CONTRADICCION DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURIDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS.
CONTRADICCION DE TESIS 17/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La parte considerativa de la sentencia pronunciada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y tres por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en el juicio de amparo directo civil 692/92, en lo conducente señala:
"CUARTO.-Son infundados en una parte y fundados en otra los conceptos de violación hechos valer."
"Aduce María Dolores Santacruz Juárez que la sentencia que combate es violatoria de los artículos 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1054 del Código de Comercio, 14 y 16 de la Constitución General de la República, en razón de que al carecer de término de vigencia el poder general para pleitos y cobranzas que el Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, otorgó al licenciado Jesús Solórzano Juárez, el diez de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, y que éste exhibió al plantear el juicio ejecutivo mercantil número 1334/91 para acreditar la personería con que accionaba, debía entenderse que le fue conferido por un año, en términos del artículo 2415 del Código Civil del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, y como la demanda que enderezó en su contra la presentó hasta el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, era evidente que en esa fecha el poder ya había caducado, por lo que era el caso de declarar improcedente la acción puesta en ejercicio."
"No asiste razón a la peticionaria de garantías, en virtud de que el poder general para pleitos y cobranzas que el Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, otorgó al licenciado Jesús Solórzano Juárez y otros, el diez de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, ante la fe del notario público número ciento treinta y seis, con asiento en la ciudad de México, y que éste exhibió, para acreditar su personería en el juicio ejecutivo mercantil número 1334/91, no se rige por el Código Civil de Michoacán, en atención a que éste sólo se aplica, de conformidad con lo que disponen sus artículos 1o. y 2o., a los actos y contratos que se celebren dentro de su territorio o que vayan a producir efectos en éste, y el mandato de referencia no se encuentra en alguno de tales supuestos, porque se confirió en el Distrito Federal y de su texto no se advierte que se haya estipulado que iba a producir efectos en Michoacán, de modo que si en la Legislación Civil del Distrito Federal, en su título noveno, que reglamenta lo concerniente al mandato, no existe un artículo similar al 2415 del Código Civil del Estado, que autorice a tener otorgado por un año el mandato que se extienda sin especificar término de vigencia, es claro que mientras no se dé alguna de las causas de terminación previstas por el precepto 2595, el poder que aquí interesa sigue surtiendo efectos y no puede considerarse caduco, tanto más que es correcto el diverso razonamiento que expuso el Magistrado responsable, acerca de que en materia mercantil, cuando se trata de cuestiones de derecho substantivo, la ley supletoria es el Código Civil para el Distrito Federal, según lo que establece el artículo 2o. del Código de Comercio y la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe en la sentencia reclamada, no así el Código Local de Procedimientos Civiles, como lo pretende la quejosa, porque éste sólo es aplicable, en forma supletoria a la legislación mercantil, a propósito de aspectos procesales, según lo que dispone el artículo 1054 del Código de Comercio, y en la especie, lo concerniente a la terminación del mandato exhibido por el licenciado Jesús Solórzano Juárez, es un tema substantivo y no procesal."
La tesis relativa expresa:
"MANDATOS. LOS OTORGADOS EN EL DISTRITO FEDERAL, NO SE RIGEN POR EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN.-Dado que de los artículos 1o. y 2o. de la ley substantiva civil de esta entidad federativa, se desprende que dicha legislación sólo se aplica a los actos y contratos que se celebren dentro de su territorio o que vayan a producir efectos en éste, es evidente que, si el poder exhibido por el mandatorio para acreditar su personería, le ha sido conferido en el Distrito Federal y en él no se estipula que producirá efectos en Michoacán, son las normas del Código Civil del Distrito Federal las que deben aplicarse para dilucidar lo relativo al término de vigencia del citado mandato. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Amparo directo civil número 692/92. María Dolores Santacruz Juárez. 8 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Secretario: Areli Ortuño Yáñez."
TERCERO.-Las consideraciones que sustentan la resolución emitida el dos de junio de mil novecientos noventa y tres, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al fallar el amparo directo civil 105/93, son las siguientes:
"CUARTO.-Resulta innecesario hacer el estudio y decisión de los conceptos de violación transcritos, en atención a que este Tribunal Colegiado advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia que conduce a sobreseer en el presente juicio de garantías, la que por ser de orden público, procede examinarla aun de oficio, la aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1985, Octava Parte, tomo común al Pleno y las Salas, registrada con el número 158, visible en la página 262, que a la letra es como sigue: 'IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.'.
"En efecto, el presente juicio de garantías lo promueve Carlos Guzmán Guerrero, ostentándose apoderado jurídico de BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, en cuanto institución fiduciaria; empero, de la lectura íntegra del único poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que le fue otorgado y que obra en los autos del juicio sucesorio del que emana el acto reclamado, aparece que el mismo fue otorgado por el licenciado Francisco Baltazar Rodríguez, Delegado Fiduciario de BANCOMER, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, por instrucciones previas del Comité Técnico del Fideicomiso, en favor de CARLOS GUZMAN GUERRERO, el día diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante la fe de FRANCISCO XAVIER ARREDONDO GALVAN, titular de la Notaría Pública número 173, con residencia y ejercicio en México, Distrito Federal, sin expresarse en el mismo el tiempo por el cual fue conferido.
"Además, al comparecer ante el Juez Segundo de lo Civil de Morelia, Michoacán, Carlos Guzmán Guerrero se ostentó apoderado general para pleitos y cobranzas de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, Dirección Fiduciaria, especificando que el poder le fue otorgado limitadamente en cuanto al fideicomiso F diagonal diecisiete mil quinientos ochenta y siete, celebrado por su mandato y el de cujus, de acuerdo con el texto propio del mandato; por tanto, como de éste se advierte que fueron conferidos poderes: A) Generales, en cuanto a sus facultades, para pleitos y cobranzas y actos de administración ; y B) Especiales: a) 'En cuanto a su objeto. Los anteriores poderes serán ejercidos por el apoderado nombrado, limitadamente, es decir, únicamente respecto del patrimonio en fideicomiso relacionado en el antecedente primero de esta escritura, (F diagonal diecisiete mil quinientos ochenta y siete).'. Tal antecedente es como sigue: 'I. DEL FIDEICOMISO. Por contrato de fecha catorce de marzo de mil novecientos ochenta y seis, se CONSTITUYO EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION número F diagonal diecisiete mil quinientos ochenta y siete, en el que intervino como FIDUCIARIO, `BANCOMER', SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, y del citado contrato, que tengo a la vista, copia literalmente y en lo conducente lo siguiente'.... DECLARACIONES. Declara el señor DON SALVADOR GARCIA HERNANDEZ, que tiene concertados con diferentes instituciones nacionales de crédito, en sus respectivos departamentos financieros, diversas inversiones. CLAUSULAS 'PRIMERA.-El señor DON SALVADOR GARCIA HERNANDEZ, en adelante el fideicomitente, afecta y entrega en fideicomiso revocable a Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, División de Fideicomiso, los documentos descritos en la declaración I del presente contrato, con los cuales constituye un fondo fiduciario que podrá ser incrementado en cualquier momento afectando otras cantidades, bienes o derechos y que deberá ser administrado en los términos de este instrumento. El fiduciario por conducto del señor licenciado Enrique Noriega Segurolo, acepta el cargo que se le confiere ... SEPTIMA.-El fiduciario no será responsable de hechos, actos y omisiones de las partes o de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines de este fideicomiso. Igualmente el fiduciario no tendrá obligación de defender el patrimonio fideicomitido, estando obligado solamente a otorgar poder a personas que para tal efecto le indique por escrito el fideicomitente o el comité técnico, ya sea para trámites administrativos, actuaciones judiciales o cualquier otro. El fiduciario en todos los casos no será responsable de la actuación de los apoderados, ni tampoco estará obligado a cubrir los honorarios profesionales o gastos derivados de su actuación, los cuales en su defecto podrán ser liquidados con cargo al fondo fideicomitido ...'.
"Así, tomando en consideración que es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de una entidad federativa sólo tienen efecto en su propio territorio; que el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: 'en los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles ...'.
"Luego entonces, como en tratándose de poderes, el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán, establece en su primer párrafo que: 'Al extenderse un poder, el otorgante cuidará de expresar el tiempo por el cual lo confiere, pues de lo contrario se presumirá que sólo lo ha otorgado por el plazo de un año.'; por tanto tomando en consideración que el objeto del mandato otorgado al promovente del amparo, fue para que: 'Los anteriores poderes serán ejercidos por el apoderado nombrado, limitadamente, es decir, únicamente respecto del patrimonio en fideicomiso relacionado en el antecedente primero de esta escritura, (F diagonal diecisiete mil quinientos ochenta y siete)'; que este fideicomiso fue creado en el Estado de Michoacán y que el juicio sucesorio fue radicado en la propia entidad federativa, en el que el apoderado Carlos Guzmán Guerrero actuó en defensa del fideicomiso, es inconcuso que en la especie sí le es aplicable el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán.
"En las relatadas condiciones, al haberse otorgado el mandato limitadamente el promovente del amparo, para que representara a su mandante en el caso específico que nos ocupa y por ende, al no haberse expresado la vigencia del poder otorgado y que éste le fue expedido el día 19 de septiembre de 1991, es inconcuso que feneció su vigencia el día 18 de septiembre de mil novecientos noventa y dos, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán; de ahí que al haber interpuesto la demanda de garantías CARLOS GUZMAN GUERRERO el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, ya no tenía personería para actuar en representación de la dirección fiduciaria del banco quejoso directo, por haber vencido el plazo de dicho mandato, de conformidad con el artículo 2449, fracción V, del propio código; aplicable al caso particular por ser el que rige la materia de la que emana el acto reclamado.
"No obsta para llegar a tal conclusión, que el promovente del amparo haya tenido reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, para actuar en representación del banco quejoso directo, dado que la misma cesó antes de reclamar en esta vía el fallo por ella pronunciado. Sobre el particular, es aplicable la segunda tesis relacionada con la jurisprudencia registrada con el número 1301, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1988, Segunda Parte, Tesis y Salas, tomo correspondiente a las letras de la P a la S, página 2105, que a la letra es como sigue: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO.-Aun cuando el artículo 13 de la Ley de Amparo obliga a la autoridad que conoce del juicio de garantías a reconocer la personalidad del promovente, cuando éste le tenga reconocida ante la autoridad responsable, ello no quiere decir que cuando se le demuestre que tal personalidad ha cesado, se encuentra obligado a seguir reconociendo dicha personalidad.'
"En consecuencia, al no haberse justificado la personalidad de Carlos Guzmán Guerrero, para representar a Bancomer, S.A., Dirección Fiduciaria, es inconcuso que el presente juicio de garantías por él intentado es improcedente, en términos del artículo 4, en relación con el 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el mismo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la propia ley. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, publicada en el apéndice y parte mencionados, registrada con el número 1302, página 2107, que a la letra es como sigue: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL.-La personalidad debe ser examinada en cualquier estado del juicio y aun de oficio, por ser la base fundamental del procedimiento. Como consecuencia, de no encontrarse justificada, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de garantías.'."
CUARTO.-Este órgano colegiado considera improcedente la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo directo civil 692/92, y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito al fallar el amparo directo civil 105/93.
Efectivamente, de la transcripción que de las consideraciones de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito aparece en el considerando segundo de este fallo, deriva que ahí se sostiene sustancialmente que al poder general para pleitos y cobranzas conferido en el Distrito Federal en el que no se señale que vaya a surtir efectos en Michoacán, exhibido en un juicio ejecutivo mercantil ante autoridades judiciales del Estado de Michoacán para acreditar la personería, no le es aplicable el Código Civil de dicho Estado sino el Código Civil del Distrito Federal, porque el primer ordenamiento citado sólo se aplica, conforme a lo dispuesto por sus artículos 1o. y 2o. a los actos y contratos que se celebren dentro de su territorio o que vayan a producir efectos en éste y, además, porque en materia mercantil, tratándose de cuestiones de derecho sustantivo, como lo es lo relativo a la terminación del mandato, la ley supletoria es el Código Civil para el Distrito Federal, según lo establecido por el artículo 2o. del Código de Comercio y la tesis jurisprudencial de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:
"SUPLETORIEDAD EN MATERIA MERCANTIL.-Siendo de naturaleza federal el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente, en el aspecto sustantivo el Código Civil para el Distrito y Territorio Federal como derecho común."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo, según deriva de la transcripción de las consideraciones de su sentencia que aparecen en el resultando tercero de esta resolución, que al poder general para pleitos y cobranzas otorgado en el Distrito Federal sin expresar el tiempo por el cual fue conferido, le es aplicable el Código Civil del Estado de Michoacán porque el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes de una entidad federativa sólo tienen efecto en su propio territorio y el artículo 12 de la Ley de Amparo determina que en los casos no previstos por dicha ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y en caso de que no lo prevenga se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en el caso el objeto del mandato otorgado al promovente del amparo fue limitado al patrimonio en fideicomiso, éste se creó en el Estado de Michoacán y el juicio sucesorio se radicó en la propia entidad federativa, en la que el apoderado actuó en defensa del fideicomiso.
Se desprende de lo anterior que no existe contradicción entre las tesis sostenidas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito porque si bien ambos órganos colegiados examinan el mismo problema jurídico, a saber, si al poder general para pleitos y cobranzas otorgado en el Distrito Federal le es aplicable el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán, o bien, le es aplicable el Código Civil para el Distrito Federal, lo cierto es que examinan el problema desde un punto de vista distinto y a la luz de ordenamientos y disposiciones legales diferentes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito lo hace para efectos del acreditamiento de la personería en un juicio ejecutivo mercantil ante autoridades judiciales del Estado de Michoacán y a la luz de lo establecido por los artículos 2o. del Código de Comercio, 1o. y 2o. del Código Civil del Estado de Michoacán, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito examina el problema jurídico para efectos del acreditamiento de la personalidad en un juicio de amparo directo promovido en contra de la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia pronunciada en un juicio sucesorio ante autoridades del Estado de Michoacán y a la luz de lo estipulado por el artículo 12 de la Ley de Amparo y 12 de la Constitución Federal.
Al examinar los Tribunales Colegiados el problema jurídico desde diverso ángulo y a la luz de ordenamientos y disposiciones legales diferentes, no se produce la contradicción de tesis pues los Tribunales Colegiados no sostienen criterios jurídicos distintos, ni uno afirma lo que el otro niega.
Para que se produjera la contradicción de tesis hubiera sido necesario que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito determinara que conforme a lo dispuesto por los artículos 12 constitucional y 12 de la Ley de Amparo al poder general para pleitos y cobranzas otorgado en el Distrito Federal y exhibido para acreditar la personalidad en un juicio de amparo directo promovido en contra de la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia pronunciada en un juicio sucesorio no le es aplicable el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán sino el Código Civil para el Distrito Federal, o bien, que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito estableciera que conforme a los artículos 2o. del Código Civil del Estado de Michoacán y 2o. del Código de Comercio al poder general para pleitos y cobranzas otorgado en el Distrito Federal y exhibido para acreditar la personalidad ante autoridades judiciales del Estado de Michoacán en un juicio ejecutivo mercantil le es aplicable el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán y no el Código Civil para el Distrito Federal.
La persona que denuncia la supuesta contradicción de tesis inexactamente parte de considerar que un Tribunal Colegiado sostiene que los poderes extendidos en el Distrito Federal y presentados para justificar la personería en juicios civiles ante autoridades judiciales del Estado de Michoacán se rigen por las disposiciones del Código Civil del Estado de Michoacán y no por las del Código Civil para el Distrito Federal, mientras que el otro Tribunal Colegiado sostiene lo contrario, es decir, que a los poderes otorgados en el Distrito Federal y exhibidos para acreditar la personalidad en juicios civiles ante autoridades judiciales del Estado mencionado le son aplicables las normas del Código Civil para el Distrito Federal y no las del Código Civil del Estado de Michoacán; cuando que, como se aclaró con anterioridad, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito examina el problema jurídico para efectos del acreditamiento de la personería en un juicio ejecutivo mercantil ante autoridades del Estado de Michoacán a la luz de lo previsto por los artículos 2o. del Código de Comercio, 1o. y 2o. del Código Civil del Estado de Michoacán, concluyendo que a los poderes otorgados en el Distrito Federal y presentados en el juicio especificado no les es aplicable el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán porque en el poder no se especifica que vaya a surtir efectos en dicho Estado y, además, porque se trata de materia mercantil sustantiva a la que es aplicable el Código Civil del Distrito Federal, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado estudia el problema jurídico para efectos de la justificación de la personalidad en un juicio de amparo directo promovido en contra de la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia pronunciada en un juicio sucesorio ante autoridades del Estado de Michoacán, a la luz de lo estipulado por los artículos 12 de la Ley de Amparo y 12 de la Constitución Federal, concluyendo que al poder otorgado en el Distrito Federal y exhibido en el amparo le es aplicable el artículo 2415 del Código Civil del Estado de Michoacán.
Son aplicables las jurisprudencias 38/93 y las tesis LIV/91 y XIII/93 de este órgano colegiado, que establecen:
"CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."
"-Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte, que de lo sostenido por uno y otro tribunales no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."
"CONTRADICCION DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee."
Conforme a todo lo razonado procede declarar improcedente la presente contradicción de tesis.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Es improcedente la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito al resolver los juicios de amparo directos civiles 692/92 y 105/93, respectivamente.
SEGUNDO.-Con testimonio de la presente resolución hágase del conocimiento de Víctor Manuel Hernández Bordallo, albacea testamentario de la sucesión a bienes de Salvador García Hernández, parte tercera perjudicada en el juicio de amparo directo civil 105/93, así como de los Tribunales Colegiados que se mencionan en el punto resolutivo anterior, la decisión de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notifíquese, cúmplase y, en su oportunidad, archívese en el expediente.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados. Ausente el señor Ministro Diego Valadés, por la razón que consta en el acta del día.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2280-0d340e0b/contradiccion-de-tesis-es-inexistente-cuando-los-criterios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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