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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS DE APREMIO, PARA SU APLICACION EN UN JUICIO MERCANTIL, DEBE ACUDIRSE SUPLETORIAMENTE A LA LEGISLACION COMUN. MEDIOS DE APREMIO EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. NO PROCEDE RECURSO EN CONTRA DE SU IMPOSICION (APLICACION SUPLETORIA DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA Y CODIFICACIONES SIMILARES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/96. · Registro digital (IUS): 4184
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 291.

CONTRADICCION DE TESIS 14/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 461/95, promovido por Rubén Cabañas Carballo, sustentó las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Los agravios transcritos resultan infundados. En primer término, conviene precisar que el quejoso señaló como acto reclamado el proveído de quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dictado por el Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 211/94, mediante el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por el propio quejoso contra el auto de dieciocho de abril del mismo año, en la parte que le impuso una multa por diez días de salario mínimo. La Juez Federal al pronunciar el fallo recurrido, negó el amparo solicitado, al determinar que el desechamiento de la apelación reclamada por el quejoso, no resultaba violatorio de sus garantías individuales, dado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cual debía aplicarse supletoriamente al Código de Comercio, según su artículo 1054, contra las resoluciones que imponen las medidas de apremio, no procede recurso. Tal determinación de la Juez a quo, se ajusta a derecho. En efecto, aun cuando es cierto que la extinta Tercera Sala del máximo tribunal del país, en la jurisprudencia número 1570, publicada a foja 2514, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha establecido criterio en el sentido de que tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil. Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que tratándose de las medidas de apremio, el citado criterio no resulta aplicable por lo siguiente. Se observa que el Código de Comercio no contempla como institución jurídica (esto es, como un núcleo de preceptos que reglamentan relaciones de igual naturaleza) a las medidas de apremio. Por otra parte, es cierto que por regla general, cuando una institución jurídica no está contemplada en la ley principal, no opera la supletoriedad de la ley secundaria. Sin embargo, tratándose de las medidas de apremio se establece una excepción a este último principio, por la razón obvia de que de no establecerse esa supletoriedad, el juzgador que conozca de las contiendas de carácter mercantil, estará imposibilitado para lograr que se cumplan sus determinaciones, siendo que esta facultad es inherente a la potestad de que se encuentra investida toda autoridad jurisdiccional. En este sentido, es inconcuso que en el caso no se suple una laguna de una institución jurídica prevista en la ley principal, sino que se suple una laguna respecto de toda una institución jurídica. Lo anterior nos lleva a la conclusión lógica de que los artículos 79, 80 y 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que son los que constituyen el núcleo de preceptos que regulan a las medidas de apremio, son en su integridad aplicables supletoriamente al Código de Comercio. En efecto, el artículo 79 enumera los medios de apremio que pueden emplear los Jueces o tribunales para hacer cumplir sus determinaciones; el artículo 80 prevé la hipótesis que se da cuando la parte a quien ya se aplicaron las medidas de apremio previstas en el anterior artículo persista en incumplir con una determinación judicial, estableciendo que en ese caso, se podrá proceder contra el rebelde por el delito de desobediencia; y, el artículo 81, establece que las resoluciones que impongan los medios de apremio no son recurribles. Ahora bien, resulta incuestionable que el legislador, al elaborar el Código de Comercio, no podía considerar la conveniencia de que la parte rebelde no pudiera recurrir el auto de imposición de un medio de apremio, puesto que al no regular la institución jurídica de que se trata, es obvio que no pudo plantearse tal cuestión. Siendo así, es incuestionable que el artículo 81 del código adjetivo civil del Estado, como acertadamente lo sostuvo la Juez Federal, debe aplicarse supletoriamente en materia mercantil. Lo anterior se robustece, si se considera que la razón legislativa del invocado artículo 81, fue la de conferir a los juzgadores la facultad de hacer uso de medios eficaces para hacer cumplir sus determinaciones de manera pronta y expedita, evitando que las partes hagan nugatoria tal facultad, recurriendo el auto que impone una medida de apremio en que se sancione la contumacia de alguno de los contendientes que no ha querido acatar una determinación judicial dictada con anterioridad al referido auto. En esas condiciones, contra lo que se afirma en los agravios, si el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, establece que contra la imposición de las medidas de apremio no procede recurso alguno, es inconcuso que resultó legal el auto reclamado en el que la responsable desechó la apelación que interpuso el ahora quejoso contra el proveído de dieciocho de abril pasado, en la parte que le impuso una medida de apremio consistente en una multa de diez días de salario. De tal manera que si la Juez Federal llegó a tal conclusión, es incuestionable que el fallo recurrido se dictó conforme a derecho y, por ende, procede confirmarlo."

Dicho tribunal al resolver el asunto de mérito sustentó la tesis siguiente:

"MEDIDAS DE APREMIO EN MATERIA MERCANTIL. LOS PROVEIDOS QUE LAS IMPONEN NO SON RECURRIBLES (APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA). Es cierto que la extinta Tercera Sala del máximo tribunal del país, en la jurisprudencia número 1570, publicada a foja 2514, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, estableció criterio en el sentido de que tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil. Sin embargo, se estima que tratándose de las medidas de apremio, el citado criterio no resulta aplicable. En efecto el Código de Comercio no contempla como institución jurídica (esto es, como un núcleo de preceptos que reglamentan relaciones de igual naturaleza) a las medidas de apremio. Por otra parte, es cierto que por regla general, cuando una institución jurídica no está contemplada en la ley principal, no opera la supletoriedad de la ley secundaria. Sin embargo, tratándose de las medidas de apremio, se establece una excepción a este último principio, por la razón obvia de que de no establecerse esa supletoriedad, el juzgador que conozca de las contiendas de carácter mercantil, estará imposibilitado para lograr que se cumplan sus determinaciones, siendo que esta facultad es inherente a la potestad de que se encuentra investida toda autoridad jurisdiccional. En este sentido, es inconcuso que en el caso no se suple una laguna de una institución jurídica prevista en la ley principal, sino que se suple una laguna respecto de toda una institución jurídica. Lo anterior lleva a la conclusión lógica de que los artículos 79, 80 y 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que son los que constituyen el núcleo de preceptos que regulan las 'medidas de apremio', son en su integridad aplicables supletoriamente al Código de Comercio. Ahora bien, como el último de estos preceptos, establece que las resoluciones que impongan los medios de apremio, no son recurribles, resulta incuestionable que el legislador, al elaborar el Código de Comercio, no podía considerar la conveniencia de que la parte rebelde no pudiera recurrir el auto de imposición de un medio de apremio, puesto que al no regular la institución jurídica de que se trata, es obvio que no pudo plantearse tal cuestión. Por todo esto, cabe concluir que el citado artículo 81 del código adjetivo civil para el Estado de Puebla, debe aplicarse en las contiendas de carácter mercantil que se substancien ante los tribunales de dicha entidad federativa."

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver los amparos en revisión números 228/89, 324/89 y 391/90, promovidos en su orden por María del Rocío Apango Lome, Elizabeth Mayen Astorga y Arturo Hernández Valdez, sustentó respectivamente, las siguientes consideraciones:

"TERCERO. Son infundados los agravios transcritos. Para desechar por improcedente la demanda de amparo, el Juez de Distrito consideró que la quejosa reclama sustancialmente la orden de arresto decretada en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 223/89, del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, y que por tanto, antes de solicitar la protección constitucional debió haber agotado el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio y al no haberlo hecho, la petición de garantías es improcedente de conformidad con los artículos 145 y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuestión de orden conviene estudiar en primer lugar, el argumento que hace valer la recurrente relativo a que el Juez Federal simplemente supone que en contra de la orden de arresto pudo haber intentado el recurso de apelación, ya que al no haber dado trámite a la demanda no requirió a las responsables sus informes y, por ende, no estuvo en posibilidad de saber si efectivamente se dejó de interponer el aludido medio de impugnación, lo que significa que prejuzgó sobre la existencia del recurso y su agotamiento, ignorando que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo de conformidad con la jurisprudencia cuyo rubro es: 'DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA.'-El anterior planteamiento es inexacto, pues no es verdad que para poder percatarse si en contra de la orden de arresto reclamada se intentó o no el recurso de apelación, sea necesario que se tramite la demanda de amparo con el propósito de conocer el contenido de los informes justificados de las autoridades responsables, ya que basta la simple lectura del capítulo de los actos reclamados de la demanda de garantías, transcrito en el resultando primero de esta ejecutoria, para darse cuenta de que en ningún momento se reclama resolución alguna que haya decidido determinado recurso de apelación interpuesto en contra de la referida medida de apremio, lo que sería indispensable reclamar para el caso de que esa orden de arresto hubiese sido recurrida, lo que sin lugar a dudas y sin necesidad de conocer el contenido de los informes de las responsables, evidencia que no se hizo valer ese medio de impugnación en contra del acto de mérito; por tanto, debe decirse que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al haber estimado que no se agotó ese recurso previo y en consecuencia el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Asimismo, si bien de acuerdo con la jurisprudencia 125, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 189, cuyo rubro es: 'DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA.', la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados no es obstáculo para admitir y tramitar la demanda de amparo, en la especie, no puede decirse que en contra de la medida de arresto exista simplemente la posibilidad de interponer el recurso de apelación, sino que ello es evidente, esto, es existe la certeza que de conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, ese medio de impugnación es procedente para combatir aquellos autos, como el de que se trata, que causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, de ahí que no exista incertidumbre alguna en cuanto a la necesidad de que ese recurso hubiese sido agotado con anterioridad a que se ejercitara la acción constitucional, condiciones en las que no resulta aplicable la jurisprudencia indicada. Por otra parte, la inconforme aduce que el Juez Federal no apreció correctamente los actos reclamados, pues éstos los hizo consistir no solamente en aquella resolución que decretó el arresto en su contra, sino que también atacó diversos proveídos y la falta de legal notificación de los mismos, por lo que no puede decirse que sustancialmente haya reclamado la orden de arresto. Al respecto, debe decirse que si bien el Juez de amparo sostuvo que la quejosa sustancialmente reclama la orden de arresto decretada en su contra, haciendo caso omiso de los otros actos reclamados tales como la multa y cateo impuestos, así como los apercibimientos respectivos y la falta de legal notificación de los proveídos en que se acordaron, ello en forma alguna justifica que se revoque el auto sujeto a revisión y se admita la demanda de garantías, toda vez que los primeros (multa, cateo y apercibimientos correspondientes), no son sino el antecedente jurídico y motivación de la orden de arresto, cuyo tratamiento en consecuencia, resulta ser el mismo que debe dársele a esta última, de ahí que no era imperativo que respecto de ellos particularizara el criterio que sostuvo. Con relación a la falta de legal notificación reclamada es pertinente destacar que tampoco se agotó el principio de definitividad contemplado por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, y para corroborarlo conviene tener presente que de acuerdo con el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al 1051 del de Comercio, cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida o se omitiere, la parte agraviada podrá promover ante el Juez o tribunal que conozca del juicio, incidente sobre nulidad de lo actuado a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida; en ese orden de ideas, resulta claro que en contra de ese acto reclamado procede el incidente de nulidad de actuaciones, pues como la misma recurrente lo admite en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, es parte demandada en el juicio generador de los actos reclamados y éste aún no ha concluido por sentencia definitiva, lo que pone de manifiesto que de cualquier forma, antes de ejercitar la acción constitucional, María del Rocío Apango Lome, debió agotar dentro del procedimiento natural los medios de impugnación procedentes en contra de los actos que hoy reclama, para así cumplir con el citado principio de definitividad. En otro aspecto, se argumenta que la tesis invocada, en el auto recurrido, por el Juez de Distrito, cuyo rubro es: 'ARRESTO. EN CONTRA DE LA ORDEN QUE LO DECRETA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO LEGISLACION MERCANTIL).', carece de aplicación obligatoria para este tribunal por tratarse de un simple antecedente y porque además, según se aprecia de la misma, la posibilidad de la existencia de un recurso, en todo caso, provocaría el sobreseimiento de la demanda y no su desechamiento. En relación con esto, debe decirse que si bien es cierto que este tribunal no está obligado jurídicamente a aplicar la tesis jurisprudencial invocada en el auto recurrido por el Juez de Distrito, al haber sido sustentada por diverso Tribunal Colegiado (Tercer Tribunal Colegiado de este mismo Circuito), también lo es que comparte el criterio que en ella se vierte, pues es similar a otros que este propio cuerpo colegiado ha sustentado en ese tipo de asuntos, tal es el caso del sostenido al fallar los amparos en revisión 34/89 y 111/89, cuyo rubro es: 'ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO NO SE AGOTO EL RECURSO ORDINARIO.'. Asimismo, no es verdad que del texto de esa tesis invocada por el Juzgador Federal, se aprecie que la posibilidad de la existencia de un recurso provocaría en todo caso el sobreseimiento de la demanda mas no su desechamiento y para corroborarlo conviene transcribirla, siendo pertinente señalar que aparece publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al terminar el año de 1988, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Volumen II, página 801, que dice: 'ARRESTO. EN CONTRA DE LA ORDEN QUE LO DECRETA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACION PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION MERCANTIL).' (La transcribe). Finalmente, se aduce esencialmente que el criterio sustentado por el Juez de amparo no es congruente con sus propias resoluciones emitidas en procedimientos similares, tal es el caso del amparo 745/89 del propio Juzgado Primero de Distrito. Este planteamiento debe desestimarse, toda vez que el mismo no constituye razonamiento jurídico alguno que demuestre la ilegalidad del auto que se revisa, a más de que se sustenta en simples afirmaciones no probadas, que de ninguna manera combaten los fundamentos del auto recurrido, pues en autos no está demostrado que el Juez de Distrito haya resuelto asuntos similares al de que se trata sosteniendo un criterio opuesto al que en la especie emitió; en ese orden de ideas, esos argumentos resultan inatendibles. Tiene aplicación la jurisprudencia número 3 sustentada por este tribunal, cuyo rubro es: 'AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.'.

Amparo en revisión 324/89:

"TERCERO. Son parcialmente fundados los agravios transcritos, pero inoperantes para revocar la sentencia sujeta a revisión. En efecto, para sobreseer en el juicio de garantías, el Juzgador Federal consideró que el acto reclamado, esto es, la orden de arresto decretada en contra de la quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 1706/87, debió ser recurrida por ésta, previamente a solicitar la protección constitucional, a través del recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio y que al no haberlo hecho, dejó de cumplir con el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, surgiendo por tanto la causal de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la inconforme aduce esencialmente que la consideración del a quo es inexacta, toda vez que el recurso de apelación que estima debió hacer valer, no procede dentro del juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto reclamado, ya que de conformidad con el artículo 1340 del Código de Comercio, este medio de impugnación sólo es procedente en juicios como el referido, cuando su interés excede de ciento ochenta veces el salario mínimo general vigente en la fecha de interposición en el lugar en que se substancie el procedimiento; de lo que se sigue, que efectivamente son inexactas tanto la apreciación relativa a que la orden de arresto reclamada debió ser impugnada a través del recurso de apelación, como la aplicación de la jurisprudencia que lleva por rubro: 'ARRESTO. EN CONTRA DE LA ORDEN QUE LO DECRETA DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACION PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION MERCANTIL).', ya que de acuerdo con el interés económico que se ventila en el juicio originario, es evidente que este medio de impugnación en la especie resulta improcedente para combatir la orden de que se trata, en tanto el monto de la suerte principal en ese procedimiento al ser de doscientos cincuenta y dos mil, cuatrocientos treinta y cinco pesos, lógicamente no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Puebla, el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (lugar y fecha en que se promovió el juicio ejecutivo mercantil); sin embargo, esa circunstancia no puede servir como base para revocar el sobreseimiento decretado por el a quo, toda vez que si bien es cierto que por las razones indicadas, la orden de arresto reclamada no puede combatirse por medio de la apelación, también lo es que en su contra es procedente el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 1334, en relación con el 1341 del Código de Comercio, en tanto esa orden de arresto como medida de apremio dictada dentro de un juicio mercantil, no es de naturaleza penal y, como la misma Elizabeth Mayen Astorga lo afirma, causa un gravamen no reparable en la sentencia definitiva, que en el asunto de que se trata no puede ser impugnada por el recurso de apelación atendiendo al interés económico que en el procedimiento de origen se ventila. En las condiciones relatadas y apareciendo de las constancias del expediente de origen que previamente a solicitar el amparo, la ahora recurrente no hizo valer en contra del acto reclamado el recurso de revocación que resulta procedente para impugnarlo dentro del juicio natural, es evidente que como bien lo estimó el a quo, no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio constitucional, surgiendo en consecuencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a confirmar el sobreseimiento decretado, de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia, resultando aplicable al caso la tesis sustentada por este tribunal al fallar el amparo en revisión 228/89 que dice: 'ARRESTO. EN CONTRA DE LA ORDEN QUE LO DECRETA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION MERCANTIL). (La transcribe).'"

Amparo en revisión 391/90:

"TERCERO. Son infundados los agravios que hace valer el quejoso. Por escrito de fecha veinte de septiembre último, presentado el veinticinco del mismo mes, Arturo Hernández Valdez, promovió juicio de garantías ante el Juez de Distrito en turno, reclamando lo siguiente: 'De la autoridad ordenadora, la orden de arresto decretada en mi contra y que pretenden ejecutar las autoridades aludidas como ejecutoras, actos emanados del expediente 12/990, de los libros de gobierno de dicho juzgado'. Por auto de veinticinco de septiembre del año en curso, la Juez Primero de Distrito en el Estado, desechó de plano la demanda de garantías promovida por el quejoso, por estimar que no agotó el principio de definitividad antes de ocurrir al juicio de garantías, pues en contra de la orden que decreta el arresto, procede el recurso de apelación que prevé el artículo 1341 del Código de Comercio y, en contra del ilegal emplazamiento que dispone el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio (sic). Ahora bien, el recurrente alega que sí cumplió con el principio de definitividad, ya que de acuerdo con el artículo 1340 del Código de Comercio, la apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general, vigente en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, y en el presente caso, al ignorarse el monto de la suerte principal, no procede la apelación. No le asiste razón al recurrente, pues como lo estimó la Juez Primero de Distrito, no se agotó el principio de definitividad, toda vez que si bien es cierto que el precepto legal invocado establece que la apelación procede cuando la suerte principal del juicio excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo, también lo es que el artículo 1334, en relación con el 1341 del mismo código, establecen la procedencia del recurso de revocación, en virtud de que la orden de arresto como medida de apremio dictada dentro de un juicio mercantil causa un gravamen no reparable en la sentencia definitiva y, en el presente caso, el recurso que deba ser interpuesto, dependerá de la cantidad a la que ascienda el monto de la suerte principal, pero el hecho de que en la resolución recurrida se mencione el recurso de apelación, no es suficiente para revocarla, en atención a que sí existe un recurso que debe agotarse en contra de la orden que decreta un arresto. Tiene aplicación al caso el criterio sustentado por este tribunal al resolver los diversos amparos en revisión 228/989 y 324/989, que dice: 'ARRESTO. EN CONTRA DE LA ORDEN QUE LO DECRETA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION MERCANTIL). (La transcribe.).'- Asimismo, argumenta el recurrente que debe aplicarse también en forma supletoria el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que señala que contra las resoluciones que impugnan una de las medidas a que se refiere el artículo 79, no procede recurso. Resulta incorrecta dicha argumentación, toda vez que de acuerdo con el artículo 1054 del Código de Comercio, la ley de procedimientos local respectiva, únicamente se aplicará en caso de que no exista compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento, o que no exista un procedimiento especial o supletoriedad expresa, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que la legislación mercantil contiene disposición expresa al respecto, que establece la procedencia de un recurso en contra de la imposición de un arresto, según se asentó con antelación,por lo tanto, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, no procede la aplicación supletoria del precepto legal que invocó. Aduce por otro lado el recurrente, que nunca se enteró del emplazamiento, ni por tanto, del día en que lo apercibieron del arresto, y en cuanto a que procede el incidente de nulidad contra la falta de emplazamiento, de acuerdo con el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles, dicho incidente puede promoverse durante el procedimiento hasta la sentencia, y en el caso que nos ocupa se ignoraba en qué estado se encontraba el juicio en lo principal. Al respecto, debe señalarse que es correcta la apreciación de la Juez de amparo, en el sentido de que procede el incidente de nulidad de actuaciones en contra de un ilegal emplazamiento a juicio, pues de acuerdo con el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente al 1054 del Código de Comercio, cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida, o se omitiere, la parte agraviada podrá promover ante el Juez o titular que conozca del juicio, un incidente de nulidad de lo actuado a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida; por lo tanto, el recurrente debió promover dicho incidente, toda vez que es parte dentro del juicio, y éste no se encuentra concluido, según se desprende de la propia demanda de garantías en el capítulo de conceptos de violación al expresar el quejoso que al no haber sido llamado a juicio 'se está siguiendo a sus espaldas el procedimiento mercantil', por lo que antes de ejercitar la acción constitucional, el recurrente debió agotar dentro del procedimiento natural, los medios de impugnación procedentes en contra del acto que reclama, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad, sin que tengan aplicación en el caso las jurisprudencias citadas por el recurrente, ya que como se dijo, se encuentra en trámite el procedimiento del que derivan los actos reclamados. Las consideraciones antes señaladas conducen a confirmar la resolución recurrida."

El referido tribunal al resolver los asuntos descritos emitió la tesis siguiente: "ARRESTO. EN CONTRA DE LA ORDEN QUE LO DECRETA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION MERCANTIL). La orden de arresto como medida de apremio dictada dentro de un juicio mercantil, no es de naturaleza penal, y causa un gravamen no reparable en la sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la promoción del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad."

CUARTO. El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo a que se ha hecho mérito, pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada, en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostiene que en contra del auto que impone una medida de apremio en un juicio de carácter mercantil no procede recurso legal alguno, de conformidad con el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria; por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, entre otras cosas, estimó que las medidas de apremio consistentes en la multa, cateo, y los apercibimientos correspondientes no son sino el antecedente jurídico y motivación de la orden de arresto, cuyo tratamiento, en consecuencia, resulta ser el mismo que debe dársele a este último, es decir, que contra su imposición antes de acudir al juicio de amparo se debe interponer el recurso de apelación o revocación, según sea el caso, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 1334 y 1341 del Código de Comercio, pues agregó, que contra las resoluciones que impongan una de las medidas a que se refiere el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, no debe aplicarse supletoriamente el numeral 81 del propio ordenamiento, toda vez que de acuerdo con el artículo 1054 del Código de Comercio, la ley de procedimientos local respectiva, únicamente se aplicará en caso de que no exista compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento, o que no exista un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, lo cual no sucede, ya que, la legislación mercantil contiene disposición expresa al respecto que establece la procedencia de un recurso en contra de la imposición de un arresto.

Es oportuno dejar aclarado que no obstante en las resoluciones transcritas, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito analizó la medida de apremio relativa al arresto y, en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del mismo Circuito para llegar a la conclusión apuntada, partió de un examen general sobre las medidas de apremio, se aprecia que de lo sostenido en las sentencias sobre un punto común, como lo fue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4184-1fb434f1/medidas-de-apremio-para-su-aplicacion-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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