DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LOS CONVENIOS DE INCORPORACIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ COMO ENTES PATRONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, AMBOS CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO), CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, RESIDENTE EN XALAPA, VERACRUZ. 12 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, JUAN CARLOS MORENO CORREA, MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO Y JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA; Y JORGE TOSS CAPISTRÁN, EN LO QUE SE REFIERE A LOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO; MIENTRAS QUE POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, JUAN CARLOS MORENO CORREA, MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO Y JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA, EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. AUSENTE: MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY. DISIDENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: LUCÍA DEL SOCORRO HUERDO ALVARADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno Especializado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer de la denuncia de la posible contradicción de tesis, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y en los considerandos segundo y cuarto, así como en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
Asimismo, es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, porque si bien es cierto, uno de los órganos de control constitucional contendientes es un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar; no menos lo es, que éste, al emitir sus resoluciones, asume la jurisdicción del órgano auxiliado, que en el caso particular lo fue el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito); en ese contexto, si los órganos contendientes corresponden a un mismo circuito e idéntica especialidad, es inconcuso que la competencia se surte a cargo de este Pleno de Circuito.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1656, Libro 15, Tomo II, febrero de dos mil quince, materias constitucional y común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los tribunales auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014, del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los entonces integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como contradictorios, son los siguientes:
1) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver por mayoría de votos el amparo directo de trabajo **********, promovido en contra del laudo, en el que, entre otras determinaciones, se absolvió a la entidad pública demandada del pago de las cuotas obrero patronales omitidas ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, fondo de retiro (Afore), y las relativas al Instituto de Pensiones del Estado, bajo el argumento de que la incorporación del actor a las instituciones de seguridad social de trato se encontraba sujeta a la celebración previa de convenios y que la carga de la prueba correspondía a dicho actor; estimó procedente conceder el amparo, al haber estimado contraria a derecho tal determinación, en virtud de que:
"Se afirma lo anterior, pues, la responsable dejó de observar que el artículo 123 de la Constitución Federal prevé los derechos inherentes a la seguridad social a que tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado, y las fracciones IV y V del artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz dispone que son obligaciones de las entidades públicas, incorporar a sus trabajadores al régimen de seguridad y servicios sociales y cubrir puntualmente con las aportaciones que le correspondan, para que sus trabajadores reciban los beneficios de seguridad social del régimen al que estén incorporados; luego, es inconcuso que si el artículo 30, fracción IV, de la ley estatal mencionada establece que para tener derecho a tales beneficios es necesario que exista convenio celebrado entre la entidad pública con dichos institutos de seguridad social, la carga de la prueba no le corresponde al actor, sino a la entidad pública demandada, pues es a quien compete, en todo caso, celebrar los convenios de incorporación voluntaria al régimen de seguridad social y no a los trabajadores, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en términos de sus artículos 134 y 222, tiene la obligación de exhibir tales documentos ante la autoridad laboral correspondiente.
"Por tanto, a quien toca demostrar que cumplió con el convenio de incorporación al régimen de seguridad social, es a la entidad pública demandada, por lo que si ésta no aportó los convenios de incorporación al régimen de seguridad social, es inconcuso que el tribunal responsable debió condenarla a enterar o pagar las cuotas obrero-patronales ante los institutos de previa referencia, desde el inicio de la relación laboral y hasta que feneció voluntariamente ..."
2) El amparo directo de trabajo **********, del registro del entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, revela que el ahí quejoso demandó, en lo que interesa: "... el pago del instituto del seguro social ...", que se generó durante el plazo que prestó sus servicios para la entidad pública demandada, en virtud de que en momento alguno gozó de ese beneficio; asimismo, en ampliación, reclamó de dicha institución de seguridad social, el cobro de las cuotas obrero patronales correspondientes y el fincamiento de capitales constitutivos.
Al respecto, el tribunal del conocimiento estimó pertinente condenar a la patronal al pago de aportaciones ante las instituciones de seguridad social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, al otorgamiento en favor de los demandantes de las prestaciones en dinero y en especie que prevé la Ley del Seguro Social, como sujetos del régimen del seguro social.
Inconforme el instituto en cita con el laudo anterior, promovió juicio de amparo, en el cual, el entonces Tercer Tribunal Colegiado en mención estableció:
"... es verdad lo que aduce el instituto impetrante de amparo, con referencia a que el tribunal laboral soslayó que, en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, los trabajadores al servicio de los Ayuntamientos no son sujetos al régimen obligatorio, sino que sólo podrán ser inscritos voluntariamente a dicho régimen mediante convenio de incorporación, el cual debe sujetarse al reglamento que sobre el particular expida el titular del Ejecutivo Federal.
"Se afirma lo anterior, pues con independencia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no compareció al juicio laboral génesis del laudo reclamado en defensa de sus intereses, era obligación del tribunal responsable analizar incluso, oficiosamente, si los actores acreditaron o no los presupuestos de la acción intentada, precisamente, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 221 del texto legal en consulta, en cuanto a que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia.
"Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia dieciséis, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página catorce, Séptima Época, Materia Laboral, Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el dos mil, que a letra dice:
"‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (cita texto)
"En este punto, conviene traer a colación lo preceptuado por el artículo 8 de la Ley del Seguro Social, de contenido literal siguiente:
"‘Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.-Para tal efecto el instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la ley les confiere, según el caso.’
"Luego, si en términos del artículo 13, fracción V, de la Ley del Seguro Social, los trabajadores al servicio de la administración pública municipal sólo pueden ser incorporados voluntariamente al régimen obligatorio, para condenar a dicho organismo público a otorgar prestaciones derivadas de dicho sistema de seguridad social, es necesario justificar, como presupuesto de la acción, la existencia del convenio del que se hace derivar el ejercicio de tal derecho.
"En la especie, si bien es cierto que el último párrafo del artículo 7o. de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz dispone que los trabajadores de confianza gozarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social, no menos lo es que los accionantes en el juicio laboral no demostraron la existencia del convenio celebrado por el Ayuntamiento Constitucional de **********, que sirva de sustento a su pretensión de que el Instituto Mexicano del Seguro Social les otorgue las prestaciones derivadas del régimen obligatorio, previstas en el artículo 11 de la ley de la materia.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis doscientos diez, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que este órgano jurisdiccional federal comparte, consultable en la página doscientos setenta y tres, Novena Época, Materia Laboral, Tomo V, de la actualización al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el dos mil dos, de la voz y texto, siguientes:
"‘TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA. SU INCORPORACIÓN AL SEGURO SOCIAL REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS ENTIDADES.’ (cita texto)
"Así las cosas, lo que procede en la especie es conceder la protección constitucional al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que el tribunal responsable reiterando aquellas consideraciones que no han sido materia de litis en este juicio de amparo, emita un nuevo laudo en el que siguiendo los lineamientos aquí establecidos, determine que no procede condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al cumplimiento de las prestaciones reclamadas por los actores, relativas al régimen del seguro obligatorio."
3) Del contenido de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en el amparo directo de trabajo **********, del índice del entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo), se obtiene que el actor demandó, entre otras prestaciones, el pago de las cuotas obrero patronales que se debieron enterar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el momento en que ingresó a prestar servicios; y que la Junta del conocimiento absolvió a la entidad pública demandada de tal prestación.
Inconforme con esa determinación, el trabajador promovió juicio de amparo directo, en el que se calificó de legal esa parte del laudo, por las consideraciones siguientes:
"Asiste razón al tribunal responsable en el sentido de absolver al Ayuntamiento demandado de la obligación de pagar las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de conformidad con el artículo 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, las entidades públicas están obligadas a incorporar a sus trabajadores al régimen de seguridad y servicios sociales en la forma y términos en que la ley o los convenios celebrados lo establezcan; y, en el caso, no quedó acreditada la existencia de ningún convenio de incorporación celebrado entre el Ayuntamiento demandado y alguna institución de seguridad social; por tal motivo, no era procedente condenarlo a la obligación de pagar tales aportaciones, lo que de igual manera acontece por cuanto hace a las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, pues conforme a los artículos 1o. y 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la aportación de las cantidades para la apertura de la cuenta individual de los trabajadores y el establecimiento de los fondos de previsión social relativos a las operaciones de estos sistemas de ahorro debe hacerse con base en convenios celebrados entre las entidades públicas y las administradoras de fondos para el retiro, ya que la incorporación a dicho sistema no está establecida como obligatoria por la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz; de ahí que, si el actor no acreditó la existencia de algún convenio, es obvio que era improcedente su reclamo."
4) Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal), emitido en el amparo directo **********, del cual se desprende que, en lo que atañe a la absolución de inscribir al actor ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como ante el Instituto de Pensiones del Estado, decretada en favor de la patronal, en virtud de que el accionante no demostró la existencia de los convenios celebrados entre la entidad demandada y los referidos institutos, señaló:
"Por otra parte, cabe señalar que el impetrante de garantías no plantea conceptos de violación en relación a la absolución decretada respecto de la inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que tal determinación resulta correcta, en atención a que, como bien lo precisó la autoridad responsable, al hoy quejoso le correspondía acreditar la existencia de convenios celebrados entre el Ayuntamiento de **********, con dichos organismos públicos descentralizados, de conformidad con los artículos 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil, 1, fracción VIII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 13, fracción V, de la Ley del Seguro Social, sin que obste a ello, el que a la patronal se le haya tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, porque, como se señaló con antelación, la falta de contestación no implica que por tal motivo se deba dictar laudo condenatorio, y el tribunal responsable debe proceder al estudio de la acción, conforme a lo actuado en el expediente laboral.
"Es aplicable al caso, la jurisprudencia 132, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja noventa, Tomo V, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de epígrafe y contenido siguientes: ‘DEMANDA, FALTA DE CONTESTACIÓN A LA. NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.’ (se transcribe)
"Por otro lado, es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el concepto de violación por el que se sostiene que resulta ilegal que se haya absuelto al Ayuntamiento de **********, a inscribirlo retroactivamente ante el Instituto de Pensiones del Estado, aduciendo que no acreditó que dicho tercero perjudicado tuviese celebrado convenio de incorporación con el Instituto de Pensiones del Estado, pues la prueba que ofreció para acreditar lo anterior le fue desechada.
"Al respecto, el tribunal responsable absolvió al Ayuntamiento de inscribir al trabajador retroactivamente ante el Instituto de Pensiones del Estado, al considerar que, de conformidad con el artículo 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil, las entidades públicas están obligadas a incorporar a sus trabajadores a las instituciones de seguridad social y pagar las cuotas correspondientes, obligación que se encuentra condicionada al mandato expreso en la ley o la existencia de convenios celebrados entre la entidad pública y los institutos de seguridad social; que de acuerdo al artículo 3o. de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, que es la aplicable al caso, el régimen establecido en esa ley, no aplica a los trabajadores del Ayuntamiento, sino a los del Estado y, de acuerdo a la fracción II del artículo en comento, es necesaria la existencia de un convenio para que sea aplicable a los trabajadores de un Ayuntamiento, por lo que al quejoso le correspondía la carga de probar la existencia de dicho convenio, sin que hubiese aportado prueba alguna al respecto.
"Ahora bien, de conformidad con el artículo 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil, las entidades públicas están obligadas a incorporar a sus trabajadores a las instituciones de seguridad social y pagar las cuotas correspondientes, obligación que se encuentra condicionada al mandato expreso en la ley o la existencia de convenios celebrados entre la entidad pública y los institutos de seguridad social.
"En el Estado de Veracruz, la legislación que regula la incorporación de un trabajador al Instituto de Pensiones del Estado, es la Ley de Pensiones del Estado, que en su artículo 3o. dispone lo siguiente:
"‘El régimen establecido en esta ley se aplicará:
"‘I. A los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz;
"‘II. A los trabajadores de los organismos públicos que por ley o por convenio sean incorporados a su régimen.
"‘La vigencia de sus derechos comenzará a partir de la firma del convenio de incorporación; por ningún motivo se reconocerán antigüedades no cotizadas antes de la firma del convenio mencionado;
"‘III. A los trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado;
"‘IV. A los pensionistas que de acuerdo con esta ley disfruten de ese beneficio;
"‘V. A los familiares derechohabientes tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados, y;
"‘VI. Al Gobierno del Estado y organismos públicos que se mencionan en este artículo.’
"De la lectura del artículo mencionado, se advierte quienes son las personas a las cuales les resulta aplicable esa ley, sin que se advierta que se hayan incluido literalmente a los trabajadores de los Municipios, por lo que es evidente que, atendiendo a la fracción II del artículo en comento, un trabajador de esa dependencia podrá estar bajo el régimen de dicha legislación, siempre y cuando exista convenio al respecto celebrado entre el Ayuntamiento y el Instituto de Pensiones del Estado.
"Así las cosas, en el caso particular, para que el aquí quejoso pueda estar bajo el régimen de dicha ley, es necesario que acredite la existencia de un convenio entre el Ayuntamiento de ********** y el Instituto de Pensiones del Estado.
"Para demostrar lo anterior, el peticionario de amparo ofreció como prueba de su parte, la prueba de informes para que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz manifestara, entre otras cosas, si tiene celebrado un convenio con el Ayuntamiento de **********, la cual fue desechada por el tribunal en la audiencia de tres de febrero de dos mil doce, al considerar que ‘no existen hechos controvertidos, toda vez que a la demandada se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo ...’
"Por ende, si el tribunal, al momento de dictar el laudo, absolvió al Ayuntamiento de **********, de inscribir al quejoso retroactivamente ante el Instituto de Pensiones del Estado, aduciendo que éste no acreditó que dicho tercero perjudicado tuviese celebrado convenio de incorporación con el Instituto de Pensiones del Estado, mientras que en la audiencia de tres de febrero de dos mil doce, desechó la prueba de informes, por la cual, el impetrante de amparo solicitó se requiriera al citado instituto para que informara sobre la existencia o no de un convenio con el mencionado Ayuntamiento de **********, al considerar que no había hechos controvertidos, al habérsele tenido al citado tercero perjudicado, por contestada la demanda en sentido afirmativo, es evidente que tal actuar dejó en estado de indefensión al quejoso, al no permitírsele el desahogo de una prueba con la que pretendía acreditar la existencia del convenio.
"Así las cosas, lo que procede en el caso es conceder el amparo impetrado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y reponga el procedimiento para que admita la prueba de informes solicitada por el quejoso y, seguida la secuela procesal, dicte un nuevo laudo en el que reitere lo que no es motivo de concesión, y resuelva sobre la afiliación al Instituto de Pensiones del Estado, y el pago retroactivo de las cotizaciones obrero patronales, con plenitud de jurisdicción."
CUARTO.-Justificación del análisis de los criterios en disputa. Cabe señalar que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no se encuentren redactados y publicados conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que este Pleno Especializado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios discrepantes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Tampoco lo es el hecho de que uno de los criterios haya sido emitido por mayoría de votos, ni que uno de los órganos contendientes se trate de un tribunal auxiliar, pues el procedimiento de contradicción de tesis también es aplicable respecto de éstos, cuenta habida que este último órgano colegiado cuenta con las atribuciones necesarias para decidir la litis planteada en la fase resolutiva de un juicio, por lo cual, al pronunciar sus ejecutorias puede generar un criterio vinculante que sea susceptible de generar precedente, y así estar en condiciones de entrar en colisión con el de otro tribunal que también ejerza su jurisdicción sobre el mismo tema; consecuentemente, es inconcuso que puede plantearse una contradicción de criterios entre los sustentados por un Tribunal de un Centro Auxiliar y un Tribunal Colegiado de Circuito, como en el caso sucede.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 77, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Asimismo, por su contenido jurídico, sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, Tomo XII, noviembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
También sustenta lo anterior, la tesis 1a. CLXXXVII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 736, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de dos mil trece, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo. De ahí que si un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar tiene jurisdicción para apoyar en el dictado de sentencias, ello significa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26330-ca590e5c/derecho-a-la-seguridad-social-la-carga-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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