SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CALCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTIAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.
CONTRADICCION DE TESIS 39/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes que intervino en el juicio donde se sustentó uno de los criterios materia de la contradicción.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al resolver la queja 35/92, interpuesta por David Cristóbal Alvarez Bernal en su carácter de representante legal de Constructora Bañuelos, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, sostuvo lo siguiente:
"III. Son infundadas las manifestaciones que a título de agravios se hacen valer.
"En efecto, es correcta la determinación del Presidente de la Junta laboral señalada como autoridad responsable al negar la suspensión solicitada hasta por el importe de seis meses de salario, toda vez que en materia de trabajo, antes de conceder cualquier suspensión del acto reclamado, debe asegurarse la subsistencia del trabajador por el tiempo que dure la tramitación del juicio de garantías, por lo que esa autoridad debe computar el tiempo que estime, tarde en resolverse el juicio de amparo respectivo y de acuerdo con ello, exigir que se entregue la cantidad correspondiente al trabajador si a su juicio estuviere en peligro su propia subsistencia. Ello se estima así, porque conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, el Presidente de la Junta de Conciliación dispone de la facultad discrecional para que en caso de que considere que el trabajador no tiene posibilidad de subsistir durante la tramitación del juicio de amparo, se garantice su subsistencia; por tal motivo tiene perfectamente aplicación en la especie, el criterio jurisprudencial de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la autoridad responsable citó en el auto que ahora se combate.
"El anterior criterio ya fue sostenido por este Primer Tribunal Colegiado, al resolver unánimemente las quejas números 5/90 y 6/91 formuladas respectivamente por Benjamín Sandoval Rodríguez y Clicerio Díaz Guzmán en su carácter de apoderado de Infantiles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, en plenos de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y veinte de marzo del año próximo pasado.
"Ahora bien, al concederse la medida suspensoria del auto por el importe total de la condena a que se refiere el punto primero resolutivo de ese acto reclamado a través del amparo, mediante fianza en cuya fijación la responsable toma como base las prestaciones a que fue condenada la quejosa, ello es acorde con lo establecido por el artículo 173 de la Ley de Amparo aplicable en materia laboral en cuanto a que dispone que la caución a cargo del agraviado debe ser bastante para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse a terceros con la suspensión, lo cual debe entenderse que la fianza tiene por objeto garantizar el monto íntegro de la condena, ya que dentro del concepto de daño debe comprenderse la suerte principal, toda vez que lo contrario sería inequitativo y haría nugatoria la condena correspondiente en caso de que se llegase a negar el amparo a la quejosa.
"No es óbice para arribar a la anterior determinación, la manifestación del promovente de la presente queja en el sentido de que el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver la queja número 20/90 consideró las cuestiones que él invoca, puesto que independientemente que así haya sido, tal criterio no lo comparte este cuerpo colegiado".
CUARTO. Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito al resolver la queja 20/90, interpuesta por Cruz Ramos Sarabia y otros estableció lo siguiente:
"TERCERO. Son fundados por una parte los agravios formulados por los recurrentes, aunque para decidirlo así, se suple la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo y, por otra, infundados.
"Los agraviados aducen que la resolución impugnada les causa perjuicio, porque en ella se declaró improcedente la suspensión solicitada por la patronal quejosa contra la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral número JE4-2-65/90, por el importe de tres meses de salario, siendo a su juicio lo correcto, hasta por el importe de seis meses, según tesis que citan bajo el rubro: `SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO', que aparece publicada en el Apéndice 1917-1975, Cuarta Sala; y, que el salario que debió tomarse en cuenta para ese efecto es el de veintiocho mil quinientos setenta y un pesos diarios, por ser éste el que acreditaron que percibían, y no el mínimo general vigente en esta zona.
"Si bien es cierto que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó improcedente la suspensión de los laudos hasta por el importe de seis meses de salario, por ser éste el término que se considera aproximado y necesario para la tramitación del juicio de garantías, a fin de asegurar la subsistencia del trabajador; también lo es, que ese lapso probable se estableció de acuerdo a la época y circunstancias que prevalecían en la fecha en que sustentó la jurisprudencia invocada por las recurrentes. A la fecha, no sucede lo mismo, pues debido al incremento de los tribunales federales, originado por las reformas a la Carta Magna, en vigor, a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se ha visto de manera objetiva, concretamente, que los asuntos de la competencia de este Décimo Segundo Circuito, se resuelven con mayor celeridad, en un término aproximado de tres meses. En esas condiciones y, de acuerdo a la facultad discrecional que se otorga a los Presidentes de las Juntas laborales, según lo previsto por el artículo 174 de la Ley de Amparo, es incuestionable que el término fijado por el referido presidente resulte correcto. Sin embargo, el importe del aludido término debió fijarse en base al salario que se acreditó en autos percibían los recurrentes, tal y como lo afirman éstos, y no al mínimo vigente, toda vez que, aun cuanto este último es el estimado como el que cubre las necesidades más apremiantes del trabajador dentro de esta zona económica, de acuerdo al salario que los agraviados percibían, con él atendían sus más elementales necesidades, de modo que, al ubicárseles en uno menor, no podrían sufragarlas. En tal virtud, se considera que debe fijarse el salario efectivo que ellos acreditaron en el juicio laboral que recibían. Tiene apoyo esta consideración en la primera tesis relacionada con la jurisprudencia número 301, publicada en la página 269, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que a la letra dice: `SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo, y la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías'.
"Por otra parte, alegan los agraviados que el Presidente de la Junta laboral, indebidamente tuvo por garantizada la condena del laudo mediante el embargo trabado en bienes de la patronal quejosa, con el cheque número G18237178 de la cuenta 1119673 a cargo de la Institución de Crédito Bancario, Serfín, S. N. C., girado por la cantidad de doscientos quince millones, en cuanto que se desconoce el monto total de lo embargado, y además, el referido título de crédito está certificado, se desconoce quién es su cuentahabiente, y si tiene fondos. A ese respecto debe decirse que fueron los propios trabajadores quienes señalaron bienes para embargo, en la diligencia de ejecución del laudo, llevada a cabo el día diecisiete de mayo de mil novecientos noventa (fojas 6 y 7) por el Actuario Judicial, ante la negativa de la empresarial a pagar el importe de la condena, y señalar bienes para su embargo. Así, el señalamiento hecho por los propios trabajadores, debe necesariamente entenderse, que los bienes descritos en el acta relativa, a su juicio eran los suficientes para garantizar la suma a que se condena a la patronal en el laudo reclamado.
"En tal virtud, resulta incuestionable que la determinación del Presidente de la Junta laboral se encuentra apegada a derecho, pues en pleno uso de sus facultades determinó que el embargo mencionado garantizaba a los recurrentes la condena decretada a su favor, en caso de que el juicio constitucional le fuera adverso a la quejosa. No es óbice a lo anterior, las deficiencias de que adolece el cheque citado, el que si bien se tuvo también como garantía, no debe perderse de vista que en primer término se encuentra el embargo, porque en éste intervinieron directamente los trabajadores, de modo que el título de crédito debe estimarse como una cuestión accesoria.
"En mérito de lo anterior, debe concluirse declarando procedente y fundada en parte la presente queja, debiéndose en consecuencia, confirmar la resolución recurrida en lo relativo al importe de tres meses de salario por los que se declaró improcedente la suspensión solicitada por la quejosa, así como lo conducente al embargo y título de crédito que se tomaron en cuenta a fin de garantizar la condena decretada en el laudo, y se revoque por lo que toca al salario mínimo que se fijó, respecto de lo cual deberá el Presidente de la Junta laboral, tomar en cuenta el salario que se acreditó en autos, y en base en esto declarar improcedente la suspensión solicitada por el referido término".
QUINTO. Del estudio comparativo de las resoluciones transcritas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues de ellas se aprecia que dos Tribunales Colegiados sostienen criterios distintos respecto a un mismo problema puesto a su consideración.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en la ejecutoria dictada en la queja 35/92, sostuvo en esencia, que era correcta la determinación del Presidente de la Junta señalada como responsable al negar la suspensión de la ejecución del laudo hasta por el importe de seis meses de salario, pues antes de concederse la suspensión del acto reclamado, debe asegurarse la subsistencia del trabajador por el tiempo probable en que se tramite el juicio de garantías, conforme al artículo 174, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de la Cuarta Sala citada bajo el rubro: "SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO", publicada en el apéndice de 1917 a 1975.
Por su parte el Segundo Tribunal del mismo Circuito al resolver la queja 20/90, estableció en síntesis, que es adecuado el término de tres meses de salario fijado por el Presidente de la Junta responsable para suspender la ejecución del laudo, porque si bien es cierto que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó improcedente la suspensión hasta por el importe de seis meses de sueldo, dicho lapso se estableció de acuerdo a la época y circunstancias que prevalecían en la fecha en que se sustentó la jurisprudencia que así lo determina, lo que no sucede en la actualidad, pues debido al incremento de tribunales federales, los asuntos se resuelven en un término aproximado de tres meses, siendo además una facultad discrecional del presidente otorgarla conforme al numeral 174 de la ley de la materia.
De lo anteriormente expuesto se colige que la discrepancia de criterios estriba en el monto que debe fijarse para decretar la suspensión de la ejecución del laudo en tanto se resuelva el juicio de garantías, pues mientras un Tribunal Colegiado estima que es de seis meses de salario, el otro señala que es de tres meses, atendiendo a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, lo cual permite que los amparos se resuelvan en ese tiempo aproximadamente.
Ahora bien, previo al examen del presente asunto, debe advertirse que atento a la litis de la contradicción de que se trata, en el estudio no se tocarán los aspectos generales de la figura de la suspensión, ni los requisitos correspondientes, todos los cuales se darán por supuestos; por tanto, sólo se tratará el tema relativo a si para calcular el tiempo que durará el juicio de amparo, la autoridad laboral encargada de decidir sobre la suspensión está obligada a tener en cuenta seis meses que establece la Tesis Jurisprudencial 301 con rubro: "SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO", sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1985, en que apoyó su resolución el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, o los tres meses que señala el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, independientemente de que del estudio resulte otro criterio.
SEXTO. Con objeto de dirimir la contradicción, se toma en consideración que el artículo 107, fracciones X y XI de la Constitución General de la República, previene:
"ARTICULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
"XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y la propia autoridad responsable decidirá al respecto, en todo caso el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los juzgados de Distrito".
Por su parte los preceptos 174 y 175 de la Ley de Amparo, disponen:
"ARTICULO 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia."
"ARTICULO 175. Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios.
"En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de que se otorgue fianza".
De los dispositivos transcritos se desprende que tratándose del juicio de amparo directo, es decir, el promovido contra sentencias definitivas o laudos, son las autoridades responsables las que deben resolver sobre la suspensión del acto o actos reclamados en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley. Para ello deberán tomar en cuenta la naturaleza de la violación, la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la medida cautelar origine a terceros y al interés público. En materia laboral, específicamente, el artículo 174 transcrito, establece que la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal de trabajo respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías; en esta parte del dispositivo, precisamente, se ve de modo objetivo que se otorga a la autoridad correspondiente del tribunal laboral, una facultad discrecional, en cuanto deja a su criterio la apreciación de eventualidades o contingencias que el legislador no puede saber de antemano, pero que son necesarias para decidir de manera justa y razonable sobre la suspensión del acto reclamado.
Lo anterior permite considerar que la autoridad responsable tiene la responsabilidad derivada del ejercicio de esa facultad discrecional, de decidir sobre el monto de la cantidad que sea necesaria para que el trabajador pueda subsistir mientras dura el juicio de garantías, lo que significa que deja el cálculo de esa duración a su correcta apreciación, pues ello implica un juicio razonable y no una actuación arbitraria, en razón de que obligada por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, debe fundar y motivar su determinación, debiendo tomar para ello en consideración entre otros aspectos, la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de las partes interesadas, el lugar donde se decreta la suspensión y en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del Circuito de que se trate.
Cabe señalar que debido a tales contingencias y eventualidades que, como ya se dijo, no es posible conocer de antemano, la aplicación de la parte que se examina del artículo 174 de la Ley de Amparo, por los tribunales responsables, ha ameritado la formulación de distintos criterios jurisprudenciales a través del paso del tiempo, pues teniendo en consideración las condiciones, circunstancias y eventualidades de cada época, la Suprema Corte ha fijado diferentes plazos de duración del juicio del amparo directo.
Así, en una época en que había un marcado rezago en la Suprema Corte (único órgano que en ese entonces resolvía los amparos directos) estableció que la duración de tales juicios abarcaría un lapso probable de tres años. Posteriormente, al haber disminuido el rezago, estableció el plazo de un año, especificando para ello los motivos que tuvo para ese cambio; y finalmente desde hace algunos años se ha mantenido jurisprudencialmente un período de seis meses.
Así aparece de las tesis jurisprudenciales que se transcriben a continuación:
Jurisprudencia No. 211, publicada en la página 364, Sexta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1965, que a la letra dice:
"SUSPENSION, FIANZA PARA LA. MONTO. La jurisprudencia sustentada en el sentido de que la fianza debe ser bastante para reparar los daños y perjuicios que resienta el tercero perjudicado durante el tiempo que transcurra hasta que se decida el amparo, el cual abarca el lapso probable de tres años, se estableció en la época en que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia tenía un rezago de expedientes; pero como con las reformas constitucionales vigentes el despacho de los amparos es más rápido, es pertinente fijar el término de un año como bastante para la resolución del amparo, a efecto de que ese lapso sirva para fijar el monto de la fianza."
La Jurisprudencia No. 253, visible en la página 238 de la Quinta Parte, Cuarta Sala, del Apéndice de 1917 a 1975, establece:
"SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor de los miembros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo, y la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías".
Esta Jurisprudencia aparece también publicada con el número 301, en la página 269, Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, y con el número 1875 en la Compilación de 1988, Segunda Parte.
En la integración de esta última tesis jurisprudencial, se tienen entre otras las siguientes resoluciones de la antes Cuarta Sala.
1. Ejecutoria pronunciada en sesión de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y ocho, por la que se resolvió la Queja No. 488/38, promovida por Jesús S. Monserrat, que en su considerando único estableció:
"Las razones alegadas por el recurrente no justifican la ilegalidad de la resolución del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que el artículo 174 de la Ley de Amparo de manera expresa establece, que la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia; y, esta Cuarta Sala ha interpretado el artículo de referencia, en el sentido de que la suspensión es improcedente por lo que ve a los salarios del trabajador, precisos para subsistir hasta por un término de seis meses, y no sólo de cuatro como lo expresa la responsable, pues habitualmente se requiere aquel plazo para la tramitación de los juicios de amparo. Resulta pues, que en el caso, al negar la resolución que se recurre, la suspensión pedida hasta por un término de cuatro meses de salarios, no hizo una inexacta aplicación del citado artículo 174 de la Ley de Amparo, por lo que la queja es infundada y así debe declararse".
2. Ejecutoria dictada en sesión de doce de febrero de mil novecientos cuarenta, resolviendo la Queja No. 680/39, promovida por Sinclair-Pierce, Oil Co., S. A., que en su considerando único prescribió:
"UNICO. La presente queja debe declararse infundada, porque el artículo 174 de la Ley de Amparo, establece una facultad discrecional, en favor de los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren mediante juicio de garantías, en única instancia; además, esta Cuarta Sala ha sustentado el criterio de que la suspensión es improcedente hasta por la cantidad que importe seis meses de salario, modificando la jurisprudencia anterior, en el sentido de negar la suspensión hasta por cuatro meses de salario, así es que, si la autoridad responsable negó la suspensión, por lo que se refiere al pago de cuatro meses de salario, dicha resolución, se encuentra dentro del término fijado por esta Sala; y, por último, la certificación notarial a que se refiere el recurrente, no demuestra que el actor en el juicio de trabajo perciba ingresos suficientes, sin correr riesgo de no subsistir, pues en todo caso dicha certificación demostraría que el actor es abogado y que tiene bufete abierto al público, pero de ninguna manera, el monto de sus ingresos".
Pese a los diferentes plazos fijados por esta Suprema Corte, estos criterios no implican contradicción ni incongruencia, sino que han sido adecuados y oportunos, pues atendían precisamente a las contingencias generales de la época en que se emitieron.
Consecuentemente, si como quedó anotado, para los efectos de la suspensión en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, la ley deja a la libre apreciación (no al arbitrio) de la autoridad laboral el cálculo de la duración del juicio de garantías, con la finalidad de resguardar la subsistencia del trabajador afectado por la dilación del trámite y resolución de dicho juicio, es de concluirse que no cabría aceptar necesariamente y en todos los casos que el cálculo del salario resguardado se hiciera sobre los seis meses a que se refiere la tesis jurisprudencial últimamente transcrita, porque este cálculo, como otros discrecionales que también ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue correcto en su momento, pero no de inexcusable acatamiento en la actualidad, dada las nuevas circunstancias imperantes, en que como resultado de la proliferación de los Tribunales Colegiados de Circuito y el progreso de su especialización, los juicios de amparo directo se resuelven con más rapidez, por regla general. Sin embargo, debe resaltarse que tampoco podría aceptarse que el cálculo se hiciera en todos los casos y en todas las regiones y tribunales de la República sobre los tres meses a que se contrae el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, dado que no siempre se dan ni en todos los lugares, ni en todos los momentos las mismas contingencias, de ahí que el cálculosea el derivado de una apreciación discrecional, justa y razonable, fundada y motivada de la autoridad laboral, que refleje las circunstancias propias del caso.
Los anteriores razonamientos conducen a una tercera conclusión que tiene fundamento en la tesis jurisprudencial No. 2/94 sustentada por la anterior Cuarta Sala al resolver las contradicciones de tesis 1/91, 24/91, 34/92, 35/92 y 80/90, que establece lo siguiente:
"CONTRADICCION DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACION DEL PROBLEMA JURIDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica, tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir `...cuál tesis debe prevalecer', no cuál de las dos tesis debe prevalecer".
Lo asentado anteriormente origina el siguiente criterio que con carácter de tesis jurisprudencial debe prevalecer:
Este precepto establece que tratándose de laudos, la suspensión se concederá cuando a juicio de la responsable no se ponga a la parte obrera en peligro de insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para calcular el tiempo de la duración del juicio, la mencionada disposición otorga a la responsable una facultad discrecional, en cuanto deja a su apreciación, que conforme al artículo 16 constitucional debe fundar y motivar los distintos aspectos de la cuestión como la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensión y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del Circuito de que se trate. Consecuentemente, la autoridad laboral facultada para conceder la medida cautelar, no necesariamente debe atenerse a la tesis jurisprudencial que fija en seis meses la duración probable del juicio de garantías, porque este cálculo, como otros que también ha establecido esta Suprema Corte, fue correcto en su momento, pero no es de inexcusable acatamiento en la actualidad.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO. Debe prevalecer el criterio que establece esta Sala, contenido en el considerando sexto de la presente resolución.
Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial aprobada al Pleno, Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su correspondiente publicación; envíese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de Circuito de los que derivó la contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el último de los señores ministros antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3308-8f5ded03/suspension-del-acto-reclamado-en-materia-de-trabajo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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