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Modo: Corpus Pro

APELACION EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCION XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/94. · Registro digital (IUS): 2182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, , Pág. 11.

CONTRADICCION DE TESIS 4/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en la Ciudad de Puebla, Puebla al resolver el toca de revisión 332/93, interpuesto por Alfonso Trinidad Coba, estimó en lo conducente que:

"Son infundados los agravios expresados. En el fallo sujeto a revisión se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción III de la Ley de Amparo, al estimar que de las constancias enviadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se desprendía que el quejoso antes de promover la acción constitucional en contra de auto de formal prisión que reclamó, impugnó éste a través del recurso de apelación que hizo valer al momento en que se le notificó su situación jurídica; siendo que, atento a lo estatuído por los artículos 277 y 278 del Código Procesal Penal del Estado basta la interposición en forma escrita o verbal, como en el caso ocurrió, para dar inicio al trámite legal del citado medio de defensa y además, tiene por objeto la modificación o anulación del acto de molestia en cuestión, y por ende, no existía duda de que en la especie se surtió la causal de improcedencia del amparo que prevé la fracción XIV del artículo 73 de la ley de la materia y por su aplicación, se invocó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada con el número 283, a foja 499, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-1988, que dice: 'AUTO DE FORMAL PRISION, CUANDO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL.-Es improcedente el amparo que se endereza contra el auto de formal prisión, si está pendiente de resolverse el recurso de apelación que contra él se hizo valer.'. En esencia, aduce el inconforme que no se actualizó la causal que alude el Juez de Distrito, ya que si bien es verdad que en la razón de notificación que le fue practicada el veinticuatro de marzo último en relación al proveído de bien preso decretaron en su contra, aparece su firma y el texto 'APELO', también lo es que, con fecha posterior presentó ante el Juez Penal responsable una promoción por la que le solicitó que se le tuviera por desistido del indicado recurso e inclusive tal petición fue acordada de conformidad en resolución dictada el primero de abril del año en curso; añadiendo que, la anterior circunstancia puede constatarse de las copias certificadas deducidas del proceso de origen adjuntadas al escrito de agravios de la presente revisión. Por principio, debe decirse que este órgano colegiado no está en aptitud de examinar la documental exhibida por el aquí recurrente al interponer la revisión, consistente en las actuaciones judiciales efectuadas en la causa penal generadora de los actos reclamados; puesto que, según el artículo 149 de la ley de la materia en la tramitación de un amparo indirecto, es obligación ineludible del peticionario que aporte las pruebas a fin de que el Juez Federal esté en posibilidad de resolver la controversia constitucional planteada y sostener lo contrario, equivaldría a que se fallara el presente recurso con base a constancias que no pudieron ser conocidas por las demás partes ni por el Juez de Distrito. Caso de excepción lo constituye únicamente aquellas pruebas que tienden a justificar la improcedencia de la acción constitucional, pues esto es una cuestión de orden público atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. De esa guisa, resulta que en este asunto sólo pueden tomarse en cuenta las copias certificadas que acompañó la responsable a su informe o en su caso, las probanzas que pudieron ser ofrecidas con la oportunidad debida por el ahora promovente de la revisión, mismas que no desvirtúan la consideración en que se apoyó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de garantías. Ello es así, porque del examen de las primeras se advierte que el Juez natural remitió como justificante todas las actuaciones comprendidas desde la averiguación previa que integra la causa de origen hasta el auto de formal prisión combatido, así como la notificación que de éste se le practicó al ahora inconforme, y en el que se aprecia que lo apeló de manera verbal; empero, fuera de ello no existe alguna en torno al ocurso mediante el cual se hubiere externado la voluntad para desistirse del susodicho recurso o bien, del proveído que le recayera, (fojas 17 a 55). Por otro lado, el reclamante, hoy recurrente, se concretó a presentar copias simples del proceso penal de referencia, las que además por el simple hecho de no ser certificadas, carecen de eficacia; de cualquier modo, ellas únicamente abarcan las diligencias ministeriales hasta la orden de aprehensión, aun de estarse en el caso de otorgarse algún valor, no revelarían lo alegado en los motivos de inconformidad (fojas 60 a 86). Cabe destacar, que en lo concerniente a los elementos de convicción a que hace mención el amparista en su escrito presentado el día en que se celebró la audiencia constitucional, referente a la documental pública constituía por los informes que rindieron las responsables y las actuaciones llevadas a cabo en el juicio de garantías, tampoco resultan aptas, pues fueron analizadas en párrafos anteriores y se llegó a la conclusión de que no acredita la argumentación de que no se encontraba tramitándose simultáneamente el recurso de apelación y el aludido juicio constitucional. Lo mismo acontece con la presuncional legal y humana ofrecida en el ocurso de que se trata, dado que es inconcuso, que la prueba idónea sobre el aspecto apuntado era la documental. Consecuentemente, si en el caso se probó que el quejoso apeló del auto de formal prisión al notificársele éste, lo que es permitido conforme lo señala el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ello es suficiente para estimar que se encuentre en trámite el recurso respectivo, puesto que la sustanciación del mismo principia necesariamente con el acto en que se externa la voluntad de impugnar esa resolución, máxime que se trata del medio de defensa idónea conforme a la ley (artículo 216 del código invocado); de ahí que, cuando en el juicio de garantías se actualiza esa hipótesis, es evidente que emerge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XIV de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento con base en lo dispuesto por el diverso artículo 74 fracción III de la propia ley. Apoya lo anterior el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 5/91 publicada a foja 27 de la Gaceta número 47 de noviembre de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro: 'DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA . EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA.'; en la que se sostiene que para los efectos de la controversia constitucional, se entiende que existe juicio con la simple presentación de la demanda. En las condiciones anotadas, al ser legal la sentencia, que se revisa y no hallando queja deficiente que suplir, se impone confirmarla."

Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el toca en revisión número 483/992, interpuesto por José Antonio González Godínez, en lo conducente, resolvió lo siguiente.

"Son fundados los agravios antes transcritos. El Juez de Distrito que sobreseyó el juicio de garantías que se revisa por estimar que se surtía la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 73 de la ley de la materia porque ante los tribunales ordinarios se encontraba en trámite un recurso o medio de defensa legal propuesto por el mismo quejoso, que podía tener por efecto modificar, revocar o nulificar el auto de formal prisión reclamado. Para llegar a esta conclusión sostuvo que al pie del auto de bien preso impugnado, se desprendía la razón asentada por el diligenciario adscrito al Juez Octavo de lo Penal de esta capital, quien al momento de notificar personalmente al defensor del procesado el auto que resolvió la situación jurídica de éste, hizo constar que dicho defensor apeló en contra de esa resolución de fecha once de junio del año en curso. Ahora bien, es cierto que al pie de la razón de notificación hecha al defensor del procesado, se puede apreciar la palabra 'apelo' que obra junto a la firma del diligenciario y de otra ilegible (foja 132); sin embargo, de autos no se advierte prueba fehaciente alguna que permita concluir que efectivamente se admitió ese recurso, ni tampoco que se esté tramitando el recurso de mérito que supuestamente hizo valer la defensa del procesado, pero de esta manera tener plena certeza de la causal de improcedencia invocada por el a quo, y así estar en legal posibilidad de sobreseer el juicio de garantías; y más aún que la responsable al rendir su informe con justificación no lo manifestó de esa manera. Lo anterior es así, si se toma en consideración que las causales de improcedencia, incluyendo la invocada por el Juez Federal, deben demostrarse plenamente y no sólo inferirse a base de presunciones, al tenor de la jurisprudencia número 93 sustentada por este Tribunal Colegiado, que dice: 'IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.-Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente probadas y no inferirse a base de presunciones.'."

TERCERO.-El análisis comparativo de los criterios antes transcritos, permite establecer que en la especie sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostiene que con la simple interposición de la inconformidad planteada, es suficiente para estimar que se encuentra en trámite el recurso respectivo y se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la ley de la materia; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito considera que cuando se plantea un recurso de apelación, si de autos no se advierte alguna prueba fehaciente que permita concluir que efectivamente se admitió o que se esté tramitando ese recurso, no se puede legalmente sobreseer el juicio de garantías, ya que las causales de improcedencia deben demostrarse plenamente y no sólo inferirse a base de presunciones.

Es decir, ambos Tribunales Colegiados parten de los siguientes supuestos: 1) Que el quejoso antes de promover la acción constitucional en contra del auto de formal prisión que reclamó, impugnó éste a través del recurso de apelación que hizo valer al momento de ser notificado sobre su situación jurídica; 2) Que únicamente aparece al pie de la razón de notificación hecha al procesado o a su defensor, la palabra "APELO" que obra junto a la firma del diligenciario; y 3) Que la responsable al rendir su informe con justificación nada manifestó en relación a que se hayan desistido de ese recurso o que hubiera sido admitido.

Sin embargo, a pesar de que ambos Tribunales Colegiados parten de los mismos supuestos llegan a conclusiones contradictorias, pues, como ya se apuntó, el primero sostiene que la sustanciación del recurso principia "necesariamente" con el acto en que se externa la voluntad de impugnar la resolución; el segundo, sostiene que si de autos no se advierte prueba fehaciente alguna que permita concluir que efectivamente se admitió ese recurso, ni tampoco que se esté tramitando, no se puede tener plena certeza de que se concretiza la causal de improcedencia invocada.

CUARTO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en atención a las razones que a continuación se exponen:

Efectivamente, conviene destacar en primer término que la fracción XIV del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ...

"XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar, o nulificar el acto reclamado."

En segundo lugar hay que resaltar que el recurso de apelación, de acuerdo al artículo 271 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada.

En tercer lugar, los artículos 277 y 278, fracción I, del aludido código adjetivo penal, en relación al recurso de apelación, dispone lo siguiente:

"Artículo 277. La apelación podrá interponerse verbalmente en el momento de la notificación o por escrito, dentro de tres días de hecha si se tratare de autos y de cinco si se tratare de sentencia."

"Artículo 278 Son aplicables a la apelación las siguientes disposiciones:

"I. Interpuesto el recurso en términos legales, el Juez que dictó la resolución apelada, lo admitirá o desechará de plano, previniendo en el primer caso a las partes, excepto al Ministerio Público, señalen casa para notificaciones ubicada en el lugar en que radique el tribunal de alzada, y al acusado nombre defensor para la segunda instancia."

"II. Si el acusado no nombra defensor o el nombrado no acepta, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le haga saber su nombramiento, la Sala nombrará al defensor de oficio ..."

Ahora bien, como correctamente lo apuntó el Primer Tribunal Colegiado contendiente, así como el juicio de amparo comienza con la simple presentación de la demanda; el juicio de segunda instancia, en materia penal, principia, de acuerdo con la segunda disposición legal citada, con la interposición, verbal o por escrito, del recurso de apelación. Sin embargo, debe distinguirse este momento inicial, de otros segundo o intermedio, como lo es el del trámite; acto en donde la autoridad efectúa cada una de las diligencias necesarias para resolver el recurso; y así, sucesivamente, admite o desecha la impugnación interpuesta; califica el efecto o efectos con que fue admitida; nombra defensor o ratifica al ya nombrado; admite y desahoga pruebas y, en fin, realiza todas aquellas diligencias previas a la resolución de la inconformidad planteada; y en último y tercer momento, en que el tribunal de segunda instancia pronuncia su fallo.

Esta distinción además de ser sucesiva en el tiempo, resulta útil al juzgador de amparo, al ubicarlo en el período preciso para estimar aplicable o no la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo; de tal manera que, si un quejoso interpone recurso de apelación contra un auto de formal prisión, como es el caso, en el que los dos Tribunales Colegiados contendientes analizaron para llegar a tesis diferentes; para concluir correctamente cuándo es improcedente el amparo contra dicho auto, hay necesidad de analizar objetivamente tanto los informes justificados rendidos por las autoridades responsables como las constancias de autos, para cerciorarse realmente si se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y la tramitación del recurso, como ya se dejó asentado, no principia sólo con la simple interposición del mismo, como erróneamente estimó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sino que comprende además el auto en que la autoridad admite o desecha la impugnación, e incluye todos aquellos realizados hasta el momento en que pronuncia el fallo. Sólo en este sentido se puede determinar si hay trámite, desde el momento en que el término, tiene el significado semántico de: "paso de una cosa a otra.".

No está por demás señalar que la exigencia de certeza plena sobre la existencia o inexistencia de la causal de improcedencia que contempla la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, deriva no sólo de lo establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida, en relación a que las causales de improcedencia, en el juicio constitucional, deben estar plenamente probadas y no inferirse a base de presunciones; sino que encuentra sustento legal en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley reglamentaria citada, que impone a las autoridades responsables no solamente la obligación de rendir su informe justificado, sino también el de acompañar las constancias necesarias para apoyar la constitucionalidad del acto reclamado "o la improcedencia del juicio.".

De tal suerte que si tales premisas no se concretizan, no se puede afirmar válidamente que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, como erróneamente lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, pues en el caso por él analizado en el A.R. 332/93, la única constancia que obra en autos, es que el procesado "apeló"; con mayor razón si ello se encuentra desvirtuado por la afirmación de que se dice formuló el quejoso, en el sentido de que se desistió de la apelación.

Así pues, esta Primera Sala estima, como ya se apuntó, que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al tenor del rubro y contenido siguiente:

"IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO INFERIRSE A BASE DE PRESUNCIONES.-La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis en que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a foja 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión manifiesta escuetamente 'APELO', sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario; resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente, con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió de acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas realizadas entre el auto de admisión o desechamiento y la última diligencia efectuada antes de pronunciar el fallo.".

En mérito de lo asentado, deberá darse cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 195 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Primero y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión números 332/93 y 483/92.

SEGUNDO.-Debe prevalecer con eficacia de jurisprudencia la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en los términos precisados en la parte final del considerando Cuarto de esta resolución.

TERCERO.-Remítase de inmediato al Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia que se sustenta, la que deberá identificarse con el número que le corresponda como lo prevé el artículo 195, fracciones I y II del ordenamiento legal antes invocado; asimismo remítase a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a dicho precepto.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidenta Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez (ponente) y Luis Fernández Doblado. Ausente la Ministra Clementina Gil de Lester.

Firman la presidenta de la Sala y el ponente con el secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2182-b849880e/apelacion-en-materia-penal-causal-de-improcedencia-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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