ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO. LES ES INAPLICABLE EL REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES MUNICIPAL, AL SER SU RELACIÓN CON AQUÉL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y NO LABORAL.
AMPARO DIRECTO 112/2022. 18 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS NAVA GARNICA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADA. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio. Los anteriores motivos de desacuerdo son ineficaces.
Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los amparos en revisión 7/2021, 84/2021 y 27/2021, respectivamente, en sesiones de veintinueve de abril, diecisiete y veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, determinó que el multicitado reglamento no es aplicable a los elementos adscritos a una corporación policiaca.
En las ejecutorias dictadas en esos procedimientos, este órgano jurisdiccional explicó que, de ordinario, los elementos integrantes de los cuerpos de seguridad pública de todos los niveles de gobierno (federal, local y municipal) están excluidos del régimen laboral, según lo mandatan los artículos 123, apartado B, fracción XIII, constitucional; 8, primer párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato y 61 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, los cuales dicen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
"...
"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
"Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
"Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones."
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato
"Artículo 8. Quedan excluidos del régimen de esta ley los miembros de las policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza, pero tendrán derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato
"Artículo 61. Las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley, la reglamentaria del artículo 21 constitucional y demás disposiciones jurídicas aplicables."
En los fallos en comento se dijo que aun cuando ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito que debe equipararse a una relación laboral la existente entre el Estado y sus empleados, esa equiparación no comprende a todos los servidores públicos, pues la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional excluye a los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para quienes la relación es de orden administrativo y, por consecuencia, se rige por las disposiciones administrativas que les correspondan, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/95, consultable a foja 43 del Tomo II, septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 200322, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."
Con base en esas premisas jurídicas, este Tribunal Colegiado de Circuito aseveró que los elementos policiacos de Celaya, Guanajuato, no son trabajadores o empleados municipales, por lo que no les es aplicable el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Lo anterior tomando en cuenta que en términos del numeral 1 de dicho cuerpo reglamentario, los beneficios a los que se alude deben otorgarse a los "empleados" de la administración municipal, lo cual hace patente que tal ordenamiento tiene un ámbito específico de aplicación que tácitamente excluye a los elementos policiacos, habida cuenta que la relación que los une con el Municipio es de naturaleza administrativa; de tal suerte que no se les puede considerar como "empleados".
Dentro de las ejecutorias en comentario se precisó que lo previamente razonado no significa desconocer ni hacer nugatorio el derecho fundamental a la seguridad social; que tanto la Carta Magna (en la propia fracción XIII del apartado B de su artículo 123) como las legislaciones secundarias (por ejemplo, el numeral 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato), otorgan a los miembros de las corporaciones de seguridad pública.
Más bien, se añadió, debe precisarse que dicho derecho fundamental tiene que configurarse de manera particular en las normas que se expidan para regular el régimen especial que constitucionalmente se prevé para los elementos policiacos, lo que de suyo excluye la posibilidad de que les sean aplicables disposiciones que surgen y tienden a regular las relaciones de índole laboral existentes entre el Estado y sus empleados o trabajadores, como en el caso sucede con el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis XVI.1o.A.5 A (11a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO. EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO RELATIVO ES INAPLICABLE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL SER SU RELACIÓN CON AQUÉL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y NO LABORAL.
"Hechos: Los recurrentes solicitaron pensión por jubilación al Municipio de Celaya, Guanajuato, quien se negó a otorgárselas, argumentando que al ser elementos de seguridad pública, su relación con el Municipio es administrativa y no laboral y, por tanto, no se rigen por el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores local. Inconformes, promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 10 de dicho reglamento y de su acto de aplicación.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que a los elementos de seguridad pública del Municipio de Celaya, Guanajuato, les es inaplicable el artículo 10 del reglamento citado, porque no se les puede considerar como trabajadores, pues su relación con el Municipio es de carácter administrativo.
"Justificación: Lo anterior, porque los elementos de los cuerpos de seguridad pública de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) están excluidos del régimen laboral, conforme a los artículos 123, apartado B, fracción XIII, constitucional; 8, primer párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y 61 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, ambas del Estado de Guanajuato; y si bien es cierto que debe equipararse a una relación laboral la existente entre el Estado y sus empleados, lo cierto es que no comprende a todos los servidores públicos, pues la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución General excluye a los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para quienes la relación es de orden administrativo y, por consecuencia, se rige por las disposiciones que les correspondan. De ahí que a los quejosos, al no tener la calidad de trabajadores del Municipio –conforme a la noción de una relación ordinaria laboral–, les es inaplicable el artículo 10 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato. Máxime que en términos del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si el solicitante de la pensión por jubilación es un miembro de seguridad pública municipal, tiene derecho a prestaciones en materia de seguridad social, derivado del convenio que ese Municipio suscribió con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que, en su caso, pueden acudir ante ese organismo a reclamar su pensión."
En el caso concreto, como bien lo señaló la autoridad responsable, no existe controversia respecto a que la actora ********** forma parte de la policía municipal de Celaya, Guanajuato y, con base en dicho carácter, solicitó una pensión permanente parcial por riesgo de trabajo, de conformidad con el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Por lo anterior, resulta ineficaz el argumento que aduce la quejosa en el sentido de que la sentencia reclamada es incongruente ya que, por un lado, resolvió que es acertada la nulidad del oficio OMDP/0868/2019, de once de diciembre de dos mil diecinueve, por carecer el director de Personal de las facultades para resolver en definitiva sobre la solicitud la pensión por riesgo de trabajo que la actora en su carácter de policía municipal solicitó y ordena que sea turnada al Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato para tal efecto, por ser la autoridad que conforme al artículo 52 del Reglamento Interior de Trabajo para los Trabajadores al Servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, tiene competencia para ello y, por otro, determina que es improcedente la petición, ya que a la solicitante no le resulta aplicable el contenido del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, con base en el cual se efectuó la solicitud.
Esto es así, ya que el hecho de que se haya ordenado turnar la solicitud de la actora, aquí quejosa, al Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, para que sea quien resuelva en definitiva sobre la solicitud de pensión de mérito, no implica que se le reconozca algún beneficio derivado del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, sólo que sea aquella quien deba resolver.
Así, contrariamente a lo que sustenta la quejosa en los conceptos de violación, no tiene derecho a los beneficios derivados del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores del Municipio de Celaya, Guanajuato, puesto que éste sólo es aplicable a los trabajadores o empleados municipales, mas no a miembros de las instituciones policiales, para quienes la relación es de orden administrativo y, por consecuencia, se rige por las disposiciones administrativas que les correspondan; de ahí que sean ineficaces aquéllos.
Ante lo ineficaz de los conceptos de violación y sin que le beneficie la cita de los criterios jurisprudenciales que cita, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra la sentencia de quince de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de reclamación 352/20 PL, de su índice.
Notifíquese; anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción III, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.
Así, por unanimidad de votos y sin discusión lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Jorge Humberto Benítez Pimienta, así como por el licenciado Juan Carlos Nava Garnica, secretario en funciones de Magistrado en términos del artículo 26, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, siendo presidente el primero y ponente el tercero de los mencionados, quienes conforme a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo firman con el secretario de Acuerdos Saúl Silvestre Ángel Godínez, que autoriza y da fe.
En términos de los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis aislada XVI.1o.A.5 A (11a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de julio de 2022 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 15, Tomo V, julio de 2022, página 4587, con número de registro digital: 2024966.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31453-98788d5c/elementos-de-seguridad-publica-del-municipio-de-celaya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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