Corpus
Modo: Corpus Pro

RETROACTIVIDAD. APLICACION DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/94. · Registro digital (IUS): 3035
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, , Pág. 126.

CONTRADICCION DE TESIS 13/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Las consideraciones que tuvo en cuenta el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito para sustentar las tesis de jurisprudencia de rubros: "RETROACTIVIDAD. CUANDO CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE" y "RETROACTIVIDAD, APLICACION DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE", son las siguientes:

AMPARO DIRECTO PENAL 285/93.

QUEJOSO: ROQUE ROBLEDO LUNA.

AUTORIDADES RESPONSABLES: "Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de autoridad ordenadora, Juez Sexto del Ramo Penal y Director de la Penitenciaría, también de esta ciudad capital, como ejecutoras".

ACTO RECLAMADO: "La sentencia dictada en segunda instancia de fecha 11 de febrero de 1993 y que revoca en parte la sentencia dictada en la primera instancia de fecha 20 de octubre de 1992, cuya pena privativa de libertad es de 4 cuatro años 6 seis meses".

CONSIDERANDO: "III. Los conceptos de violación resultan infundados...

"Por lo que ve a la pena impuesta, debe decirse que la misma se fijó con apoyo en lo establecido por el artículo 196 del Código Penal vigente en la época en que se cometió el delito, y además al momento de dictarse la sentencia de segunda instancia, y tal sanción como puede observarse, se encuentra sumamente próxima al mínimo aplicable, por lo que en tal aspecto le resulta benéfica. Por lo tanto, resulta correcta dicha imposición de la pena, dado que, aun cuando el aquí quejoso alega que posteriormente al dictado de la sentencia, entró en vigor un nuevo código que le es más benéfico, porque la sanción que fija para el delito de abigeato es inferior a aquella que preveía el citado artículo 196, debe decirse que aun cuando es cierto lo afirmado, resulta que la autoridad señalada como responsable, no estaba en aptitud legal de aplicar la nueva norma penal a la que se refiere el quejoso, dado que está claro, que la misma no tenía vigencia aun al momento de dictarse el fallo que se combate. Y por otra parte, si ya causó ejecutoria la sentencia que se combate, y por ende resulta irrevocable, lo cual impide al tribunal de apelación, el que legalmente pueda modificar su sentencia y en el juicio de amparo presente, en esta ejecutoria, este Tribunal Colegiado, únicamente puede ocuparse de las cuestiones relativas a la constitucionalidad de dicha sentencia, por lo que si está claro que la misma se dictó acorde con la ley vigente, resulta correcta, y por lo tanto, tampoco en lo que ve al capítulo de la pena impuesta, se hace necesario conceder la protección federal. Al respecto, son de puntual aplicación las siguientes ejecutorias de la Primera Sala, de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación: `JURISDICCION PENAL. LIMITE PROCEDIMENTAL DE LA. Aun cuando el Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León establece, en su transitorio cuarto, que tendrá aplicación retroactiva en cuanto favorezca al inculpado, procesado o sentenciado, el órgano jurisdiccional no está facultado para realizar tal aplicación, habida cuenta que su jurisdicción, que comenzó con el ejercicio de la acción penal, cesó con el pronunciamiento de la sentencia que se reclama anterior a la fecha de vigencia del referido ordenamiento'. Precedente: Amparo directo 1684/83. Oscar López Garza. 16 de junio de 1983. 5 votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. `LEY PENAL, AMBITO TEMPORAL EN ACTIVIDAD DE LA. Son infundados los conceptos de violación que expresa el amparista, si afirma que el ad quem debió aplicarle el actual Código Penal del Estado de Nuevo León, habida cuenta de que en la época en que se pronunció la sentencia impugnada, dicho código no existía en el mundo histórico, ni específicamente en el mundo normativo, por no haber sido promulgado, por lo cual no sólo jurídica, sino también lógicamente, el tribunal de alzada estuvo imposibilitado para aplicarlo. En efecto, si la sentencia reclamada fue pronunciada el 17 de septiembre de 1979, como el actual Código Penal del Estado de Nuevo León se promulgó el día 19 de junio de 1981, por tanto, sólo a partir de esta última fecha se inició la actividad de dicha ley penal, quedando el órgano jurisdiccional vinculado con ella'. Precedentes: Amparo directo 1684/83. Oscar López Garza. 16 de junio de 1983. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos.

"Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y no advirtiendo deficiencia que suplir, se impone negar a Roque Robledo Luna, el amparo que solicita".

AMPARO DIRECTO PENAL 365/93.

QUEJOSO: JUAN ESPINDOLA HERNANDEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: "Autoridad ordenadora la H. Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado... y como autoridad ejecutora al C. Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, S.L.P.".

ACTO RECLAMADO: "La sentencia definitiva dictada en el toca de apelación número 646/92, con fecha 24 de junio de 1992... dentro del proceso penal número 127/90, instruido por el delito de homicidio".

CONSIDERANDO: "QUINTO. Son infundados los conceptos de violación...

"En forma correcta el juez de los autos impuso una sanción de diez años de prisión al sentenciado, pues para ello se basó en todas y cada una de las circunstancias personales del ahora quejoso, así como en las circunstancias que rodearon los acontecimientos delictivos y lo catalogó con una peligrosidad y temibilidad superior a la mínima; todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 107 y 111 del Código Penal vigente en el momento de los hechos de que se habla...

"Tampoco asiste razón al quejoso en cuanto alega que debe aplicarse en su contra, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 223 del nuevo Código Penal, en términos de lo previsto en el artículo 5o., del mismo ordenamiento, porque según dice la pena ahí establecida es más favorable, debiéndose aplicar en forma oficiosa. Y que de no aplicarse este nuevo ordenamiento se le estaría aplicando la ley de una manera retroactiva.

"Se dice que es infundado el alegato de que se trata, pues en el caso no es aplicable el artículo 223, en relación con el 5o., ambos del Código Penal vigente a partir del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, atento a que dicho ordenamiento no estaba vigente al suceder los hechos. Además, tampoco estaba en vigor cuando las autoridades dictaron sentencia en contra del quejoso, pues el juez de primer grado resolvió el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos, en tanto que el tribunal ad quem dictó sentencia el veinticuatro de junio del mismo año; lo cual indica que no podían aplicar un código inexistente. Así pues, esto mismo reveló que no fue aplicado en forma retroactiva el artículo 111 del Código Penal vigente al suceder los hechos.

"Por otra parte, debe decirse que el Código Penal que pretende se le aplique, fue abrogado por el diverso publicado el veintitrés de septiembre del año en curso, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; por lo que si el quejoso considera que le es más favorable la sanción que este nuevo código previene en relación a su conducta delictiva, deberá acudir al Ejecutivo Estatal, como establece el artículo 95 del mismo ordenamiento; o bien, conforme a igual disposición contenida en el artículo 80 del Código Penal vigente al suceder los hechos.

"En este orden de ideas lo procedente es negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia de la Unión que solicita".

AMPARO DIRECTO PENAL 399/93.

QUEJOSO: EMILIANO HERNANDEZ RIVERA.

ACTO RECLAMADO: "La sentencia definitiva dictada en el toca de apelación número 157/92, de fecha 9 de abril de 1992... dentro del proceso penal número 93/91, por el delito de homicidio doloso".

CONSIDERANDO: "QUINTO. Son infundados los conceptos de violación...

"... cabe señalar que la Sala responsable no pudo aplicar, como pretende el quejoso, lo dispuesto en el artículo 223 del Código Penal que entró en vigor el cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, en relación con el artículo 5o., del mismo, ya que dicho conjunto normativo no estaba vigente al suceder los hechos por los que fue sentenciado el quejoso, ni el nueve de abril de ese año cuando resolvió el recurso de apelación. Además, el Código Penal cuya aplicación pretende el quejoso, tampoco estaba en vigor a la fecha en que el juez de primera instancia dictó sentencia, es decir, el quince de enero de mil novecientos noventa y dos.

"En consecuencia, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita".

AMPARO DIRECTO PENAL 419/93.

QUEJOSO: CELESTINO ESPINOZA GONZALEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ACTO RECLAMADO: La sentencia que dictó la mencionada autoridad el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, en el toca número 724/91.

CONSIDERANDO: "QUINTO. Son infundados los conceptos de violación...

"... cabe señalar que no es aplicable como pretende el quejoso, lo dispuesto en el artículo 223 del nuevo Código Penal que entró en vigor el cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, porque según alega, la pena ahí prevista le es más favorable. Ello es así porque dicho código no estaba vigente al suceder los hechos por los que fue sentenciado, lo cual es suficiente para concluir que las autoridades responsables no pudieron aplicar un conjunto normativo inexistente. Además, el Código Penal cuya aplicación pretende el quejoso, tampoco estaban en vigor a la fecha en que dictó sentencia el juez de primera instancia, es decir, el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y uno; y tampoco se encontraba vigente cuando la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia mencionada, es decir, el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno.

"En consecuencia, procede negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal que demanda".

AMPARO DIRECTO PENAL 116/94.

QUEJOSO: JAVIER ANTONIO DE LA CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal Unitario del Noveno Circuito.

ACTO RECLAMADO: "La ejecutoria emitida por dicha respetable autoridad, en los autos del toca No. 244/93-D, formado con motivo del recurso de apelación promovido por el quejoso, en contra de la sentencia condenatoria emitida en mi contra por el C. Juez Primero de Distrito en el Estado, en los autos del proceso No. 46/91, por la supuesta comisión del delito contra la salud, en su modalidad de transporte de substancias prohibidas".

CONSIDERANDO: "SEXTO. Son infundados los conceptos de violación...

"Por ultimo, el quejoso solicita que se modifiquen las penas de prisión y pecuniaria impuestas en la sentencia reclamada, tomando en cuenta que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del año en curso (1994), fueron reformados, adicionados y derogados algunos de los artículos del Código Penal Federal, entre ellos los que se refieren a los delitos contra la salud, que ahora establecen sanciones más benignas.

"Ahora bien, no asiste razón al quejoso a este respecto, tomando en consideración que la resolución reclamada se pronunció el quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, mientras que las citadas reformas, a que alude el promovente, entraron en vigor a partir del primero de febrero del presente año, según el artículo primero transitorio de dicho decreto.

"En esas condiciones, es procedente aclarar, por una parte, que el tribunal ad quem se encontraba jurídicamente imposibilitado para aplicar los nuevos textos legales en la sentencia reclamada, ya que entraron en vigor con posterioridad a la emisión de la citada sentencia; y por otra parte, es de señalar que tampoco pueden ser aplicadas ahora, por este Primer Tribunal Colegiado, al través del presente juicio de amparo, atendiendo a lo siguiente:

"El juicio de amparo constituye, en esencia, un medio de defensa cuyo objeto es llevar a cabo un examen sobre la legalidad del acto reclamado, es decir, que al través de dicho procedimiento extraordinario, el órgano de control constitucional analiza y establece si el acto de autoridad reclamado, viola garantías individuales tuteladas por la Constitución Federal, estando expresamente establecido en el artículo 78 de la ley de la materia, que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, no pudiéndose admitir, ni tomar en consideración, las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Así pues, sería ajeno al objeto, esencia misma del juicio de amparo, pretender establecer, en esta ejecutoria, si procede aplicar en beneficio del quejoso las reformas legales a que se hace mérito, tanto más, cuanto que, debe tomarse en consideración, lo cual por cierto es evidente, que la litis constitucional no consiste en determinar si deben o no aplicarse dichas reformas, ya que no estaban en vigor cuando se emitió la sentencia reclamada, sino establecer si la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Unitario responsable, implica la violación a algún precepto sustantivo o adjetivo de la legislación penal aplicable, vigentes cuando la propia sentencia fue emitida y, por ende, la infracción a alguna de las garantías a que se refieren los artículos 14, 16 ó 20 de la Constitución Federal; ello es así por lo siguiente: El artículo 56 del Código Penal Federal establece que: `Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable...'.

"Ahora bien, la lectura de dicho numeral lleva a concluir que si entre la comisión de un ilícito y la extinción de la pena, surge una nueva ley, deberá aplicarse retroactivamente, cuando ésta beneficie al inculpado o al sentenciado, y que tal aplicación corresponde hacerla a la autoridad que conozca del asunto; esto es, si no ha concluido el proceso, será el juez o tribunal de apelación que conozca de él, quien pueda aplicar tal disposición legal, mientras que, si se trata de sentenciados, corresponderá al Poder Ejecutivo, encargarse de la ejecución de las sanciones, aplicar de oficio, también, la ley más favorable.

"En este orden de ideas, si en el caso particular, al pronunciarse la sentencia de apelación, aún no entraban en vigor las reformas del Código Penal Federal que deba resolverse en el amparo, sino en un procedimiento diferente, toda vez que Javier Antonio de la Cruz Maldonado, en la actualidad se encuentra a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a la que corresponde la ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso, y por lo tanto, es ante esta dependencia que debe plantearse la aplicación retroactiva de la nueva ley. Al respecto, es aplicable la tesis publicada en la página 77, Volumen 32, Séptima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: `RETROACTIVIDAD EN BENEFICIO DEL ACUSADO DE LA APLICACION DE LA LEY PENAL. OPORTUNIDAD. Si antes de entrar en vigor reformas al Código Penal, la Sala responsable al resolver la apelación interpuesta por el acusado, no tuvo oportunidad legal de aplicar la nueva ley, pues se encontraba jurídicamente imposibilitada para aplicar la reforma benéfica para el acusado, éste puede plantear a la autoridad competente la aplicación de la nueva ley', y, la tesis visible en la página 605, Tomo I, Segunda Parte-2, Octava Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: `RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. CASO EN QUE SU INOBSERVANCIA NO VIOLA LAS GARANTIAS. Cuando un reo es condenado en segunda instancia por determinado ilícito, y con posterioridad el Código Penal conforme al cual se le juzgó es abrogado por entrar en vigor otro nuevo, el cual sanciona en forma más benéfica el propio delito, resulta claro que el concepto de violación aducido acerca de que el tribunal responsable al sentenciar no observó el principio de retroactividad de la ley, es infundado, en razón de que, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, y de acoger la irregularidad alegada implicaría calificar los actos de ésta sobre la base de normas legales que no regían en la época en que resolvió; por consiguiente, si el acto reclamado se ajustó a las disposiciones sustantivas y adjetivas ordinarias imperantes en la fecha del fallo, debe arribarse a la conclusión de que no se infringieron las garantías individuales del reo, quien debe acudir al procedimiento idóneo ante el Ejecutivo, pidiendo la conmutación de las sanciones infringidas para lograr tal finalidad.'...

"En conclusión y por las razones expuestas, procede concluir declarando que es el caso denegar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita".

AMPARO DIRECTO PENAL 118/94.

QUEJOSO: FELIPE DE JESUS GALLEGOS CASTRO.

AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora la H. Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y como autoridades ejecutoras el Juez Tercero del Ramo Penal y el Director de la Penitenciaría del Estado.

ACTO RECLAMADO: "La sentencia dictada en segunda instancia dictada con fecha 31 de marzo de 1992, en el toca penal No. 1348/91, que me condena a sufrir una pena privativa de prisión de 10 diez años, como responsable del delito de homicidio, que sancionaba el Código Penal en su artículo 107 del Código Penal, en los términos del artículo 147 de la ley adjetiva penal".

CONSIDERANDO: "IV. Los conceptos de violación resultan infundados...

"Por lo que hace a la pena impuesta, consistente en diez años de prisión, con base en los mínimos y máximos, fijados por el artículo 111 del Código Penal vigente, tanto en la época en la que se ejecutan los hechos, cuatro de agosto de mil novecientos noventa, como cuando se produjo la sentencia que se combate, treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, se estima que es correcta en cuanto a su monto, y que no le arroja perjuicio al aquí quejoso, ya que tal disposición fijaba de nueve a dieciséis años de prisión, para el responsable de la comisión del delito de homicidio simple intencional, así que la que se combate, resulta sumamente próxima al mínimo de ese quantum.

"Es infundada la petición del quejoso, en el sentido de que se tomen en cuenta, a su favor, para imponerle las penas correspondientes por la comisión del delito por el que se le juzgó, las normas contenidas en el Código Penal del Estado que estuvo en vigor entre mayo y septiembre de mil novecientos noventa y tres. En efecto, en el juicio de amparo sólo se discute si la actuación de la autoridad responsable violó o no garantías individuales, sin que sea dicho juicio una nueva instancia de la jurisdicción ordinaria; así que, las cuestiones sometidas al examen de constitucionalidad, deben apreciarse tal como fueron planteadas ante la autoridad responsable y no en forma diversa o en un ámbito mayor; la circunstancia de que la deducción de la acción de amparo, en materia penal, dé lugar a que se suspenda de plano la ejecución del acto reclamado, de ninguna manera tiene como significado el que el proceso quede abierto, porque se ha provocado una nueva instancia procesal; no es una nueva instancia, porque el órgano de control constitucional no se substituye a la autoridad responsable, únicamente la juzga por lo que atañe a su actuación, en relación con el marco constitucional. Por otra parte, tampoco podría sostenerse que el tribunal responsable deba aplicar en su beneficio lo previsto en el artículo 5o., del Código Penal vigente en el Estado, ya que como claramente se obtiene de tal precepto, es condición indispensable que al entrar en vigor una nueva ley que favorezca al inculpado, la autoridad judicial esté conociendo de la causa, y es entonces cuando la propia autoridad está obligada a aplicarla, esto es, se requiere que no haya cesado la jurisdicción del juez o tribunal de alzada respectivo, si antes de fallar la ley fuera reformada; y si la ley a que se refiere el quejoso, cuando fue sentenciado y procesado, no existía en el mundo histórico ni, por consecuencia, en el mundo normativo, evidentemente que no sólo jurídica, sino también lógicamente, el tribunal de apelación responsable estaba imposibilitado para aplicarla. Por último, no es facultad del órgano de control constitucional aplicar la nueva ley más favorable, pues de acuerdo a lo antes dicho, si en el juicio de amparo sólo se discute si el acto reclamado de la autoridad responsable violó o no garantías individuales, evidentemente que lo que en él se analiza es si, sí (sic) aplicó o no correctamente la ley expedida con anterioridad al hecho al caso concreto que se juzgó.

"Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y no advirtiendo deficiencia en la queja que suplir, se impone negar a Felipe de Jesús Gallegos Castro, el amparo que solicita".

TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, para dar apoyo a la tesis de jurisprudencia anteriormente transcrita, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL. REFORMAS LEGALES SUPERVENIENTES EN EL PROCEDIMIENTO. ES CORRECTA LA APLICACION DE ESTAS CUANDO SE PRODUCE EN BENEFICIO DEL INTERESADO Y SIN AFECTAR DERECHO DE TERCERO", expresó:

AMPARO EN REVISION 136/93.

QUEJOSO Y RECURRENTE: LUIS FERNANDO LEAL BELTRAN.

AUTORIDADES RESPONSABLES: Los seis jueces del Ramo Penal de San Luis Potosí, S.L.P.; el Procurador General de Justicia del Estado; el Director de la Policía Judicial del Estado; el Director de Protección Social del Estado; y el Director de Seguridad Pública Municipal.

ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso.

RESOLUCION IMPUGNADA: La sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en San Luis Potosí, el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, en la cual sobreseyó y negó el juicio de amparo.

CONSIDERANDO: "SEXTO. En cambio, es fundado el diverso agravio que se relaciona con la orden de aprehensión que se libró en contra del quejoso, ahora recurrente, también por el delito de injurias, toda vez que resulta cierto que el juez federal no tomó en cuenta lo establecido en el artículo tercero transitorio del nuevo Código Penal para el Estado de San Luis Potosí en el sentido de que el código abrogado seguirá aplicándose para los hechos u omisiones ejecutados durante su vigencia, a menos que conforme al nuevo código hayan dejado de considerarse como delitos o que los sujetos al mismo, previa notificación que se haga manifestando su voluntad de acogerse a este ordenamiento como más favorable.

"Ante todo, cabe considerar:

"1o. Que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu, es correcto aplicar retroactivamente una ley cuando este actuar beneficia al interesado, siempre y cuando no afecte intereses del tercero.

"Así lo ha sostenido el más alto Tribunal de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que con la voz: `RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO', es visible bajo el número 248 en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, y cuyo texto dice: `La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio'.

"2o. Que congruentemente con lo referido, debe considerarse que en los casos, en que un determinado acto o hecho se haya producido durante la vigencia de una determinada ley y que la legalidad de éste o de sus efectos deba ser determinada cuando son otras diversas las normas legales que le son aplicables, el juzgador debe aplicar las normas que resulten ser más favorables al interesado siempre y cuando este actuar no pueda afectar derecho de tercero.

"3o. Que, en consecuencia, teniendo en consideración:

"A. Que la observancia de las nuevas disposiciones legales debe ser inmediata en cualquier instancia, aun en el juicio de garantías dada la naturaleza misma que les corresponde, pues no puede dudarse de que la sociedad está interesada en que los actos de aplicación de la ley se refieren a las normas en vigor y no a aquellas queya no tienen fuerza obligatoria, a pesar de que bajo su vigencia se haya producido el acto reclamado, y, además, porque es evidente que por modificar determinados preceptos, está el interés público en que dicha ley o normas dejen de ser aplicadas;

"B. Que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la sentencia constitucional debe referirse concretamente a los fundamentos legales que determinan el sentido de la resolución, lo que se traduce en la expresión clara y específica de las normas legales que se consideró que son aplicables al caso; y, por último;

"C. Que resolver en el juicio de amparo, que es constitucional un determinado acto de autoridad porque satisface las exigencias que establecen los preceptos legales que lo regían en la fecha en que se produjo, sin analizar el contenido de las nuevas normas legales que le son exactamente aplicables, se traduciría en:

"a. No respetar la garantía consagrada por el artículo 14, primer párrafo, de nuestra Constitución Política, al disponer, a contrario sensu, que es correcto dar efecto retroactivo a las leyes cuando esto beneficia al interesado y no perjudica derechos de tercero;

"b. Aplicar una ley que no es vigente y, por ende, juzgar un acto de autoridad con base en normas que no le son aplicables;

"c. Desatender la voluntad del legislador, y, por tanto, la voluntad democrática del pueblo expresada a través de los órganos competentes, que determinó abrogar la ley o derogar o modificar los preceptos legales correspondientes, evidentemente por considerar que son las nuevas normas legales, y no las de anterior vigencia, las que deben de regir al acto reclamado; y,

"d. Afectación ilegal directa al quejoso pues se declararía que es constitucional un acto de autoridad que le afecta, a pesar de que en la fecha en que se dicta esa determinación es ostensible que las normas que determinan la legalidad del acto son otras diversas cuyo contenido puede, acaso, ser exactamente opuesto al que se fija en las normas aplicadas;

"Debe de concluirse que, en el juicio de amparo, cuando dentro del período que se comprende de la fecha en que se produce el acto reclamado a aquella que corresponde al día en que se resuelve definitivamente sobre su legalidad, entran en vigor reformas legales que benefician al quejoso al modificar su situación jurídica frente al acto que impugna, la constitucionalidad de éste debe ser analizada a la luz de las disposiciones que más beneficio generan o que menos perjuicio producen al que se dice agraviado, en la medida en que tal actuación se lleve a cabo sin afectar derechos de tercero.

"Ahora bien, en el caso, de lo referido por el artículo tercero transitorio del nuevo Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, en relación con las diversas normas que integran este cuerpo legal, se desprende que los hechos que integraban el delito de injurias, tipificado como ilícitos por el artículo 166 del código abrogado, dejaron de ser considerados como delito por el nuevo código.

"Y considerando, además, que la aplicación al caso de las normas actualmente vigentes, se produce sin afectación de tercero, por cuanto a que es la propia sociedad, a través de sus órganos competentes, la que determinó dejar de tipificar como delito los hechos que anteriormente constituían al ilícito de injurias, es evidente que la orden de aprehensión en cuanto en la misma se considera al hoy recurrente como probable responsable de la citada infracción, es inconstitucional por lo que procede otorgar el amparo para dejar sin efecto la orden de aprehensión en lo que toca al delito de injurias por el que fue dictada".

AMPARO DIRECTO PENAL 323/93.

QUEJOSO: JOSE LUIS CUEVAS MARTINEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

ACTO RECLAMADO: "La resolución de fecha 28 de enero de 1993, dictada por la autoridad responsable, dentro del toca No. 1424/92".

CONSIDERANDO: "SEPTIMO. Suplidos en su deficiencia los expresados conceptos de violación, resultan fundados con base en las siguientes consideraciones:

"I. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu, es correcto aplicar retroactivamente una ley cuando este actuar beneficia al interesado, siempre y cuando no afecte intereses de tercero.

"Así lo ha sostenido el más alto Tribunal de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que con la voz: `RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO', es visible bajo el número doscientos cuarenta y ocho en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, y cuyo texto dice: `La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio'.

"II. Que congruentemente con lo referido, debe considerarse que en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3035-b8476187/retroactividad-aplicacion-de-la-ley-penal-mas-favorable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.