CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. SI LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN JUICIO POR SUS MIEMBROS SON DE NATURALEZA NETAMENTE LABORAL, COMPETE SU CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE SAN LUIS POTOSÍ.
AMPARO EN REVISIÓN 50/2012. 16 DE FEBRERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: F. GUILLERMO BALTAZAR ALVEAR. SECRETARIO: JOSÉ LUIS SOLÓRZANO ZAVALA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son infundados los agravios hechos valer.
En efecto, se alega que causa agravio la sentencia recurrida, porque aplica incorrectamente la ley, considerando que la acción intentada por el actor no es por la existencia de un vínculo laboral de naturaleza administrativa, sino porque tenía una relación de trabajo con las demandadas y que, por consecuencia, corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conocer de la demanda promovida. Que el resolutor prejuzga al considerar que el actor realiza las funciones que refiere en su escrito de demanda, lo cual deja en estado de indefensión a la recurrente, porque el trabajador no estudia los argumentos ni los fundamentos que invocó en el juicio de amparo; agregó que si el actor tiene un nombramiento como agente de seguridad, el a quo debió considerar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace distinción alguna, ya que sólo se refiere a que los miembros de las instituciones policiales deben regirse por sus propias leyes, como previene en sus artículos 123, apartado B, fracción XIII, 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116. Que también pasó por alto que el Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San Luis Potosí, requiere de personal administrativo, destacando que sus funciones serán de confianza y responsabilidad por ser agentes depositarios de autoridad; que en forma indebida aplica la jurisprudencia de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE SUS TITULARES."; la cual es de fecha anterior a la reforma del artículo 123 que disponía ... (la quejosa no terminó su razonamiento). Adujo también que la demandante, ********** (sic) cuenta con nombramiento de policía, específicamente el de jefe de seguridad y custodia, siendo incorrecto el razonamiento de que lo sustentado por la autoridad responsable no contraviene lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Que la resolución del tribunal burocrático obliga a la quejosa a sujetarse a su jurisdicción, por no ser el momento oportuno para demostrar si realiza funciones inherentes al nombramiento como elemento de un cuerpo de seguridad, lo cual es violatorio de garantías, ya que se estaría tramitando un juicio y, en su caso, una condena, sin contar con la competencia constitucional; que además, el a quo no toma en cuenta que la competencia es susceptible de estudiarse al inicio del juicio o en cualquier estado del proceso, de conformidad con los criterios que invoca, de los rubros siguientes: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.", y "TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AL DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE PUEDE DECLARARSE INCOMPETENTE, NO OBSTANTE QUE CON ANTERIORIDAD AL RESOLVER UN INCIDENTE DE INCOMPETENCIA LO HAYA DECLARADO INFUNDADO."
También aduce la recurrente, que la determinación del resolutor al convenir con los razonamientos de la autoridad responsable, es inconstitucional, porque se basa en una jurisprudencia que no es aplicable, la cual tiene como rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."; en razón de que fue emitida el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y de ella se desprende que la controversia de la que se originó ese criterio es de carácter agrario y civil, según acredita con la transcripción de la ejecutoria correspondiente y que, al carecer el acto reclamado de la debida fundamentación y motivación, el a quo debió señalar los razonamientos lógico jurídicos que lo llevaran a concluir que el tribunal burocrático es el competente para conocer del asunto de origen, pero que sólo se limitó a reiterar que aquél es competente, en razón de la naturaleza de las acciones intentadas, sin que la jurisprudencia en que se basó, tenga aplicación en el caso de que se ocupa.
Pues bien, se dice que los agravios expresados por la apoderada de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado son infundados, atento a que este Primer Tribunal Colegiado resolvió idéntica cuestión jurídica que se planteó en el diverso juicio de amparo en revisión, toca número 241/2011 de su índice, por unanimidad de votos, en la sesión de dos de junio del año próximo pasado, mediante ejecutoria en la que se confirmó la sentencia recurrida, negando el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por **********, director general de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en los términos siguientes:
"TERCERO. Son infundados los agravios.
"En efecto, se alega que la Juez Segundo de Distrito consideró, en forma indebida, que es correcta la decisión de la autoridad responsable, consistente en que es competente para seguir conociendo de las pretensiones de la parte actora en el juicio natural, toda vez que el promovente del mismo pretende un cambio en las funciones que desempeña, esto es, que siendo un elemento integrante de un cuerpo policial, como lo es la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, sea considerado con el nombramiento de auxiliar de médico; que la citada Juez omitió tomar en cuenta la supremacía constitucional, puesto que no es el nombramiento del actor en el juicio laboral lo que se encuentra a discusión, sino que la materia del debate es la competencia del tribunal que debe conocer del asunto, pues el artículo 123, apartado B), fracción XIII de la Carta Magna, previene que los militares, marinos, miembros de las institucionales policiales, entre otros, deben regirse por sus propias leyes, por lo que su relación con la administración pública es de carácter administrativo, lo que da competencia a diverso órgano y no a la autoridad señalada como responsable, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
"Es verdad que el artículo 123, apartado B, fracción XIII,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene que los miembros de cuerpos policiales, entre otros elementos relacionados con la administración pública, deben regirse por sus propias leyes; que igual disposición contempla el precepto 89(2) de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de San Luis Potosí, así como también el numeral 56(3) de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
"Sin embargo, contrariamente a lo aducido, asiste razón a la Juez de Distrito, en tanto consideró que el tribunal responsable es competente para seguir conociendo de la demanda y pretensiones del actor en el juicio laboral de origen; ello, atento a que, en el supuesto de decidir que la autoridad competente para conocer de la controversia laboral, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, estaría prejuzgando acerca de las funciones desarrolladas por el actor, pues es verídico que la materia de la resolución incidental sólo es lo relativo a la competencia para conocer de la demanda laboral y no si son procedentes las pretensiones del propio actor.
"Es oportuno precisar que el incidente de incompetencia promovido por la autoridad demandada en el juicio laboral, ahora quejosa, tiene como punto de partida lo aducido por dicha autoridad, en el sentido de que el actor es un agente de seguridad, motivo por el cual sostiene que la autoridad competente para conocer de la demanda es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y no el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ante el que se presentó la demanda.
"Al respecto, el tribunal que sostiene su competencia para seguir conociendo del conflicto laboral planteado, se basa en que, si bien el actor tiene un nombramiento de vigilante, cuyas funciones son las encaminadas a cuidar de la seguridad pública, empero, argumenta que no es el nombramiento del actor lo que da el carácter a la acción intentada, sino la naturaleza de las funciones desempeñadas por el propio actor.
"Luego, en el juicio laboral deberá dilucidarse, a través de las pruebas que ofrezcan las partes, cuál de ellas acredita su pretensión, esto es, si el actor desempeña funciones y actividades propias de un elemento perteneciente a un cuerpo policial, o las correspondientes a un auxiliar de médico; de tal manera que, aun cuando éste tuviera el nombramiento de un elemento de seguridad, como afirma la demandada, el juicio laboral puede arrojar diverso resultado, esto es, que las funciones que desempeña actualmente son las que corresponden a un auxiliar de médico, lo que constituye el fondo de la cuestión principal planteada en el citado juicio.
"La Juez de Distrito argumentó, correctamente, que sirven de apoyo a los razonamientos de la autoridad responsable, los diversos criterios judiciales que invocó en la resolución incidental reclamada; registros IUS 200,632, 195,007 y 192,634. El primero de ellos, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 516, que dice: ‘COMPETENCIA. CONFLICTO EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. La procedencia de la acción intentada en los juicios laborales no puede fundamentar la declaración de incompetencia de los tribunales correspondientes, pues mientras ésta es una cuestión previa, los artículos 840, 841 y 842, de la Ley Federal del Trabajo, disponen que será hasta el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se aprecien las pruebas aportadas y se resuelva la controversia planteada; de ahí que hasta entonces será factible determinar de manera fundada y razonada si la acción ejercida es o no procedente, ya que ello depende de lo que se hubiere alegado y probado durante el procedimiento.’
"El segundo proviene del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, de la citada compilación, del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’
"El tercero de los mencionados fue sustentado por la mencionada Segunda Sala, consultable en la propia compilación, Tomo X, diciembre de 1999, página 337, cuyo texto es: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE SUS TITULARES. De conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 124-B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 13 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el conocimiento de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia encargada de la seguridad pública y aquellos trabajadores que desempeñen funciones de carácter administrativo, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que esas personas, al no realizar funciones de policía, no forman parte propiamente de los cuerpos de seguridad pública y, por ello, su relación no es de naturaleza administrativa, ni los conflictos relativos son de la competencia de los tribunales administrativos.’
"Por tanto, la resolución reclamada no infringe el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, el 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, ni el numeral 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
"Con base en lo anteriormente expuesto, es de concluir que en la especie no se infringen tampoco los diversos criterios judiciales invocados por la autoridad recurrente, de rubros: ‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.’, ‘CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS.’, ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.’ y ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS CONTRA LA DEPENDENCIA RELATIVA POR UN POLICÍA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.’
"En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, se impone confirmar la sentencia recurrida."
Según quedó asentado y como se desprende de la anterior transcripción, la cuestión jurídica planteada en el citado juicio de amparo en revisión, toca número 241/2011, es exactamente la que se plantea en este asunto, así como también idéntica cuestión jurídica fue materia del diverso juicio de amparo en revisión, toca número 448/2011, del índice de este propio Tribunal Colegiado, en el que emitió ejecutoria de fecha diez de noviembre del año dos mil once, siguiendo los mismos lineamientos; y advirtiendo que las consideraciones que sustentan las citadas ejecutorias dan respuesta exhaustiva a la litis de que se trata, se considera oportuno reiterarlas en todas sus partes, en obvio de repeticiones innecesarias.
Cabe precisar que, en relación con el mismo tema, este Primer Tribunal Colegiado sustentó la tesis emanada del diverso amparo en revisión 330/2010, registro IUS 162394, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1293, que dice: " Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la competencia para conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los miembros de los cuerpos policiacos corresponde a un Tribunal Administrativo, en virtud de que la relación que los une con las instituciones en las que prestan sus servicios es de naturaleza administrativa. Ahora bien, si la quejosa, aun cuando es miembro de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y su relación con esta dependencia es de naturaleza administrativa, reclama un acto netamente laboral, pues demandó la asignación, expedición, otorgamiento y formalización del nombramiento de base, de acuerdo con las actividades reales que desempeña, resulta inconcuso que dicho conflicto competencial debe resolverse de acuerdo con la naturaleza de la acción, sin atender a la relación sustancial existente entre las partes, toda vez que las actividades materialmente desarrolladas escapan al ámbito de las desempeñadas por los miembros de las corporaciones policiacas, en términos de la jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, de rubro: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’. Consecuentemente, el órgano encargado para conocer de la demanda planteada por aquélla lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pues es de su exclusiva competencia, al atender a la naturaleza de las prestaciones demandadas y no a la relación sustancial existente entre las partes."
En este contexto, se impone confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo y la protección de la Justicia Federal.
Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la autoridad y por los actos que reclamó su apoderada, licenciada **********, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y que aquí se dan por reproducidos.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Carlos L. Chowell Zepeda, José Ángel Hernández Huízar y F. Guillermo Baltazar Alvear, siendo ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 85, tercer párrafo, del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE SUS TITULARES." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 337.
1. "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; ..."
2. "Artículo 89. Los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por la naturaleza de su función y atendiendo a lo establecido en lo conducente por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo y se regirá por sus propias leyes."
3. "Artículo 56. Los miembros de los cuerpos de seguridad pública en el Estado y los Ayuntamientos, por la naturaleza de su función, y atendiendo a lo establecido en lo conducente por los artículos, 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoridad. Por tanto, su relación con la administración pública será de carácter administrativo, y se regirá por lo establecido por esta ley y los demás ordenamientos aplicables. En su relación administrativa serán empleados de confianza por lo que podrán ser removidos libremente de su cargo, si no cumplen con los requisitos que la normatividad vigente que en el momento de la remoción señale para permanecer en dichas instituciones, sin que, en ningún caso, proceda la reinstalación o restitución de la plaza, cargo o comisión, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa utilizado para combatir el acto. Tratándose de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean removidos de su cargo, se estará a lo dispuesto por el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23589-93173d92/cuerpos-de-seguridad-publica-si-las-prestaciones-reclamadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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