LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO CUANDO CONTROVIERTE UNA SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE LE RECLAMÓ EL DESPIDO VERBAL DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO EMILIO CARMONA, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, RENATA GILIOLA SUÁREZ TÉLLEZ Y ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. AUSENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIA: SILVIA VIDAL VIDAL.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS para resolver la contradicción de tesis 4/2021; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia. Por oficio 666 recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito el nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 57/2021 y las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al fallar los juicios de amparo directo 735/2018 y 199/2019 (fojas 2 a 5).
SEGUNDO.—Trámite. Mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de este Pleno de Circuito ordenó registrar la denuncia de mérito con el número de expediente 4/2021, la admitió a trámite y, entre otras cuestiones, solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito que remitiera copia certificada de las ejecutorias correspondientes; asimismo, requirió a los contendientes informaran si los criterios que sustentaron estaban vigentes (fojas 77 a 79).
En el oficio DGCCST/X/279/08/2021, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis alguna en la que el tema a resolver guardara relación con el que es objeto del expediente en que se actúa; comunicación que se tuvo por rendida el uno de septiembre de dos mil veintiuno, misma actuación en la que se ordenó turnar el asunto al Magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero para formular el proyecto de resolución respectivo (foja 161).
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Décimo Sexto Circuito, especializados en dicha materia administrativa.
Se precisa que este asunto se resuelve, de conformidad con el artículo 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 9/2021, en relación al periodo de vigencia; asimismo, el artículo 1, párrafo segundo, del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión; y 27, fracción IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito en los juicios de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
Lo anterior, toda vez que la denuncia la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis es como sigue.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 735/2018 y 199/2019, en sesiones de dieciséis de mayo y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
Juicio de amparo directo 735/2018
"SEXTO.—Procedencia.
"El juicio de amparo es procedente, en virtud de que se reclama una sentencia definitiva dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en un juicio administrativo promovido por ********** en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, a quienes se les imputó el despido injustificado de cinco de julio de dos mil dieciséis, realizado de manera verbal por el coordinador regional de Policía Ministerial, región B, sede Irapuato, por lo que demandó la entrega de ‘todas y cada una de mis prestaciones correspondientes a la relación administrativa’.
"La peculiaridad relativa a que el juicio administrativo fue iniciado por un elemento de seguridad pública en contra de una institución estatal a quien se le demanda como prestación primordial, una indemnización, por atribuírsele un despido verbal, encaja en la hipótesis de excepción, ya que se cumplen con los requisitos a que alude el artículo 9o. de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado afecta su patrimonio derivado de una relación jurídica en la que se colocó en un plano de igualdad con un particular.
"No es obstáculo que:
"a) El acto provenga de un tribunal de justicia administrativa; y,
"b) El juicio que dio lugar a la resolución impugnada se refiera a la separación de un miembro de una institución de seguridad pública.
"Por cuanto ve a la calidad de la autoridad administrativa es pertinente mencionar que recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en el sentido de que un ente público puede acudir al juicio de amparo en contra de actos derivados de órganos jurisdiccionales administrativos. La tesis relativa es del siguiente título, subtítulo y texto:
"‘PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas.’ (Consultable en la página 875, Libro 55, junio de 2018, Tomo II, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta)
"Se justifican las condiciones de aplicación de esa jurisprudencia, en virtud de que existe un proceso jurisdiccional en el que participó la parte actora en un plano de igualdad, como es el juicio de nulidad; la autoridad, fiscal general de Justicia del Estado de Guanajuato, ahora quejosa, tiene el carácter de demandada en dicho proceso; resiente afectación frente a una autoridad porque se declaró la nulidad del acto que se le atribuye como es la separación de su cargo de un miembro de seguridad pública; resiente afectación en su esfera patrimonial, ya que fue condenada al pago de prestaciones económicas y, por último, del análisis de la relación subyacente al juicio se concluye que la quejosa no defiende un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas, porque esa relación es de índole laboral-administrativa que se rige por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, se asemeja a una relación laboral, el empleado, agente ministerial y la empleadora, la autoridad demandada, aun cuando la relación se regule por el derecho administrativo.
"Este Tribunal Colegiado no desconoce la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’; sin embargo, no es el caso de su aplicación de esa jurisprudencia, por los siguientes motivos:
"La ejecutoria correspondiente declara categóricamente que tratándose de miembros de seguridad pública es improcedente el juicio de amparo porque:
"a) La autoridad demandada en el juicio ordinario no comparece en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis de excepción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9o. de la abrogada Ley de Amparo.
"b) En dichas controversias la actuación de la autoridad es como tal, actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos pueda solicitar amparo, habida cuenta que el juicio de garantías sólo es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados.
"Ahora, en virtud de que el procedimiento contencioso se originó a raíz de la demanda de un agente ministerial en que atribuyó a la institución de la actual Fiscalía General de Justicia del Estado el despido injustificado realizado de manera verbal por el coordinador regional de Policía Ministerial, región B, sede Irapuato, es claro que no se está en el supuesto del procedimiento administrativo sancionador en donde indudablemente el amparo resulta improcedente ni en el diverso procedimiento de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia, supuesto en el cual la procedencia del juicio de amparo dependerá de la particularidad que origine la demanda y la respectiva sentencia; pero en el caso concreto, la separación del cargo de índole verbal no importa la realización de un acto autoritario o de índole público, ya que el problema jurídico que es materia de litis no consiste en una remoción por separación del cargo por incumplimiento de los requisitos para la permanencia, por lo que atendiendo al principio pro actione el juicio de amparo resulta procedente, aunque ventilado en la vía administrativa en respeto al tantas veces comentado artículo 123 constitucional.
"Similar criterio se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 1106, de rubro y texto siguientes:
"‘LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidas mientras que, en el segundo, actúan en condiciones similares a la de los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que éstos y, por regla general, las personas morales oficiales no tienen legitimación para promover juicio de amparo, salvo que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, acorde con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, que coincide con el numeral 9o. de la ley abrogada. En consecuencia, cuando la Federación por conducto del procurador general de la República y/o de las demás dependencias de la administración pública federal, conjunta o separadamente, comparece ante el Tribunal Agrario porque se le reclama el pago de una indemnización generada por una actuación carente de carácter autoritario, como es la ocupación ilegal de tierras ejidales, se concluye que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo contra la condena que le fuera decretada, toda vez que puede acudir al procedimiento en defensa de sus intereses patrimoniales despojada de imperio, ubicándose en un plano de coordinación con el actor.’
"De lo anterior se obtiene la distinción entre los actos que revistan los órganos del Estado como entidad soberana –en un nivel de supra a subordinación por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria– y de los actos que realizan en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad.
"La anterior distinción obedece a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control del poder público en favor de los gobernados.
"Ahora, las personas morales públicas sí se encuentran legitimadas para promover el juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelva una reclamación de prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, pues en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación.
"De ahí que, por igualdad de razón, debe estimarse que las personas morales oficiales están legitimadas para promover juicio de amparo en contra de las sentencias que resuelvan la reclamación de prestaciones derivadas de una conducta emanada de una relación administrativa –la separación del cargo de índole verbal– que no implica la realización de un acto autoritario o de índole público pero que tendrá incidencia en el erario público, en el entendido de que esas personas morales públicas fueron juzgadas en un nivel de coordinación con los particulares sin atributos de autoridad. ..."
Juicio de amparo directo 199/2019
"SÉPTIMO.—Procedencia. El tercero interesado aduce que el juicio de amparo es improcedente, pues de conformidad con el artículo 1o. de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es un medio de control constitucional que tienen los gobernados para reclamar actos de autoridad que estimen lesivos de sus derechos. Sin embargo, en el caso el acto reclamado proviene de un juicio contencioso administrativo suscitado entre él y la aquí quejosa, esto es, donde los impetrantes actuaron como un ente de poder público y, por ende, es improcedente.
"La anterior causal es infundada.
"El juicio de amparo es procedente en virtud de que se reclaman sentencias definitivas dictadas por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en un juicio administrativo promovido por ********** en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, a quienes se les imputó el despido injustificado de cinco de julio de dos mil dieciséis, realizado de manera verbal por el coordinador regional de la Policía Ministerial, región B, sede Irapuato, por lo que demandó la entrega de ‘todas y cada una de mis prestaciones correspondientes a la relación administrativa’.
"La peculiaridad relativa a que el juicio administrativo fue iniciado por un elemento de seguridad pública en contra de una institución estatal a quien se le demanda, como prestación primordial una indemnización, por atribuírsele un despido verbal, encaja en la hipótesis de excepción ya que se cumplen con los requisitos a que alude el artículo 9o. de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado afecta su patrimonio derivado de una relación jurídica en la que se colocó en un plano de igualdad con un particular.
"No es obstáculo que:
"a) El acto provenga de un tribunal de justicia administrativa; y,
"b) El juicio que dio lugar a la resolución impugnada se refiera a la separación de un miembro de una institución de seguridad pública.
"Por cuanto ve a la calidad de la autoridad administrativa es pertinente mencionar que recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en el sentido de que un ente público puede acudir al juicio de amparo en contra de actos derivados de órganos jurisdiccionales administrativos. La tesis relativa es del siguiente (sic) título, subtítulo y texto:
"‘PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas.’
"Se justifican las condiciones de aplicación de esa jurisprudencia en virtud de que existe un proceso jurisdiccional en el que participó la parte actora en un plano de igualdad, como es el juicio de nulidad; la autoridad, fiscal general de Justicia del Estado de Guanajuato, ahora quejosa, tiene el carácter de demandada en dicho proceso; resiente afectación frente a una autoridad porque se declaró la nulidad del acto que se le atribuye como es la separación de su cargo de un miembro de seguridad pública; resiente afectación en su esfera patrimonial ya que fue condenada al pago de prestaciones económicas y, por último, del análisis de la relación subyacente al juicio se concluye que la quejosa no defiende un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas, porque esa relación es de índole laboral-administrativa que se rige por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es se asemeja a una relación laboral, el empleado, agente ministerial y la empleadora, la autoridad demandada, aun cuando la relación se regule por el derecho administrativo.
"Este Tribunal Colegiado no desconoce la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’; sin embargo, no es el caso de su aplicación de esa jurisprudencia, por los siguientes motivos:
"La ejecutoria correspondiente declara categóricamente que tratándose de miembros de seguridad pública es improcedente el juicio de amparo porque:
"a) La autoridad demandada en el juicio ordinario no comparece en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis de excepción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9o. de la abrogada Ley de Amparo.
"b) En dichas controversias la actuación de la autoridad es como tal, actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos pueda solicitar amparo, habida cuenta que el juicio de garantías sólo es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados.
"Ahora, en virtud de que el procedimiento contencioso se originó a raíz de la demanda de un agente ministerial en que atribuyó a la institución de la actual Fiscalía General de Justicia del Estado el despido injustificado realizado de manera verbal por el coordinador regional de la Policía Ministerial, región B, sede Irapuato, es claro que no se está en el supuesto del procedimiento administrativo sancionador en donde indudablemente el amparo resulta improcedente, ni en el diverso procedimiento de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia, supuesto en el cual la procedencia del juicio de amparo dependerá de la particularidad que origine la demanda y la respectiva sentencia; pero en el caso concreto, la separación del cargo de índole verbal no importa la realización de un acto autoritario o de índole público, ya que el problema jurídico que es materia de litis no consiste en una remoción por separación del cargo por incumplimiento de los requisitos para la permanencia, por lo que atendiendo al principio pro actione el juicio de amparo resulta procedente, aunque ventilado en la vía administrativa en respeto al tantas veces comentado artículo 123 constitucional.
"Similar criterio se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 1106, de rubro y texto siguientes:
"‘LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidas mientras que, en el segundo, actúan en condiciones similares a la de los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que éstos y, por regla general, las personas morales oficiales no tienen legitimación para promover juicio de amparo, salvo que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, acorde con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, que coincide con el numeral 9o. de la ley abrogada. En consecuencia, cuando la Federación por conducto del procurador general de la República y/o de las demás dependencias de la administración pública federal, conjunta o separadamente, comparece ante el Tribunal Agrario porque se le reclama el pago de una indemnización generada por una actuación carente de carácter autoritario, como es la ocupación ilegal de tierras ejidales, se concluye que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo contra la condena que le fuera decretada, toda vez que puede acudir al procedimiento en defensa de sus intereses patrimoniales despojada de imperio, ubicándose en un plano de coordinación con el actor.’
"De lo anterior se obtiene la distinción entre los actos que revistan los órganos del Estado como entidad soberana –en un nivel de supra a subordinación por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria– y de los actos que realizan en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad.
"La anterior distinción obedece a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control del poder público en favor de los gobernados.
"Ahora, las personas morales públicas sí se encuentran legitimadas para promover el juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelva una reclamación de prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, pues en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación.
"De ahí que, por igualdad de razón, debe estimarse que las personas morales oficiales están legitimadas para promover juicio de amparo en contra de las sentencias que resuelvan la reclamación de prestaciones derivadas de una conducta emanada de una relación administrativa –la separación del cargo de índole verbal– que no implica la realización de un acto autoritario o de índole público pero que tendrá incidencia en el erario público, en el entendido de que esas personas morales públicas fueron juzgadas en un nivel de coordinación con los particulares sin atributos de autoridad. ..."
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 57/2021, en sesión de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, determinó, en lo conducente, lo siguiente:
"CUARTO.—Improcedencia del juicio de amparo hecha valer por la autoridad responsable en su informe justificado, y parte tercero interesada, en sus alegatos.
"Se considera innecesario el análisis de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, y el estudio de los conceptos de violación, toda vez que como lo refiere la autoridad responsable en su informe con justificación y la parte tercero interesada en su escrito de alegatos, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7o., ambos de la Ley de Amparo; esto, pues contrario a lo señalado en la demanda de amparo promovida por el fiscal general del Estado de Guanajuato, éste carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo directo, en su carácter de autoridad demandada en el proceso contencioso administrativo e inconforme en el recurso de reclamación, subyacentes.
"A efecto de evidenciar lo anterior, cabe precisar que los actos administrativos impugnados en el juicio de nulidad 711/1a. Sala/19, cuya sentencia fue materia del recurso de reclamación 23/2020-PL, donde
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30334-f1eca66b/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-directo-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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