EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACION DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCION DE TESIS 7/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-De la copia fotostática certificada relativa a la resolución pronunciada el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el cuaderno de amparo en revisión número 233/93 se desprende que dicho tribunal en lo conducente determinó lo siguiente:
"TERCERO.- ... El tercer motivo de agravio, resulta infundado, por cuanto que si bien de autos aparece, que el licenciado José Armando Oliveros, en su carácter de endosatario en procuración de la señora Jemima Jurado Chavarría, demandó en la vía ejecutiva mercantil al señor Eduardo González Olvera como apoderado legal de las señoras Margarita González Olvera de Sullivan, Rosa González Olvera de Ackerman, Andrea González Olvera de Patterson y Laura González Olvera de Borges, cuyo apoderado suscribió a nombre de sus mandantes un pagaré por la cantidad de trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional con fecha de vencimiento del tres de enero de mil novecientos noventa y dos, habiendo señalado para embargo la parte actora del juicio en mención en diligencia del día siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, entre otros bienes, el lote de terreno con superficie de cincuenta y cinco hectáreas, de la fracción central del lote seis, del fraccionamiento de la antigua Hacienda de Cacaria del Municipio de Canatlán, Durango, inscribiéndose el embargo ante el oficial encargado del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Canatlán, Estado de Durango, bajo la inscripción número 162 del libro primero de embargos de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, de acuerdo al certificado de libertad de gravámenes que obra agregado a los autos del expediente (foja 27), sin embargo, también lo es que con fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, ante el notario público número ocho de la ciudad de Durango (foja 21), el señor Eduardo González Olvera, en su carácter de apoderado, en nombre y representación de Margarita González Olvera de Sullivan, Rosa González Olvera de Ackerman, Laura González de Borges y Andrea González Olvera de Patterson y, de la otra parte Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, representado por los señores José Z. Cossío Herrera y Manuel Espino Aguirre, formalizaron el Contrato Voluntario de Dación en Pago del lote seis del fraccionamiento de la Antigua Hacienda de Cacaria, del Municipio de Canatlán, Durango, con superficie de cincuenta y cinco hectáreas, como abono al convenio judicial por la cantidad de doscientos doce millones, ochenta y dos mil, doscientos ochenta y nueve pesos, más gastos y costas judiciales, impuestos y honorarios de escrituración, haciendo un total de doscientos cincuenta y ocho millones de pesos cuya dación en pago aceptó la institución de crédito mencionada, inscribiéndose dicho convenio con anotación preventiva, ante la referida oficina registral del día treinta de julio de mil novecientos noventa y dos (foja 27), de donde se desprende en forma clara, que el bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil, del que se derivan los actos reclamados en la demanda de garantías, ya había salido del patrimonio de los deudores, habiendo estado en posibilidad la parte ahora recurrente, en conocer la situación legal del predio embargado, precisamente porque antes de la inscripción del embargo, estaba la anotación preventiva del convenio de dación en pago que celebró el Banco Nacional de México con las precitadas personas propietarias del inmueble en cuestión, pues contrario a lo que sostiene la parte recurrente, la circunstancia de que únicamente aparezca registrado en forma preventiva el precitado convenio, no significa que éste carezca de validez legal alguno, ni se aparta de la regla general que invoca la recurrente, consistente en que los derechos derivados de la compraventa no pueden quedar sujetos al requisito del registro, porque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2881 del Código Civil del Estado de Durango, los documentos que conforme a dicha ley deben registrarse y no se registran, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables; esto es en el caso que se analiza, cabe decir, que el embargo del predio de mérito, no puede surtir efectos contra el derecho real de propiedad que sobre el bien inmueble en litigio le asisten, toda vez que para la validez del precitado convenio, no se requiere ni inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ya que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, por lo que los embargantes solamente tienen un derecho personal contra el deudor, teniendo el carácter de acreedores quirografarios y en esta tesitura, es incuestionable que el precitado gravamen, derivó de un derecho de crédito o personal que los embargantes tenían en contra de su deudor Eduardo González Olvera, por virtud de la suscripción del pagaré en comento, desprendiéndose del convenio judicial de dación en pago, cláusulas tercera y cuarta (foja 23), que el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, recibió material y jurídicamente a su entera satisfacción el inmueble adquirido en los términos y condiciones establecidos en el convenio de mérito; por tanto, el embargo de dicho inmueble fue ilegítimo, porque recayó en un bien que ya había salido del patrimonio del deudor. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios contenidos en la sexta tesis relacionada con la jurisprudencia 767, visible en la página 1267 y la séptima tesis relacionada con la jurisprudencia 1585, consultable en la página 2547, ambas del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que respectivamente dicen: 'EMBARGO, ES ILEGITIMO CUANDO RECAE EN BIENES QUE HAN SALIDO DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUNQUE NO ESTEN INSCRITOS TODAVIA A FAVOR DEL NUEVO DUEÑO.-El embargo sólo es legítimo cuando recae en bienes del deudor; pero es ilegítimo cuando recae en bienes que han salido de un patrimonio, por más que no estén inscritos aún a favor del nuevo dueño, porque si esta exigencia fuera necesaria, equivaldría a imponer dicha inscripción como un requisito indispensable para la validez de la compraventa, que por ser un contrato consensual se perfecciona por el puro consentimiento. Además sólo los titulares de los derechos reales pueden perseguir la cosa reclamándosela a cualquiera que la tenga en su poder; pero los acreedores quirografarios, que no tienen más que un derecho personal contra el deudor, no pueden perseguir la cosa en manos de quien la tenga, y, por tanto, el embargo sólo puede ser eficaz cuando recae sobre bienes que pertenezcan al demandado en el momento de efectuarse el secuestro, sin que sea jurídico afirmar que por no haberse inscrito oportunamente una escritura de compraventa celebrada entre el deudor y un tercero, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar, para garantizar el cobro de una obligación personal, un bien que ha salido del patrimonio de su deudor; pues el comprador aunque no haya inscrito su título, es propietario de los bienes embargados.', 'REGISTRO PUBLICO, LA PREFERENCIA DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL, NO FAVORECE AL ACREEDOR QUIROGRAFARIO.-La validez y los efectos erga omnes de la compraventa no pueden quedar sujetos al requisito del registro porque éste carece de funciones constitutivas en nuestro derecho; y si bien es cierto que el artículo respectivo establece que los documentos que deben registrarse y no se registren sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán producir perjuicios contra terceros, tal precepto debe entenderse en el sentido que la preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones en el Registro Público, se refiere sólo a acreedores que tengan derechos de la misma naturaleza; y que no otorgando el secuestro un derecho real al ejecutante, no puede oponerse a quien invoca el dominio adquirido de manera indubitable con anterioridad al secuestro, y que por consiguiente la mencionada preferencia no favorece al simple acreedor quirografario.'. Respecto al cuarto concepto de agravio que expone la recurrente, debe decirse que son infundados los argumentos que esgrime, toda vez que el Juez de Distrito no hizo una incorrecta calificación de las pruebas aportadas al juicio constitucional, ya que precisamente con base en el contenido del certificado de gravámenes que al efecto expidió el oficial encargado del Registro Público de la Propiedad de Canatlán, Durango, aunado a la escritura pública número 1139 que contiene la dación en pago, fue que el a quo otorgó valor probatorio pleno a las referidas probanzas, de las que se obtuvo que antes de que el predio en cuestión, fuere embargado en el juicio ejecutivo mercantil, ya pertenecía por convenio judicial, al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, siendo inatendible que por haberse impugnado la copia certificada del citado instrumento público, carezca éste de validez legal para desvirtuar que la transmisión del dominio del inmueble en favor de la citada institución de crédito, hubiese sido posterior al embargo, dado que el convenio de dación en pago, se perfeccionó con fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, mientras que el del embargo se inscribió el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos."
TERCERO.-De la copia fotostática certificada relativa a la resolución pronunciada el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en el amparo en revisión número 15/91, se desprende que dicho tribunal en lo conducente determinó lo siguiente:
"TERCERO.- ... En efecto, le asiste la razón a los recurrentes, al manifestar que el Juez de Distrito inobservó lo dispuesto por el artículo 2884, del Código Civil del Estado de Coahuila, dado que si bien es cierto, la sociedad quejosa, adquirió el bien inmueble cuestionado, mediante escritura de compraventa celebrada el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa, ante el notario público número veinticuatro, de esta ciudad, habiéndose protocolizado en la escritura pública número quince, y el embargo sobre el referido bien inmueble se realizó el cinco de octubre de mil novecientos noventa, mismo que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, el día nueve del mismo mes y año, también lo es que la mencionada escritura de compraventa, se inscribió hasta el día cinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, es decir, con posterioridad a la inscripción del referido embargo, por lo que es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo en comento, la falta de registro de la compraventa aludida, tenía como consecuencia la de no producir efectos jurídicos contra terceros, el cual sí podía aprovecharlos en cuanto le fueran favorables, entendiéndose por terceros de conformidad con lo previsto en el artículo en cita, para los efectos del registro, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes o embargos sobre bienes o derechos que sean objeto de inscripción, conforme al artículo 2880, del Código en comento. De lo anterior queda plenamente evidenciado que la escritura de compraventa, al no haberse registrado previamente al embargo de mérito, no podía producir efectos frente a los embargantes, y por ende, no les perjudica la existencia de dicho contrato de compraventa, aun y cuando fue anterior al referido embargo. Sirven de apoyo las tesis que citan los recurrentes, bajo los rubros: 'EMBARGO. CARACTER DE DERECHO REAL DE LOS CREDITOS QUIROGRAFARIOS UNA VEZ INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE EN INTERPRETACION AL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION AL ARTICULO 3003. SITUACION ANTE LA PRESENCIA DE UN TITULO DE TRANSMISION DE PROPIEDAD ANTERIOR PERO NO REGISTRADO.'. 'EMBARGOS, EFECTOS DEL REGISTRO DE.'"
Igualmente al resolver el amparo en revisión número 83/91, dicho órgano colegiado sustentó las siguientes consideraciones:
"III. Los conceptos de agravio expresados por el apoderado legal de la quejosa recurrente SANDRA LUZ ARECHIGA DE BELCERRA, resultan infundados a juicio de este Tribunal Federal. En efecto, primeramente es de señalar, que si bien es cierto que la compraventa es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se ha convenido en precio y cosa, (artículo 2143 del Código Civil), y que el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna, sin embargo no menos cierto es, que para que dicha compraventa surta efectos frente a terceros, es requisito indispensable que se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad, en virtud de que el código vigente en el Estado de Coahuila, contempla supuestos diferentes a los que establece el artículo 3003 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, numeral éste que es interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que cita la recurrente bajo la voz de: 'COMPRAVENTA, SU VALIDEZ Y EFECTOS ERGA OMNES NO PUEDEN QUEDAR SUJETOS AL REQUISITO DEL REGISTRO, PORQUE ESTA CARECE DE FUNCIONES CONSTITUTIVAS EN NUESTRO DERECHO.', ya que el ordenamiento sustantivo civil del Estado de Coahuila, a diferencia del Código Civil del Distrito Federal, sí establece quiénes son terceros para los efectos del registro, pues en el artículo 2884, dispone: '2884. Los documentos que conforme a este código deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos, por cuanto a los actos jurídicos que comprendan, entre quienes los otorguen; pero no podrán ser oponibles a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. Se entiende por terceros, para los efectos del registro, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción conforme al artículo 2880 de este código y, por tanto, sólo dichos terceros podrán invocar la falta de registro, cuando se les pretenda oponer un acto, contrato, resolución o documento que debiéndose registrar, no se hizo así, a efecto de que no les sea oponible, ni los perjudique.', esto es, dicho numeral establece indistintamente como terceros para efectos registrales, a los que tengan inscritos derechos reales, gravámenes o embargos, sin hacer referencia a si son o no de la misma naturaleza, y como en la especie la escritura de compraventa mediante la cual adquirió el inmueble la quejosa, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad hasta el quince de abril de mil novecientos noventa y uno, y los embargos fueron inscritos en fecha anterior, esto es, en veinticinco de marzo y doce de abril de mil novecientos noventa y uno, resulta obvio que la quejosa no pudo oponer el contrato de compraventa contenido en la escritura pública, a las sociedades nacionales de crédito embargantes porque en la fecha en que se practicaron e inscribieron los embargos, el bien inmueble se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del ingeniero OSCAR MARMOLEJO ESPARZA, persona ésta que figura como vendedor en la mencionada escritura pública. Asimismo, es de destacar, que si bien es cierto que el Registro Público de la Propiedad no tiene efectos constitutivos, sino sólo declarativos, sin embargo no menos cierto es, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2883 fracción I, del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, existe obligación de inscribir en el Registro Público de la Propiedad los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, y el objeto de la inscripción de una operación de compraventa, es que produzca efectos ante otras personas diversas a los otorgantes, o sea, a las personas que describe el Código Civil como terceros perjudicados Banco Nacional de México, S.N.C., Sucursal Monclova, Coahuila, y Banco del Atlántico, S.N.C., Sucursal Piedras Negras, Coahuila, tienen debidamente inscritos los embargos sobre el bien que adquirió la quejosa con anterioridad a la fecha en que se inscribió la escritura de compraventa, deviene ineludible que el multicitado contrato de compraventa no es oponible frente a las sociedades nacionales de crédito embargantes, atendiendo a los términos en que está redactado el artículo 2884 en comento, quienes sí pueden invocar en su favor la falta de registro oportuno. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada en sexto lugar, con la Jurisprudencia No. 766, visible en la página 1263, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que a la letra dice: 'EMBARGOS, EFECTOS DEL REGISTRO DE.'. Los contratos que deben registrarse, no surten efectos contra terceros mientras no hayan sido inscritos; de modo que si una compraventa se registra con posterioridad a la fecha en que se trabó embargo sobre el inmueble que se enajena, dicha venta, aunque traslativa de la propiedad para el comprador, no se puede oponer al embargante, que adquirió derechos respecto del bien raíz vendido, con anterioridad a la fecha en que inscribió la compraventa en tanto que el embargante sí puede oponer al comprador los derechos reales que se derivan del secuestro debidamente registrado."
Asimismo, al resolver el amparo en revisión número 173/91, el tribunal de que se trata adujo lo siguiente:
"En lo tocante al segundo agravio, debe precisarse, que aunque quedó demostrado en el juicio constitucional, que el contrato informal de compraventa mediante el cual la quejosa adquirió el dominio sobre el inmueble embargado en el juicio natural, se celebró con fecha primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve, es decir, con antelación a la constitución del gravamen derivado del juicio del que emanan los actos reclamados, lo que sucedió, con fecha once de julio de mil novecientos ochenta y nueve, sin embargo, también quedó demostrado, que la compraventa de mérito, se omitió inscribir en el Registro Público de la Propiedad, previamente a la constitución del gravamen de que se trata. Así las cosas, es inconcuso que la falta de registro de la adquisición aludida, trajo como consecuencia, la de que dicha operación jurídica no produce efectos legales, en contra de terceros, los cuales sí pueden aprovechar la celebración de la compraventa, en cuanto les fuere favorable; entendiéndose por terceros para efectos registrales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2884, párrafo segundo, del Código Civil para el Estado de Coahuila, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes o embargos sobre bienes o derechos que son objeto de inscripción, conforme el artículo 2880, de la ley sustantiva civil en comento; todo lo cual se evidencia de la norma jurídica invocada, en primer término, la que es del tenor literal siguiente: '2884. Los documentos que conforme a este código deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos, por cuanto a los actos jurídicos que comprendan, entre quienes los otorguen, pero no podrán ser oponibles a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. Se entiende por terceros, para los efectos del registro, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción conforme al artículo 2880 de este código y por tanto, sólo dichos terceros podrán invocar la falta de registro, cuando se les pretende oponer un acto, contrato, resolución o documentos que debiéndose registrar, no se hizo así a efecto de que no les sea oponible, ni los perjudique.' Sin que se oponga a lo anterior, lo que se alega en el agravio que se contesta, en el sentido de que las inscripciones relativas al Registro Público de la Propiedad, sólo tienen efectos declarativos, mas no constitutivos; puesto que partiendo de la base de que el artículo 2883 fracción I, del cuerpo legal antes citado, establece la obligación de inscribir en la oficina registral respectiva, los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifica, grava o extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; y considerando además que en la especie, se celebró una operación de compraventa sobre bien raíz, que se omitió inscribir como debió hacerse, ante el Registro Público de la Propiedad; es indudable, por lo anterior, que el hecho de que se haya concertado la operación jurídica cuestionada, no le puede ser oponible al embargante, aquí tercero perjudicado, quien en el juicio del que derivan los actos reclamados, tiene constituido un embargo, que evidentemente es anterior a la inscripción de la compraventa, ya que ésta, no aparece que se haya efectuado. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis relacionada en séptimo lugar con la Jurisprudencia número 766, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, página 1263, Segunda Parte, que a la letra dice: 'EMBARGOS, EFECTOS DEL REGISTRO DE.-Los contratos que deben registrarse, no surten efectos contra terceros mientras no hayan sido inscritos; de modo que si una compraventa se registra con posterioridad a la fecha en que se trabó embargo sobre el inmueble que se enajena, dicha venta, aunque traslativa de la propiedad para el comprador, no se puede oponer el embargante, que adquirió derechos respecto del bien raíz vendido, con anterioridad a la fecha en que inscribió la compraventa, en tanto que el embargante sí puede oponer al comprador los derechos reales que se derivan del secuestro debidamente registrado.'. Sin que se opongan a la conclusión lograda, las tesis que se invocan en este segundo agravio, puesto que las mismas se sustentaron en lo previsto por el artículo 3007 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, numeral éste que es ayuno en definir el concepto de tercero para efectos registrales; circunstancia que ha dado lugar a que dicha noción jurídica sea interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que se trae a colación en este segundo agravio, bajo el rubro 'EMBARGO DE BIENES AJENOS AL DEUDOR', cuyo texto aparece al transcribir los agravios, en el sentido de que la preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, se refiere sólo a acreedores, con derechos de igual naturaleza, quedando así precisado el concepto de tercero para efectos registrales, del cual debe excluirse al embargante, porque los derechos que le derivan, no tienen la naturaleza de reales, en oposición al derecho de propiedad que le corresponde al adquirente. Sin embargo, la interpretación realizada por el más Alto Tribunal de la República, comentada en el párrafo precedente, sólo es aplicable a la legislación del Distrito Federal, dado que al establecer lo que debe entenderse por tercero para efectos registrales, el artículo 2884 del Código Civil de Coahuila, antes transcrito, de manera expresa comprende a la persona que tenga constituido o inscrito un embargo sobre el bien inmueble respectivo; mientras que por el contrario el artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal, es omiso en señalar lo anterior, como se corrobora del texto de dicha norma jurídica, que es como sigue: 'Artículo 3007. Los documentos que conforme a este código sean registrales y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de tercero.'. Por último, en lo que respecta al tercer motivo de inconformidad, cabe decir, que en modo alguno conculcó el Juez Federal los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, las tesis de jurisprudencia invocadas en los agravios, se sustentan en lo previsto por una legislación inaplicable en el Estado de Coahuila, por lo que los criterios que recogen dichas tesis jurisprudenciales, no le resultaron obligatorios al a quo ..."
Idéntica consideración se sustentó al resolver el amparo en revisión número 87/92.
"TERCERO.-Los agravios que se expresan, se estiman infundados. En efecto, en relación al primer motivo de inconformidad, cabe decir, que no le asiste la razón a la quejosa recurrente, en cuanto manifiesta que el Juez de Distrito aplicó incorrectamente al caso a estudio, lo dispuesto por el artículo 2884, del Código Civil para el Estado de Coahuila, ya que dicho numeral, como se reconoce en los agravios, en su párrafo final contiene la interpretación realizada por el propio legislador, acerca de lo que debe entenderse como tercero para efectos registrales, comprendiéndose en dicho concepto, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes o embargos, sobre los bienes o derechos objeto de inscripción de acuerdo al artículo 2880, del mismo ordenamiento legal; evidenciándose lo anterior, de lo dispuesto por la norma jurídica mencionada en primer término, la que es del tenor literal siguiente: '2884. Los documentos que conforme a este código deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos, por cuanto a los actos jurídicos que comprendan, entre quienes los otorguen; pero no podrán ser oponibles a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. Se entiende por terceros, para los efectos del registro, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción conforme al artículo 2880 de este código y por tanto, sólo dichos terceros podrán invocar la falta de registro, cuando se les pretenda oponer un acto, contrato, resolución o documento que debiéndose registrar, no se hizo así, a efecto de que no les sea oponible, ni los perjudique.'. Así las cosas, deviene inexacta la conclusión que pretende la recurrente en sus motivos de inconformidad, de que el artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal, sea análogo en su esencia al numeral 2884 del Código Civil para el Estado de Coahuila; ya que si bien en ambos dispositivos legales, es idéntico su párrafo inicial, sin embargo, el artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en todo el país en materia federal, es ayuno en realizar la interpretación auténtica o legislativa del concepto de tercero para efectos registrales, que se hace en el párrafo final del artículo 2884 del Código Civil de Coahuila, es decir, que el numeral mencionado en primer término, no contiene lo que en el mencionado en segundo término constituye su párrafo último, por lo que en aquél se deja a las autoridades judiciales la interpretación de la noción de tercero para efectos del Registro Público de la Propiedad. En las condiciones anotadas, es inconcuso como lo consideró el a quo en su sentencia, que la tesis de jurisprudencia número 136, consultable en la página 396 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que lleva por rubro: 'EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.' cuyo texto se transcribe en los agravios, así como las demás tesis relacionadas con dicha jurisprudencia a que igualmente hace alusión la recurrente, resultan inaplicables al caso a estudio; puesto que dicha jurisprudencia y sus tesis relacionadas, se basan en la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atinente al concepto de tercero para efectos registrales, que se lleva a efecto por dicho Alto Tribunal, ante la inexistencia de una interpretación legislativa al respecto. Esto es, que en los criterios jurisprudenciales que la recurrente pretende, deban regir al caso a estudio, se concluyó que el embargante de bienes raíces, no puede oponer los derechos que le derivan del gravamen, por más que éste se encuentre inscrito previamente al registro de la compraventa que como vendedor celebró la persona a cuyo nombre se encontraba registrado el inmueble respectivo, siempre que conste de manera indubitable, es decir, mediante contrato o instrumento de fecha cierta, que la compraventa se concertó con anterioridad a la constitución del embargo. Se dice que los criterios jurisprudenciales reseñados en el párrafo precedente, se basan en la interpretación judicial del concepto de tercero para efectos registrales, porque de la propia tesis relacionada en séptimo lugar con la Jurisprudencia número 255, consultable en la página 727, del Apéndice antes mencionado, que lleva por rubro: 'REGISTRO PUBLICO, LA PREFERENCIA DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL, NO FAVORECE AL ACREEDOR QUIROGRAFARIO', que invoca y transcribe la recurrente en sus agravios, viene al conocimiento, que lo dispuesto por el artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en Materia Federal, por cuanto establece que los documentos que deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorgan, pero no producirán efectos contra tercero, lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la preferencia estatuida en dicho numeral, se refiere sólo a acreedores con derechos de igual naturaleza; y que al no otorgar el secuestro al embargante, más que derechos personales, éstos no pueden oponerse a quien adquirió el inmueble, de manera indubitable, con anterioridad a la constitución del embargo. Establecido lo anterior, debe convenirse con lo asentado por el Juez de Distrito en su sentencia, en el sentido de que la tramitación de la propiedad sobre los inmuebles respectivos, que se realizó en favor de la ahora recurrente, mediante la escritura pública número 219, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa (fojas 28 a la 32 del principal), instrumento que contiene los actos jurídicos de reconocimiento de adeudo, dación en pago y traslado de dominio que celebraron la agraviada, y los terceros perjudicados José María Ramonet y Gloria Arredondo Michel de Ramonet, en modo alguno podía oponerse a los derechos que le derivan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2021-609215ef/embargo-es-ilegal-el-trabado-en-bienes-salidos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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