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Modo: Corpus Pro

SALARIO. PARA EFECTOS DE UNA CONDENA NO PUEDE CONSIDERARSE EL QUE DA COMO RESULTADO UNO DIARIO INFERIOR AL MÍNIMO GENERAL VIGENTE CORRESPONDIENTE A LA ZONA Y AÑO DE QUE SE TRATE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1345/2012. · Registro digital (IUS): 24426
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Pág. 2113.

AMPARO DIRECTO 1345/2012. 31 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: OMAR DAVID UREÑA CALIXTO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Por razón de método, el estudio de algunos motivos de inconformidad se hará en distinto orden al en que fueron planteados; asimismo, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, otros serán analizados en forma conjunta por encontrarse íntimamente relacionados.

En el primero, segundo, otra parte del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo conceptos de violación, la impetrante manifiesta que la Junta dictó un laudo incongruente, toda vez que:

-Consideró que la relación de trabajo fue por tiempo determinado; sin embargo, de acuerdo a la ley obrera y la jurisprudencia, los vínculos laborales son por tiempo indeterminado y, por excepción, por tiempo u obra determinada, aunque éstos sólo cuando se justifica la causa motivadora de la temporalidad en el contrato y que la naturaleza de la labor exija una relación transitoria pues, de lo contrario, será por tiempo indefinido, sin importar que el propio pacto establezca un cierto lapso para la prestación del servicio.

-El ********** nunca se excepcionó en el sentido de que la relación de trabajo era temporal, pues sólo afirmó que el vínculo era civil, aunado que tampoco demostró una causa motivadora de la temporalidad contractual, pues sólo exhibió un contrato que contiene una vigencia para el desempeño de las labores, mismo que resulta insuficiente para acreditar que la naturaleza del trabajo exigía dicha temporalidad.

-Determinó que la actora debió ejercer la acción de prórroga contractual; empero, si el contrato no tiene una causa motivadora de la temporalidad, entonces tampoco existía motivo legal para demandar aquella prestación (prórroga), misma que -incluso- se elevó en forma tácita al pedir la reinstalación.

-La antigüedad no controvertida de la actora data desde septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), lo cual acredita que ésta prestó sus servicios de manera continua hasta el despido injustificado.

-Ni el contrato de prestación de servicios profesionales, con una vigencia del cuatro de marzo al treinta y uno de agosto de dos mil, así como tampoco el resto de documentos aportados en el juicio, acreditan la naturaleza temporal del empleo como para que, necesariamente, debiera concluir en esta última data; de tal manera que la relación entre las partes debió ser considerada por tiempo indeterminado, sin que las indemnizaciones encuadren en el artículo 50, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo.

-Bastaría que cualquier patrón estableciera una fecha de terminación en los pactos laborales para concluir las relaciones de trabajo sin responsabilidad; no obstante, con el fin de evitar abusos por parte de los empleadores a través de la simulación de un vínculo temporal, que en realidad es por tiempo indeterminado, el legislador puso obstáculos para no atentar contra el principio de libertad de trabajo y de estabilidad en el empleo, tales como el hecho de que el empleador debe acreditar el motivo que evidencie una contratación temporal, tal como lo establece el artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que: "el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza."

-La labor de impartir educación técnica en la institución demandada, no es una función que se desarrolle de manera esporádica, accidental o extraordinaria, mucho menos se intenta sustituir a un trabajador; sino que se trata de una actividad que ordinariamente se realiza sin urgencia, exceso, carga de trabajo, actividad extraordinaria o eventual que justifique la pretendida temporalidad aducida por la responsable.

Los motivos de inconformidad sintetizados, son inatendibles. Para evidenciar lo así afirmado, es menester retomar los siguientes antecedentes:

********** demandó del **********, entre otras prestaciones, el reconocimiento de que su relación fue de trabajo, la reinstalación, pago de salarios caídos y la nulidad de los contratos de prestación de servicios profesionales; esta última, en los siguientes términos:

"K) La nulidad de los indebidos contratos de prestación de servicios profesionales que la demandada hizo firmar a la actora o de cualquier otro documento, en todo lo que se opongan a las normas, condiciones y existencia de una relación de trabajo; ya que se presume que el ********** se pretenda excepcionar con los mismos, argumentando la existencia de una relación de carácter civil, por lo que desde ahora se pide la nulidad de los referidos contratos así como de cualesquiera otros documentos en cuanto a que contengan renuncia de derechos de la trabajadora actora, tal como se menciona en el hecho correlativo ..." (folio 3 del expediente laboral).

En los hechos manifestó:

-Que ingresó a laborar a principios del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el puesto de profesora, nivel PB, impartiendo las asignaturas de taller de lectura y redacción.

-Que el ********** demandado le hizo firmar contratos de prestación de servicios profesionales, con la modalidad de pago en forma de "honorarios"; los cuales, sin embargo, contenían cláusulas con beneficios laborales, es decir, la relación pactada fue de trabajo al encuadrar en las hipótesis determinadas por los artículos 8, 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, simulando una relación de carácter civil.

-Que: "********** hizo firmar contratos de prestación de servicios profesionales, contratándola como personal de honorarios; conducta que ha venido repitiendo el ********** demandado desde el inicio de su relación de trabajo ... pretendiendo simular una relación de carácter civil. Es por ello que se solicita la nulidad de los contratos ... en cuanto atenten o contradigan la relación de trabajo entre la actora y el referido **********; contratos con los que se presume que el ********** pretenda excepcionarse, argumentando la existencia de una relación con la actora diversa a la laboral que los une. Inclusive cuando tales contratos fueron elaborados tan mañosamente, que los tribunales de amparo ... han referido que de los mismos ... se desprende la figura de la subordinación y, por tanto, entre el ********** y sus docentes existe relación de trabajo ..." (folios 10 y 11 del expediente laboral).

-Que el demandado la despidió injustificadamente el diecinueve de agosto de dos mil dos, aproximadamente a las 16:15 horas, por órdenes del ********** y a través del ********** de ********** y ********** ********** del Plantel **********.

El ********** al contestar la demanda negó derecho a la actora y manifestó que existió una relación jurídica de prestación de servicios profesionales, sujeta al pago de honorarios, dado que firmó diversos pactos de naturaleza civil.

La Junta determinó (primer laudo), que de los contratos de prestación de servicios profesionales se desprendía la existencia de una relación laboral, pero que debía estarse al plazo señalado en el último pacto; asimismo, precisó que la relación de trabajo terminó por el transcurso del tiempo (al 31 de agosto de 2002), con independencia de que la actora hubiere afirmado que fue despedida el diecinueve -19- del mismo mes y año, ya que en el expediente no existía elemento probatorio alguno que así lo acreditara.

Inconforme con lo anterior, ********** promovió juicio de amparo directo, del que conoció este órgano colegiado bajo el DT. **********, donde el ocho de diciembre de dos mil once, otorgó la protección constitucional para que la Junta:

"... se pronuncie en torno al despido injustificado aducido por la actora, tomando en consideración que la carga de la prueba corresponde al ********** para acreditar, en su caso, la inexistencia del mismo. Hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que proceda." (folio 594 del expediente laboral).

En cumplimiento a esa ejecutoria, la responsable dictó el laudo que ahora se impugna (segundo en su orden), donde advirtió que de los contratos de prestación de servicios profesionales se desprendía la existencia de una relación laboral y también consideró que la actora fue despedida injustificadamente; no obstante que el vínculo de trabajo había sido por tiempo determinado y, dado que ésta no ejerció la acción de prórroga, debía estarse al plazo contractual.

De la cronología que precede, se desprende que ********** jamás sustentó su acción en el hecho de que los contratos por ella firmados, de los que se desprendía la relación de trabajo, debían justificar la causa motivadora de la temporalidad, es decir, en su escrito inicial de la demanda laboral nunca elevó argumento alguno en el sentido de que los vínculos laborales siempre son, por excepción, por tiempo u obra determinada, sobre los cuales pesara la carga de la patronal para acreditar que su naturaleza obedeciera a cierto lapso.

La actora, al impetrar su acción, en ningún momento dijo que con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal del Trabajo, los pactos que signó, sujetos a vigencia, debían tener por acreditada su naturaleza temporal pues, de lo contrario, atentaban contra el principio de estabilidad en el empleo y tenían que ser considerados por tiempo indeterminado, como ahora lo pretende hacer valer en los motivos de disenso que nos ocupan.

Lo hasta aquí referido se corrobora con las prestaciones reclamadas y hechos narrados en la demanda por **********, pues si bien reclamó la nulidad de los contratos celebrados con el ********** y que éstos se estimaran como de tiempo indeterminado, lo cierto es que dichas prestaciones las hizo depender, en todo momento, que de esos pactos se derivaba una relación de trabajo y no de carácter civil. Incluso precisó: "... hizo firmar (el demandado) contratos de prestación de servicios profesionales ... pretendiendo simular una relación de carácter civil. Es por ello que se solicita la nulidad ... (pues) se desprende la figura de la subordinación ..."

En consecuencia, la acción de nulidad de los contratos y de que éstos se estimaran como de tiempo indeterminado, siempre giró en torno a que la relación que existió entre las partes fue de trabajo, mas nunca que la patronal debía justificar la temporalidad de los pactos signados; por tanto, las manifestaciones de la quejosa constituyen elementos que no fueron materia de la controversia laboral y que no pudieron ser analizados por la responsable en esos términos, aunado a que la litis original de ninguna manera puede ser variada en favor de alguna de las partes y, en la especie, no por haber demandado la reinstalación, así como la citada nulidad contractual que existió en forma continua, puedan o deban tenerse por elevados tácitamente los argumentos que ahora expone y pretende sean ponderados, ya que aquellos reclamos (reinstalación y nulidad) por sí solos no evidencian la voluntad de exigir que se justifique la causa motivadora de la temporalidad contractual.

Considerar lo contrario dejaría en estado de indefensión al patrón demandado, al no haber contado con elementos para, en su caso, controvertir u oponer excepciones en torno a lo que expone la quejosa en sus conceptos de violación.

Este órgano de control constitucional no soslaya lo que disponen los artículos 685, 873, párrafo segundo y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, los cuales establecen la función tutelar por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en favor de los trabajadores, quienes están obligadas a subsanar de oficio las deficiencias que contengan sus escritos de demanda, así como precisar sus defectos u omisiones para, en su caso, prevenirlos.

La suplencia laboral, sin embargo, siempre debe estar regida por lo que dispone el artículo 685, párrafo segundo, de la ley de la materia: "... las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador ..."; es decir, las autoridades del trabajo no pueden variar las prestaciones o cargas procesales, ni aun a título de suplencia, pues derivan de la acción promovida y los hechos aducidos.

En consecuencia, si los argumentos emitidos en los motivos de inconformidad que nos ocupan, no fueron sustento de la acción intentada por la trabajadora, entonces tampoco pueden ser materia de la controversia constitucional; de ahí que resulten inatendibles.

Es aplicable al respecto, por el principio de analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Quinta Parte, página 53, cuyos rubro y texto señalan:

"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."

En una parte del tercer concepto de violación, la quejosa señala que la Junta dictó un laudo incongruente al haber considerado que el demandante debió ejercer la acción de prórroga contractual, pero lo correcto era prevenirlo para que aclarara su escrito inicial respecto de las prestaciones reclamadas.

El motivo de inconformidad sintetizado es infundado. ********** demandó del ********** (**********), entre otras prestaciones, la reinstalación y el pago de salarios caídos, a consecuencia del despido injustificado del que adujo fue objeto.

La institución demandada negó derecho a la accionante y la Junta resolvió:

"... si bien se determinó que la relación existente entre las partes era de naturaleza laboral, lo cierto es que se dio al amparo de un contrato por tiempo determinado y dado que la actora no ejerció la acción de prórroga correspondiente, debe estarse al plazo señalado ..." (folio 608 reverso del expediente laboral).

Aun cuando la resolutora hubiere determinado que debía estarse al plazo señalado en el contrato que dio vida a la relación de trabajo entre las partes, dado que la demandante no ejerció la acción de prórroga correspondiente, lo cierto es que, opuesto a lo referido en los motivos de disenso, esa circunstancia de ninguna manera conllevaría mandar prevenirlo para que aclarara su escrito inicial respecto a las prestaciones reclamadas.

Se afirma lo dicho con antelación, dado que los artículos 873, segundo párrafo y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, establecen la obligación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para mandar prevenir al trabajador o a sus beneficiarios cuando: 1) la demanda es oscura o vaga; 2) la demanda es irregular; o bien, 3) se hayan ejercido acciones contradictorias; lo que no acontece en el caso concreto, pues la omisión de reclamar la prórroga del contrato no significa la existencia de alguna oscuridad, vaguedad o irregularidad posibles de subsanar, porque finalmente el actor puntualizó las prestaciones que consideró tenía derecho.

Estimar lo contrario a lo expuesto en el párrafo que precede, como se tiene dicho, sería tanto como cambiar la acción promovida o intentar una nueva a nombre de la demandante, lo que no puede ocurrir ni aun a título de suplencia; máxime cuando las acciones que derivan del despido y las que nacen del derecho a una prórroga, no son contradictorias por emanar de hechos y circunstancias autónomas, que por ser coexistentes entre sí, resulta innecesario mandar prevenir a la trabajadora respecto a una omisión a ella imputable; de ahí lo infundado del motivo de inconformidad.

En otro orden y previo al estudio de los restantes conceptos de violación, este Tribunal Colegiado estima pertinente hacer énfasis en los siguientes antecedentes:

La Junta dictó laudo el uno de junio de dos mil once (primero en su orden), en contra del cual, ********** promovió juicio de amparo directo, del que conoció este órgano colegiado bajo el DT. **********, donde el ocho de diciembre de dos mil once otorgó la protección constitucional y determinó:

"... (la Junta) se pronuncie en torno al despido injustificado aducido por la actora, tomando en consideración que la carga de la prueba corresponde al ********** para acreditar, en su caso, la inexistencia del mismo. Hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que proceda ... Dados los efectos por los que se concede el amparo, es innecesario abordar el examen de los argumentos expuestos en los conceptos de violación, ya que se plantean cuestiones atinentes a la temporalidad de la relación de trabajo, así como a la procedencia o no de algunas prestaciones reclamadas durante todo el tiempo que duró el vínculo laboral, hasta antes del injustificado despido y con posterioridad al mismo ..." (folio 594 del expediente laboral).

De la reproducción que precede, se advierte que en virtud del amparo otorgado a la aquí impetrante en el DT. **********, la Junta debía pronunciarse en torno al despido injustificado que la actora adujo ocurrió el diecinueve de agosto de dos mil dos, a pesar de que la temporalidad del último contrato fenecía el treinta y uno del mismo mes y año.

En consecuencia, quedó pendiente el estudio de los conceptos de violación relacionados con la temporalidad de la relación de trabajo, ya que la Junta podía determinarla el diecinueve de agosto de dos mil dos, o bien, el treinta y uno siguiente, de acuerdo a la libertad de jurisdicción que se otorgó al respecto y, por ende, también quedaban sub júdice los motivos de disenso relacionados con las prestaciones reclamadas durante todo el tiempo que duró el vínculo laboral, tales como el pago de 10.5 horas semanales de trabajo, sexto y séptimos días laborados semanalmente, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Precisado lo anterior, en el décimo cuarto concepto de violación, la impetrante refiere que la Junta erróneamente omitió condenar al pago de 10.5 horas de trabajo semanal por la preparación de textos, materiales y demás elementos necesarios para sus clases diarias, pues la jornada es carga del patrón; además de que existe presunción de que en ese tiempo (fuera de clases), tenía que preparar previamente la cátedra que impartía.

El motivo de disenso sintetizado, es infundado. ********** demandó del ********** (**********):

"IV) 10.5 horas semanales de trabajo. Esta prestación devengada de manera semanal por la actora asciende a ********** semanales, y se cuantifica a razón de 52.14 semanas que tiene el año; por lo que tomando en cuenta la fecha de ingreso de la actora al servicio de la institución demandada (septiembre de 1994) y la fecha del despido del mismo (19 de agosto del año 2002), transcurrieron 8 años, esto es, 417.12 ********** semanas que para fines prácticos se redondean en 417 semanas que multiplicadas por el salario de las 10.5 horas ********** dan como resultado la cantidad de **********, cantidad que mediante esta vía se reclama ya que la institución demandada se abstuvo de cubrir a la actora el pago respectivo durante todo el tiempo que la actora estuvo laborando a su servicio hasta antes de su injustificado despido."

En los hechos precisó:

"17. Además de abstenerse de cubrir a mi representada la cantidad correspondiente al salario del 6o. y 7o. día, la institución demandada tampoco le cubría el salario de las horas de trabajo en que permanecía dentro del plantel **********, laborando en la preparación de textos, materiales y demás elementos necesarios para la preparación de sus clases diarias, pues una cosa es la exposición de la clase ante grupo (10 horas semanales) y otra la preparación de la misma; sobre todo cuando la actora tenía que desempeñar ese trabajo con base en los programas de estudio elaborados previamente por el **********. Esta prestación asciende a una hora y media diaria de labores, es decir, diez horas y media semanales (tomando en cuenta las 4 horas generadas proporcionalmente en el 6o. y 7o. día). Por ello, al multiplicar ********** horas por ********** por hora nos da como resultado la cantidad de ********** semanales, cantidad que también forma parte del salario diario de la actora en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo ...

"19. ... D) 10.5 horas semanales de trabajo. Esta prestación devengada de manera semanal por la actora asciende a ********** semanales, y se cuantifica a razón de 52.14 semanas que tiene el año; por lo que tomando en cuenta la fecha de ingreso de la actora al servicio de la institución demandada (septiembre de 1994) y la fecha del despido del mismo (19 de agosto del año 2002), transcurrieron 8 años, esto es, 417.12 semanas que para fines prácticos se redondean en 417 semanas que multiplicadas por el salario de las 10.5 horas ********** dan como resultado la cantidad de ********** cantidad que mediante esta vía se reclama ya que la institución demandada se abstuvo de cubrir a la actora el pago respectivo durante todo el tiempo que la actora estuvo laborando a su servicio hasta antes de su injustificado despido."

El ********** (**********), manifestó que existió una relación jurídica de prestación de servicios profesionales, sujeta al pago de honorarios, dado que la actora firmó diversos pactos de naturaleza civil y por tiempo determinado, cuyos honorarios semestrales ascendían a ********** prorrateados en seis exhibiciones.

La Junta determinó:

"... debe considerarse que los días reclamados (6o. y 7o.) se encuentran considerados en el pago pactado, ni acreditan que se hubiere pactado de manera extralegal como lo pretenden, el pago de la preparación de textos materiales y demás elementos necesarios para sus clases diarias, ni demuestran la necesidad u obligación de permanecer en la institución demandada para tal fin, por lo que resultan también improcedentes las 10.5 horas semanales que reclaman ..." (folios 606 al 610 reverso del expediente laboral).

La consideración a que arribó la responsable debe subsistir, ya que si bien no prosperó la excepción del demandado en el sentido de que sólo existió una relación jurídica de naturaleza civil, lo cierto es que la sola circunstancia de que se haya determinado una relación laboral no hacía procedente -per se- el pago de 10.5 horas semanales de trabajo y que la actora aduce permanecía dentro del plantel de los **********, laborando en la preparación de textos, materiales y demás elementos necesarios para la preparación de sus clases diarias, por lo que enseguida se expone.

********** refirió que prestaba sus servicios en el plantel ********** del ********** demandado, impartiendo clases dentro de sus instalaciones y en diversos horarios los días lunes, martes y jueves (diez horas totales a la semana).

En consecuencia, las 10.5 horas semanales de trabajo que la accionante asevera elaboraba textos, materiales y demás elementos necesarios para la preparación de aquellas clases, de ninguna manera podrían ser consideradas como parte de la jornada de trabajo, dado que la supuesta labor era realizada fuera del horario a que se encontraba obligada y, en su caso, dentro de las instalaciones del plantel ubicado en los **********, que es diverso al en que adujo impartía sus clases.

La prestación que nos ocupa (10.5 horas semanales por preparación de clases), al no formar parte de la jornada ni del horario de trabajo estipulado por la propia demandante, se traduce en una prestación extralegal, cuya fatiga procesal le correspondía satisfacer, es decir, a ********** tocaba acreditar que en un plantel diverso (**********) y fuera del horario al que adujo estaba obligada, permanecía realizando textos, materiales y demás elementos necesarios para la preparación de las clases que daba en el plantel **********. Considerar lo contrario, sería tanto como imponer la carga de la prueba al demandado sobre un hecho negativo; de ahí lo infundado del motivo de inconformidad.

Es ilustrativo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, página 43, que dice:

"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE. Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías individuales."

En una parte del décimo primero y décimo segundo conceptos de violación, la impetrante manifiesta que la resolutora emitió un laudo incongruente, al determinar extralegales las prestaciones consistentes en bono al desempeño académico y aguinaldo (gratificación especial), cuando el patrón únicamente señaló que no le correspondían; aunado al hecho de que si no se acreditó la excepción opuesta en torno al vínculo laboral, entonces aquéllas eran procedentes.

Son infundados los motivos de disenso sintetizados. La accionante solicitó el pago del bono al desempeño académico y aguinaldo (gratificación especial), a razón de ********** (**********) anuales, respecto de los cuales, la Junta absolvió al determinar que resultaban prestaciones extralegales.

Si bien el ********** no acreditó su excepción de que el vínculo laboral se dio a la luz de un contrato de naturaleza civil, lo cierto es que ello no hacía procedentes las prestaciones que nos ocupan, pues cuando alguien reclama alguna que no tiene fundamento en la Ley Federal del Trabajo, sino en algún ordenamiento extralegal, como podría ser un contrato colectivo de trabajo, le corresponde acreditar la existencia de ese derecho y, además, que se encuentra dentro de las hipótesis normativas correspondientes, a fin de evidenciar que su contraparte está obligada a satisfacer el reclamo.

En ese sentido lo estableció la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis pretranscrita de rubro: "PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE."; por tanto, contrario a lo manifestado por la impetrante, a ésta incumbía acreditar que tenía derecho y percibía anualmente un bono al desempeño académico y aguinaldo (gratificación especial), a razón de ********** (**********); y al no haberlo hecho así, la absolución decretada en el laudo fue correcta; de ahí lo infundado de los motivos de disenso.

En otra parte del décimo primero y décimo segundo conceptos de violación, la impetrante manifiesta que la resolutora emitió un laudo incongruente, al determinar extralegales las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, cuando se encuentran en la Ley Federal del Trabajo y ésta precisa que la carga de la prueba, en cuanto a su monto, es para el patrón al haberlas controvertido diciendo únicamente que no le correspondían; aunado al hecho de que si no se acreditó la excepción opuesta en torno al vínculo laboral, entonces aquéllas eran procedentes; máxime cuando integran el salario y él tiene mayores elementos para probarlo.

Los motivos de disenso sintetizados, son fundados. ********** demandó lo siguiente:

"I) El pago ... a razón de 30 días de salario por concepto de aguinaldo ... prestación que se reclama durante todo el tiempo que la actora permanezca injustificadamente despedida de su trabajo y hasta en tanto el ********** cumpla con esa obligación. Reclamándose igualmente el pago de las mejoras legales y contractuales que generen estas prestaciones en el lapso que la actora permanezca separada injustificadamente de su trabajo y hasta en tanto el organismo demandado cumpla con esa obligación, tal como se específica en el hecho respectivo. II) Prima vacacional. Esta prestación se cuantifica a razón del 30% del salario percibido durante las vacaciones, es decir, el salario de 20 días hábiles al año (28 días naturales), por lo que tomando en cuenta la fecha de ingreso de la actora al servicio de la institución demandada (septiembre de 1994) tiene 8 años cumplidos como trabajadora del **********, por lo que la demandada le adeuda 20 días hábiles de vacaciones (28 días naturales), siendo que el salario de esos 28 días naturales multiplicados por el salario diario de ********** da como resultado la cantidad de **********, cantidad que mediante esta vía se reclama ya que la institución demandada se abstuvo de cubrir a la actora el pago de la citada prima vacacional durante todo el tiempo que la actora estuvo laborando a su servicio hasta antes de su injustificado despido ..." (folios 2 y 3 del expediente laboral).

Como se observa, la accionante solicitó el pago de aguinaldo a razón de treinta (30) días anuales; vacaciones por veinte (20) días hábiles de descanso al año, es decir, veintiocho (28) días naturales y prima vacacional del 30% sobre el salario percibido durante las vacaciones.

El ********** manifestó genéricamente que esas prestaciones eran improcedentes, por haber existido una relación jurídica de prestación de servicios profesionales, sujeta al pago de honorarios, dado que la actora firmó diversos pactos de naturaleza civil y por tiempo determinado.

La Junta condenó al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, en términos legales conforme a los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo; y aun cuando fueron reclamadas con un monto mayor al mínimo establecido en estos ordinales, tocaba acreditarlos al patrón ya que la prestación no es extralegal. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 31/2011, que es aplicable por el principio de analogía jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 779, que dice:

"AGUINALDO. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24426-663b915b/salario-para-efectos-de-una-condena-no-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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