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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS EN MATERIA LABORAL. SON VÁLIDAS LAS FIRMADAS ÚNICAMENTE POR EL JUEZ SIN LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO INSTRUCTOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 715/2023. · Registro digital (IUS): 33357
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-06-27
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1306.

AMPARO DIRECTO 715/2023. 13 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIO: MARCELO HERNÁNDEZ CABRERA.

Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de trece de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo directo laboral 715/2023, promovido por **********, por sí y como propietaria de la negociación “**********”, relativo al juicio laboral **********, del índice del Juzgado Especializado en Materia Laboral, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Especializado en Materia Laboral, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, **********, por sí y como propietaria de la negociación “**********”, promovió juicio de amparo directo contra el acto del prenombrado Juzgado, como autoridad ordenadora y ejecutora, consistente en la sentencia pronunciada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral **********, por estimarla violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales (fojas 3 a 5 del juicio de amparo directo).

Se hace la acotación de que en el escrito de presentación de la demanda de amparo directo, ********** refirió que promovía el juicio “con el carácter que tengo reconocido dentro de los autos que integran el procedimiento ordinario laboral expediente número **********” siendo que, en el juicio laboral, al tener por contestada la demanda, la autoridad responsable reconoció el carácter de la aquí quejosa como “propietaria de la negociación en su actividad empresarial **********” (foja 109 del juicio laboral), cuestión que reiteró en la sentencia reclamada al condenar a “**********, propietaria de la negociación denominada **********”.

Por tanto, debe tenerse que ********** promovió el juicio de amparo directo con el carácter que le fue reconocido en el juicio laboral de origen, esto es, por sí y como propietaria de la negociación “**********”.

SEGUNDO. La Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, en acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, radicó la demanda, lo que originó la formación del juicio de amparo directo laboral 715/2023 y requirió a la autoridad responsable a fin de que emplazara al tercero interesado ********** (fojas 85 y 86 ídem).

TERCERO. Cumplido lo anterior, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se entiende, solo por lo que hace a la sentencia emitida por el juzgado responsable, como autoridad ordenadora, porque como ejecutora no se le atribuyó acto alguno; se hizo del conocimiento de las partes su derecho para formular alegatos, y de la parte tercero interesada, para promover amparo adhesivo, en términos de lo previsto por el artículo 181 de la Ley de Amparo (fojas 105 y 106 ídem); prerrogativas que no se hicieron valer.

CUARTO. En proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, se turnó el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente (fojas 110 y 111 ídem).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo en vigor; 35, fracción I, inciso d), 36, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto “Octavo” modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con los autos originales del juicio laboral que la autoridad responsable remitió al rendir su informe con justificación.

TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo fue presentada oportunamente de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la sentencia reclamada se notificó personalmente a la parte quejosa el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la cual surtió efectos ese mismo día de conformidad con el artículo 747 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, pues así se advierte de la constancia de notificación visible en la foja ciento setenta y tres del sumario laboral; mientras que el escrito de demanda se presentó el veinte de abril del año citado ante la autoridad responsable; esto es, en el treceavo día hábil del término legal que se disponía para hacerlo, el cual transcurrió del treinta de marzo al veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, tomando en consideración que deberán descontarse los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de abril, todos de dos mil veintitrés, por haber sido sábados y domingos y, por ende inhábiles, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como del cinco al siete de abril de dos mil veintitrés, al ser inhábiles para la autoridad responsable de conformidad con la circular número uno de seis de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, como además se advierte de la certificación signada por la secretaria instructora de la autoridad responsable, que consta en la foja treinta y siete de este expediente, y se ilustra en el cuadro siguiente:

Ver cuadro

Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2022 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, página 7, registro digital 2024494, de rubro y texto:

“DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA ACTIVIDADES, AUN CUANDO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA REFERIDA LEGISLACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESCONTAR LOS DÍAS EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSPENDA LABORES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS.

Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron consideraciones opuestas en torno a dilucidar si para la presentación de la demanda de amparo directo deben descontarse del cómputo del plazo únicamente los días inhábiles o no laborables para la autoridad responsable, o también aquellos señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

Criterio jurídico: Para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda de amparo directo deben excluirse tanto los días inhábiles establecidos por el artículo 19 de la Ley de Amparo, aun cuando la autoridad responsable no haya suspendido labores, así como aquellos en que dicha autoridad suspenda actividades, no obstante que estén contemplados como hábiles por la referida legislación, entendiendo este supuesto aplicable únicamente para el órgano responsable ante el que se presenta la demanda, es decir, lo anterior no implica que deban descontarse los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito suspenda labores por situaciones extraordinarias.

Justificación: El marco normativo contenido en los artículos 19, 176 y 178 de la Ley de Amparo regula los días que deberán considerarse inhábiles para la promoción del juicio de amparo, los días en que se suspendan labores por caso fortuito o fuerza mayor en el órgano jurisdiccional ante el que se tramite la demanda, así como la facultad de autoridad auxiliar del órgano responsable en el trámite del juicio de amparo. De la interpretación de los referidos preceptos se obtiene que para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda deben descontarse los días que la Ley de Amparo señale expresamente como inhábiles, así como aquellos en que la autoridad responsable suspenda actividades, ya sea por causa de fuerza mayor o suspensión de labores, entendiendo este último supuesto únicamente aplicable al órgano responsable ante el que se presenta la demanda. Se afirma lo anterior toda vez que, si bien por circunstancias extraordinarias, el Consejo de la Judicatura Federal puede decretar la suspensión de labores en los órganos colegiados de amparo, lo cierto es que dicho supuesto no implica que el plazo para la presentación de la demanda de amparo directo se vea interrumpido por una situación extraordinaria de suspensión de actividades para los Tribunales Colegiados de Circuito, al no estar previsto en la Ley de Amparo, y no afectar la presentación de la demanda. Con lo anterior, además de reconocer la voluntad del legislador respecto a los plazos fijados en la ley reglamentaria y el rol de la autoridad responsable como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, se permite otorgar certeza a los justiciables respecto a los días que no se deben considerar para computar el plazo para promover una demanda de amparo directo, a saber, los días inhábiles expresamente previstos por la Ley de Amparo, aquellos en que la autoridad responsable suspenda sus labores, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, o por alguna previsión en su normativa interna, como pueden ser, los que por disposición de la Ley Federal del Trabajo se consideren inhábiles.”

CUARTO. No transcripción. Resulta innecesario transcribir tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación formulados en su contra, acaso lo más relevante, cuenta habida que la Ley de Amparo no prevé como obligación dicha transcripción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se les estudia y se les da respuesta, lo que se hará a continuación; en la inteligencia que se entregan copias certificadas de tales documentos a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento; asimismo, para debida constancia, se agrega copia certificada del acto reclamado al cuaderno de amparo.

Al respecto, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”

También se comparte la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos seis, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de epígrafe: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”

No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del este último ordenamiento legal.

QUINTO. Antecedentes del asunto. Para mayor claridad en la exposición del presente asunto, es conveniente precisar, inicialmente, los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias que integran el juicio laboral **********, que en justificación de su informe remitió el juzgado responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte lo siguiente:

• Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, ante el Juzgado Especializado en Materia Laboral, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, **********, por propio derecho, demandó de ********** y/o ********** y/o la empresa **********, las prestaciones siguientes:

“1) LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL a causa del despido injustificado del que fui objeto, de conformidad con los artículos 123 apartado A fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 48, 50 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, a razón de $********** pesos diarios.

2) EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS...

3) EL PAGO DEL INTERÉS LEGAL...

4) El pago del aguinaldo anual a que tengo derecho prestación que reclamo correspondiente al año en curso, hasta la de mi injustificado despido...

5) El pago de las vacaciones y prima vacacional a que tengo derecho, de manera proporcional al año 2022...

6) EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD...

7) El pago del tiempo extraordinario que laboré al servicio de las demandadas por todo el tiempo que duró la relación laboral...

8) La nulidad de cualquier documento que la parte patronal en forma unilateral en su perjuicio argumente algún posible retiro voluntario, renuncia a las labores o renuncia de derechos, que afecte la estabilidad al empleo a que tiene derecho o que pretenda ocultar o negar la relación de trabajo que me unió con las demandas y que pudieran exhibir en juicio...

9) Reclamo el pago de los incrementos salariales...

10) La inscripción en forma retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debiendo cubrirle a dicho instituto el pago de las cuotas obrero-patronales que los demandados omitieron inscribirme ante instituto, y por añadidura el pago de las aportaciones al SAR e INFONAVIT, lo anterior, deberá ser desde la fecha de mi ingreso y con el salario diario integrado que realmente percibía.

11) El pago de la prima dominical...” (fojas 1 a 3 del expediente laboral).

• Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, la secretaria instructora de la autoridad responsable radicó el asunto con el número ********** y previno a la parte actora a fin de que subsanara las irregularidades presentadas en su demanda (fojas 27 a 32 íbid).

• Posteriormente, en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, admitió la demanda bajo el procedimiento ordinario; ordenó el emplazamiento de los demandados **********, ********** y la empresa **********, asimismo, les otorgó el término de quince días para que formularan la contestación de la demanda (fojas 39 a 42 íbidem).

• En auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a **********, por sí y como propietaria de la negociación **********, así como a **********, dando contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, respecto a la reconvención enderezada por la citada **********, la autoridad responsable determinó no dar trámite a la misma (fojas 100 a 103 íbid)

• El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que la autoridad responsable depuró el procedimiento, estableció los hechos no controvertidos y acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes (fojas 117 a 120 íbidem).

• El quince de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de juicio, en la que se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y el juez determinó dictar sentencia en el plazo de los cinco días siguientes (fojas 131 a 133 ibíd).

• Concluida la secuela procesal, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en cuyos puntos resolutivos conducentes se concluyó:

“PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Laboral intentada por **********, por propio derecho, al ser la idónea para ventilar el litigio sometido a la jurisdicción de este tribunal.

SEGUNDO.- La parte actora **********, probó su acción principal, por lo tanto:

TERCERO.- Se condena a **********, propietaria de la negociación denominada “**********”, otorgar a favor de **********, indemnización constitucional y pago de las prestaciones reclamadas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 10) por los motivos y en los términos descritos en las consideraciones de esta sentencia.

CUARTO.- Se absuelve a **********, propietaria de la negociación denominada “**********”, de las prestaciones reclamadas en los incisos 8), 9) y 11) por los motivos descritos en los considerandos de esta sentencia.

QUINTO.- Sobre las prestaciones de seguridad social, una vez que cause estado esta sentencia deberán librarse los oficios a las entidades de referencia, acompañados con copia certificada de la misma, que sea por la Secretaria Instructora, para los efectos establecidos en el artículo 966 Ter, de la Ley Federal del Trabajo.

SEXTO.- Se otorga a la demandada **********, propietaria de la negociación denominada “**********”, el término de quince días posteriores al requerimiento relativo, para que cumpla en sus términos la presente sentencia, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se estará a lo que disponen los preceptos legales 945 y 950 de la norma aplicable.

SÉPTIMO.- Remítase copia certificada del presente fallo a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar, y oportunamente, previas las anotaciones de rigor en los libros de gobierno que lleva este juzgado, archívese el presente expediente como asunto totalmente.

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE...” (foja 171 ídem).

Sentencia que se erige como el acto reclamado en esta vía.

SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación son ineficaces.

Previamente a emprender el estudio de los conceptos de violación, se destaca que la sentencia recurrida solo fue firmada por el juez responsable, sin asistencia del secretario instructor, circunstancia que no la inválida.

En efecto, los artículos 3 Ter, fracción VI, 610, 720, fracción IV, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la Ley Federal del Trabajo vigente, establecen lo siguiente:

“Artículo 3 Ter. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

[...]

VI. Tribunal: El juez laboral, y

[...]”

“Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el juez a cargo del Tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias. Podrá auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, quien deberá verificar y, en su caso, certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente.”

“Artículo 720. Las audiencias serán públicas. El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando se pueda transgredir el derecho a la intimidad o tratándose de menores. Las audiencias serán presididas íntegramente por el juez; de incumplirse esta condición las actuaciones respectivas serán nulas de pleno derecho. Al inicio de las audiencias, el secretario instructor del Tribunal hará constar oralmente en el registro la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del Tribunal, y demás personas que intervendrán.

Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias deberán rendir previamente protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el secretario instructor les tomará protesta, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad.

La intervención de quienes participen en ellas será en forma oral.

El juez recibirá por sí mismo las declaraciones y presidirá todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad; ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las formalidades que correspondan, moderará la discusión, impedirá que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles y podrá limitar el tiempo y número de ocasiones en que intervengan los interesados con base en criterios de equidad y agilidad procesal.

El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, por lo que se tendrán por precluídos los derechos procesales que debieron ejercerse en cada una de ellas.

Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su intervención, a petición de ellos podrán retirarse del Tribunal cuando el juez lo autorice.

Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, cuando menos:

[...]

IV. La firma del juez y secretario instructor.”

“Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el juez, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios.”

“Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son:

I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio;

II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y

III. Sentencias: cuando decidan sobre el fondo del conflicto.”

“Artículo 839. Las resoluciones que así lo ameriten de los Tribunales deberán ser firmadas por el juez o por el secretario instructor, según corresponda, el día en que se emitan.”

“Artículo 840. La sentencia contendrá:

I. Lugar, fecha y Tribunal que lo pronuncie;

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;

IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;

V. Extracto de los alegatos;

VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y

VII. Los puntos resolutivos.”

“Artículo 857. El secretario instructor del Tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares:

I. Prohibición de salir del territorio nacional o de una población determinada cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda;

II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento.

III. Requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida, cuando a juicio del Tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado; dicha medida se aplicará siempre y cuando se acompañe a la demanda certificado médico que acredite el embarazo, emitido conforme a los requisitos y formalidades contempladas en la ley, y

IV. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo, u orientación sexual, o por identidad de género, así como en los casos de trabajo infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Para tal efecto, los demandantes deben acreditar la existencia de indicios que generen al Tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los actos de discriminación que hagan valer.”

“Artículo 871. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal competente.

En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos:

a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley;

b) Ordenar la notificación al demandado;

c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones;

d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias;

e) Dictar las providencias cautelares, y

f) Las demás que el juez le ordene.

Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido.”

“Artículo 873-J. Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del Tribunal hará la certificación respectiva. En caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. Una vez hecho lo anterior, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes, para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos.

Realizados que sean los alegatos de las partes, el Tribunal declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia, con lo que se pondrá fin al procedimiento. El texto de la resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma audiencia. Solamente en casos excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendidas, el Tribunal emitirá sentencia dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de la audiencia de juicio.”

“Artículo 894. Una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurridos los términos para ello, dentro de los quince días siguientes, el Tribunal dictará el auto de depuración, que se ocupará de los aspectos que son objeto de la audiencia preliminar en términos del artículo 873-E de esta Ley. Esta actuación se emitirá por escrito fuera de audiencia, y no podrá delegarse en el secretario instructor. El Tribunal podrá emplear el sistema de videoconferencia a fin de formular las prevenciones y aclaraciones que sean necesarias para emitir el auto de depuración.

Cuando el asunto así lo requiera debido a la complejidad de los puntos controvertidos, las excepciones propuestas o la preparación de las pruebas, el Tribunal citará a audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes a que concluyan los plazos para la réplica y contrarréplica. La audiencia preliminar se desahogará conforme a lo establecido en el artículo 873-F.

Cuando la controversia se reduzca a puntos de derecho, o bien cuando la única prueba que resulte admitida sea la documental, y ésta ya se hubiera exhibido sin ser objetada, el Tribunal otorgará a las partes un plazo de cinco días para formular alegatos por escrito, y vencido éste dictará sentencia, sin previa celebración de la audiencia de juicio.”

Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 3 Ter, fracción VI, 610, 720, fracción IV, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873-J y 894 de la Ley Federal del Trabajo vigente, se deducen las siguientes premisas:

• Cuando la normatividad se refiera al “Tribunal”, debe entenderse que lo hace al juez o jueza titular.

• Por regla general, corresponde al juez el trámite del juicio ordinario, quien puede auxiliarse en la etapa escrita del secretario instructor para la emisión de determinados acuerdos y providencias.

• El titular del órgano es el único facultado para depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes; los incidentes; establecer los hechos no controvertidos; admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, y decidir la forma en que deberán prepararse; recibir por sí mismo las declaraciones, y presidir todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad; citar para audiencia de juicio; resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor; y para emitir la sentencia que ponga fin al procedimiento.

• Existen resoluciones que pueden ser autorizadas y firmadas por el juez, o bien, por el secretario instructor, cuando el juez así lo haya delegado, como sucede en los ejemplos nominados en los artículos 857 y 871 de la Ley Federal del Trabajo.

• Si bien el secretario instructor puede autorizar y firmar resoluciones, éstas se encuentran acotadas a actos de carácter procesal que tengan por efecto el impulso del procedimiento única y exclusivamente en la etapa escrita, considerando que de esa naturaleza son los acuerdos o providencias que, expresamente, la Ley le permite dictar a dicho f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33357-9853379d/sentencias-en-materia-laboral-son-validas-las-firmadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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