CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR SU VALIDEZ (CAUSA O MOTIVO DE CONTRATACIÓN EVENTUAL) Y SUBSISTENCIA DE LA MATERIA DEL EMPLEO, CUANDO SE APORTA PARA DESVIRTUAR LA EXISTENCIA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, ALEGADO BAJO NEXO DE TIEMPO INDETERMINADO, SI LOS HECHOS QUE CONFIGURARON LA LITIS FUERON ÚNICAMENTE SOBRE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, PERO NO LA PRÓRROGA O NULIDAD DE AQUÉL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. ES IMPROCEDENTE QUE EL ÓRGANO DE AMPARO EXAMINE LA VALORACIÓN DE LAS TENDENTES A DEMOSTRAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS), DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO, CUANDO LA LITIS NATURAL NO INCLUYÓ HECHOS AL RESPECTO, RESULTANDO INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN ESE SENTIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2014. PONENTE: RODOLFO CASTRO LEÓN. SECRETARIO: KARLOS ALBERTO SOTO GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, párrafo segundo, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1, 3 y 9 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de la parte legitimada (quejosa), toda vez que la formuló la Universidad de ********** por medio de su apoderado legal Roberto ********** conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y los diversos 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(1)
Además, porque el carácter de apoderado y representante legal de la parte quejosa quedó acreditado con el informe de la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito citado, habida cuenta que tal personalidad también la tenía acreditada en el juicio laboral de origen y, por ende, surte efectos en el juicio de amparo en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo abrogada, conforme al cual fue sustanciado el amparo 235/2012 de su índice.
Lo anterior es así, pues aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la Ley de Amparo abrogada -similar a la fracción III del artículo 227 de la ley vigente- otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer con carácter de jurisprudencia y aplicar en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado de la demandada, entonces por la misma razón tiene aptitud de denunciar la posible contradicción de tesis, pues esa representación debe estimarse suficiente para realizar tal acto, al provenir de una de las partes, a través de quien materializa jurídicamente su voluntad (apoderado).(2)
TERCERO. Requisitos para la existencia de contradicción de tesis. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) puesto que dicho criterio fue interrumpido. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dada esa finalidad de la contradicción de tesis, es posible afirmar su existencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:
1. Que los Tribunales de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
3. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
El discernimiento expuesto, es acorde al criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) en la jurisprudencia P./J. 72/2010, encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, que dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que, ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También es aplicable la tesis aislada P. XLVII/2009 del Pleno del Máximo Tribunal del País,(5) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS." y la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala del Alto Tribunal,(6) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", criterio que precisa en qué consiste la finalidad de la contradicción de tesis (resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales); así como establecer los comentados requisitos para su existencia. De manera que esos son los parámetros vigentes del Alto Tribunal para determinar la existencia de la contradicción de tesis.
Por otro lado, cabe señalar que aun cuando ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales de Circuito contendientes constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el referido Pleno.(7)
CUARTO. Antecedentes relevantes (fácticos y jurídicos) y precisión de los criterios contendientes. Hechas las acotaciones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos relevantes que los Tribunales de Circuito contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 632/2012.
Antecedentes
a) Una persona que refirió ser trabajador de la ********** demandó a ésta y a uno de sus Centros Universitarios de la ********** la reinstalación en el puesto que venía desempeñando por despido injustificado y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, aduciendo haber sido despedido injustificadamente.
b) En la exposición de hechos refirió en lo esencial circunstancias relativas a: i) época de contratación, aludiendo que fue por tiempo indefinido; ii) condiciones laborales (salario, jornada, horario, entre otras); y, iii) el hecho del despido injustificado atribuido (el cual ubicó el seis de mayo de dos mil diez).
c) Lo anterior, sin controvertir la calidad de su contratación ni la temporalidad de la relación de trabajo; tampoco ejerció la acción de prórroga del contrato de trabajo o nulidad del que rigió su nexo laboral. Aunado a que en la ratificación de la demanda no añadió alguna de tales cuestiones, sino solamente aclaró aspectos de su reclamo primigenio.
d) La universidad demandada al contestar, negó la existencia del despido y alegó que la contratación de la parte actora había sido por tiempo determinado en un puesto de dirección (coordinador de área "A"), que si bien celebró diversos contratos, el último había concluido al cumplirse la fecha de vencimiento (del uno de noviembre de dos mil nueve al treinta de abril de dos mil diez), señalando que había concluido el nexo laboral de forma natural.
e) En el uso del derecho de réplica, el apoderado de la parte actora alegó que el actor laboró bajo contrato por tiempo indeterminado, pero que en el supuesto no concedido de que pudiera existir contratos por tiempo determinado, que esto había sido de forma unilateral por la patronal, aunado a que ésta debía demostrar la naturaleza de la supuesta temporalidad y que existiera la plaza, la cual aludía que podía ocupar en forma indefinida al subsistir la materia del empleo.
f) En contrarréplica, el apoderado de la universidad refirió que era inconducente lo manifestado por su contraparte, ya que no era materia de la litis la legalidad del contrato, sino el despido injustificado atribuido, así como que la acción que debió ejercer era la de prórroga de contrato y, no la de reinstalación, además que el actor sabía de la temporalidad de su empleo.
g) La Junta del conocimiento, al emitir laudo estimó que la patronal no acreditó que el actor dejó de laborar hasta la fecha de vencimiento del contrato y si la relación de trabajo subsistió o no, con posterioridad hasta la fecha de despido. También hizo referencia de los artículos 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo, para concluir que la relación de trabajo se prorrogó voluntariamente por la patronal cuando no tuvo oposición de que continuara el vínculo hasta la fecha de despido y, que había subsistido la materia del trabajo. Además, que en virtud del principio de adquisición procesal los contratos por tiempo determinado ofrecidos, le beneficiaban a la parte actora, pues la patronal no había acreditado que dejó de laborar hasta la fecha del despido, a pesar de que aludía que el último contrato venció previamente. De ahí que la autoridad responsable condenó a la reinstalación y pago de salarios vencidos, así como que el actor permaneciera laborando durante el tiempo que continuara vigente el cambio de la relación de trabajo aceptada voluntariamente por la patronal. En su opinión, como la litis podía centrarse en si la relación de trabajo fue por tiempo determinado o si cambió el vínculo, en esa medida si fue despedido el trabajador en forma injustificada.
h) La universidad demandada acudió al amparo y formuló conceptos de violación en torno a que la Junta había variado la litis, ya que la parte actora no había formulado la acción de prórroga sino la de reinstalación, de manera que debió atender la litis como le fue planteada por las partes, sin asumir que la patronal había prorrogado de manera voluntaria la relación de trabajo y que contrató al trabajador por tiempo indeterminado, pues tal acción no había sido deducida en el juicio laboral y, la autoridad no debía traerla de manera oficiosa, porque estaría desbordando la litis. Si el actor había mentido en la temporalidad de su contratación, aludiendo que era indefinidamente, entonces debía soportar las consecuencias, por lo que era ilegal que la autoridad responsable pretendiera corregirlo. Al efecto citó jurisprudencia 4a./J. 24/94 para apoyar su planteamiento, como la de rubro: "CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. CONSECUENCIAS DEL DESPIDO INJUSTIFICADO."
Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito
i) El Primer Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los conceptos de violación de la patronal al considerar que con independencia de las razones de la autoridad responsable, las excepciones y defensas de la patronal implicaban la afirmación de que la relación laboral concluyó en fecha anterior a la del despido y que correspondía al patrón la carga de la prueba, según los artículos citados al respecto, empero, que la documental del contrato de trabajo relativo no señalaba la causa o motivo por la cual el empleado fue contratado por tiempo determinado y, menos que la patronal lo probara en el juicio laboral, de modo que el contrato por sí mismo era insuficiente para justificar la temporalidad de la contratación y, finalmente era irrelevante lo alegado sobre la subsistencia de la relación laboral, así como que era acertada la conclusión de la Junta de condenar a la reinstalación y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones.
Dada su relevancia, corresponde reproducir el apartado de la ejecutoria relativa al amparo directo 632/2012, que contiene el criterio sustancial del anotado órgano colegiado:
"... La Junta responsable, atendiendo a lo sostenido por las partes determinó que al haber manifestado la universidad demandada que el accionante no fue despedido de su empleo el seis de mayo de dos mil diez, sino que su contrato terminó el treinta de abril del mencionado año, consideró que ello no constituía una defensa o excepción, porque no estaba dirigido a controvertir los hechos en que se basó la acción principal; por lo que consideró que correspondía la carga de la prueba a la parte demandada para demostrar la inexistencia del despido argüido y que el nexo jurídico que les unía subsistió hasta el día en que se dijo despedido el actor.
"Pues bien, con independencia de las razones plasmadas por la instructora, en la especie, debe decirse que las excepciones y defensas opuestas por la empleadora sí se oponen a lo pretendido por el accionante; empero, de su contenido implica la afirmación de que la relación laboral concluyó en fecha anterior a la data en que se ubicó el despido, es decir, que sólo laboró hasta el treinta de abril de dos mil diez, fecha en que, dijo, concluyó la vigencia del contrato temporal que se había expedido al operario.
"Por consiguiente, debemos partir del supuesto genérico de que, en este caso, primeramente, corresponde al patrón demostrar en el juicio laboral, conforme a lo previsto en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, le corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, lo cual se justifica porque cuenta con los elementos para ello.
"Por tanto, conforme a lo previsto en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral o al derecho; el numeral 804 del citado ordenamiento, detalla los documentos que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio y, el arábigo 805 de la invocada ley, prevé que si el patrón no presenta en juicio esos documentos, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con los propios documentos, salvo prueba en contrario.
"Precisado lo anterior, debe decirse que corresponde a la universidad demandada acreditar las defensas que opuso en la contestación que produjo, así, en apoyo a lo expuesto anunció, entre otros medios de convicción, como se dijo, la documental consistente en la copia al carbón del contrato número **********, de fecha veintiséis de octubre de dos mil nueve, expedido por la universidad demandada, en el **********, en favor del operario para desempeñarse en el tipo de puesto: ********** con clave: **********, descripción de puesto: **********, a partir del ‘01/Nov/2009’ hasta el ‘30/Abr/2010’.
"Sin embargo, la empleadora en la contestación que produjo únicamente refirió haber otorgado nombramiento temporal al accionante pero nada dijo en relación con la causa o motivo por el cual el trabajador fue contratado por tiempo determinado, menos lo probó en el juicio; de tal suerte que, el aludido contrato, por sí mismo, es insuficiente para justificar la temporalidad por la cual fue contratado, expresada en la contestación que se produjo; por tanto, finalmente, es acertada la determinación de la Junta responsable por cuanto a la reinstalación condenada.
"Cierto, al no haber demostrado la empleadora los elementos básicos de la relación laboral, resulta irrelevante todo lo que se aduce en relación con el acreditamiento de la subsistencia de la relación laboral en fecha posterior al treinta de abril de dos mil diez y a quién corresponde probarlo, debido a que, es primordial que la patronal probara los elementos básicos de la relación laboral, esto es, la justificación que la contratación fue por tiempo determinado; empero, ni siquiera mencionó la causa motivadora por la cual se contrató al operario de esta manera, por lo que el último de los contratos exhibido en el juicio laboral no es idóneo para demostrar las defensas de la empleadora. ..." (fojas 554 a 556 del expediente de contradicción de tesis)
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver:
A. El amparo directo 63/2010
Antecedentes
a) Una persona que refirió ser trabajador de la ********** demandó de tal patronal, la reinstalación en el puesto que venía desempeñando por despido injustificado y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, aduciendo haber sido despedido injustificadamente.
b) En la exposición de hechos refirió en lo esencial circunstancias relativas a: i) época de contratación, aludiendo que fue por tiempo determinado, narrando los distintos contratos y periodos de empleo (el último con periodo de vigencia del uno de mayo de dos mil ocho al treinta de abril de dos mil nueve); ii) condiciones laborales; y, iii) el hecho del despido injustificado atribuido (el cual ubicó el veinticuatro de abril de dos mil nueve).
c) Sin embargo, posteriormente amplió la demanda pidiendo la declaración de nulidad de nombramiento temporal (el último), el reconocimiento de una relación de trabajo por tiempo indeterminado, así como el otorgamiento de contrato de tal tipo, reinstalación y pago de salarios referidos.
d) La universidad demandada, al formular su contestación, negó la existencia del despido y alegó que había prescrito la acción de nulidad de contrato, por haber transcurrido dos meses desde la fecha de separación, pues la demanda refirió que fue presentada con posterioridad a dicho plazo, entre otras cuestiones, apoyándose en el artículo 518, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
e) La Junta del conocimiento, al emitir laudo estimó que no procedía la excepción de prescripción de la patronal, porque debía estar a la genérica de un año y no a la de dos meses, por lo que entró al estudio de la acción de nulidad de contrato por tiempo determinado y concluyó que resultaba procedente, pues refirió que tal tipo de contratos pueden celebrarse cuando así lo exija la naturaleza del servicio, así como que debía quedar estipulado en el contrato la causa o motivo de una relación laboral por tiempo determinado y, si no se indicaba, entonces era por tiempo indeterminado, por lo que si en la especie la patronal no había justificado la causa de esa contratación temporal, resultaba ineficaz el contrato cuestionado. De ahí que condenó a la universidad demandada a reconocer al actor como trabajador por tiempo indeterminado y otorgarle el nombramiento respectivo, en términos del artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo.
f) La universidad demandada acudió en amparo directo y alegó que la prescripción aplicable era de dos meses, según el artículo 518, fracción II, no así la de un año del artículo 516, ambos de la Ley Federal del Trabajo, señalando los motivos que tenía para ello.
Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito
g) El Segundo Tribunal Colegiado declaró fundado el concepto de violación de prescripción aplicable contra la acción de nulidad de contrato por tiempo determinado y, concedió el amparo para que la autoridad responsable prescindiera de considerar el plazo prescriptivo de un año y atendiera al de dos meses, en términos del artículo 518, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, así como resolviera con plenitud de jurisdicción. Adicionalmente refirió que el reclamo de despido no podía considerarse independiente al de nulidad de contrato, para justificar la aplicación del plazo de prescripción de dos meses, dado que guardaba relación con una acción derivada de una separación del trabajo. Así que fue bajo ese contexto que el órgano colegiado formuló aquella consideración de que el empleado no podía aspirar a una reinstalación a sus labores por tiempo indefinido, puesto que sabía la vigencia de su contrato y en el escrito inicial de demanda no reclamó la prórroga del mismo o la declaratoria de que debía ser por tiempo indeterminado, por lo que la Junta podía pronunciarse sobre un punto que no fue materia de la litis.
Dada su relevancia, corresponde reproducir el apartado de la sentencia dictada, al resolverse el juicio de amparo 63/2010, que en cuanto a este aspecto refiere:
"... Se estima que fue incorrecto el proceder de la autoridad responsable al determinar la improcedencia de la prescripción opuesta por la demandada, en virtud de que el reclamo del actor con relación a la nulidad del contrato de trabajo temporal y la consecuente declaración de que dicha contratación es por tiempo indefinido, sí encuadra en lo dispuesto por el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo y no, conforme a la regla general establecida en el artículo 516 de la citada ley, esto es, ese reclamo prescribe en dos meses, habida cuenta que si bien es cierto el actor demandó la nulidad del contrato de trabajo y la consiguiente declaratoria de que el mismo es por tiempo indeterminado, es innegable que ello surge a razón del despido alegado y la pretendida reinstalación, esto es, que sí tiene una relación directa con el despido reclamado, por lo que no puede considerarse como un reclamo independiente del despido alegado.
"Para poner de manifiesto la vinculación del reclamo de nulidad con el despido alegado, basta remitirse al escrito de demanda, en donde el actor únicamente reclamó su reinstalación en virtud del despido que dijo ocurrió el veinticuatro de abril de dos mil nueve, refiriendo además que su contrato de trabajo era por tiempo determinado y concluía el treinta de abril de ese mismo año, por lo que con ese reclamo, el empleado no podía aspirar a una reinstalación en sus labores por tiempo indefinido, puesto que claramente sabía la vigencia de su contrato y en su escrito inicial de demanda no reclamó la prórroga del mismo o la declaratoria de que debía ser por tiempo indeterminado, por lo que la Junta, no hubiese podido pronunciarse sobre una cuestión que no formó parte de la litis y los salarios caídos no podrían cubrirse hasta el cumplimiento del laudo pues habiendo celebrado un contrato de trabajo por tiempo determinado y sin reclamarse su ilegalidad, la obligación no podría extenderse más allá de la fecha en que se da el supuesto de terminación del mismo.
"De ahí que, si el actor en la audiencia de cuatro de agosto amplió su demanda y como ya se vio, reclamó la nulidad del contrato y la declaratoria de que la relación de trabajo debía ser por tiempo indeterminado, es innegable que dicha prórroga que se pretende, deriva del reclamo del despido injustificado y la reinstalación, por lo que el estudio de la prescripción de dicha prórroga o nulidad del contrato, sí debía realizarse conforme lo dispuesto por el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. ..." (foja 590 del expediente de contradicción de tesis)
B. El amparo directo 1217/2012
Antecedentes
a) Dos personas que refirieron ser trabajadores de la ********** demandaron de dicha patronal la reinstalación en el puesto que venían desempeñando y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, aduciendo haber sido despedidos injustificadamente.
b) En la exposición de hechos refirieron en lo esencial circunstancias relativas a: i) época de contratación, señalando que fue por tiempo indefinido, que habían acumulado una antigüedad efectiva de más de cinco años al servicio y con subordinación para la demandada; ii) condiciones laborales; y, iii) el hecho del despido injustificado atribuido (el cual ubicaron el veintinueve de enero de dos mil nueve).
c) Lo anterior, sin controvertir la calidad de su contratación ni la temporalidad de la relación de trabajo; tampoco ejercieron la acción de prórroga del contrato de trabajo o nulidad del que rigió su nexo laboral. Aunado a que no se aprecia alguna ampliación de demanda, sino sólo su reclamo primigenio.
d) La universidad demandada al formular su contestación negó la existencia de los despidos y alegó que la contratación había sido por tiempo determinado con un puesto de dirección (jefe operativo especializado y jefe de unidad C), que si bien celebró diversos contratos, el último había concluido al cumplirse la fecha de vencimiento (del uno de enero al treinta y uno de diciembre, ambos de dos mil ocho), señalando que había concluido el nexo laboral de forma natural. Así como que eran inexistentes los despidos citados en fecha posterior a la de vencimiento de su contrato.
e) Ahora bien, respecto de la condena principal que contenía el laudo primigenio de la Junta del conocimiento, había el antecedente del amparo concedido a la universidad patronal (expediente 965/2010-L), para el efecto de que dicha autoridad dejara insubsistente el anterior fallo y emitiera otro en el que analizara la litis como le fue planteada por las partes, sin abordar la actualización de la prórroga de los contratos de trabajo por tiempo determinado que exhibió la universidad, tampoco si había subsistido la materia del trabajo, ya que esa no era la materia de la litis en el juicio laboral de origen, según lo señalado en aquella concesión del amparo inicial (este antecedente aparece narrado en la propia ejecutoria del amparo directo 1217/2012, foja 608).
f) La Junta del conocimiento, al emitir el nuevo laudo en cumplimiento al amparo citado, absolvió a la universidad demandada de la reinstalación y pago de salarios caídos, entre otras cuestiones.
g) Ulteriormente fue otorgado el amparo 709/2011 a la parte actora para reponer el procedimiento, con el fin de admitir la prueba de inspección ocular ofrecida por los actores y que la Junta responsable decidiera lo que en derecho correspondiera de la acc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25153-305cf431/contrato-de-trabajo-por-tiempo-determinado-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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