operaciones Policiales; de ahí que al tratarse de un policía, su relación con la secretaría promovente fue administrativa.
Máxime que, cuando se presentó la promoción ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, e incluso cuando éste se declaró incompetente, ya estaba en vigor la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y éste ya estaba en funciones, pues dicha legislación entró en vigor el diecinueve de julio de dos mil diecisiete y dentro de los ochenta días naturales siguientes comenzó su funcionamiento conforme al artículo tercero transitorio de su ley orgánica, por lo que si la promoción que dio origen al conflicto se presentó el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y el auto por el cual la mencionada Sala Unitaria declaró carecer de competencia legal lo dictó el cuatro de junio de dos mil veintiuno, es claro que se encontraba en condiciones de conocer del asunto.
De la misma forma, no pasa en desatención la parte conducente del criterio contenido en la tesis aislada 2a. LXXVI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE LOCAL. Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos similares, ha reiterado el criterio de atribuir competencia a tribunales de lo contencioso administrativo, ante la falta de un tribunal de esa naturaleza en el Estado de Puebla y de disposición legal que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias de carácter administrativo, como las relativas al cese de un elemento de la Dirección General de Tránsito del Estado; sin embargo, debe surtirse la competencia en favor del Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para conocer de la demanda respectiva, en acatamiento a la garantía consagrada en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad jurisdiccional, dadas las facultades de que está investida, no en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta ser la más afín para conocer de la demanda, en la que un servidor público impugna sanciones y omisiones de pago de prestaciones derivadas de la relación de servicio, atribuidas a un órgano del Poder Público, las cuales constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo de seguridad pública, dentro del ámbito administrativo local."(22)
De su lectura se desprende que la competencia que se depositó en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para conocer de los asuntos relacionados con los miembros de los cuerpos policiales, fue mientras no se creaba el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; luego, si éste ya se ha constituido, tal criterio ha dejado de tener vigencia a partir de su creación.
No obsta a esta conclusión que no exista propiamente una controversia en el procedimiento paraprocesal, del que deriva el conflicto competencial, puesto que lo que se promovió fue la diligencia de notificación al personal policiaco rescindido; empero, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, a través de su Sexta Sala, es la más afín para llevar a cabo la diligencia, pues como se anticipó, la competencia recae en un tribunal administrativo, incluso cuando las disposiciones constitucionales y secundarias que lo rigen no lo expresen tajantemente.
Sobre la base de lo que se ha expuesto, se declara que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, a través de su Sexta Sala Unitaria, es competente para conocer del presente asunto.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para conocer del procedimiento paraprocesal promovido por la directora de Desarrollo Humano, en ausencia del director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
SEGUNDO.—Se declara legalmente competente para conocer del asunto a la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que se ordena remitirle el expediente correspondiente, para que conozca del mismo, previa copia certificada que se deje en este tribunal.
Notifíquese bajo las medidas establecidas en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;(23) publíquese y anótese en el libro de gobierno y con copia autorizada de esta ejecutoria, notifíquese al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para su conocimiento y efectos legales conducentes; personalmente a la parte actora en el juicio laboral y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió en sesión ordinaria virtual celebrada por videoconferencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Samuel Alvarado Echavarría, Livia Lizbeth Larumbe Radilla y Gloria García Reyes, siendo ponente la segunda de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 66, 118, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 41/2008-SS y 280/2018 citadas en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 553; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1996, con números de registro digital: 21069 y 28378, respectivamente.
________________
18. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 398, materia administrativa, con número de registro digital: 169563.
19. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, materia administrativa, con número de registro digital: 200322.
20. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1092, materia administrativa, con número de registro digital: 2002952.
21. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 2015, materias constitucional, administrativa, con número de registro digital: 2019442.
22. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 165, con número de registro digital: 198225.
23. "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: I. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma.—II. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, el actuario deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada.—III. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un ‘oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica’, el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. En el caso de las autoridades federales, la decisión de notificar conforme a lo previsto en el párrafo anterior deberá reparar en el ‘Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)’, emitido el 17 de abril de 2020 por la Secretaría de la Función Pública."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30516-d942b0d0/competencia-para-conocer-de-las-controversias-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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