SEGURIDAD SOCIAL. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR A SUS EMPLEADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN AQUELLA MATERIA, PROPORCIONANDO LAS PRESTACIONES RELATIVAS POR SÍ O MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO GONZÁLEZ CHÁVEZ, ÁNGEL MICHEL SÁNCHEZ, ERUBIEL ERNESTO GUTIÉRREZ CASTILLO, CELESTINO MIRANDA VÁZQUEZ, SERAFÍN SALAZAR JIMÉNEZ Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ÁNGEL MICHEL SÁNCHEZ. SECRETARIA: CLAUDIA CHÁVEZ RAMÍREZ.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, correspondiente a la segunda sesión ordinaria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve.
VISTO, para resolver, la contradicción de tesis 1/2019; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escrito presentado el dos de enero de dos mil diecinueve, ante el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia de Trabajo de este Circuito Judicial, con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo), con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y, en el artículo 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al resolver los amparos directos laborales 347/2017 y 179/2018; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio Circuito, al resolver los amparos directos laborales 269/2018 y 411/2018 (criterio, que también se había sostenido en las ejecutorias de los amparos directos 706/2017, 1054/2017, 907/2017, 1030/2017 y 117/2018, del órgano jurisdiccional aludido en segundo término).
La posible contradicción de criterios se ha expuesto por el Magistrado denunciante, en los siguientes términos:
"El análisis de las ejecutorias mencionadas presenta elementos comunes, a saber: 1. En todos los asuntos involucrados, los quejosos son trabajadores municipales que demandaron a los Ayuntamientos una acción principal, ya sea indemnización constitucional o reinstalación.—2. En todos los casos se exigieron de manera secundaria prestaciones de seguridad social, ya sea exhibición y entrega de constancias; pago de cuotas o inscripción retroactiva a los Institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como a la administradora de fondo para el retiro (salvo en los juicios de amparo directo 907/2017 y 117/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado, pues los actores simplemente exigieron la inscripción retroactiva al régimen de seguridad social correspondiente sin precisar cuál).—3. En todos los asuntos, el tribunal responsable absolvió a los demandados de las prestaciones de seguridad social reclamadas, pues, desde su perspectiva, conforme al artículo 13, fracción V, de la Ley del Seguro Social, los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas de la Federación, entidades federativas y Municipios, voluntariamente pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, y para ello es necesario la firma de un convenio entre el Municipio y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se establezcan las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento; de lo que derivó que mientras el Ayuntamiento demandado no firme el referido convenio, no es un sujeto del régimen obligatorio de aseguramiento, ya que no se trata de un patrón ordinario, aunado a que de autos no se desprende que la actora haya ofrecido como prueba el convenio que se requiere para que el Ayuntamiento demandado sea sujeto de aseguramiento.—4. A pesar de basarse en los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados contendientes llegan a conclusiones distintas, pues el Primer Tribunal Colegiado (con el voto concurrente de uno de sus integrantes) concluye que es legal la actuación de la autoridad responsable de absolver de las prestaciones de seguridad social reclamadas, pues en términos del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, los trabajadores al servicio de los Municipios sí pueden ser sujetos del régimen obligatorio, siempre y cuando exista un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en el caso, no existe constancia del convenio celebrado entre el Ayuntamiento demandado y el referido instituto.—Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado determina que el actuar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje es ilegal, pues el Municipio demandado no tiene una facultad discrecional sino un imperativo legal que lo obliga a otorgar a sus trabajadores la seguridad social por medio de terceros mediante la suscripción de un convenio, al tratarse de un derecho humano, y si bien no se advierte la existencia de la firma de un convenio por parte del Ayuntamiento demandado, lo cierto es que ello no puede ser obstáculo para el ejercicio del derecho fundamental de que se trata, dado que el Municipio no puede quedar exento de la obligación constitucional de inscribir a sus trabajadores a una institución de seguridad social, en franco detrimento de sus derechos humanos.—Tales posturas dan lugar a la formulación de varias preguntas genuinas, que pudieran ser susceptibles de responderse con motivo de la solución a la oposición de criterios, es decir, podrían constituir la materia de la contradicción, a saber: ¿Los trabajadores municipales tienen derecho a las prestaciones de seguridad social contenidas en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, o apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?—¿El derecho de los trabajadores municipales a las prestaciones de seguridad social debe condicionarse a la existencia de convenios suscritos por el Municipio con instituciones de seguridad social?—¿Es una facultad discrecional del Municipio celebrar convenios con las distintas instituciones de seguridad social (federales o locales), para el otorgamiento de prestaciones de seguridad social a sus trabajadores? ... ."
SEGUNDO.—Por auto dictado el tres de enero de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, registró y admitió a trámite la contradicción de tesis con el número PC38.XVI.T.1.2019.C. (fojas 120 a la 122); en el mismo proveído se solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito que remitiera en versión digitalizada y en copias certificadas las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo 269/2018, 411/2018, 706/2017, 1054/2017, 907/2017, 1030/2017 y 117/2018 de su índice, así como la versión digitalizada del proveído en el que informaría, si el criterio sustentado en dichos asuntos, se encontraba vigente, o en su defecto, la causa para tenerlo por superado o abandonado; además, se estableció que, como ya constaban en autos las copias certificadas y las versiones digitalizadas de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo 347/2017 y 179/2018, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, resultaba innecesario requerirlo respecto del envío de tales constancias; asimismo, se ordenó que se informara de la radicación y admisión del asunto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que además, se notificaría por lista y por oficio a los tribunales contendientes.
TERCERO.—Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 420 a la 422), el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, tuvo al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, dando cumplimiento al requerimiento realizado e informando que el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional en los juicios de amparo directo 269/2018, 411/2018, 706/2017, 1054/2017, 907/2017, 1030/2017 y 117/2018, a la fecha, seguía vigente (cuatro de enero de dos mil diecinueve).
CUARTO.—Asimismo, por proveído de veintidós del mismo mes y año (foja 434), el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, tuvo al secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la encargada de despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que de la consulta realizada al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes por resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna relacionada con el tema a dilucidar en el presente asunto, a saber: "LOS TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA TIENEN DERECHO A LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, O ESE DERECHO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LOS MUNICIPIOS CELEBREN CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."
QUINTO.—Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 439), el presidente del Pleno del Decimosexto Circuito acordó turnar el presente asunto al Magistrado Angel Michel Sánchez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de los Acuerdos Generales, 8/2015 y 52/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre del año dos mil quince; a virtud, de que se trata de la posible contradicción entre criterios que se sustentaron en dos Tribunales Colegiados de este Circuito, que por razón de la materia de trabajo, son competencia de este Pleno del Decimosexto Circuito en Materia de Trabajo.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue promovida por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en donde sustentó uno de los criterios denunciados como opositor.
TERCERO.—Contendientes. Los criterios denunciados corresponden a las resoluciones dictadas tanto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en las ejecutorias de los amparos directos 347/2017 y 179/2018, como el que se sostuvo por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio Circuito, al resolver los amparos directos laborales 269/2018 y 411/2018 (y otros, 706/2017, 1054/2017, 907/2017, 1030/2017 y 117/2018).
Previo al estudio de la existencia o no de la contradicción denunciada, es oportuno enunciar las consideraciones en que se apoyan los criterios que fueron sostenidos por los Tribunales del Circuito aquí en contienda.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito sostuvo lo siguiente:
En el amparo directo 347/2017, resuelto el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, estableció, que:
"Respecto a la entrega de constancias de las aportaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, administradora de fondos para el retiro e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correctamente la responsable absolvió al demandado del cumplimiento de esa prestación, porque, de conformidad con el artículo 13(1) de la Ley del Seguro Social, los trabajadores al servicio de los Municipios sí pueden ser sujetos del régimen obligatorio, siempre y cuando exista un convenio con dicho instituto, pero en el caso, no existe constancia en autos de que exista ese convenio entre el Ayuntamiento demandado y el primer instituto indicado, por lo cual, no hay elementos para hacer la condena relativa.—Es aplicable la tesis aislada P. XI/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘SEGURO SOCIAL. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN ES DE NATURALEZA FEDERAL Y NO GENERAL.—Si se tiene en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no habilita expresamente al Congreso de la Unión para que al expedir la Ley del Seguro Social distribuya competencias entre la Federación, los Estados y los Municipios, por lo que su ámbito material de validez no trasciende del que corresponde a la Federación, es indudable que la Ley del Seguro Social es una normativa estrictamente federal que no participa de la naturaleza de una ley general, integrante del orden jurídico superior, en términos de la tesis P. VII/2007 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.». No obsta a lo anterior que la Ley del Seguro Social en su artículo 3o. establezca que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades tanto federales como locales, ya que la aplicación de esa normativa por las autoridades administrativas estatales, en atención a la fracción VII del artículo 116 constitucional, está condicionada a la celebración de los convenios mencionados en los artículos 13, 89 y 251, fracciones XXIII y XXXII, de la citada ley federal, a diferencia de lo que sucede con las referidas leyes generales, las que por su propia naturaleza y su diverso ámbito material de validez son aplicadas, regularmente, por autoridades diversas a las federales sin necesidad de convenio alguno.’(2) (lo resaltado es de este tribunal).—También es aplicable, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 100/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.—Los trabajadores que prestan sus servicios para la administración pública municipal en cualquier entidad de la República Mexicana, no tienen derecho a ser incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el simple hecho de que exista relación de trabajo, sino que resulta indispensable que el Municipio de que se trate haya suscrito el convenio correspondiente con dicha Institución. Esto es así, porque la ley que rige al instituto, en su artículo 1o., fracción VIII, establece que será aplicada a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, entre otros, de las administraciones públicas municipales, y sus trabajadores, en los casos en que celebren convenios con el instituto en los términos de la propia ley; de ahí que se considere indispensable la existencia de tal convenio para estimar obligatoria la inscripción de los trabajadores municipales al referido instituto.’(3) ..."
En el amparo directo 179/2018, resuelto el seis de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó, que:
"Tampoco generaron algún agravio al quejoso, las absoluciones decretadas en el laudo reclamado respecto de los conceptos de indemnización de veinte días por año de servicios; pago de aportaciones a los Institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como las relativas al fondo de ahorro para el retiro; además de la que el actor identificó como ‘cualquier otra prestación’; habida cuenta que, por cuanto a la primera, el accionante no se ubicó en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; por cuanto a la última, del análisis de la demanda laboral no se advierte que el accionante tenga derecho a algún concepto diverso a los expresamente reclamados; y por cuanto a las aportaciones de seguridad social, como lo estableció la autoridad responsable, en el expediente laboral no hay evidencia de la existencia de algún convenio celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Ayuntamiento demandado, para incorporar a los trabajadores de este último ente público, al régimen obligatorio de seguridad social del citado organismo. El artículo 13 de la Ley del Seguro Social prescribe: ‘Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; II. Los trabajadores domésticos; III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio; y, V. Los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas de la Federación, entidades federativas y Municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.—Mediante convenio con el instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.—Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal.’.—Del precepto al que se alude se desprende, entre otros aspectos, que para que los trabajadores de los Municipios puedan voluntariamente ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, es requisito que exista un convenio celebrado entre el respectivo Municipio y el organismo asegurador, en los términos establecidos en el reglamento que al efecto expida el titular del Poder Ejecutivo Federal.—Por tanto, debe concluirse que los trabajadores que prestan sus servicios para la Administración Pública Municipal en cualquier entidad de la República Mexicana, no tienen derecho a ser incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social por el simple hecho de la existencia de una relación de trabajo, sino que resulta indispensable que quede demostrado que el Municipio de que se trate ha suscrito el convenio correspondiente con dicho instituto.—En la especie, como lo destacó la responsable, no hay evidencia de que el Ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato, tuviera celebrado un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que se viene mencionando; por lo que, como se indicó, fue legal la absolución que al efecto se decretó en el fallo combatido.—Es aplicable, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia identificada con el número 1005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 977, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, cuyos rubro y texto son: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.—Los trabajadores que prestan sus servicios para la administración pública municipal en cualquier entidad de la República Mexicana, no tienen derecho a ser incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el simple hecho de que exista relación de trabajo, sino que resulta indispensable que el Municipio de que se trate haya suscrito el convenio correspondiente con dicha institución. Esto es así, porque la ley que rige al instituto, en su artículo 1o., fracción VIII, establece que será aplicada a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, entre otros, de las administraciones públicas municipales, y sus trabajadores, en los casos en que celebren convenios con el instituto en los términos de la propia ley; de ahí que se considere indispensable la existencia de tal convenio para estimar obligatoria la inscripción de los trabajadores municipales al referido instituto.’ ..."
"En la resolución de ese juicio de amparo, el Magistrado, que ahora es el denunciante de la contradicción, emitió un voto concurrente, particularmente, por lo concerniente al tema aquí en cuestión, considerando, en esencia, lo siguiente:
"... que la autoridad laboral haya absuelto al Ayuntamiento demandado del pago de prestaciones de seguridad social, porque en el expediente de origen no hay evidencia de la existencia de algún convenio celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ente público patronal, a fin de incluir en el régimen respectivo, a los trabajadores que prestan sus servicios a ese Municipio.—La consideración anterior conlleva dos aspectos importantes en relación con el reclamo de prestaciones de seguridad social en la controversia del juicio laboral, a saber: 1. La relativa a la obligación (o no) del ente público patronal para otorgar prestaciones de seguridad social a sus trabajadores; y, 2. El deber de probar la existencia de un convenio celebrado por el Ayuntamiento demandado con el Instituto Mexicano del Seguro Social.—En cuanto al primer aspecto, la parte conducente del fallo que analiza la legalidad de la absolución en el pago de prestaciones de seguridad social da a entender que la afiliación de trabajadores municipales al régimen de seguridad social que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social es optativa.—Esa afirmación sería correcta siempre y cuando la entidad pública haya celebrado el respectivo convenio con el aludido organismo de seguridad social, o bien con el diverso Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e incluso con el órgano local de seguridad social; es decir, la opción cobra vigencia por cuanto a escoger el organismo con el que se establecerán los términos y condiciones en que se prestarán los servicios de seguridad social, pues esa posibilidad la contemplan las legislaciones que rigen a las referidas instituciones.—Pero de modo alguno puede considerarse que la afiliación de los trabajadores municipales al régimen de seguridad social sea opcional, pues entenderlo de esa manera sería jurídicamente desacertado.—Es así, pues la protección a la salud y a la seguridad social, son, por disposición constitucional, convencional y legal –tanto a nivel federal como estatal y municipal–, prerrogativas inherentes a la calidad de trabajador, bien de la Federación, de los Estados o de los Municipios, los que, en su calidad de patrón, se encuentran obligados a proporcionarlas a los servidores públicos que les presten sus servicios.—Los artículos 115, fracción VIII, y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal prevén las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado (entiéndase de la Federación, los Estados y los Municipios); pues consagran como derecho mínimo de seguridad social para esos trabajadores la asistencia médica y las prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y sobrevivencia, así como en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, orientadas necesariamente a procurar el mejoramiento de su nivel de vida, lo cual guarda coherencia con el Convenio 102 sobre la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo.—Tal previsión no se hace como una potestad de los referidos entes públicos, en su carácter de patrón, sino como una obligación constitucional y convencional, pues el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social es la existencia de una relación de trabajo.—Por otra parte, en cuanto al segundo aspecto relacionado con el deber procesal de probar la existencia del acuerdo, convenio o la manera en que el ente público patrón cumplió el deber de afiliar a sus trabajadores al régimen de seguridad social (implícitamente se impuso esa carga al actor al determinar que en el expediente laboral no hay evidencia de la existencia de algún convenio), considero que no puede ser impuesta al trabajador, pues, en principio, al no haber participado en su celebración, no puede tener conocimiento y menos aún, acceso a la documentación necesaria para acreditar dicha existencia. De ahí que se trata de una carga procesal que, como las previstas en el artículo 784 de la supletoria Ley Federal del Trabajo, debe soportar la parte que posee los medios para acreditar ese aspecto de la controversia, esto es, la patronal.—Sobre este tema, se comparte la tesis de jurisprudencia PC.VII.L. J/4 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con registro «digital»: 2011788, consultable en la página 1865, Libro 31, Tomo III, junio de 2016, materia laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, intitulada: ‘DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LOS CONVENIOS DE INCORPORACIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ COMO ENTES PATRONALES. Del artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene el derecho de los trabajadores al servicio del Estado inherente a las medidas de seguridad social, mismo que se recoge en las fracciones IV y V del artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, las cuales disponen que son obligaciones de las entidades públicas del Estado, incorporar a sus trabajadores al régimen de seguridad y servicios sociales, así como cubrir las aportaciones que les correspondan, en los términos en que la ley o los convenios de incorporación así lo establezcan. En ese contexto, si para tener derecho a tales beneficios es necesario que exista convenio celebrado entre la entidad pública y los institutos de seguridad social respectivos, es evidente que de la interpretación sistemática de las normas legales que rigen el débito procesal probatorio y, en particular, conforme a lo previsto en los artículos 2o., 3o., 18, 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la ley estatal aludida, se concluye que la carga de la prueba para demostrar la existencia del convenio de incorporación relativo, corresponde a la entidad pública demandada, por ser quien cuenta con mejores y mayores elementos para ello, por ser ella la obligada a proporcionar tal seguridad social, y, por ende, a celebrar dicho convenio, y no así al trabajador; ante esa circunstancia legal, la negativa de la entidad pública sobre su existencia, no la relevaría de esa carga probatoria, pues siendo su obligación incorporarlo al régimen de seguridad social, en los términos del convenio relativo, evidentemente también le corresponde el débito procesal de probar la existencia de éste.’.—En abono a lo anterior, debió tenerse en cuenta que en el caso específico la patronal no suscitó controversia respecto a la exigencia de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al no demostrar la existencia de algún convenio de inclusión ante instituciones de seguridad social, la protección constitucional también debió concederse para que la responsable decretara la condena conducente ..."
Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en lo que aquí interesa, resolvió los juicios de amparo ya antes mencionados, atendiendo, por lo que ve, al tópico en cuestión, las siguientes consideraciones:
Al resolverse el amparo directo laboral 269/2018, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, sostuvo que:
"En cuanto a la prestación de seguridad social, los artículos 46, fracción V, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios de Guanajuato, 19, en relación con el 22 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, precisan: ‘Artículo 46. Son obligaciones de los titulares de las dependencias a que se refiere el artículo 2 de esta ley: ... V. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes de seguridad social, para que los trabajadores reciban los beneficios comprendidos en ellas o en los convenios que para el efecto se celebren.’.—‘Artículo 19. Los poderes, organismos y Ayuntamientos en su caso, aportarán al instituto el 23.75 por ciento del salario base de cotización de los trabajadores a su servicio.—De la aportación se destinarán 19.22 puntos para el pago de pensiones, 3.37 puntos para el financiamiento de los préstamos, 0.41 puntos para financiar el seguro de vida y 0.75 puntos para financiar gastos de administración.’.—‘Artículo 22. Los asegurados que dejen de prestar sus servicios en los poderes, dependencias, entidades, organismos o Ayuntamientos en su caso, de su adscripción y hubieren causado baja en el instituto, tendrán derecho a: I. Continuar voluntariamente en el régimen de seguridad social, en los términos del artículo 101 de esta ley; II. Retirar la totalidad de las cuotas enteradas al instituto, salvo aquellos ingresos del instituto correspondientes a gastos de administración y seguro de vida; y, III. Solicitar el importe acumulado en la cuenta de ahorro voluntario o que las cuotas y la totalidad de los fondos acumulados en su cuenta de ahorro voluntario, sean transferidos a alguna institución financiera o bien a la institución de seguridad social que determinen los propios asegurados, de conformidad con los convenios que para tal efecto se establezcan con dichos organismos.—El asegurado que cause baja del instituto sin derecho a ninguna pensión contemplada en esta ley, podrá retirar las cantidades consignadas en las fracciones II y III del presente artículo.—El asegurado que tenga derecho al otorgamiento de pensión no podrá retirar las cantidades consignadas en la fracción II del presente artículo.’.—Asimismo, el artículo 7 de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28896-152d5164/seguridad-social-los-municipios-del-estado-de-guanajuato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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