SEGURIDAD SOCIAL. ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO QUE TALES PRERROGATIVAS SE PREVEAN A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ORDENAMIENTOS DIVERSOS A LOS MATERIAL Y FORMALMENTE LEGISLATIVOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS BERNARDINO CARMONA LEÓN (PRESIDENTE), SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO, GUILLERMO NÚÑEZ LOYO Y MANUEL MUÑOZ BASTIDA. PONENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. SECRETARIA: PRISCILA ANDREA REZA VALADEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General Número 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, lo anterior en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por una de las Magistradas integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano que emitió uno de los criterios contendientes en esta contradicción.
TERCERO.—En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción denunciada, en virtud de constituir un presupuesto necesario para estar en posibilidad de fijar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Para lo anterior, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas de los casos que los generaron no sean iguales, ya que las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo secundarias; lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
La determinación anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página 7, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De la jurisprudencia invocada se aprecia que para que exista contradicción es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, esto es, que haya discrepancia entre ellos, lo cual puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos.
Asimismo, en términos de la jurisprudencia citada, para que se actualice la contradicción se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, cumplan con los siguientes supuestos:
1. Examinen hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y
2. Lleguen a conclusiones opuestas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, habrá contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos requisitos señalados, sin que sea obstáculo para su existencia que las determinaciones jurídicas adoptadas sobre un mismo punto de derecho, no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los comprendan, esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Ahora bien, con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada es conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que no sólo se circunscriben (sic) en las que, al efecto, fueron informadas en el oficio de denuncia, sino en todas aquellas que fueron referidas por los órganos jurisdiccionales en controversia, en sus respectivos informes, a efectos de confirmar que el criterio cuya contradicción se denuncia sigue vigente.
Primer Tribunal Colegiado
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil catorce, resolvió el amparo directo **********, de la siguiente manera:
"Por su parte, y después de calificar como fundados los agravios de la autoridad enjuiciada, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, revocar el fallo de invalidez impugnado; estimar que era ocioso analizar los agravios de la actora; reasumir la jurisdicción para resolver la litis de nulidad; sobreseer en el juicio administrativo respecto de la autoridad recurrente mencionada; y considerar que era procedente dicho juicio y existente la negativa ficta impugnada al jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, en el considerando VIII de la sentencia aquí reclamada, la responsable declaró la nulidad del referido acto combatido, por las siguientes razones:
"A) Que en el escrito de petición de la actora, origen de la negativa ficta, aquélla solicitó el incremento de su pensión por jubilación, en términos del artículo 30 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco (sic), empero la enjuiciada negó esa pretensión, aduciendo básicamente que la aquí quejosa solamente contaba con ********** años, ********** mes y ********** días laborados efectivamente, de acuerdo con la constancia expedida el cuatro de febrero de dos mil trece, por lo que con ello era acreedora a una pensión del 60%, de conformidad con lo previsto en el diverso 31 del manual en cita.
"B) Que lo anterior no era válido para negar el incremento de pensión solicitado, porque el 60% otorgado no era acorde con los años de servicio prestados por la actora a la institución policial.
"C) Que la fecha de ingreso de la actora al Cuerpo de Guardias de Seguridad, según confesión de la enjuiciada, fue el **********, lo que se corroboraba con la copia certificada de la constancia de **********, emitida por el subdirector de Nóminas y Prestaciones Sociales del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
"D) Que aun cuando no obraba en los autos de invalidez alguna constancia que acreditara la fecha de baja de la corporación de la actora, de la referida constancia de **********, desprendió que aquélla estaba incapacitada desde el ********** (sic), con el grado de oficial ‘C’, con una edad de sesenta años y un haber promedio diario de **********; por lo que del ********** hasta ********** (sic), la actora estuvo incapacitada ********** años, en el último de los cuales solicitó su pensión por jubilación, lo que significaba que el tiempo efectivo laborado, de acuerdo con el artículo 30 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, fue de aproximadamente ********** años, y no como lo arguyó la actora, porque los ********** años que estuvo incapacitada, que fueron corroborados por la propia actora en su ampliación de demanda de invalidez, no prestó servicios a la corporación desde el **********.
"E) Que el artículo 30 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, exigía considerar para efectos de conceder una pensión por jubilación al personal operativo y administrativo de la corporación: los años de servicio efectivos (mínimo veinte); la edad del elemento (cuarenta y cinco años cumplidos); y el último haber percibido.
"F) Que no fue un hecho debatido la edad de la solicitante de la pensión, como sí lo fue el porcentaje de pensión otorgado (60%) con base en los años de servicio, siendo que lo anterior podía dirimirse con los porcentajes establecidos, con base en un rango de años de servicio efectivamente computados y prestados a la institución, del diverso 31 del manual en comento.
"G) Que si la demandada confesó que la actora ingresó al Cuerpo de Guardias el **********, y que hasta el ********** se incapacitó, entonces ello resultaba en que tal elemento prestó servicios a la corporación durante ********** años aproximadamente (sin que la autoridad enjuiciada argumentara que los años de servicio fueron indebidamente computados, y que, por ende, deba concederse un porcentaje de pensión menor a la actora), por lo que llegó a la convicción de que sí era procedente incrementar la pensión por jubilación de la actora a un 84%, de acuerdo con el artículo 31 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco; de ahí que fuera ilegal la negativa ficta impugnada.
"H) Que de acuerdo con el comprobante de nómina exhibido como anexo en la demanda de nulidad, el último cargo que ostentó la actora lo fue el de oficial ‘C’, con sueldo base de ********** quincenales, y esta cantidad debía considerarse por la autoridad al momento de efectuar el cálculo de la pensión por jubilación pretendida.
"...
"J) Que por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 274, fracción IV y 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo procedente era declarar la invalidez de la negativa ficta impugnada, por cuanto al incremento de pensión por jubilación de la actora, porque los años de servicio que aquélla prestó (veintiséis) fueron más que los reconocidos por la demandada y, de acuerdo con ello, y con los diversos 30 y 31 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, lo procedente era otorgarle una pensión por jubilación equivalente al 84%.
"Mientras que en el considerando X del fallo reclamado, la sección ad quem para restituir el derecho de la actora y con fundamento en el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ordenó al jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación de esa sentencia, incrementara la pensión por jubilación de la actora, a razón de 84%, considerando tanto el último haber percibido como elemento activo de la corporación, es decir, que su último cargo fue el de oficial ‘C’, con sueldo base de ********** quincenales, como los incrementos recibidos por el personal activo de la institución, de acuerdo con el Manual de Seguridad Social multicitado, siendo evidente que no ordenó el pago retroactivo.
"Ahora bien, las consideraciones previamente reseñadas son inconstitucionales, atendiendo a que resultan fundados y suficientes los conceptos de violación previamente sintetizados, suplidos en su deficiencia.
"Se afirma lo anterior, debido a que el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, denominación correcta, según el ejemplar impreso que obra en las copias certificadas del juicio administrativo ********** del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que fueron remitidas por el tribunal responsable, no es un acto formal y materialmente legislativo emanado de la actividad propia de la Legislatura Estatal, que, por tanto, no puede establecer las modalidades a las que se sujetarán las prestaciones y servicios de seguridad social de los elementos integrantes del referido cuerpo policiaco, como enseguida se verá.
"Para demostrar la aseveración anterior, se estima oportuno tener presente que con motivo de la resolución de diversos asuntos en los que se impugnó el artículo 5o. del Reglamento de la Policía Federal de Caminos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 78/99, publicada en la página 235, Tomo X, en julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE DICHA CORPORACIÓN, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE VIOLA LA FRACCIÓN XIII APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)
"En la ejecutoria relativa al amparo en revisión 313/99, que constituye uno de los precedentes que integraron la jurisprudencia transcrita, en la parte conducente se consideró lo que a continuación se transcribe:
"‘CONSIDERANDO:
"‘...
"‘QUINTO.—Diverso tratamiento amerita el artículo 5o. del reglamento combatido, en atención a lo siguiente:
"‘Asiste razón al quejoso en lo que se refiere al artículo 5o. a (sic) comento.
"‘Ciertamente, este precepto reglamentario no requiere de acto alguno posterior de autoridad para que incida en la esfera jurídica de sus destinatarios, por ser de carácter autoaplicativo.
"‘Según la transcripción que se hizo en el considerando tercero de esta sentencia, tal precepto se refiere al tipo de disciplina que debe regir a la corporación denominada Policía Federal de Caminos, así como a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de seguridad social de que deben disfrutar los miembros de la corporación denominada Policía Federal de Caminos, y a las disposiciones que les deben ser aplicadas, estableciendo al respecto que les serán aplicables las disposiciones de ese reglamento.
"‘Por otro lado, como ya se indicó, el quejoso recurrente acreditó pertenecer a la corporación denominada Policía Federal de Caminos y como a dicha corporación va dirigido el reglamento que se impugna, en esa virtud, opuestamente a lo que consideran las autoridades responsables, el quejoso sí demuestra la aplicación del precepto que se reclama por su sola expedición y así, no opera la causal de sobreseimiento que consideró aplicable el Juez de Distrito, pues tan luego entró en vigor el referido precepto, le resulta aplicable al quejoso recurrente.
"‘...
"‘SEXTO.—En sus conceptos de violación, entre otras consideraciones, el quejoso recurrente esencialmente aduce:
"‘...
"‘Los conceptos de violación antes sintetizados son esencialmente fundados, en cuanto al artículo 5o. del reglamento impugnado al sujetarlo a un régimen especial como miembro de la corporación denominada Policía Federal de Caminos.
"‘En efecto, el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"‘«Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"‘«El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"‘«...
"‘«B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"‘«...
"‘«XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal de servicio exterior, se regirán por sus propias leyes;
"‘«El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.»
"‘El artículo 5o. del reglamento de la Policía Federal, ya reproducido, resulta violatorio de lo dispuesto en la referida fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, en función de que éste dispone que el régimen al que se sujetarán los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior debe estar establecido en una ley y no en un reglamento como el combatido. Ciertamente, el Poder Revisor de la Constitución estableció que las relaciones entre el Estado y los cuerpos de seguridad pública, dentro de los que naturalmente se encuentra la Policía Federal de Caminos, se regirán por sus propias leyes, lo que debe entenderse en sentido estricto, esto es como un acto formal materialmente legislativo, emanado de la actividad propia del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados. Así, sólo a través de una ley se pueden establecer las modalidades a las que se sujetará la prestación de los servicios por los miembros de los cuerpos de seguridad pública, como los pertenecientes a la Policía Federal de Caminos.
"‘La anterior interpretación se ve corroborada por lo dispuesto a nivel federal por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: (se transcribe).
"‘El precepto anteriormente transcrito al establecer a nivel federal el procedimiento legislativo, reserva el nombre de ley al acto resultante del mismo, por lo que sólo el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, a nivel local, estarán facultadas para establecer el régimen especial al que se sujetarán, entre otros, los cuerpos de seguridad pública, y no a través de un reglamento, como el que se impugna expedido por el presidente de la República.
"‘Para el caso de miembros de seguridad pública el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental establece un régimen especial y fuera del ámbito laboral. Al referirse, el Poder Revisor de la Constitución, a que «se regirán por sus propias leyes», está creando para las relaciones derivadas por la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado, un status jurídico diverso laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa. Así lo ha considerado el Pleno de esta Suprema Corte al aprobar la tesis visible en la página 43 del Tomo I, Primera Parte-1 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federal (sic) y la número 24/1995, publicada en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación (sic) (Novena Época) en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y tres, que dicen:
"‘«POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.» (se transcribe)
"‘«POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.» (se transcribe)
"‘Siguiendo con esta línea interpretativa, esta Segunda Sala ha resuelto diversos conflictos competenciales en los que policías de diversas corporaciones han demandado su reinstalación, resolviendo entonces competente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, dado que el vínculo que unió al Estado con los policías actores, como miembros de un cuerpo de seguridad pública, no es de orden laboral, sino de naturaleza administrativa, por lo cual no se pueden considerar trabajadores para los efectos apuntados, como se evidencia en la tesis jurisprudencial 77/95 de esta Sala, publicada en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación (sic) (Novena Época), en el mes de diciembre, página doscientos noventa, que a la letra dice:
"‘«COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.» (se transcribe)
"‘No obstante que las tesis antes reproducidas no contemplan exactamente la hipótesis de los policías dependientes de la Policía Federal de Caminos resultan aplicables, por analogía, a la luz de que este vínculo resulta ser idéntico al existente entre los policías municipales y los judiciales del Estado de México, dado que la base constitucional y legal de la naturaleza de la relación es la misma, como se indica en este considerando.
"‘En efecto, los criterios jurisprudenciales antes reproducidos no vienen sino a ratificar la naturaleza del vínculo que une a los cuerpos de seguridad con el Estado, reiterando su carácter administrativo. De esta forma debe ser a través de un acto formal y materialmente legislativo que se establezcan las modalidades a las que se sujetará la relación entre los mismos de la Policía Federal de Caminos y el Estado y no a través de un reglamento como el que ahora se impugna, por lo que se estima fundado el concepto de violación estudiado.
"‘Este criterio lo ha sostenido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CLXII/98, publicada en la página 438, Tomo VIII, diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación (sic), que dice:
"‘«POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE DICHA CORPORACIÓN, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE VIOLA LA FRACCIÓN XIII APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.» (se transcribe)
"‘Al resultar fundado el concepto de violación que se analiza, lo procedente es modificar la sentencia recurrida, confirmar el sobreseimiento por lo que hace a los artículos 1o., 6o., 42, segundo y último párrafos, y 43, segundo párrafo, del Reglamento de la Policía Federal de Caminos, levantar el sobreseimiento y decretar que se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que hace al artículo 5o. del mismo reglamento, expedido por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, siendo innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación en virtud de que dicho estudio no podría traer aparejada una mayor protección al peticionario de garantías como lo establecen las tesis que se reproducen enseguida con sus datos de identificación.’
"Como puede advertirse, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País determinó que el artículo 5o. del Reglamento de la Policía Federal de Caminos es violatorio de lo dispuesto en la fracción XIII del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, al haber sido expedido por el presidente de la República, no obstante que en atención al contenido de dicho numeral los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior ‘se regirán por sus propias leyes’, lo que debe entenderse en sentido estricto, esto es, a través de un acto formal y materialmente legislativo, emanado de la actividad propia del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados.
"Lo que permite colegir que sólo a través de una ley en sentido estricto se pueden establecer las modalidades a las que se sujetará la prestación de los servicios por los miembros de los cuerpos de seguridad.
"Sin que pase inadvertido para este tribunal que la fracción XIII del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, interpretada en la ejecutoria en comento, corresponde a la vigente en mil novecientos noventa y ocho, que fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y posteriormente el dieciocho de junio de dos mil ocho.
"Sin embargo, dichas reformas sólo agregaron otras autoridades en la fracción XIII, conservando la disposición en el sentido de que se regirían por sus propias leyes, que fue lo interpretado en la ejecutoria en comento.
"Así es, en mil novecientos noventa y ocho, la fracción XIII del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional estaba redactada de la siguiente forma:
"‘XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes.’
"Con la reforma de mil novecientos noventa y nueve en cita, el numeral en comento quedó en los siguientes términos:
"‘XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.’
"Mientras que con la diversa reforma de dos mil ocho quedó el siguiente texto vigente:
"‘XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.’
"De la comparación entre los tres textos se advierte que la reforma de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve agregó a los agentes del Ministerio Público y cambió la denominación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública a miembros de instituciones policiales, mientras que la diversa de dieciocho de junio de dos mil ocho aumentó a los peritos, pero conservó la previsión en el sentido de que tales servidores se regirán por sus propias leyes que, se reitera, fue lo interpretado en la ejecutoria de que se trata.
"La precisión anterior obedece a que el Manual de Seguridad Social el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Te
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29639-2f03eb88/seguridad-social-es-constitucionalmente-valido-que-tales-prerrogativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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