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Modo: Corpus Pro

POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/94. · Registro digital (IUS): 3234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, , Pág. 43.

CONTRADICCION DE TESIS 11/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ha sustentado la tesis, cuyo texto es como sigue:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO, POLICIAS JUDICIALES. SU RELACION CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.- Si el quejoso pertenece a un cuerpo de seguridad pública estatal según la fracción XIII, Apartado B del artículo 123 constitucional y el precepto 8o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentra excluido de la determinación jurídica que considera la relación de servicio, equiparándola al vínculo laboral existente entre trabajador y patrón, perdiendo de vista que la relación, existente entre trabajador y Estado, es distinta, atenta la exclusión comentada la cual permite concluir sobre la naturaleza administrativa de la misma y por ello, es a un tribunal de esa calidad al que corresponde ese conocimiento".

En lo que interesa, las consideraciones contenidas en la ejecutoria pronunciada por dicho órgano de control constitucional en el juicio de amparo directo 993/92, del que deriva la tesis supratranscrita, son las siguientes:

"El concepto de violación es fundado. Conviene destacar previamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, ha considerado que si bien en principio debe equiparse a una relación laboral la existente entre el Estado y sus empleados, esa equiparación no comprende a todos los servidores públicos, pues la fracción XIII, del artículo 123 constitucional, excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública; en cuyo caso, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, carece de competencia para regular las relaciones de la categoría de trabajadores excluida. Resulta aplicable el respecto la tesis visible a fojas 43, Octava Parte, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, la cual se transcribe en seguida: `POLICIAS. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.- La relación Estado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía preventiva del Distrito Federal constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, y por el artículo 8o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa y se rige por las normas, también administrativas, de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, el acto de baja del servicio no es acto de particular, sino de una autoridad, razones por las cuales el juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo que se promueva contra dichos actos es el juez de Distrito en Materia Administrativa, y no el de Materia Laboral'".

"Ahora bien, contrariamente a ello, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ha sostenido en la revisión principal 94/91 promovida por Arturo Mendoza Trejo, que: Los actos relativos a la negativa del Procurador General de Justicia del Estado de México, a reinstalar al quejoso en el cargo de agente investigador de la policía del Estado de México, (sic) no son actos de autoridad para los efectos del juicio de garantías, sino que derivan de la relación laboral entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y Arturo Mendoza Trejo, como agente de la Policía Judicial, de donde tales actos reclamados no provienen de una autoridad con sus características de unilateralidad, coercitividad e imperium, actuando en una relación de supra a subordinación, sino actuando el Estado despojado de imperium en una relación de coordinación que da lugar a una relación laboral, en la que el Estado actúa como patrón, cuyas diferencias proceden dirimirse ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de México, al tenor de los artículos 95 y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos y Descentralizados de Carácter Estatal en cuyo procedimiento se resuelva lo procedente en el laudo respectivo, mismo que sí constituye un acto de autoridad reclamable en amparo directo".

"Este criterio no es compartido por la mayoría de este Tribunal, pues en el caso el actor era miembro de la Policía Municipal de San Antonio Tultitlán; luego, si pertenece a un cuerpo de seguridad pública, está excluido por la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123, constitucional y el precepto 8o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilado a la del trabajo y al Estado equiparándolo a un patrón, se estima que en la especie la relación del actor y demandado es de naturaleza administrativa y por ello debe conocer un tribunal administrativo".

El anterior criterio es compartido por los señores Magistrados Salvador Bravo Gómez y Raúl Díaz Infante Aranda, contra el voto aclaratorio del Magistrado Víctor Ceja Villaseñor.

TERCERO.- Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostuvo la tesis que a la letra dice:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO, POLICIA JUDICIAL, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE SU REINSTALACION.- Es improcedente el amparo, si el acto reclamado consiste en la negativa del Procurador General de Justicia del Estado de México a reinstalar en el cargo a un agente de la Policía Judicial, pues tales actos no son de autoridad para los efectos del juicio de garantías, sino que derivan de la relación laboral, en la cual el Estado despojado de imperium actúa como patrón cuyas diferencias deben dirimirse ante el Tribunal de Arbitraje de la entidad".

En lo conducente, la parte considerativa de la ejecutoria correspondiente dice:

"Se advierte que el acto reclamado consistente en la negativa del Procurador General de Justicia en el Estado de México, Director Administrativo de la misma, Director de la Policía Judicial del Estado de México, a reinstalar al quejoso en el cargo de agente investigador de la Policía Judicial del Estado de México, y la negativa a pagarle los salarios caídos. Tales actos, no son de autoridad para los efectos del juicio de garantías, sino que derivan de la relación laboral entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y Arturo Mendoza Trejo, como agente investigador de la Policía Judicial, de donde tales actos reclamados no provienen de una autoridad con sus características de unilateralidad, coercitividad e imperium, actuando en una relación de supra a subordinación, sino actuando el Estado despojado de imperium en una relación de coordinación que da lugar a una relación laboral, en la que el Estado actúa como patrón, cuyas diferencias proceden dirimirse ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de México al tenor de los artículos 95 y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos y Descentralizados de Carácter Estatal en cuyo procedimiento se resuelvan lo procedente en el laudo respectivo, mismo que sí constituye un acto de autoridad reclamable en amparo directo. En consecuencia el juicio de garantías resultaba improcedente también al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o. de la Ley de Amparo".

CUARTO.- El agente del Ministerio Público Federal, designado para intervenir en este asunto, solicitó que prevalezca la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.

QUINTO.- En la especie, debe señalarse que sí existe contradicción entre los criterios sustentados por los tribunales de referencia al resolver el amparo directo 993/92 del Primer Tribunal Colegiado y el amparo en revisión 99/91 del Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Segundo Circuito.

En efecto, la contradicción consiste en que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostiene que:

"...al pertenecer el quejoso al Cuerpo de Seguridad Pública, está excluido por la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional y el precepto 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado y por tanto, la relación entre el actor y demandado es de naturaleza administrativa, debiendo conocer de ello tribunales de esa calidad y no el de Arbitraje de la entidad...".

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito sostiene:

"...que la negativa del Procurador General de Justicia del Estado de México, a reinstalar a un agente de la Policía Judicial, no constituía un acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías sino que, a virtud de la relación laboral existente entre el Estado y el oficial policíaco, las diferencias suscitadas con motivo de esa relación, en la cual esa entidad se despoja de su imperium, son materia de análisis ante un Tribunal de Arbitraje".

Sobre el tema en particular, cabe referir que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, al resolver la competencia 81/87, suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, ambos en el Distrito Federal, en sesión del dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, por mayoría de once votos de los señores Ministros: De Silva Nava, Castañón León, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez y Díaz Romero en contra de los votos emitidos por los señores Ministros: López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Martínez Delgado, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez, sostuvo en lo conducente, el siguiente criterio:

"SEGUNDO.- ...La litis en el presente asunto consiste en decidir si la demanda de amparo promovida por Rodrigo Moreno Gallegos en contra del Secretario General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal y otras autoridades, de las que reclama el cese en su puesto de agente de policía, debe ser conocida por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, o por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal".

"Con el propósito de decidir dicha cuestión competencial, se parte de que el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II y III, en lo conducente, el artículo anterior, y la fracción I, del artículo 27 de esta ley", y que el artículo 53, fracción III, del mismo ordenamiento, establece que los jueces de Distrito en Materia de Trabajo, son competentes para `conocer de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo contra actos de autoridad distinta de la judicial'".

"Resulta suficiente la comparación de las dos disposiciones acabadas de transcribir, para entender la necesidad que hay de verificar si el acto fundamentalmente reclamado se ubica dentro de la `materia de trabajo', pues si es así, la competencia se decidirá en favor del Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, pero si es de naturaleza administrativa, se surtirá la hipótesis de competencia genérica que el artículo 52, fracción IV, de la referida Ley Orgánica reserva al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa."

"Procede, pues, efectuar el examen de la relación jurídica existente entre el Estado y sus servidores, y específicamente entre el Estado y los agentes de la policía, para saber si se identifica con la relación laboral que existe entre el patrón y sus trabajadores, siendo necesario, previamente, hacer referencia al concepto de `órgano', como elemento propio del Estado, ya que tal antecedente es indispensable para comprender el funcionamiento de uno de los sujetos de la relación jurídica examinada, así como las peculiaridades de ésta."

"Generalmente se acepta que el órgano, como instrumento técnico de la actividad jurídica estatal, es un centro o esfera delimitado por normas jurídicas que le reconocen ciertos cometidos o atribuciones que serán realizados por una persona física o un conjunto de ellas, utilizando para su actuación bienes y actos pertenecientes o adscritos al Estado."

"De lo anterior importa destacar, en primer término, el elemento objetivo consistente en ese centro abstracto de imputación de atribuciones públicas que, como es lógico, está determinado por normas jurídicas; y en segundo lugar, el elemento subjetivo, que es la persona física o agente que con su voluntad y actuación pone en movimiento al órgano."

"Mientras el agente actúa como titular del órgano, sólo puede tener la voluntad y el interés que las normas establecen para esa parte de la administración pública y, por ello, se acepta que entre el Estado y sus órganos no puede existir ninguna relación de carácter jurídico, puesto que no son sujetos distintos; pero en lo individual, el agente tiene la voluntad y los intereses que son propios de todo ser humano, por lo que desde este aspecto, existiendo dos sujetos, sí se puede hablar de una relación jurídica entre el Estado como empleador y el agente como empleado, con las necesidades que son propias de todo trabajador; ésta es la relación que en términos generales habrá de examinarse comparándola con la existente entre patrón y obrero, para verificar si se pueden identificar o si existen diferencias y, en ese caso, si esas diferencias los catalogan con naturaleza diferentes".

"Pues bien, la primera distinción radica en la puerta de acceso a la relación jurídica; así, el obrero entra a ella mediante un contrato que con todas las peculiaridades que el derecho del trabajo le señala como propias, es susceptible de permitir la individualización de los derechos y obligaciones de las partes; en cambio, el empleado público entra a la relación jurídica por un acto unión o acto condición, que ha sido definido como una manifestación de voluntad, en ejercicio de un poder legal, que inviste a una persona de una situación general, impersonal y objetiva, esto es, de un status legal preexistente".

"Intimamente relacionada con la anterior distinción, se halla la siguiente: La sola prestación de un trabajo personal subordinado a otra persona mediante el pago de un salario, produce el efecto de un contrato laboral, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, agregando el artículo 21 del mismo ordenamiento que se presume el contrato y la relación de trabajo entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe; tal efecto y presunción no se admiten en la relación Estado-empleado, pues los artículos 3o. y 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señalan que sólo puede ser trabajador de este tipo el que tenga nombramiento expedido por funcionario facultado para ello, o por estar incluido en lista de raya, tratándose de trabajadores temporales".

"Por otra parte, se observa que las convenciones entre patrón y obrero son válidas en la relación laboral, mientras benefician a éste; en cambio, las convenciones que puedan existir entre el titular de la dependencia burocrática y el empleado, aunque sean benéficas para el prestador del servicio, son nulas si están al margen del status marcado por la ley".

"Además, el patrón no puede cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo del obrero, sino sólo mediante resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con los artículos 57 y 426 de la Ley Federal del Trabajo. El Estado, en contraste, sí puede hacerlo en ejercicio de su soberanía, en los términos del artículo 73, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el mismo sentido, en lo esencial, se pronunció este Pleno al resolver el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y dos, el amparo en revisión 8357/64 promovido por unos trabajadores al servicio del gobierno del Estado de Nuevo León que reclamaban una reforma legal a su status (Informe de 1972, p. 319-320)".

"La circunstancia de que los empleados públicos como titulares de órganos, estén sujetos en su actuación a lo marcado por las normas jurídicas, establece otra característica distinta importante, pues el artículo 128 constitucional les impone la obligación de rendir la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, antes de tomar posesión del cargo, obligación que no tienen los obreros".

"También debe hacerse notar que en la relación patrón-obrero predomina el interés económico personal de las partes, pues el trabajador persigue una retribución salarial y el empresario la obtención de un lucro; en cambio, en la relación Estado-empleado, priva el interés del servicio, sin desconocer el que sobre las prestaciones económicas tenga el titular del órgano".

"Otra distinción relevante entre ambas relaciones estriba en que en la existente entre patrón y obrero, el derecho tiende a lograr el equilibrio entre capital y trabajo como factores de la producción; el derecho de trabajo ha sido calificada como un derecho de `clase', porque se ha considerado impuesto por la clase trabajadora a la clase capitalista, o como un derecho de y para los trabajadores, característica que no es posible encontrar en la relación jurídica existente entre el Estado y sus servidores, como ha resuelto esta Suprema Corte en varias ejecutorias, entre las cuales pueden citarse las consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XXV, p. 918 y Tomo LXXVII, p. 2126. La sinopsis de esta última en lo que interesa, establece:

"...aun cuando es cierto que, en términos generales, existe una relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, también lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de trabajo, supuesto que ésta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y del trabajo como factores de la producción, o sea, en funciones económicas, lo que no sucede tratándose del poder público y sus empleados, atenta la organización política y social, porque las funciones encomendadas al Estado no persiguen ningún fin económico, sino más bien, un objetivo de control para la convivencia de los componentes de la sociedad..."

"Ambas relaciones examinadas son de derecho público, pero mientras en la existente entre el patrón y el obrero se pone énfasis en la finalidad protectora del trabajador, según se infiere del artículo 123 constitucional, Apartado A, fracción XXVII, en la relación Estado-empleado el régimen de imperatividad, sin ser ajeno al resguardo de los derechos de las personas que fungen como titulares de los órganos, hace hincapié en el objeto de la relación que es el desempeño de las atribuciones del Estado".

"Como corolario de las características acabadas de mencionar, los trabajadores al servicio del Estado se hallan sujetos a las responsabilidades específicas que establecen los artículos 108 a 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, entre ellas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; asimismo, sólo ellos, como empleados públicos, pueden ser responsables de ciertos delitos, como los de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado y concusión (artículos 214, 215, 222, 223 y 218 del Código Penal), responsabilidades y delitos inaplicables al obrero en el desempeño de su trabajo o con motivo de él".

"El examen de las discrepancias o diferencias acabadas de señalar, revela que todas ellas provienen, en esencia, de dos características básicas de la relación Estado-empleado: en primer lugar, la naturaleza soberana de aquél, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral".

"Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica es administrativa; esto, en principio, haciéndose esta salvedad o aclaración porque la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación".

"En efecto, hasta el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, la relación Estado-empleado era constitucionalmente administrativa en todos los casos, destacando desde ese punto de vista constitucional, los artículos 74, fracción III, y 77, fracción III, que otorgan atribuciones a las Cámaras de Diputados y Senadores para nombrar a los empleados de sus dependencias; el artículo 97, que da facultades a la Suprema Corte de Justicia para nombrar a magistrados de Circuito y jueces de Distrito, y a todos ellos, para nombrar a sus secretarios y empleados; y el artículo 89, fracciones II, III, IV y V, que concede atribuciones al Presidente de la República para nombrar funcionarios y empleados, siendo digno de observarse que en lo atinente al cuerpo ordinario de burócratas, la aludida fracción II especifica que el jefe del Ejecutivo Federal tiene facultades para "...nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes".

"Debe señalarse que el Ejecutivo no tuvo la tendencia a ejercitar la atribución concedida de nombrar y `remover libremente' a los empleados ordinarios de la administración pública, sino que limitó y reglamentó su ejercicio, primero mediante acuerdos administrativos y luego a través de leyes, como el Estatuto de los Trabajadores del Servicio del Estado de 1938, substituido por el de 1941, en los cuales no solamente se aludía al vínculo entre los trabajadores federales y los Poderes de la Unión como una relación jurídica de trabajo, sino que reconocía derechos laborales a los empleados, como el de huelga y el de acudir a un tribunal de arbitraje para dirimir los conflictos suscitados entre las partes".

"Pero pese a las innovaciones introducidas en las leyes (inspiradas en parte por la tendencia de la Organización Internacional del Trabajo), lo cierto es que desde el punto de vista constitucional, la relación Estado-empleado seguía siendo inalterablemente administrativa, hasta que mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, se adicionó el artículo 123 constitucional el Apartado B, estableciendo las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores por la otra; en dichas bases se consigna un régimen protector de los empleados en términos semejantes, no iguales, a los establecidos en el Apartado A, para los obreros en general, pues señala jornada máxima, días de descanso, vacaciones, protecciones al salario, derechos escalafonarios, seguridad social, etcétera, destacando la regla de que sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada, y aquella otra que les otorga el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Asimismo, la fracción XII establece que los conflictos individuales o colectivos serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria".

"Dicha ley reglamentaria, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reemplazante del Estatuto, pormenoriza y desarrolla las bases constitucionales, siendo importante señalarque al establecer en su artículo 2o. que `para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio', está configurando una ficción jurídica acorde con el espíritu protector del Apartado B, que reglamenta, consistente en equiparar la relación existente entre Estado y empleado con una relación laboral, y en disminuir la calidad del Estado al nivel de un patrón, lo que se confirma con lo dispuesto, entre otros preceptos, en los artículos 43, 46 y 46 bis de dicho ordenamiento legal".

"Es importante señalar que ese esfuerzo de asimilación no comprende, no puede comprender, a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cuatro grupos:'

"XIII.- Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones".

"Al establecer esta exclusión, nuestra Carta Magna coincide con los principios de derecho internacional, en cuyo seno se gestó el trato innovador que modernamente se dispensa a los empleados públicos".

"En efecto, desde que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) se creó en 1919 durante la primera postguerra mundial, para recomendar normas mínimas de trabajo y concertar convenios internacionales sobre temas laborales, ha insistido en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y en la organización de los empleados públicos, sobresaliendo su interés en la conservación del empleo y en la sindicalización, aspectos que en aquella época no sólo eran novedosos, sino de logro difícil y complicado."

"En el convenio número 2 de veintinueve de octubre de mil novecientos diecinueve, se insta a los miembros a tomar medidas en contra del desempleo (artículo 1o.), apelación que se reitera y amplía en los convenios números 44 de cuatro de junio de mil novecientos treinta y cuatro; 88 de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho; y 122, de diecisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho".

"Asimismo, en el convenio número 87 de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, se establece el derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización `previa' a constituir las organizaciones que estimen convenientes en defensa de sus intereses; más completo es el convenio 151 `Sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública' de siete de junio de mil novecientos setenta y ocho, pues además de garantizar la libertad sindical de los empleados públicos (artículos 4o. y 5o.), concede facilidades a los representantes sindicales para desempeñar sus funciones, precisándose que tal concesión `...no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la determinación o servicio prestado' (artículo 6o., inciso 2); recomienda establecer procedimientos de negocios entre las partes, y otros métodos independientes o imparciales como la conciliación y arbitraje, para la solución de conflictos (artículo 8o.), etcétera, pero muy importante resulta subrayar que aun estos dos últimos convenios no incluyen a la totalidad de los empleados públicos al área de su plena protección o tutela".

"Así, el convenio 87 de diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho establece en su artículo 9, inciso 1, que `La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente convenio'; y el artículo 1o. del convenio 151, después de asentar las reglas de que se aplicarán a todas las personas empleadas por la administración pública (inciso 1), hace las salvedades en los incisos 2 y 3 de que `2.- La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 3.- La legislación nacional deberá determinar, asimismo, hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía'".

"Como se ve, los cuatro grupos indicados (militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior), constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-obrero se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3234-0501f1d2/policias-municipales-y-judiciales-al-servicio-del-gobierno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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