DEMANDA DE AMPARO. PUEDE PRESENTARSE POR CORREO SI EL QUEJOSO RESIDE EN LUGAR DISTINTO AL DEL JUICIO.
CONTRADICCION DE TESIS 12/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sustenta la siguiente tesis: "-La Ley de Amparo contempla la posibilidad para las partes que no residan en el lugar donde se tramite el juicio de garantías de presentar por correo promociones, ello conforme a los artículos 24 y 25. Ahora bien, como la demanda de garantías es la promoción que realiza la parte quejosa con la que inicia el juicio, es obvio que en la regla general contenida en el artículo 25 en comento puede incluirse la demanda, cuanto más si se considera que la ley no hace distingos y que la institución del amparo es de buena fe; y que siendo un hecho notorio que las sedes de los Juzgados de Distrito y tribunales federales, por lo general están ubicados en las capitales de los Estados y que no toda la población reside en esas capitales, debe admitirse como válida la presentación de la demanda de amparo a través del servicio postal a fin de que dichas personas cuenten con iguales oportunidades que los residentes de las capitales de acudir a la justicia federal en defensa de sus intereses. Consecuentemente, el término de interposición de la demanda de garantías presentada en estos casos será computarizado desde el día en que se depositó la demanda en el correo. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. (TC061187 KOM). Amparo directo 232/92. Constructora Tatsa, Sociedad Anónima. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. Texto aprobado: 27 de agosto de 1992.".
En lo conducente, las consideraciones de la sentencia dictada en el amparo directo número 232/92 que dieron origen a la citada tesis son las que a continuación se indican:
"QUINTO.-Es infundada la pretensión de la tercero perjudicado sobre la existencia de la causa de improcedencia del presente juicio de garantías, señalada por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"El escrito por medio del cual se hace valer tal causal es del tenor siguiente: 'Licenciado David F. Sánchez Olvera, con la personalidad debidamente acreditada en el expediente en que se actúa de manera respetuosa y atenta comparezco y solicito: Con vista en el acuerdo emitido por este tribunal con fecha 20 de mayo del año en curso y notificado a mi representada el 2 de junio anterior y en las reflexiones que a continuación expongo, se sirva decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por las fracciones XII del artículo 73 adminiculado con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. En el auto puntualizado se admitió a trámite la demanda de garantías al rubro puntualizada, contraviniendo lo ordenado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto que existe constancia de que la demanda de garantías fue depositada en la administración de correos de la ciudad de México con fecha trece de abril del corriente año también lo es que dicha demanda fue recibida ante la Sala responsable hasta el cuatro de mayo del año en curso, no existiendo disposición en la ley que establezca que en estos casos deba tomarse en cuenta la fecha de interposición ante la oficina de correos, considerando en consecuencia que su interposición fue extemporánea y por tal motivo debe sobreseerse. Dicho análisis se robustece por el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el recurso de reclamación 1/988 y el amparo directo 308/90 que dice: <DEMANDA DE AMPARO DIRECTO POR CORREO. COMPUTO PARA INTERPONER LA.-Los términos judiciales en el juicio constitucional están reglamentados por los artículos 24 y 25 de la Ley de Amparo, éstos establecen cuándo comenzarán a correr y cómo se contarán, asimismo prevén que si las partes residen fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones que se depositen, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia; empero, tratándose del término para la presentación de la demanda de garantías, éste se encuentra reglamentado por el artículo 21 de la ley de la materia el cual precisa cuándo y cómo comenzará a contar dicho término, de modo que si este precepto no dispone que la demanda de amparo directo también pueda ser depositada en la oficina de correos, la fecha en que se reciba por parte de la autoridad responsable y no la de su depósito en el correo, es la que debe tenerse como la de su presentación para los efectos del cómputo del término.> Finalmente, el hecho de que por auto de veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos el presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito haya admitido la demanda de mérito es intrascendente, porque ese tipo de resoluciones no causan estado, ni este tribunal actuando en forma colegiada, está obligado a respetarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 78 de este Tribunal Colegiado, que dice: <DEMANDA DE AMPARO DIRECTO MAL ADMITIDA, DEBE DESECHARSE.-El hecho de que la Presidencia del Tribunal Colegiado haya admitido la demanda de amparo directo, no es óbice para que se deseche puesto que las resoluciones de esta naturaleza no causan estado y el tribunal no está obligado a acatarlo, pudiendo por ello desechar dicha demanda si se advierte que ésta fue ilegalmente admitida.> En mérito de lo expuesto, atentamente solicito: UNICO.-Me tenga por presentado con este escrito formulando manifestaciones como tercero perjudicado solicitando se examine previamente la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías; hecho lo anterior se decrete el sobreseimiento con fundamento en lo ordenado por la fracción XII del artículo 73 adminiculado con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento.' (Fojas 28 y 29 del amparo).
"Se dice que no le asiste razón porque contrariamente a lo alegado por la tercero perjudicado, una demanda de amparo puede presentarse a través del Servicio Postal Mexicano y la fecha en que ello suceda será la que se tome en cuenta para el cómputo de quince días señalado por el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de garantías.
"En efecto, no debe perderse de vista que la Ley de Amparo contempla la posibilidad para las partes que no residan en el lugar donde se tramite el juicio de garantías de presentar por correo promociones, ello al señalar en sus artículos 24 y 25 textualmente que: 'Artículo 24. El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes: I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento; II. Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento; III. Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva; IV. Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros. Artículo 25. Para los efectos del artículo anterior, cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia.'.
"Ahora bien, como la demanda de garantías es la promoción que realiza la parte quejosa con la que inicia el juicio, es obvio que en la regla general contenida en el artículo 25 en comento puede incluirse a la demanda, cuanto más si se considera que la ley no hace distingos y que la institución del amparo es de buena fe; y que siendo un hecho notorio que las sedes de los Juzgados de Distrito y tribunales federales, por lo general están ubicadas en las capitales de los Estados y que no toda la población reside en esas capitales, debe admitirse como válida la presentación de la demanda de amparo a través del servicio postal a fin de que dichas personas cuenten con iguales oportunidades que los residentes de las capitales de acudir a la Justicia Federal en defensa de sus intereses. Consecuentemente, el término de interposición de la demanda de garantías presentada en estos casos será computarizado desde el día en que se depositó la demanda en el correo.
"Sirve de apoyo al anterior criterio, lo señalado en su primera parte, por la jurisprudencia número 117, aplicada en lo conducente, y visible en la página ciento ochenta y uno, Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1985, cuyo sumario es del tenor siguiente: 'CORREO, AMPARO INTERPUESTO POR. PARA TOMAR EN CUENTA LA FECHA DE REMISION. DEBE SER HECHA ESTA EN LA OFICINA DE RESIDENCIA DEL PROMOVENTE, QUE DEBE SER DISTINTA A LA DEL TRIBUNAL.-Es inatendible el argumento en el sentido de que la demanda fue interpuesta en tiempo porque fue depositada en la oficina de correos del lugar de residencia del juzgado competente, dentro del plazo de quince días, ya que el artículo 25 de la Ley de Amparo contempla el caso de excepción consistente en que, cuando las partes residan fueran del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio, se tendrán por hechas en tiempo sus promociones si aquéllas depositaron el escrito en la oficina de correos que corresponda, lo cual debe interpretarse en el sentido de que el depósito de la promoción correspondiente debe hacerse en una oficina de correo distinta de la del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio y precisamente en la que corresponda al lugar de residencia de los quejosos. Ahora bien, si los quejosos manifiestan que tienen su domicilio en lugar distinto al del juzgado, sin probar su afirmación, y lo cierto es que la demanda fue depositada en la oficina de correos en la misma ciudad en que se encuentra el juzgado, debe tenerse como fecha de presentación de la demanda de amparo aquélla en la que es recibida en el juzgado y no la de depósito en la oficina de correos.'.
"Asimismo, es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja nueve, Tomo XXV, Sexta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INTERPUESTO POR CORREO.-La Suprema Corte de Justicia tiene establecida la siguiente jurisprudencia: 'AMPARO INTERPUESTO POR CORREO.-Si la demanda de amparo directo es remitida a la Suprema Corte por correo, debe tenerse como fecha de presentación de la misma la de su recibo en el Alto Tribunal y no la de su depósito en la oficina de correos respectiva, toda vez que la disposición de la Ley de Amparo en el sentido de que se tendrán por hechas en tiempo las promociones si las partes las depositan en la oficina de correos y telégrafos que correspondan dentro del término en que deben hacerse, es aplicable a los términos en el juicio, a que se refiere el artículo 24 de la ley citada, mas no al de presentación de la demanda, que es anterior a la iniciación del propio juicio.'. El artículo 25 de la Ley de Amparo, dice así: 'Para los efectos del artículo anterior, cuando algunas de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquéllas depositaren el escrito u oficio relativo en la oficina de correos o telégrafos que corresponda, dentro de los términos en que deben hacer dichas promociones conforme a la ley.'. Por no hacer distinciones, dicho artículo incluye en su preceptiva: 1ro. A todas las partes en el juicio de amparo, entre ellas al quejoso. 2do. A las promociones de todas clases, entre ellas la demanda. Sin embargo, el artículo 25 se inicia con una expresión (para los efectos del artículo anterior), que liga o subordina lo dispuesto por el artículo 25 a lo previsto por el 24. Ahora bien, el artículo 24 se encabeza con esta expresión: 'El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes.'. Entendiéndola en su rigurosa literalidad, la jurisprudencia ha razonado de la siguiente manera acerca de dicha expresión: ella se refiere a los términos en el juicio, a los que se dan dentro del juicio ya comenzado, es decir con posterioridad a la presentación de la demanda; no se refiere al término destinado a la presentación de la demanda que como tal corre con anterioridad a la iniciación del juicio y que por lo mismo no puede considerarse como término en el juicio o dentro del juicio. Todo lo antes dicho en relación con el artículo 24, lo aplica la jurisprudencia al artículo 25, por ser subalterno éste de aquél. Por tanto concluye es eficaz la promoción hecha por correo, pero sólo referida a los términos en, dentro del juicio de amparo, no al término para la presentación de la demanda, el cual corre antes de que nazca el juicio. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no puede compartir el criterio de la expresada jurisprudencia, independientemente de que aún desde el punto de vista gramatical no es dable otorgar a la preposición 'en' el significado del adverbio 'dentro' (confusión en que se sustenta la interpretación literal), es lo cierto que entendido así el precepto conduce a tratamientos injustificadamente desiguales, que sin duda el legislador no se propuso consagrar. La primera desigualdad se produce entre las promociones. La jurisprudencia confiere mayor importancia a las promociones distintas de la demanda de amparo, pues mientras las primeras pueden hacerse por correo, la segunda no puede aprovecharse de ese conducto para el efecto de que se tenga por presentada en tiempo. No es de pensarse que el legislador se haya propuesto consagrar esa desigualdad, ya que mayor trascendencia tiene la demanda de amparo, dirigida a abrir el procedimiento reparador y a suspender el acto violatorio, que las etapas que posteriormente ocurren en el mismo procedimiento. La otra desigualdad es más grave, pues se produce en perjuicio de las personas que no residen en el lugar donde actúa la autoridad ante quien deben presentar la demanda de amparo. Para estas personas se acorta prácticamente el término que la ley concede para presentar la demanda, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia no admite descontar el tiempo empleado por la estafeta en hacer llegar la demanda a su destino. En cambio, el quejoso que reside en el lugar de la autoridad ante quien debe presentar la demanda, dispone íntegramente del término para hacerlo. No es presumible que el legislador haya querido consignar esta otra desigualdad, del todo justificada. Ante tales consecuencias, derivadas del alcance que la jurisprudencia ha dado a la expresión 'en el juicio de amparo' que emplea el artículo 24, la Sala considera necesario abordar el artículo 25 en el aspecto a que se contrae la presente ejecutoria, mediante una interpretación integral, más amplia y completa que la que hasta ahora ha descansado tan solo en sentido literal de la expresión antes transcrita. En este orden de ideas cabe recordar que nuestra legislación de amparo anterior a la ley de la materia de treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, todavía en vigor tuvo en cuenta la desigual condición que para presentar la demanda de amparo guardan los que viven en el lugar del juicio respecto a los que residen en sitios alejados. Examinando únicamente los tres ordenamientos reguladores del amparo anteriores a la ley vigente, se advierte que en ellos se buscó corregir en parte la desigualdad apuntada. Mediante la concesión de un término extraordinario para presentar la demanda de amparo, en favor de los ausentes del lugar en que residiere la autoridad que hubiere dictado la sentencia de un juicio civil (artículo 781 del Código de Procedimientos Civiles Federales de 1897; 775 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 y 121 de la Ley de Amparo de 1919 dicha solución, así hubiere sido incompleta por referirse solamente a los amparos contra resoluciones civiles y a la autoridad que las dictó, reveló no obstante la preocupación del legislador por afrontar la desigualdad que se anota. La ley actual instituyó un sistema más amplio y más práctico que el anterior. Suprimió desde luego el término extraordinario para presentar la demanda de amparo en favor de los ausentes y en su lugar admita la posibilidad de que las promociones se remitan por correo, con la misma eficacia en cuanto a la fecha que las presentadas ante la autoridad correspondiente, todo ello en exclusivo beneficio de las partes que residen fuera del lugar donde se ventila el juicio de amparo (artículo 25 de la Ley de Amparo). Al hablar de 'promociones' el artículo 25 no incluye expresamente a las demandas de amparo, pero tampoco las excluye. No es creíble que ese silencio signifique que el legislador de 1935 se propuso dejar desprovista de remedio legal la desigualdad anotada en lo relativo a la presentación de la demanda de amparo, suprimiendo la limitada solución que en ese respecto habían adoptado los precedentes legisladores y ampliando, en cambio, la nueva solución para todas las demás promociones diversas de la demanda. El solo planteamiento de esos antecedentes conduce inevitablemente a entender que la no mención expresa de la demanda no significa su exclusión por el precepto, sino que deben entenderse comprendida en la denominación genérica de 'promociones' que sustenta el artículo 25. El silencio del artículo respecto a la demanda (que es por cierto la más importante promoción), debe interpretarse más bien en el sentido de que en la denominación de 'promociones' está comprendida la promoción llamada 'demanda', conforme a la conocida regla de interpretación de que donde la ley no distingue tampoco el intérprete debe distinguir. Situada en el marco de esta interpretación integral, la expresión 'términos en el juicio de amparo', pierde la trascendencia que inmerecidamente se le ha conferido por la jurisprudencia. Gramaticalmente es impropia, como ya se dijo, para entender que el término se produce necesariamente dentro del juicio de amparo. Por el lugar que ocupa el artículo 24, en la Ley de Amparo, donde figura aquella expresión, hay que convenir en que se refiere a toda clase de términos. En efecto, los artículos 24 y 25 se ubican en el capítulo III que lleva el título genérico 'de los términos' y cuyos dos primeros artículos 21 y 22, se refieren expresamente al término 'para la interposición de la demanda de amparo', así como el artículo 23 también comprende dicho término cuando menciona los 'días hábiles para la promoción', substanciación y resolución de los juicios de amparo. No es razonable que la connotación genérica de 'términos' se restrinja de pronto, volviéndose específica dentro del mismo capítulo, por la sola presencia en el artículo 24 de la expresión 'término en el juicio'. Por artificiosa y ajena al sentido natural de las palabras y de la construcción, la interpretación que la jurisprudencia ha dado a esa expresión induce a error, no sólo a los peritos en derecho, sino sobre todo a la generalidad de las gentes, para quienes dicha expresión sólo puede significar términos en relación con el juicio de amparo, en su sentido más llano y natural, es más de acuerdo, además, con la equidad y con los antecedentes del precepto. Acreditado en autos que la demanda de amparo se depositó en la oficina de correos un día antes del vencimiento del término para presentarlas, debe llegarse a la conclusión de que, conforme a lo previsto y dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata fue interpuesta dentro del término de quince días a que alude el artículo 21 de la citada ley reglamentaria, o sea oportunamente. Amparo en revisión 54/54. Lázaro Villarreal C. 20 de julio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.
"Cabe destacar que para los efectos del juicio de amparo, la empresa quejosa tiene su residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, pues en su demanda de garantías señaló como su domicilio la Calzada de Ermita Iztapalapa número tres mil cuatrocientos nueve, colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, México, 09500 Distrito Federal al igual que lo hizo en la demanda de nulidad presentada ante el Tribunal Fiscal de la Federación que originó el presente juicio de amparo, lugar donde se practicaron todas las notificaciones, además de que, tanto la resolución de fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y uno mediante la cual el secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social desechó la inconformidad hecha valer en la empresa, ordenó su notificación precisamente en ese lugar, al igual que la diversa resolución de fecha primero de julio de mil novecientos noventa y uno emitida por el Consejo Consultivo de la Delegación Regional Veracruz Sur de ese instituto, mediante la cual se declaró infundado el recurso de revocación hecho valer contra la resolución antes indicada, que es precisamente la materia del juicio de nulidad. Por tanto, se concluye que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 25 de la Ley de Amparo.
"Por las razones antes anotadas este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito no comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito y que transcribe la tercero perjudicado, respecto del cual, en el momento oportuno, este tribunal procederá a realizar la correspondiente denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene a su vez la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO POR CORREO. COMPUTO PARA INTERPONERLA.-Los términos judiciales en el juicio constitucional están reglamentados por los artículos 24 y 25 de la Ley de Amparo, éstos establecen cuándo comenzarán a correr y cómo se contarán, asimismo prevén que si las partes residen fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones que se depositen, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia; empero, tratándose del término para la presentación de la demanda de garantías, éste se encuentra reglamentado de manera especial por el artículo 21 de la ley de la materia, el cual precisa cuándo y cómo comenzará a contar dicho término, de modo que si este precepto no dispone que la demanda de amparo directo también puede ser depositada en la oficina de correos, la fecha en que se reciba por parte de la autoridad responsable, y no la de su depósito en el correo, es la que debe tenerse como la de su presentación para los efectos del cómputo del término. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Precedentes: Recurso de reclamación 1/88. Bufete Industrial de Monterrey, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 308/90. Constructora Tatsa, S.A. 4 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.", tesis VI. 2o. J/117, la cual se encuentra publicada en la página 93, del Tomo VII correspondiente a abril, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación.
Las consideraciones expuestas, en lo conducente, en la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 308/90 y las emitidas en el recurso de reclamación 1/88 que dieron origen a la citada tesis son las que se indican a continuación:
Consideraciones emitidas en la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 308/90:
"SEGUNDO.-No habrán de transcribirse los conceptos de violación expuestos por la quejosa empresa denominada Constructora Tatsa, S.A., ni la parte considerativa de la sentencia reclamada, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte una causal de improcedencia, la cual debe ser examinada previamente a las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 5 de este Tribunal Colegiado, que dice: 'IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.'.
"José Luis Sánchez Saldaña, en su carácter de apoderado de la empresa denominada Constructora Tatsa, S.A., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, los que hizo consistir en la sentencia pronunciada el veintisiete de abril del año en curso, en el expediente número 609/89, relativo al juicio de nulidad promovido por la misma quejosa en contra de la resolución contenida en el acuerdo número 469/89, de once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, emitida por el Consejo Consultivo de la Delegación Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por virtud de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de catorce de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, que desechó el recurso de inconformidad interpuesto por la propia peticionaria de garantías, en contra de la liquidación provisional de cuotas obrero-patronales, relativas al período 2o./89, con importe de nueve millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos.
"Ahora bien, el secretario de la Sala responsable certificó al pie de la demanda de garantías de que se trata, que el dieciséis de mayo del año en curso, le fue notificada la sentencia reclamada a la ahora quejosa, lo cual se corrobora con el acuse de recibo de la oficina de correos que corre agregado a foja ochenta y dos del expediente del juicio generador del acto reclamado, el cual remitió la Sala responsable anexo a su informe justificado. Igualmente aparece en la certificación estampada por dicho secretario, que la ahora quejosa interpuso la demanda de garantías en contra de la sentencia combatida el siete de junio del mismo año, por conducto de la oficina de correos de México, Distrito Federal. También aparece el sello estampado por la oficialía de partes de la mencionada Sala, en la parte superior de la primera hoja de la indicada demanda (foja dos del expedientillo de amparo), del que se advierte que la demanda de garantías fue recibida por la Sala responsable el dos de julio de mil novecientos noventa.
"Siendo así, debe sobreseerse el juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, ya que la demanda de que se trata fue interpuesta fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada Ley de Amparo, pues el plazo apto para ello comenzó a correr el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa, ya que la aludida notificación surtió efectos legales el diecisiete del mismo mes y año, en términos de lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el precepto últimamente invocado de la Ley de Amparo, feneciendo el indicado término legal el once de junio; descontándose en dicho cómputo por inhábiles los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo, dos, tres, nueve y diez de junio por ser sábados y domingos y el siete de junio porque fue declarado inhábil por acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, según certificó el secretario de la Sala responsable en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo.
"No es óbice para lo anterior, el hecho de que el mencionado secretario de la Sala responsable en la certificación puesta al pie de la demanda de garantías de mérito, haya hecho constar que la misma fue depositada en la oficina de correos de la ciudad de México, Distrito Federal el siete de junio de mil novecientos noventa, pues como quiera que sea, la mencionada demanda se recibió en la Sala responsable hasta el dos de julio del mismo año, y no existe disposición en la Ley de Amparo que establezca que las demandas de amparo directo en materia administrativa que sean depositadas en la oficina de correos respectiva, se tengan por legalmente interpuestas desde la fecha de depósito en la oficina de correos; y si bien es cierto que no existe prohibición para ello, en el supuesto de que aconteciera, la quejosa corre el riesgo de que cuando llegue la demanda ante la Sala responsable, haya transcurrido el plazo legal a que alude el artículo 21 de la ley de la materia, como aconteció en la especie. Esto es así, porque aunque es cierto que el artículo 25 del invocado cuerpo de leyes, dispone que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquéllas depositaron el escrito u oficio relativo en la Oficina de Correos que corresponda, y que por su parte, el artículo 24, fracción IV, de la citada ley, señala que los términos podrán ampliarse por razón de la distancia, un día por cada cuarenta kilómetros o fracción que exceda de la mitad; sin embargo, el análisis cuidadoso o de ambos preceptos, permite concluir que a los términos a que se refieren son judiciales, es decir, a aquellos que rigen durante el tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2404-e17bac84/demanda-de-amparo-puede-presentarse-por-correo-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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