ARRENDAMIENTO DE PREDIOS RUSTICOS O URBANOS. SON IRRENUNCIABLES LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCION I DEL ARTICULO 2332 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MEXICO, POR DISPONERLO ASI UNA NORMA DE CARACTER PROHIBITIVO.
CONTRADICCION DE TESIS 1/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 713/91, en sesión de doce de junio de mil novecientos noventa y uno, textualmente sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.- Las sintetizadas argumentaciones son esencialmente fundadas: Conviene destacar, que la sentencia impugnada, no admite el recurso de apelación, porque conforme al artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sólo son apelables aquéllas que recaigan en negocios cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo y en la especie, el monto del asunto asciende a trescientos mil pesos, correspondientes a un año de rentas y sólo podrían serlo, los fallos dictados en los juicios mayores de quinientos noventa y cinco mil pesos, al estar vigente un salario mínimo diario de once mil novecientos pesos, en la zona económica de Netzahualcóyotl. Por otra parte, según consta de la copia del contrato anexado a la demanda, la quejosa Aurora Velasco Hernández, el veinte de enero de mil novecientos ochenta y ocho hizo un pacto de arrendamiento, con duración de seis meses, con Guadalupe Daniel López, en cuanto a la vivienda número tres, de la casa doscientos veinte, de la calle de Rielera, colonia Benito Juárez, en ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, estipulándose veinticinco mil pesos como mensualidad adelantada. Asimismo, en la cláusula décima tercera convino en que concluía el día prefijado, sin necesidad de desahucio, renunciando a lo dispuesto en los artículos 2332 y 2333 del Código Civil del Estado, si fuera indeterminado. De conformidad con lo apuntado, el convenio concluyó el diecinueve de julio del mismo año, convirtiéndose en indeterminado. Además, según consta de la copia certificada del expediente 362/90, la peticionaria promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, haciéndole saber a la tercera perjudicada, su voluntad de dar por terminado el arrendamiento, notificándosele el treinta de marzo de mil novecientos noventa y la impetrante promovió demanda de terminación de contrato el treinta de abril de mil novecientos noventa, es decir un mes después de darle el previo aviso y en esas circunstancias, es oportuna su presentación, porque según lo dispuesto en la cláusula décimo tercera, cualquiera de ellas lo daría por terminado, previa notificación, de quince días antes y renunciaron a lo establecido en el artículo 2332 del Código Civil del Estado respecto al previo aviso del arrendador para darlo por concluido con seis meses de anticipación, cuya renuncia es válida, de conformidad con la jurisprudencia 229, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, correspondiente a los años de 1917-1988, visible a fojas 419 que dice: 'ARRENDAMIENTO POR TIEMPO INDEFINIDO.- El término legal para el previo aviso que pone fin al arrendamiento por tiempo indefinido, es renunciable por fijarlo una disposición supletoria y no de orden público'. Si bien la autoridad ilegalmente consideró promovida la demanda, el treinta de abril de mil novecientos noventa, fecha en la cual aún no habían transcurrido los seis meses del previo aviso, según lo estipulado en la fracción I del artículo 2332 del Código Civil del Estado, sin embargo, fue voluntad de las partes renunciar a ese lapso y convenir en uno más corto, como fueron quince días, debiendo prevalecer lo dispuesto en el artículo 1687 del Código Civil del Estado y al no considerarlo así, el a quo violó garantías de la peticionaria".
TERCERO.- Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al fallar los amparos directos 97/89 y 786/92, el treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve y diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y dos, sostuvo respectivamente, lo siguiente (Amparo directo 97/89):
"QUINTO.- En su primer concepto de violación el quejoso aduce que la responsable viola sus garantías individuales, pues si bien es cierto el artículo 2265 del Código Civil establece que los beneficios que deriven de la ley a favor de los arrendatarios no son renunciables, también lo es que dicho precepto no es prohibitivo ni de interés público, conforme a lo establecido en el artículo 1o. del mismo ordenamiento legal, pues las disposiciones del Código en cita regulan los derechos y obligaciones del orden privado concernientes a las personas y conforme a lo que establecen los artículos 6o. y 7o. del Código Civil citado los derechos privados pueden renunciarse. Dicho concepto de violación es infundado, pues como lo señala correctamente la responsable el artículo 2265 del Código Civil del Estado de México, contiene una disposición de carácter prohibitivo, consistente en que los beneficios que deriven de la ley en favor de los arrendatarios no son renunciables. Por lo que si bien es cierto, la norma citada no puede considerarse de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. del propio Código Civil ya que regula las relaciones entre particulares en un determinado caso; también lo es que dicha disposición sí tiene carácter prohibitivo, contrario a lo que afirma el quejoso, pues dispone que no son renunciables los beneficios derivados de la ley en favor de los arrendatarios, por lo que de conformidad con el artículo 8o. su cumplimiento no está sujeto a la voluntad de las partes como lo estimó correctamente la responsable. Cabe señalar además, que el propio artículo 2265 del Código Civil establece la irrenunciabilidad de la norma que consigna, por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 6o. del Código adjetivo multicitado, la voluntad de las partes no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. En ese orden de ideas resulta que si el artículo 2332, fracción I, del Código Civil del Estado de México, establece que tratándose del caso en que el arrendador desee dar por terminada la relación de arrendamiento, cuya duración es por tiempo indefinido como en la especie, debe dar aviso indubitable de su voluntad con seis meses de anticipación para dar por terminada la relación de mérito; y dicha norma como contiene un beneficio para el arrendatario, en términos de lo que prevé el artículo 2265 del Código en cita, no es renunciable por voluntad de las partes. No es obstáculo a lo anterior, el argumento aducido por el quejoso, en el sentido de que los artículos 6o. y 7o. del Código Civil establecen que los derechos privados son renunciables, pues como ya se dijo en líneas anteriores, el propio artículo 6o. establece que la voluntad de las partes no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; por lo que si el artículo 2265 establece, que las estipulaciones de los contratos que consignen una renuncia de los beneficios que se deriven de la ley en favor de los arrendatarios, son nulas, en términos de lo que estatuye el primer numeral invocado, la observancia de éste último no está sujeta a la voluntad de las partes, y por ende, el beneficio que establece el artículo 2332 del Código adjetivo no puede renunciarse como lo aduce el peticionario de garantías. En el segundo concepto de violación el quejoso aduce que la responsable viola sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues la jurisprudencia invocada por el a quo al dictar la sentencia definitiva de primera instancia, conforme a lo que establece el numeral antes citado es obligatoria para los Tribunales Judiciales del orden común de los Estados. Por lo que es inexacta la consideración de la responsable en el sentido de que dicha jurisprudencia no es aplicable al caso por tener su fundamento en las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y los demás Códigos Civiles que siguen en esta materia a aquél vigentes al pronunciarse la misma, pero no en el Estado de México. Dicho argumento resulta igualmente infundado, pues si bien es cierto de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo la jurisprudencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todos los Tribunales del orden común de los Estados, también es igualmente cierto que dicha obligatoriedad se surte cuando exista disposiciones análogas en los códigos de los Estados, a la que se funde la ejecutoria. Y en la especie, como lo estimó correctamente la responsable, la tesis número 86 que aparece publicada en la cuarta parte del apéndice de jurisprudencia compilación 1975 intitulada: 'ARRENDAMIENTO POR TIEMPO INDEFINIDO', tiene como base las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal vigentes al pronunciarse las ejecutorias que fundan dicha tesis, así como las disposiciones de los Códigos Civiles de los Estados que sigan a aquél en la materia, pero no tiene aplicación a los preceptos del Código Civil del Estado de México, por no existir disposición análoga en éste en la que tenga su funcionamiento, y por el contrario sí existe disposición imperativa opuesta, en la que se evidencia la protección de los beneficios derivados de la ley en favor de los arrendatarios. Razón por la que se estima que la responsable no conculca las garantías individuales del peticionario de garantías". (Amparo directo 786/92)
"QUINTO.- Los conceptos de violación son infundados. El artículo 2332, fracción I, del Código Civil para el Estado de México indica: 'Todo los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos que no se hayan señalado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes previo aviso dado a la otra parte en forma indubitable, en los siguientes términos: I.- Si es el arrendador quien da por terminado el contrato, deberá dar el aviso al arrendatario con seis meses de anticipación, si la finca es urbana, y con un año, si es rústica'. La norma contenida en tal precepto tratándose de arrendamiento por tiempo indefinido, respecto de fincas urbanas, obliga legalmente al arrendador cuando es él quien da por terminado el contrato, a dar aviso al arrendatario con seis meses de anticipación, lo cual significa para el inquilino el beneficio de contar con un plazo legal a fin de que pueda desocupar la finca arrendada. Ahora bien, contrario a lo alegado en los conceptos de violación y como en forma acertada lo consideró la Sala responsable, el beneficio que se desprende a favor del inquilino del propio artículo en comento, es irrenunciable, además a las estipulaciones de los contratos que consignan dichas renuncias serán nulas, en términos de lo dispuesto por el artículo 2265 del Código Civil para el Estado de México. Por otro lado, aunque ciertamente la disposición a que se refiere el artículo 2332, fracción I, del Código Civil no puede considerarse de orden público ya que sólo regula supletoriamente una situación concreta entre particulares concerniente a arrendamiento, de acuerdo con el artículo primero de la citada legislación, también es cierto que la supremacía de la voluntad de las partes que rige en materia de contrato, encuentra su excepción en lo previsto por el numeral sexto del ordenamiento legal invocado, el cual indica: `La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla...'. El artículo 2265 del Código Civil establece como prohibición la irrenunciabilidad de los beneficios que deriven de la ley a favor de los arrendatarios, tan es así, que el mismo artículo sanciona la nulidad de las estipulaciones de los contratos que consignen dichas renuncias. De esta manera, la estipulación contractual a que se refiere el hoy quejoso, referente a la renuncia del plazo de seis meses consignado en el artículo 2332, fracción I, del Código Civil, por más que establezca la voluntad de las partes contratantes en ese sentido, ésta no puede estar por encima de la norma prohibitiva que contempla la ley en el artículo 2265 citado, ni eximir su observancia en lo relativo a la irrenunciabilidad de los beneficios que se deriva de ella a favor de los arrendatarios, como lo es el del plazo de seis meses que establece el artículo 2332, fracción I, del Código Civil, para que el inquilino pueda desocupar el bien arrendado. Con base en lo expuesto, compartiendo el criterio de la Sala responsable, se estima que la tesis de jurisprudencia número 229, Segunda Parte, página 419, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, invocada por el hoy quejoso, en el particular es inaplicable toda vez que la legislación del Estado de México, en el artículo 2265 contempla una norma prohibida; esto es, la irrenunciabilidad de los beneficios que se deriven de la ley a favor del arrendatario norma que no se contenía en las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en cuyo caso sí sería aplicable dicha tesis, que tiene como base precisamente la interpretación de este último ordenamiento legal. El alegato de que la Sala responsable infringió el principio de congruencia a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles, es infundado en cuanto se trató de decir que en el fallo reclamado no se desvirtuaron las consideraciones de la sentencia apelada, en la cual el Juez natural estimó aplicable al caso la jurisprudencia en cita, para estimar que era válida la renuncia hecha en el contrato de arrendamiento base de la acción, respecto del plazo de seis meses que concede la ley a favor del inquilino para la desocupación de la finca arrendada, puesto que la Sala responsable al haber dicho que tal tesis de jurisprudencia es inaplicable en virtud de referirse a la legislación civil del Distrito Federal, con ello destruyó las argumentaciones del a quo; luego, también es infundada la manifestación relativa a que el fallo reclamado carece de fundamentación y motivación, y que es violatorio de garantías individuales y preceptos del Código Civil y del de Procedimientos Civiles que invoca el inconforme, toda vez que esta última manifestación se pretende apoyar en la sola circunstancia de que la Sala responsable omitió aplicar la pluricitada jurisprudencia; lo cual efectivamente es cierto y además de ser acertada la autoridad responsable dio el porqué de la inaplicabilidad de esa jurisprudencia, en razón de lo cual se estima que la sentencia reclamada está apegada a derecho y no irroga garantías individuales. Por otra parte, es menester señalar que este Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito no comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito, en la tesis invocada por el hoy quejoso a fojas 7 del libelo de garantías, toda vez que en dicha tesis no se toma en cuenta la prohibición expresa de la ley en cuanto a la irrenunciabilidad de los beneficios que de ella se derivan a favor de los arrendatarios."
CUARTO.- El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo, a que se ha hecho mérito, pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada, puesto que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al fallar el amparo directo 713/91, estimó que cuando se trata de la terminación de un contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado, es válida la renuncia del plazo de seis meses a que se refiere el artículo 2332 del Código Civil del Estado de México, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por esta Tercera Sala, visible a fojas 419 y 420 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que expresa lo siguiente: "ARRENDAMIENTO POR TIEMPO INDEFINIDO.- El término legal para el previo aviso que pone fin al arrendamiento por tiempo indefinido es renunciable, por fijarlo una disposición supletoria y no de orden público".
Por el contrario el Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver los amparos directos 97/89 y 786/92, consideró que son irrenunciables los plazos a que alude el artículo 2332 del Código Civil del Estado de México cuando se trata de la terminación de un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido, porque los beneficios que señala tal precepto en favor de los arrendatarios, no pueden renunciarse, por establecerlo así una norma de carácter prohibitiva, contenida en el artículo 2265 del citado ordenamiento legal. Consecuentemente, una vez determinada la existencia de la contradicción de tesis denunciada, procede que esta Tercera Sala se avoque al estudio de la misma, a fin de determinar cuál de los criterios contradictorios que sustentan los mencionados Tribunales Colegiados, y que motivan la denuncia formulada, es el que debe prevalecer.
QUINTO.- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, como lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, los términos establecidos en el artículo 2332 del Código Civil para el Estado de México, respecto de la terminación de los contratos de arrendamiento sean de predios rústicos o urbanos por tiempo indefinido, son irrenunciables por establecerlo así una norma de carácter prohibitivo.
En efecto, el artículo 2332 del Código Civil del Estado de México, dispone lo siguiente: "Artículo 2332.- Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos que no se hayan señalado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes previo aviso dado a la otra parte en forma indubitable, en los siguientes términos: I.- Si es el arrendador quien da por terminado el contrato, deberá dar el aviso al arrendatario con seis meses de anticipación, si la finca es urbana, y con un año, si es rústica; II.- Si es el arrendatario quien desea terminar el contrato, deberá dar el aviso al arrendador con dos meses de anticipación, si la finca urbana, y con un año, si es rústica".
Por otra parte, el artículo 2265 del citado ordenamiento legal expresa: "No son renunciables los beneficios que deriven de la ley a favor de los arrendatarios. Las estipulaciones de los contratos que consignen dichas renuncias, serán nulas".
El dispositivo transcrito en primer término estipula los plazos concedidos a las partes para dar por terminado un contrato de arrendamiento celebrado por tiempo indefinido, mismos que efectivamente son irrenunciables si benefician al arrendatario por impedirlo una norma de carácter prohibitivo contenida en el artículo transcrito en segundo término, pues de estimar lo contrario no tendría razón de ser el contenido expreso del artículo 2265 del Código de referencia, de lo que se sigue que cualquier cláusula que modifique los contratos de arrendamiento, en perjuicio del arrendatario, dejando de observarse la disposición en que los regula, deberán considerarse afectados de nulidad absoluta, pues así lo estipula el citado artículo, al igual que el diverso 8o. del propio ordenamiento legal, al disponer que, "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario". Además de conformidad con el artículo 6o. de la misma legislación, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla y ello es reflejo evidente, del carácter prohibitivo que revisten las renuncias a los beneficios concedidos a los arrendatarios, que contempla el artículo 2265 del Código sustantivo en cita, ya que tal fue la intención del legislador al considerar de carácter prohibitivo la renuncia de los beneficios que deriven de la ley en favor de los arrendatarios, a fin de que las cláusulas de renuncia no pudieran estar ya contenidas en los contratos de arrendamiento y quedaran protegidos aquéllos en su relación con los arrendadores y por ello resulta insostenible, que sean susceptible de renuncia voluntaria por las partes, en un contrato de arrendamiento, los plazos a que se refiere el artículo 2332 del Código Civil del Estado de México, fracción I.
Por todas las razones apuntadas este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en cuanto a que es válida la renuncia a los beneficios que se establecen a favor de los arrendatarios pues parte, para considerar lo anterior de una jurisprudencia de esta Tercera Sala, que no resulta aplicable, ya que dicha jurisprudencia tiene como base las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal vigente al pronunciarse las ejecutorias que la formaron, así como la disposición de los Códigos Civiles de los Estados que sigan a aquél en la materia, pero no tiene aplicación a los preceptos del Código Civil del Estado de México, por no existir disposición análoga en cuanto a la irrenunciabilidad de los términos de mérito y, por el contrario, según se razonó anteriormente, sí existe disposición imperativa opuesta, en la que se evidencia la protección de los beneficios derivados de la ley en favor de los arrendatarios.
Además, la jurisprudencia en la que el Primer Tribunal Colegiado funda como válida la renuncia de los plazos de que se viene hablando en favor de los arrendatarios, en la actualidad ya no es aplicable, porque a partir de las reformas al Código Civil para el Distrito Federal, del año de mil novecientos ochenta y cinco, particularmente a su artículo 2478, ya es irrenunciable el término que establece dicho precepto, tratándose de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, al considerarse dicha disposición de orden público e interés social. Así lo consideró esta Tercera Sala al resolver la contradicción de tesis 17/89, entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, sustentándose la tesis de jurisprudencia 16/90 aprobada el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, publicada en la página 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 32, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa, que expresa lo siguiente: "ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS DESTINADAS A LA HABITACION. ES IRRENUNCIABLE EL TERMINO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 2478 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.- (Reformas de 1985).- El artículo 2478 del Código Civil para el Distrito Federal, aun cuando no se encuentra comprendido dentro del Capítulo Cuarto, Título Sexto, de la Segunda Parte, del Libro Cuarto del Código Civil, que la ley considera de orden público e interés social, está íntimamente relacionado con las disposiciones que prevé el mencionado capítulo que se refiere al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, por establecer dicho precepto el plazo de terminación de los contratos de arrendamiento que no se hubieren celebrado por tiempo determinado; motivo por el cual no puede ser susceptible de renuncia voluntaria por las partes, el plazo que fija el artículo en cuestión, ya que dicha disposición debe considerarse de orden público e interés social cuando el destino del bien arrendado sea el de habitación.".
Al respecto debe precisarse que con la reforma aludida del Código Civil para el Distrito Federal, existe analogía con las disposiciones que contiene el Código Civil para el Estado de México, en cuanto a la renuncia de los términos concedidos en favor de los arrendatarios, tratándose de la terminación de contratos de arrendamiento por tiempo indefinido, pues ya se vio que son irrenunciables los términos concedidos a aquéllos, de conformidad con lo que establece el artículo 2265 del Código Civil del Estado de México, por tratarse de una norma de carácter prohibitivo; mientras que la disposición contenida en el artículo 2478 de la legislación sustantiva civil para el Distrito Federal, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se consideró de orden público e interés social, cuando el destino del bien arrendado sea el de habitación y que por ello son igualmente irrenunciables los términos de que se viene hablando.
Dicho precepto dispone lo siguiente: "Artículo 2478.- Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte, dado en forma indubitable con dos meses de anticipación si el predio es urbano, y con un año si es rústico.".
Atento lo manifestado, este órgano Colegiado considera que debe prevalecer el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y establece, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, que dicho criterio que debe regir con carácter jurisprudencial quede redactado con los siguientes rubro y texto: ARRENDAMIENTO DE PREDIOS RUSTICOS O URBANOS. SON IRRENUNCIABLES LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCION I DEL ARTICULO 2332 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MEXICO, POR DISPONERLO ASI UNA NORMA DE CARACTER PROHIBITIVO.- Los plazos que establece la fracción I del artículo 2332 del Código Civil para el Estado de México, en cuanto a la terminación de los contratos de arrendamiento que no se hubieren celebrado por tiempo determinado en relación con predios rústicos o urbanos, no pueden ser susceptibles de renuncia voluntaria por las partes, al disponerlo así una norma de carácter prohibitiva, contenida en el artículo 2265 del citado ordenamiento legal, que señala que: "No son renunciables los beneficios que deriven de la ley a favor de los arrendatarios" y que las estipulaciones "de los contratos que consignen dichas renuncias serán nulas"; lo que se corrobora con lo que prescriben los artículos 6o. y 8o. de la citada codificación, en cuanto a que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; y que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.
En términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo deberá identificarse con el número que por el orden progresivo le corresponda, dentro de la tesis de jurisprudencia de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Segundo Circuito al fallar los amparos directos números 713/91, 97/89 y 786/92 del índice de dichos tribunales.
SEGUNDO.- Se declara que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio establecido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en los términos precisados en esta resolución.
TERCERO.- Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, al Semanario Judicial de la Federación, para su publicación y a la Gaceta del mismo, así como al Pleno y a las demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y el Ministro ponente, con el secretario de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/310-75fa8a16/arrendamiento-de-predios-rusticos-o-urbanos-son-irrenunciables · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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