Corpus
Modo: Corpus Pro

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2014. · Registro digital (IUS): 25582
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-04-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1015.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 17 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO, ANTONIO CEJA OCHOA Y MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. PONENTE: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. SECRETARIA: CLAUDIA ELENA HURTADO DE MENDOZA GODÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito, en un tema que, por su naturaleza administrativa, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El artículo 227, fracción III,(2) de la ley de la materia, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226,(3) podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción la formula **********, abogado autorizado de los quejosos, quien tiene reconocido dicho carácter en los expedientes de amparo en revisión números 658/2011 y 168/2014, según se advierte de la lectura de los resultandos de tales sentencias,(4) por lo que, es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

Sobre el particular, se estima aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice textualmente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(5)

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 658/2011, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil doce, consideró lo siguiente:

"SEXTO. Estudio de los agravios. Los agravios que hacen valer los quejosos, son infundados en parte y en otra, fundados.

"En principio se atiende a la última parte de los argumentos expuestos por los inconformes, en el sentido de que en el particular se actualizó una violación procesal, al omitirse por el Juez de Distrito notificarles personalmente el acuerdo, a través del cual, se agregaron a los autos del juicio de amparo las constancias que integran el expediente administrativo 115/2011, que remitieron las autoridades responsables, para justificar su acto.

"En efecto, como lo afirman los inconformes, en el particular, el juzgador desatendió la esencia de su reclamo, pues un aspecto insoslayable, lo constituye, que los impetrantes de garantías acudieron a reclamar del secretario y del coordinador jurídico, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, la separación, remoción, baja o cese del servicio como policías, de manera injustificada, al argumentar que se les notificó verbalmente tal determinación.

"En consecuencia, si las autoridades en sus informes justificados manifestaron que no era cierto el acto reclamado; empero, que el quince de abril de dos mil once, se inició el procedimiento administrativo número 115/2011, en razón de que los impetrantes de garantías abandonaron el servicio sin dar explicación, lo que ocasionó la pérdida de confianza, es evidente, que al contarse con dicho expediente administrativo 115/2011, una vez remitido éste al juzgado por las autoridades responsables, a requerimiento expreso del a quo, lo conducente era hacer del conocimiento de los quejosos su contenido.

"Sin embargo, el juzgador emitió acuerdo de once de agosto de dos mil once, a través del cual, se limitó a agregar a los autos del juicio de garantías, las copias certificadas del procedimiento administrativo 115/2011, que le remitió la autoridad, sin ordenar la notificación del auto a los quejosos, con la intención de que fuera de su conocimiento y así estuvieran en condiciones de ampliar su demanda de garantías, si era su deseo realizarlo.

"No obstante, que en el particular prevalecía la manifestación de los quejosos, en el sentido de que habían sido separados de su cargo como Policías del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en razón de una notificación verbal por parte de la autoridad administrativa, lo que adujeron violentó las formalidades del procedimiento, por no existir mandamiento escrito de autoridad facultada para privarlos de sus derechos.

"Sin embargo, ningún sentido práctico tendría devolver los autos al Juez de Distrito para que notificara personalmente a los quejosos el auto, a través del cual, agregó al juicio de garantías el expediente administrativo 115/2011, toda vez que en sus agravios acuden a inconformarse con el contenido de dicho expediente, lo que hace posible que este Tribunal Colegiado, en plenitud de jurisdicción los atienda, a fin de salvaguardar la garantía de pronta expedición de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Lo anterior, en atención a que esencialmente los inconformes aducen, que el Juez de Distrito omitió atender la totalidad de sus conceptos de violación y que el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, carecía de competencia para emitir la resolución en la que determinó el cese y baja de, ********** y **********.

"En consecuencia, procede atender de manera conjunta los conceptos de violación expresados por los quejosos, en estrecha vinculación con los agravios y el contenido del expediente administrativo 115/2011.

"Los quejosos en su demanda de garantías, señalaron bajo protesta de decir verdad:

"1. Que **********, ingresó a laborar el ********** de ********** de ********** y que **********, ingresó el ********** de ********** de **********, para desempeñar la actividad de policías, con un salario quincenal de $********** (********** moneda nacional), más un bono anticorrupción de $********** (********** moneda nacional), que se les cubría los días quince de cada mes, además de $********** (********** moneda nacional), que se les cubría a finales de cada mes como prima de riesgo.

"Indicaron que en atención a la naturaleza administrativa de su relación con la secretaría, a la fecha de presentación de la demanda de garantías, no se les pagó ninguna liquidación por indemnización por el tiempo trabajado, con motivo de la baja en el empleo.

"2. Que el quince de abril de dos mil once, se les informó que el secretario de seguridad pública, había ordenado su separación del cargo.

"Los quejosos en sus conceptos de violación argumentaron:

"a) La restricción en sus garantías individuales, porque antes de ser privados de su trabajo, se les debió otorgar la garantía de audiencia, por una autoridad competente, en el que se siguieran las formalidades del procedimiento.

"b) Haber sido discriminados, lo que dijeron atentó contra su dignidad humana, al presentarlos como malos servidores públicos, al registrarse en su expediente administrativo que se lleva en la Secretaría de Coordinación Administrativa, así como en la Dirección de Recursos Humanos en el Municipio en que prestaban sus servicios.

"c) Se les impidió continuar dedicándose a su trabajo lícito, sin determinación judicial administrativa de autoridad competente, lo que aducen se les debe resarcir en cuanto al pago de su salario, con lo cual mencionan, se violaron las formalidades del procedimiento, al no existir el mandamiento escrito de autoridad competente, porque en cuanto a las autoridades ordenadoras en cuanto a nivel jerárquico, se refiere sólo está facultada para impartir órdenes de trabajo, empero, no para privarlos de sus derechos.

"Ahora bien, en atención a lo anterior, corresponde atender que obra agregado en copia certificada al juicio de garantías el expediente administrativo 115/2011, a fojas de la setenta y dos a la noventa y seis, al que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria según lo prevé el diverso ordinal 2o. de la Ley de Amparo.

"Del expediente administrativo 115/2011 se desprende, que el quince de abril de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, que indicó en el propio acuerdo ser competente para emitir tal determinación, con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 y 119 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 5, 27, fracción XIV, 70 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 5, 6 y 7 del Reglamento Orgánica de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León (sic); y, 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, ordenó el inicio del procedimiento administrativo seguido a ********** y **********, en atención al abandono de su servicio sin causa justificada, con lo que indicó, se motivó la pérdida de confianza, requisito de permanencia en la institución a todos los elementos que la componen.

"Acuerdo que ordenó notificar a los ahora quejosos, además de agregarse en el acuerdo que se ponían a disposición de aquéllos todos y cada uno de los documentos que integraban el expediente, otorgándoles el término de cinco días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del acuerdo, para que se presentaran en la oficina del secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, a contestar e informar con respecto a los hechos que motivaron el procedimiento, hicieran valer sus alegatos y rindieran las pruebas correspondientes para desvirtuarlos (fojas de la 72 a la 73 del juicio de garantías).

"Para mejor comprensión a continuación se digitaliza el acta administrativa antes descrita:

Ver acta administrativa digitalizada

"El secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, mediante acuerdo de once de abril de dos mil once, comisionó al licenciado Eliud Cantú Segovia, con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 y 119 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 5, 27, fracción XIV, 70, 71, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 5, 6, 7 y 18, último párrafo del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para ejercer las funciones de comisionado notificador y practicar todas las notificaciones ordenadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, en cumplimiento a los acuerdos y resoluciones emitidas por la oficina a su cargo (foja 74 del juicio de amparo).

Ver oficio de comisión digitalizado

"Aparecen agregados a los autos los instructivos de notificación a ********** y **********, realizadas por el licenciado Eliud Cantú Segovia, notificador comisionado, quien en ambas diligencias precisó haberlas entendido con las respectivas personas a quien acudió a notificar, el primero de ellos identificándose con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral y la segunda negándose a identificarse; constancia de notificación en la que se hizo constar que quienes las recibieron se negaron a firmar, lo que suscribió el notificador, con los testigos de asistencia (fojas de la 75 a la 78 del juicio de amparo).

"En acuerdo de veintiséis de abril de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, atendió al estado que guardaba el procedimiento administrativo 115/2011, y precisó que al haber transcurrido el plazo otorgado a ********** y **********, para que rindieran su contestación e informe, era el caso de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de quince de abril anterior, de ahí que correspondía tenerlos por no contestando e informando sobre los hechos que se les imputaron con motivo del procedimiento administrativo sancionador que se les sigue, y no ofreciendo medio de prueba tendiente a desvirtuar los hechos que se les imputaron, de ahí que se les declaró confesos en relación a lo asentado en los documentos integrantes del expediente administrativo y señaló las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día dos de mayo de dos mil once, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos (foja 79 del juicio de amparo).

"Mediante instructivos dirigidos a ********** y **********, se indicó acudir a notificarles el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil once, en el que se precisó, que al haber transcurrido el plazo otorgado a ********** y **********, para que rindieran su contestación e informe, era el caso de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de quince de abril anterior, de ahí que correspondía tenerlos por no contestando e informando sobre los hechos que se les imputaron con motivo del procedimiento administrativo sancionador que se les sigue, y no ofreciendo medio de prueba tendiente a desvirtuar los hechos que se les imputaron, de ahí que se les declaró confesos en relación a lo asentado en los documentos integrantes del expediente administrativo y señaló las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día dos de mayo de dos mil once, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, instructivos en los que se hizo constar que ********** y **********, se negaron a identificarse (fojas de la 80 a la 81 del juicio de amparo).

"A las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del cuatro de mayo de dos mil once, fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del expediente administrativo 115/2011, se hizo constar la incomparecencia de los elementos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 Bis 31, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, se dio inicio a la etapa de pruebas y alegatos, a la que se destacó no compareció representación alguna y en ese sentido se acordó tener por celebrada y concluida la audiencia (foja 82 del juicio de amparo).

"Del contenido del acuerdo elaborado el cuatro de mayo de dos mil once, fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, se notificó por el notificador comisionado a ********** y **********, apareciendo en el instructivo dirigido al primero de los citados, que él la recibió y que se identificó con credencial para votar; y, con respecto al instructivo dirigido a **********, se precisó que se entendió con ella la diligencia; empero, que se negó a identificarse (fojas 83 y 84 del juicio de amparo).

"De las diligencias de notificación, se aprecia que en el cuerpo del instructivo se precisó como acuerdo a notificar el de fecha cuatro de mayo de dos mil once, sin embargo, en la certificación de ambas notificaciones se precisó como acuerdo a notificar el de fecha diecisiete de mayo de dos mil once.

"El nueve de mayo de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, emitió acuerdo administrativo en el que resolvió el procedimiento administrativo 115/2011, instruido en contra de ********** y **********, en el que precisó los ordinales que dijo le otorgaban competencia para resolver el procedimiento administrativo, consistentes en los indicados en el acuerdo que dio inicio al procedimiento administrativo y concluyó con respecto a ********** y **********, declararlos confesando todo aquello asentado en la propuesta de remoción, al no haber rendido el informe sobre los hechos que se les imputaron, que por tal motivo y en consideración a que no afirmaron, ni negaron hecho alguno, de ello resultaba la falta de uno de los requisitos de permanencia en las instituciones policiales, de los elementos de policía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 Bis 9, fracción XII, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, de ahí que procedió a cesar y dar de baja de la corporación a los citados elementos y girar oficio al director de Recursos Humanos del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para el efecto de que recibieran la indemnización constitucional en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así quedaran garantizados sus derechos laborales (fojas de la 85 a la 88 del juicio de amparo).

"El notificador comisionado elaboró instructivos en los que indicó acudir a notificar el acuerdo de seis de mayo de dos mil once, dentro del procedimiento administrativo 115/2011; empero, en la certificación de la notificación que se señala se practicó a **********, se indicó se procedió a notificar el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil once, mientras que en la certificación que se asentó al final del instructivo dirigido a **********, se estableció se notificaba un acuerdo de quince de abril de dos mil once.

"Ahora bien, detallados los antecedentes del procedimiento administrativo 115/2011, seguido por el secretario de Seguridad Pública en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, corresponde indicar, que ciertamente como éste lo destacó en el acuerdo de quince de abril de dos mil once, en que dio apertura a dicho expediente, tiene competencia para conocer y tramitar procedimientos relacionados con elementos de esa corporación.

"Lo anterior, se advierte específicamente del artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, el cual establece, que para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública de dicho Municipio, una vez que tenga conocimiento de alguna infracción al citado reglamento, procederá a notificar al oficial que estime responsable, la falta que se le imputa y le citará a una diligencia en fecha y hora determinadas, en la que se producirán con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate, y se le dará oportunidad al propio interesado para que en su derecho de audiencia produzca su defensa y alegue a su favor lo que estime conveniente, diligencia que una vez concluida, se dictará la resolución que corresponda.

"Sin que pueda estimarse como lo aducen los quejosos, que tal ordinal es insuficiente para dotar al secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, de competencia para iniciar, tramitar y concluir los procedimientos correspondientes, por el hecho, de que el diverso artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, prevea en su segundo párrafo, que cualquier controversia interna que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios deberá ser atendida y resuelta por las unidades administrativas de asuntos internos, ello sea suficiente para considerar que la aludida autoridad carecía de competencia para iniciar, tramitar y resolver un procedimiento administrativo seguido a un elemento de la Policía de ese Municipio.

"Lo anterior se afirma, porque en el particular no se trata de una controversia interna que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios, sino, de un procedimiento seguido por el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a dos elementos de esa corporación, al considerar que cometieron una falta que debía sancionarse con su baja o cese.

"Más aún, que el primer párrafo del artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, expresamente indica, que las sanciones aplicadas a los servidores públicos, serían en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico.

"Luego, al ser el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el superior jerárquico de los quejosos, es evidente que se trataba de la autoridad competente, para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente.

"Sin embargo, un hecho insoslayable lo constituye, que el propio artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, establece que para la aplicación de las sanciones, debía otorgarse a los elementos de dicha corporación su derecho de audiencia para que produjeran su defensa y alegaran a su favor lo que estimaran conveniente.

"En ese sentido y al constituir la garantía de audiencia un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica otorgar al particular de manera previa a la privación de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, la seguridad jurídica de que ello será a través de un procedimiento seguido ante autoridad competente, en el que se sigan las formalidades esenciales, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo indispensable es que en el procedimiento seguido a los quejosos se hubieren satisfecho tales requisitos.

"Empero, el examen de las constancias que integran el procedimiento administrativo 115/2011, que les siguió la autoridad, deja en claro que no fueron seguidas las debidas formalidades, necesarias para arribar al pleno convencimiento de que conocieron de la tramitación del expediente seguido en su contra, y que contaron con la oportunidad de acudir a presentar sus correspondientes pruebas y alegatos a fin de ser escuchados en el trámite correspondiente, de manera previa a la resolución del asunto.

"En tales circunstancias, de no quedar fehacientemente acreditado que se otorgaron a los quejosos las oportunidades de defensa necesarias para hacer valer ante la autoridad que dio trámite al procedimiento que concluyó con su cese o baja como policías del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, las defensas legales conducentes, implica que se les privó de su trabajo sin seguirse las formalidades correspondientes en el procedimiento administrativo 115/2011.

"Por tanto, si del examen de las pruebas que aparecen integradas al juicio de amparo, lo que se desprende es que existen evidentes inconsistentes (sic) en los instructivos, a través de los cuales, se indica se hizo del conocimiento de los ahora quejosos el contenido del procedimiento administrativo 115/2011, ello es suficiente para considerar violadas las reglas fundamentales del procedimiento que debió seguirse previo a su cese o baja como policías.

"En el caso se advierte, que en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, atendió al estado que guardaba el procedimiento administrativo 115/2011, y precisó que al haber transcurrido el plazo otorgado a ********** y **********, para que rindieran su contestación e informe, era el caso de hacer efectivo el apercibimiento de tenerlos por no contestando e informando sobre los hechos que se les imputaron, ni ofreciendo medio de prueba tendiente a desvirtuar los hechos que se les imputaron, de ahí que se les declaró confesos y fue señalada fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

"Sin embargo, en los instructivos que aparecen agregados al juicio de amparo, no se advierte la notificación del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil once, sino, del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil once, el que si bien es coincidente en el contenido del emitido el veintiséis, para estimar que fueron colmadas las formalidades del procedimiento de citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos se requería la plena certeza de que se trataba del acuerdo de citación a la misma, lo que no ocurre en el particular, ante la falta de coincidencia en las fechas.

"Además con el instructivo que se acompañó al juicio, para justificar que se notificó a los quejosos el levantamiento de la audiencia, tampoco se acredita tal extremo, porque no obstante haberse indicado que el acuerdo a notificar se trataba del atinente al cuatro de mayo de dos mil once, en la certificación elaborada por el notificador, asentó de manera coincidente en ambos instructivos, tanto en el dirigido a ********** como **********, que el cinco de mayo de dos mil once, les notificó un acuerdo de diecisiete de mayo de ese año. Así, ante tal falta de coincidencia en cuanto a las fechas de los acuerdos notificados, que según se indicó se trataba de la notificación del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil once, implica una irregularidad en la elaboración de la notificación, suficiente para estimar que en el procedimiento administrativo no se siguieron las debidas formalidades del procedimiento.

"Lo que ocurrió de igual forma, con la notificación del acuerdo de nueve de mayo de dos mil once, en el cual el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, determinó cesar y dar de baja de la corporación a los elementos y girar oficio al director de Recursos Humanos del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para el efecto de que recibieran la indemnización constitucional, en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así quedaran garantizados sus derechos laborales.

"Así es, el notificador comisionado elaboró instructivos en los que indicó acudir a notificar el acuerdo de seis de mayo de dos mil once, dentro del procedimiento administrativo 115/2011, no obstante no advertirse la existencia de un acuerdo de esa fecha, sin embargo, el contenido del acuerdo inserto en el instructivo, coincide con el auto de nueve de mayo de dos mil once.

"Empero, tampoco puede estimarse como un mero error del notificador en la cita de la fecha del acuerdo a notificar, porque en las certificaciones que aparecen al calce de cada uno de los instructivos, dirigidos a los quejosos, se advierte que en la certificación de la notificación que se señala se practicó a **********, se aludió se acudía a notificar un acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil once, mientras que en el instructivo dirigido a **********, se estableció en la certificación que se notificaba un acuerdo de quince de abril de dos mil once.

"Luego, las reiteradas inconsistencias en las notificaciones practicadas en el procedimiento administrativo que concluyó con el cese y baja de los elementos de la policía del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, ahora quejosos, se trastocaron las garantías de audiencia y seguridad jurídica contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La garantía de audiencia, constituye la obligación de seguir el debido proceso con las formalidades correspondientes, para dar al particular la oportunidad de ofrecer las pruebas y realizar las alegaciones que resulten pertinentes, en esa medida, lo conducente es conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se reponga el procedimiento administrativo 115/2011, y se les notifique a partir del acuerdo de quince de abril de dos mil once, para otorgarles la oportunidad de acudir ante el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a hacer valer las defensas que a su derecho correspondan.

"Lo anterior, en atención a que el procedimiento administrativo 115/2011, se siguió sin atender las debidas formalidades del procedimiento establecidas en el propio artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, que prevé la necesidad de notificar al oficial que se estime responsable de una falta, la que se le impute, y el derecho a que se le cite a una diligencia en fecha y hora determinadas, en la que se producirán con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate y se le otorgue la oportunidad de tener el correspondiente derecho de audiencia para que produzca y alegue su defensa, y ya realizada tal audiencia con las precisadas formalidades, se dicte la resolución correspondiente.

"Lo que inclusi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25582-ec8c16f7/comision-de-honor-y-justicia-de-los-cuerpos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.