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Modo: Corpus Pro

VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA DISFRUTARLAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1140/2012. · Registro digital (IUS): 24368
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 1961.

AMPARO DIRECTO 1140/2012. 8 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: AHIDEÉ VIOLETA SERRANO SANTILLÁN.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los conceptos de violación son infundados en parte, fundados pero inoperantes en otra, en una más fundados, en suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

********** y ********** demandaron de la Secretaría de Educación Pública el reconocimiento de la relación de trabajo; la base en el puesto que ocupaban y la reinstalación por despido injustificado, así como el pago de salarios vencidos y otras prestaciones de carácter accesorio e independientes; además el reconocimiento de la antigüedad y de las prestaciones derivadas de las condiciones generales de trabajo, desde que ingresaron a laborar y las que se generaran durante la tramitación del juicio laboral; el pago de cuotas obrero-patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro de Vida Institucional y las demás prestaciones contenidas en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

Las actoras relataron las condiciones de trabajo bajo las cuales prestaron sus servicios para la secretaría. Ambas estaban asignadas al programa denominado enlace con la ********** e ********** y dependían de la Dirección de Educación Media Superior de la dependencia adscritas al Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD); que la Secretaría pretendió desvirtuar la naturaleza de la relación de trabajo mediante un contrato de prestación de servicios profesionales con el pago de honorarios, sin embargo, tenían elementos que caracterizaban a una relación de trabajo porque existía subordinación, horario de labores y control de asistencia, lugar de trabajo y mediante el pago de una contraprestación que en realidad constituía un salario; demandaron la nulidad de la forma de contratación y el reconocimiento de la relación de trabajo. ********** tenía la categoría de ********** y ********** la de **********; que tenían funciones de empleada de base porque no era la categoría la que determinaba la naturaleza del servicio prestado sino aquéllas; por eso, dijeron, demandaban el reconocimiento de la relación de trabajo que se equiparaban a las funciones de base, según el catálogo de puestos; que la categoría de ********** estaba dentro del tabulador de salarios de la dependencia; que era de base dada su naturaleza y funciones, con independencia de que estuviera en el catálogo de puestos y comprendida en el tabulador salarial; que la categoría de ********** tenía asignada las funciones de jefe de área y que las de ambas estaban en dicho catálogo de puestos; que equiparaban a las asignadas a los trabajadores de base por lo que en realidad debían ser consideradas trabajadoras de base; que en el mes de enero de dos mil dos, se giró la instrucción al personal de base para que se desempeñara en el horario de las 9:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes y, por ello, demandaban tres horas extras diarias. El despido lo ubicaron el dos de junio de dos mil tres.

El ********** señaló que no les otorgó nombramiento a las actoras y, por ende, no existía relación laboral, porque celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Recursos Financieros y de la Dirección General de Educación Superior, como Unidades Administrativas de esta dependencia, por lo que la relación era estrictamente civil y en materia laboral burocrática la existencia de la relación laboral no se presumía, ni les era aplicable lo dispuesto en los artículos 8o., 10, 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, la existencia de la relación jurídica laboral entre las actoras y la dependencia debía constar expresamente y por escrito, a través de los únicos medios que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en el artículo 3o., como la expedición de nombramiento (formato único de personal) o, en su defecto, figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales, cuya hipótesis no acreditaron las actoras y, por tanto, no debían ser consideradas como trabajadoras ni funcionarias públicas; por tanto, estaban excluidas de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos de su artículo 8o.; que como se desprendía de la cláusula décima de los contratos de prestación de servicios profesionales que celebraron en los años dos mil, dos mil uno, dos mil dos y dos mil tres, no les correspondía la categoría demandada; que en el supuesto no admitido de que fuera improcedente la excepción, a las actoras se les contrató por tiempo determinado y si tuviera alguna responsabilidad sólo sería por la vigencia del mismo, o sea, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y como no existió la relación laboral eran improcedentes las demás prestaciones que derivaban de ésta.

La dependencia opuso la excepción de prescripción respecto del pago de vacaciones y prima vacacional por el año dos mil dos y el tiempo extra laborado a partir de dos mil dos, porque operó esta excepción con fundamento en el artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Narró que contrató a las actoras por primera vez mediante los contratos de servicios profesionales de tres de enero de dos mil y uno de febrero de dos mil y hasta el dos mil tres y en ellos se estableció que no generaban ningún derecho como trabajadoras, como se estableció en la cláusula décima, por lo que la relación fue de carácter civil; que como se desprendía de los contratos de prestación de servicios de ********** de uno de febrero de dos mil, dos de enero de dos mil uno, dos de enero de dos mil dos y dos de enero de dos mil tres, sus funciones sólo consistían en dar seguimiento a los procedimientos relacionados con el presupuesto de las universidades beneficiadas por el PRONAD en los años de dos mil y dos mil uno y en los años de dos mil dos y dos mil tres, se encargaba de la coordinación y supervisión de la administración de los proyectos vinculados con el PRONAD, sin que se le haya contratado para ser responsable de un área de la dependencia y que en el supuesto de que se hubiera desempeñado como **********, no le correspondían las prestaciones que demandaba porque en términos del artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se entendería que la misma laboró en un puesto de confianza, por lo que estaba excluida de la aplicación de ese ordenamiento; que debía tenerse como confesión expresa su manifestación vertida en el hecho cuatro de la demanda cuando dijo: "4. La demandada asignó a las actoras las categorías de ********** para la actora ********** y ********** para la actora ********** ... Por su parte, la categoría de ********** asignada a la actora tiene asignadas funciones de jefe de área". Entonces, era improcedente la basificación demandada porque el puesto estaba clasificado como de confianza y tales circunstancias se excluían entre sí; que en todo caso las actoras fueron contratadas por tiempo determinado, pues la vigencia de su último contrato fenecía el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y en el caso de que se determinara que la secretaría tuviera alguna obligación, debía reducirse al tiempo establecido para la duración del vínculo jurídico que unió a las partes y no así por tiempo indefinido; por tanto, tampoco trabajaron tiempo extraordinario.

La Sala condenó al demandado a reconocer la relación laboral con ********** en el puesto de ********** con el objeto de que cumpliera con la vigencia del contrato. Al pago de las cuotas obrero patronales de esta trabajadora ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, la condenó a reconocer la antigüedad de cada trabajadora.

Por otro lado, la responsable absolvió al demandado de la reinstalación y pagar salarios caídos e incrementos respecto de **********; del pago de las cuotas obrero patronales respecto de esta trabajadora al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado y Seguro de Vida Institucional; así como del pago de las prestaciones de las condiciones generales de trabajo.

También absolvió a la secretaría de basificar a ambas trabajadoras y del pago de vacaciones y prima vacacional del año de dos mil dos.

La responsable consideró que por la forma en que quedó planteada la litis, correspondía al demandado la carga de la prueba y estudió las pruebas que aportó: la confesional, que no le beneficiaba porque las actoras negaron las posiciones articuladas; los contratos de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios de los años 2000 a 2003, que fueron objetadas en forma general, que se desahogaban por su propia y especial naturaleza, que al estar ofrecidas en original adquirían pleno valor probatorio y se acreditaba que entre las partes existió relación en las fechas indicadas, que existían cláusulas en las que se especificaban las actividades a realizar. La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; que con la documental ofrecida como prueba superveniente consistente en copia certificada del expediente laboral ********** radicado en la Junta Local Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal era prueba plena por estar certificada y con ellas se demostró que las actoras promovieron un juicio en contra de la ********** e **********. La documental consistente en la denuncia de hechos de veintiuno de julio de dos mil ocho con valor de indicio. La Sala después se refirió a las pruebas que ofrecieron las actoras.

Los argumentos torales de la quejosa se centran en la ilegalidad del laudo por incongruente, dado que de acuerdo a las excepciones opuestas por la secretaría, ésta no probó que la actora estuviera sujeta un contrato de prestación de servicios profesionales porque se demostró una relación laboral y la dependencia no se defendió en el sentido de que trabajó por tiempo determinado. Por eso, dice que la Sala indebidamente atendió cuestiones que no formaron parte de la defensa y así suplió la deficiencia de la queja en favor de la demandada; de tal suerte que se apartó de lo delimitado como litis y lo hizo de manera contradictoria al considerar que la contratación fue por tiempo fijo sin exponer en qué contrato supuestamente fundó su decisión, a pesar de que, por otro lado, decidió que existió una relación laboral de manera constante y por más de tres años, esto es, desde el año dos mil, sin que con el material probatorio haya acreditado que el nexo fue por tiempo fijo porque los contratos de prestación de servicios que aportó tenían como propósito disfrazar la relación laboral y, por tanto, no era dable que se apreciaran con la modalidad de temporales, ya que no pueden ser a la vez contratos de trabajo, a pesar de que se especifique la temporalidad; de manera que no se ofreció alguna prueba para acreditar que la relación laboral fue por tiempo fijo, además de que la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley burocrática, establece las reglas aplicables para los contratos por tiempo determinado y los contratos de prestación de servicios profesionales que exhibió la dependencia no señalan que las funciones de la actora hayan sido por tiempo determinado, ni obran pruebas que así lo acreditaran. Además, que la Sala, ilegalmente, consideró que no procedía la basificación de la actora apoyada en que se acreditó una relación de trabajo por tiempo fijo, no obstante que señaló que tenía una antigüedad por lo menos del dos mil al dos mil tres, además de que demostró que tenía derecho a ello, porque laboró continuamente por más de seis meses, por tanto, el nexo laboral no era temporal porque con la antigüedad que se le reconoció es acreedora a la base.

Los conceptos de violación son infundados.

Como se mencionó, la defensa de la secretaría estribó en que no existió la relación de trabajo porque la actora celebró un contrato de prestación de servicios profesionales. Pero además, señaló que en todo caso laboró por tiempo determinado, pues a la excepción de negación del vínculo de trabajo agregó lo siguiente:

".... Ahora bien, en el supuesto no concedido de que ese H. Tribunal determinara como improcedente la presente excepción, es menester destacar que las actoras, fueron contratadas únicamente por tiempo determinado, es decir, sus servicios fueron contratados por tiempo determinado, en virtud de lo cual, de existir alguna responsabilidad para mi representado, ésta versa únicamente durante el tiempo de vigencia del contrato que dio origen a la relación jurídica de las accionantes con mi representada, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2003, por lo que de ninguna manera procede la reinstalación que reclaman, ya que existía fecha establecida para la terminación de sus servicios."

Entonces, contrario a lo que aduce la quejosa, la Sala no incorporó a la defensa de la secretaría una cuestión que no haya aducido en el juicio laboral como es que laboró, pero sólo por tiempo determinado.

En el mismo orden de ideas, cuando en un procedimiento laboral de carácter burocrático se demanda la reinstalación y la dependencia afirma que el vínculo que los unía era un contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado regido por el código civil, y por resolución judicial se determina que se trata de una relación de trabajo, ello implica el cambio de normatividad de civil a laboral, por lo que las cláusulas pactadas en dicha contratación deben analizarse a la luz de las normas laborales para acreditar la validez temporal de la relación respectiva; por tanto, al haber sido el mencionado contrato el sustento jurídico con el que se analizó la naturaleza de la relación y de su estudio se llegó a la conclusión de que se trataba de una de carácter laboral, no tenía porqué concluir que la relación había sido por tiempo indeterminado, porque era precisamente el contrato de prestación de servicios profesionales, el documento idóneo para evidenciar que se trató de una trabajadora temporal.

Cabe agregar, que el hecho de que se haya declarado que la relación jurídica era de carácter laboral, ello no traía necesariamente como consecuencia que fuera procedente la pretensión de la actora y se le reinstalara en una plaza de base o por tiempo indefinido, porque debía analizarse previamente la naturaleza de las funciones atribuidas, las condiciones generales y a la temporalidad del contrato a fin de determinar si el trabajador se ubicaba o no en los supuestos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 843, cuyos rubro y contenido son del siguiente tenor:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO. Cuando en el procedimiento laboral burocrático se demanda la reinstalación y la dependencia demandada afirma la existencia de un contrato civil de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado regido por el Código Civil, y por resolución judicial del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se determina que se está en presencia de una relación de trabajo, ello implica el cambio de normatividad de civil a laboral, y la consecuencia será la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sobre las condiciones pactadas, ante la existencia de un vínculo de trabajo equiparado a un nombramiento dentro de los supuestos que al efecto establece la ley de la materia. En consecuencia, las cláusulas pactadas pueden tomarse en cuenta pero a la luz de las normas laborales, para acreditar la validez temporal de la relación respectiva, porque independientemente de que el demandado opuso una excepción que a la postre no justificó, lo cierto es que la declaración de que la relación jurídica es de naturaleza laboral, no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga por satisfecha la pretensión del trabajador, en el sentido de que se le reinstale en una plaza de base o por tiempo indefinido, sino que previamente debe examinarse la naturaleza de las funciones atribuidas, la situación real en que se encontraba y la temporalidad del contrato, a fin de determinar los supuestos en que se ubica conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en cuanto a las diferentes clases de nombramiento, que pueden ser de confianza o de base y, en su caso, definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada."

Bajo el anterior criterio, al ser la trabajadora una servidora pública eventual, dada la temporalidad del contrato, ésta no gozaba del derecho a la inamovilidad.

Se afirma lo anterior, debido a que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5o., fracción II, 6o., 7o., 12, 15, fracciones II y III, 46, fracción II, 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, éstos pueden ser de base o de confianza, y sus nombramientos pueden ser definitivos, interinos, provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada. Sin embargo, debe destacarse, que el derecho a la inamovilidad en el empleo prevista en el mencionado artículo 6o., sólo corresponde a quienes se les otorga un nombramiento de base y realicen labores que no sean consideradas de confianza, siempre que hayan laborado por más de 6 meses sin nota desfavorable en su expediente.

En ese sentido, el artículo 46, fracción II, del mismo ordenamiento legal establece:

"Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

"...

"II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación;

"..."

De lo transcrito se colige que el Estado puede dar por terminado el vínculo laboral, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, ya sea debido a la conclusión del término o de la obra determinada para la que se contrató. Dicha situación implica que el legislador previó la prerrogativa a la inamovilidad únicamente para los trabajadores con un nombramiento definitivo, con el objeto de que no pudieran ser separados de su puesto, sino sólo por causa justificada.

Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 134/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 338, cuyos rubro y contenido se transcriben:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA INAMOVILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CORRESPONDE A QUIENES SE LES EXPIDE UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL, AUNQUE LAS FUNCIONES DEL PUESTO QUE DESEMPEÑEN SEAN CONSIDERADAS DE BASE. Conforme a los artículos 5o., fracción II, 6o., 7o., 12, 15, fracciones II y III, 46, fracción II, 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, éstos pueden ser de base o de confianza, y sus nombramientos pueden ser definitivos, interinos, provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada. Sin embargo, la prerrogativa a la inamovilidad en su puesto prevista en el mencionado artículo 6o., sólo corresponde a quienes se les otorga un nombramiento en una plaza donde se realizan labores que no sean consideradas de confianza, ya sea de nueva creación o en una vacante definitiva, siempre que hayan laborado por más de 6 meses sin nota desfavorable en su expediente. Lo anterior, en virtud de que el legislador quiso conferir el indicado derecho sólo a los trabajadores con nombramiento definitivo para que no fueran separados de sus puestos sino por causa justificada, lo que deriva del referido artículo 46; de otra manera, no se entiende que en este precepto se contemple como causa de terminación del nombramiento sin responsabilidad del Estado la conclusión del término o la obra determinada, pues sería ilógico que en aras de hacer extensivo el derecho a la inamovilidad a los trabajadores eventuales el Estado, en su calidad de patrón equiparado, estuviese imposibilitado para dar por terminado un nombramiento sin su responsabilidad, con el consiguiente problema presupuestal que esto puede generar; de ahí que en este aspecto no pueda hablarse de que los servidores públicos eventuales deban gozar de la prerrogativa a la inamovilidad que se creó para dar permanencia en el puesto a quienes ocupen vacantes definitivas."

Por tanto, fue correcta la decisión de la Sala en el sentido de que la contratación de la actora fue por tiempo determinado.

Es fundado pero inoperante el argumento de la quejosa acerca de la confesional de **********, a quien se le tuvo fíctamente confeso porque dice la quejosa que la Sala no estudió esa prueba, sin embargo, no se observa del expediente el pliego de posiciones correspondiente y que entonces debía requerírsele a la Sala para que "apareciera" y, además, realizar el estudio de la prueba, y que tampoco estudió las documentales que ofreció y que se perfeccionaron.

Cuando el demandado niega la relación de trabajo con la parte actora y afirma que es de otra naturaleza, está negando la cualidad de un hecho pero no su existencia, esto es, si el demandado reconoce la existencia de una relación jurídica que lo unió con ella, pero niega que ésta sea de trabajo, lo que forzosamente envuelve la afirmación de que la relación es de otra naturaleza, de tal suerte que el demandado debe probar el tipo de relación jurídica que tiene con aquélla.

Por tanto, la secretaría tenía la carga de demostrar que lo unió con la actora una relación de naturaleza distinta a la laboral, como lo afirmó.

Al cobijo del derecho burocrático, el artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que trabajador es toda persona que presta un servicio en virtud de nombramiento o figurar en las listas de raya; no obstante, dicha condición no ha sido entendida de manera irrestricta, sino que, aún cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se pruebe la inclusión en las listas de raya, si se demuestra que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, aunque se haya firmado un contrato de prestación de servicios por honorarios, debe tenerse por acreditada la relación de trabajo.

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315, que reza:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.’, así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado."

Bajo el criterio transcrito se tiene que cuando en un juicio se plantea como problemática el tipo de relación que une a las partes, en este caso civil o de trabajo, corresponde a la autoridad definirlo, partiendo de la causa que le dio origen; esto es, si fue oral o escrito y, en el caso, el motivo que dio origen al contrato consistió en un documento escrito que se denominó "contrato de prestación de servicios profesionales"; toca al juzgador dirimir su naturaleza analizando los elementos básicos de una relación laboral: categoría, salario, jornada y, desde luego, el elemento sustancial que es la subordinación.

Por eso, como el tema central del conflicto laboral dependía del análisis de las contrataciones de la actora y si existían elementos que la caracterizaban para ser considerada una relación laboral, cuyo estudio jurídico le correspondía a la Sala, es claro que para decidirlo no incidía la valoración de la mencionada prueba confesional de **********, sino como se indicó, dependía de la apreciación por parte de la responsable de las documentales que ofreció la secretaría para probar su excepción; de ahí que aunque tenga razón la quejosa en el sentido de que la Sala omitió apreciar ese elemento de convicción, deviene inoperante su argumento.

En ese orden de ideas, es fundado pero inoperante el argumento de la quejosa relativo a que la Sala no se ocupó de la nulidad de la "forma de contratación", por parte del demandado, porque le hacían firmar contratos de prestación de servicios profesionales para "desvirtuar" la relación laboral, porque no señaló los hechos específicos o elementos mínimos en los que fundó su pretensión como es cuál era el contrato de prestación de servicios profesionales del que pretendía la nulidad; qué cláusulas o condiciones pactadas en la contratación debían declararse nulas y porqué razón, es decir, los motivos por los que afectaban sus derechos laborales; no narró las circunstancias o pormenores esenciales acerca de las contrataciones en las que fundó su acción de nulidad, pues se limitó a señalar en el hecho tres de la demanda:

"3. El titular demandado, pretendiendo desvirtuar la naturaleza de la relación de trabajo asignó a las actoras contrato de prestación de servicios profesionales mediante el pago de honorarios por los servicios prestados, sin embargo y dado que se reúnen todos los elementos de la relación laboral al existir subordinación, un horario de labores y control de asistencia, un lugar asignado dentro de las instalaciones para el desempeño del trabajo encomendado y mediante el pago de una contraprestación que en realidad constituye un salario, se demanda la nulidad de la forma de contratación y el reconocimiento de la relación de trabajo."

Como se mencionó, la trabajadora sólo manifestó que demandaba la nulidad de "la forma de contratación", pero no relató los hechos en que fundaba su reclamo en relación con los contratos de servicios profesionales; además de que la acción específica que se ejercitó fue la reinstalación en el puesto que ocupaban por despido injustificado que ubicó el dos de junio de dos mil tres; de ahí que sea fundado pero inoperante el concepto de violación.

En el mismo orden de ideas, como el último contrato era por tiempo determinado, este Tribunal Colegiado advierte, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que lo correcto era que la Sala hubiera condenado a la secretaría al pago de salarios caídos del dos de junio de dos mil tres al treinta y uno de diciembre de ese año, al tener por cierto el despido porque a la fecha en que se dictó el laudo había fenecido la vigencia del mismo, lo que imposibilitaba jurídicamente era la reinstalación pero como no se justificó su separación anticipada al vencimiento de aquél, la actora no obtuvo las prestaciones a las que tenía derecho por causa imputable a la dependencia, entre ellos, el pago de salario, pues constituye una responsabilidad ineludible para el demandado que despidió injustificadamente al trabajador el pago de los salarios respectivos, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada; de ahí que prosperaba la condena a pagar los salarios caídos por el periodo que mediaba entre la fecha en que se ubicó el despido y mientras estuvo vigente el contrato.

Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 4a./J. 24/94, sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 79, julio de 1994, Octava Época,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24368-a40d6b75/vacaciones-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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