ORDEN DE APREHENSION. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE DESPUES DE QUE LA FORMAL PRISION YA HA SIDO IMPUGNADA EN OTRO JUICIO CONSTITUCIONAL. ORDEN DE APREHENSION. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO YA SE DICTO FORMAL PRISION Y LUEGO SE RECLAMA AQUELLA EN FORMA AISLADA. ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994. ORDEN DE APREHENSION. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISION (INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANALISIS DE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES.
CONTRADICCION DE TESIS 20/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Las consideraciones que tuvo el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito para sustentar la tesis identificable bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSION, CUANDO NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE RECLAMA", son las que a continuación se reproducen:
"Rev. Ppal. penal No. 49/95.
"Q. Juan Fernando Motilla Quevedo y
"Jaime Guemez Perera...
"AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora el C. Juez Cuarto del Ramo Penal de esta ciudad... como ejecutoras el procurador general de Justicia del Estado... director de la Policía Judicial del Estado... comandante de la Policía Judicial del Estado Area Rural... C. director de Seguridad Pública Municipal...
"ACTO RECLAMADO: De la ordenadora se reclama la orden de aprehensión girada en nuestra contra y de las ejecutoras la cumplimentación de la misma...
"CONSIDERANDO...
"TERCERO. Son fundados los agravios, en la medida que a continuación se precisa.
"En efecto, se alega que indebidamente se decretó el sobreseimiento del juicio, argumentando que han cesado los efectos del acto reclamado, basándose en los oficios números 254/95, 307/95 y 303/95, mediante los que la autoridad ordenadora, Juez Cuarto del Ramo Penal de esta ciudad capital, comunica al Juez de Distrito: a) que los quejosos hicieron su presentación voluntaria ante aquella autoridad, b) Que les dictó auto de formal prisión en el proceso penal número 28/95, como presuntos responsables del delito de fraude y c) Que notificó al procurador general de Justicia del Estado de San Luis Potosí lo referente a la situación jurídica de los procesados, a fin de que ordenara dejar sin efectos la orden de aprehensión previamente solicitada, en contra de los mismos. Se alega también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia firme, en el sentido de que es improcedente decretar el sobreseimiento del juicio, luego de celebrada la audiencia constitucional y que no son aplicables las tesis de jurisprudencia invocadas por el Juez a quo; que además, el auto por el que la autoridad responsable ordenadora deja sin efectos la orden de captura en contra de los quejosos, es de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, es decir, dos días después de la fecha en que se celebró la audiencia constitucional, por lo que es claro que dicha orden de captura estaba vigente al momento de la citada audiencia.
"Se dice que son fundados los agravios hechos valer, a virtud de que en opinión de este Primer Tribunal Colegiado, en la especie no han cesado los efectos del acto reclamado que se hace consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de los quejosos; ello, en razón de que, contrario al contenido de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que sirvió de fundamento al Juez de Distrito para decretar la improcedencia del juicio de garantías y, por ende, el sobreseimiento del mismo, el acto reclamado sigue teniendo efectos, pues dada la existencia de la orden de aprehensión, los ahora quejosos se presentaron voluntariamente ante el Juez que libró la misma; el cual los escuchó en declaración preparatoria y les decretó auto de formal prisión, sometiéndolos al procedimiento penal que se inició con la mencionada orden de captura. Al respecto, es importante señalar que no es aplicable el criterio jurisprudencial invocado por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, y que siguió tal criterio, basándose en las pruebas documentales que remitió el Juez señalado como autoridad responsable recibidas por el Juez constitucional, luego de celebrada la audiencia constitucional, pero antes de emitir la sentencia que se recurre; y dichas documentales se refieren a la existencia de un nuevo acto o resolución que procesalmente substituye a la orden de aprehensión que se reclama.
"Pues bien, tal causal de improcedencia debe ser interpretada a la luz del contenido del mismo precepto legal, artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción X, párrafo segundo, del que se advierte que cuando se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aquí se reclaman violaciones a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna), sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones de garantías en que eventualmente pudiera incurrir la orden de aprehensión, para los efectos de la improcedencia prevista en tal precepto; así pues, a semejanza de esta determinación, tampoco puede decirse que han cesado los efectos de la orden de aprehensión y que por ello deba decretarse el sobreseimiento del juicio.
"Lo expuesto es suficiente para revocar la sentencia recurrida y en virtud de que este Primer Tribunal Colegiado no advierte diverso motivo de improcedencia del juicio de garantías, procede revocar la sentencia recurrida y entrar al examen de los conceptos de violación, con apego en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo..."
TERCERO. El criterio en el cual se apoyó el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito para sustentar la tesis de rubro: "ORDEN DE APREHENSION. SU IMPUGNACION EN LA VIA DE AMPARO, OPERA EN SU CONTRA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE ESTABLECE LA FRACCION XVI, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL INTERESADO HA RENDIDO SU DECLARACION PREPARATORIA ANTE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIO", es el que aparece en la siguiente ejecutoria:
"Amparo en revisión No. 60/94 (penal).
"Quejoso: José Cuauhtémoc Ortega Ruiz.
"Recurrentes: El Juez Sexto del Ramo Penal de esta capital y el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí...
"AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad ordenadora 1. El C. Juez Sexto del Ramo Penal de esta capital. Como autoridad ejecutora señalo 2. El procurador general de Justicia del Estado.
"ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo la orden de aprehensión que se ha dictado en mi contra y de la ejecutora reclamo el cumplimiento de esa orden de aprehensión...
"CONSIDERANDO...
"TERCERO. No es necesario analizar los agravios expresados, por cuanto a que en ellos se combaten las consideraciones contenidas en la resolución impugnada y debido a la operancia de una causa de improcedencia, debe modificarse esa resolución dejándola sin efectos.
"I. En efecto, de constancias se desprende que debe sobreseerse en este juicio respecto de la impugnación que se formula de la orden de aprehensión dictada por la Juez responsable en contra del ahora quejoso, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al operar la causa de improcedencia que consigna la fracción XVI del artículo 73 de ese mismo ordenamiento, con base en las siguientes consideraciones:
"Ante todo, cabe precisar, que de constancias se desprende la existencia de los siguientes hechos:
"1o. Que el día veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, la Juez responsable libró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, que en lo conducente dice...
"2o. Que el día cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el interesado ejercitó acción constitucional en contra de dicho mandamiento de captura.
"3o. Que el día once de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el afectado por la orden de aprehensión, se presentó voluntariamente ante la autoridad responsable, ante quien rindió su declaración preparatoria, y
"4o. Que el día catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez responsable dictó auto de formal prisión.
"Ahora bien, de la existencia de la orden de aprehensión reclamada se desprende que la autoridad judicial que la dictó, pretendió, mediante ese acto de autoridad, lograr que se privara de su libertad deambulatoria al ahora quejoso con el exclusivo fin de que fuera presentado de inmediato ante ella, a fin de estar en posibilidad de determinar, con la previa audiencia del interesado, sobre la procedencia de iniciar en su contra un procedimiento penal por considerarlo presunto responsable de la producción de hechos que la ley castiga con sanción privativa de la libertad.
"Igualmente, del análisis de las constancias a que se refieren los apartados tercero y cuarto que anteceden, se desprende que en el procedimiento penal en que se produjo el acto reclamado, a pesar de no haberse ejecutado la orden de captura impugnada, el directamente interesado acudió ante la autoridad judicial responsable, se sometió a su jurisdicción y, previa la oportunidad que se le otorgó para ser oído en su defensa (se asegura esto sin prejuzgar sobre la validez constitucional de la actuación), se dictó en su perjuicio auto de formal prisión.
"Consecuentemente, debe convenirse en que de constancias se desprende que se satisfizo la finalidad o mérito que se pretendía con la emisión del acto de autoridad reclamado y que, por tanto, la orden de aprehensión impugnada dentro del procedimiento penal en que se dictó, dejó de surtir los efectos que legalmente le corresponden por cuanto a que carece de objeto su ejecución al haberse conseguido la finalidad que mediante ese acto se pretendía.
"Consecuentemente, respecto de la impugnación que en este juicio se produce de la orden de referencia, opera la causa de improcedencia que fija la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, debe sobreseerse en este juicio respecto de la impugnación de ese acto con fundamento en lo que ordena la fracción III del artículo 74 de la propia Ley.
"Cabe considerar, que no es obstáculo a esta consideración lo ordenado por el último párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, a propósito de la diversa causa de improcedencia que establece ese precepto, toda vez que:
"1o. La regla de excepción contenida en ese dispositivo, como toda norma excepcional, sólo es aplicable al caso específico a que se refiere; por ende, no es posible pretender que resulte ser aplicable a casos diversos de aquel al que con toda precisión se refirió el legislador.
"2o. La interpretación conjunta de lo dispuesto por esa norma y la contenida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, conducen a concluir que fue intención del legislador que el caso de excepción a que se refiere la primera, opere en todos los casos que estén comprendidos dentro de los supuestos, pero sin perjuicio de que pueda ser operante alguna de las otras diversas causas de improcedencia previstas, no sólo en el artículo 73 de la Ley de Amparo, sino, en general, en dicha Ley, en la Constitución Política Mexicana o en cualquier otro cuerpo normativo que resultara ser aplicable.
"3o. Cabe precisar que la circunstancia de que un acto de autoridad jurídicamente deje de producir los efectos que legalmente le corresponden, como resultado lógico-jurídico-natural de la existencia de hechos o actos jurídicos que se produjeron con posterioridad a la emisión de dicho acto, se revela como una situación de las denominadas `de hecho', no de derecho; por ende, no es posible evitar, así, mediante decreto, por ley, por voluntad del legislador (o en su caso, del juzgador), que tal supuesto se actualice, por muy buenas intenciones que se persigan a través de ese acto legislativo (o, en su caso, judicial). Pretender esto, sería tanto como intentar, por decreto, colocar al gobernado y a sus autoridades en circunstancias diversas de aquellas que real y objetivamente, les corresponden.
"Por ende, por muy buenas intenciones que con ello se persiga, no es posible considerar que en el caso sigue con plena vigencia la causación de los efectos legales que le corresponden a la orden de aprehensión reclamada, por cuanto a que de los hechos que está justificado se han producido, acreditan (sic) que dicha orden dejó de surtir sus efectos."
Además del criterio anterior, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sustentó los siguientes:
"Amparo en revisión No. 83/94 (penal).
"Quejoso: Napoleón Rueda Moncada.
"Recurrentes: Juez Sexto del Ramo Penal de esta capital y el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí...
"AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora el C. Juez Sexto del Ramo Penal, y como ejecutoras: el procurador general de Justicia en el Estado, el director de Protección Social, el director de la Policía Judicial del Estado, el director de la Policía Metropolitana, el director de Tránsito Municipal...
"ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión girada por la primera y que pretenden ejecutar las segundas...
"CONSIDERANDO... (Salvo las particularidades del caso, en este asunto el órgano jurisdiccional de que se habla sustentó en esencia el mismo criterio que en el amparo en revisión 60/94, antes citado, por lo que se omite la transcripción).
"Revisión principal penal No. 150/94.
"Quejosos: Juan Matancillas Rodríguez y Martín Escareño López...
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Juan Matancillas Rodríguez y Martín Escareño López, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo ante la Juez Tercero de Distrito de este Estado, contra actos del C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial, agente del Ministerio Público del fuero común, comandante de la Policía Municipal, jefe de grupo de la Policía Judicial y alcaide de la Cárcel Distrital o Municipal de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, procurador general de Justicia, director de Policía Judicial y director o secretario de Protección Social y Vialidad en este Estado, que hicieron consistir en: `a). De las autoridades señaladas como ordenadoras, reclamamos la orden de aprehensión librada en nuestra contra y la orden de que se nos `fiche', o sea, de que se nos tome nuestra media filiación como si fuéramos delincuentes, antes de que exista una sentencia condenatoria definitiva en nuestra contra, b). De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamamos la ejecución que de las anteriores órdenes pretenden llevar a cabo'...
"CONSIDERANDO...
"CUARTO. Los agravios que formulan los ahora recurrentes son infundados e inoperantes.
"Los quejosos señalan como acto reclamado la orden de aprehensión emitida en su contra por los ilícitos de daño en los bienes, lesiones y ultrajes a la autoridad, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí y su ejecución.
"La Juez Tercero de Distrito, en la sentencia materia de esta revisión, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías al considerar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por haber quedado sin efectos la orden de captura impugnada, en atención a que los quejosos hicieron su presentación voluntaria ante la autoridad judicial responsable, quien les decretó su detención virtual, y al haber otorgado fianza les concedió su libertad caucional, tomándoles su declaración preparatoria, concluyendo que, en esas condiciones cesaron los efectos de la orden de aprehensión girada en contra de los peticionarios de garantías Martín Escareño López y Juan Matancillas Rodríguez por los delitos de daño en los bienes, lesiones y ultrajes a la autoridad, ello desde el momento en que el Juez natural la dejó insubsistente y sin efecto legal alguno, circunstancia que comunicó al procurador general de Justicia del Estado, para los efectos legales consiguientes.
"Del análisis de las constancias de autos, así como de la sentencia recurrida, este órgano colegiado conviene con la Juez Federal en que, en la especie, han cesado los efectos de los actos reclamados, en razón de que, como así lo considera, al presentarse voluntariamente los impetrantes del amparo, ante el Juez de la causa penal, les decretó su detención virtual y les tomó su declaración preparatoria, lo que motivó que le comunicara a las diversas responsables ejecutoras, que quedó sin efecto la orden de aprehensión dictada contra los quejosos (fojas 47 y 60), razón por la cual resulta improcedente el amparo. Esto es así, en virtud de que la orden de aprehensión que se combate, es un mandato judicial que se pronuncia con la finalidad de que se detenga a una persona para presentarla ante el Juez, y se resuelva su situación jurídica, por lo que al cumplimentarse ese ordenamiento de captura o al comparecer voluntariamente el inculpado, lógicamente cesan los efectos de dicho mandamiento, puesto que, como en el caso, el Juez cancela la mencionada orden de aprehensión.
"Ahora bien, en cuanto al argumento de los quejosos, relativo a que la citada causal de improcedencia sólo se actualiza cuando la cesación de los efectos de los actos reclamados es total, lo que no sucede en el caso, ya que se está siguiendo un proceso penal en contra de éstos, como efecto de la orden de aprehensión. Sobre el particular, debe decirse que es infundada dicha aseveración, toda vez que, como ya se precisó con antelación, el objeto o fin de tal orden, es la detención del individuo para ser presentado ante un Juez, para que rinda su declaración preparatoria y se determine su situación jurídica; empero, no es posible considerar como un efecto de dicho mandamiento de captura, la prosecución de la causa, cuenta habida que la subsistencia de cualquier causa penal depende de la existencia de elementos o datos que configuren un hecho delictuoso, así como de la responsabilidad probable del individuo, circunstancias que motivan el ejercicio de la acción penal por parte de la representación social y, ésta la instauración de la causa hasta el dictado de una resolución que ponga fin a la misma o de la sentencia definitiva correspondiente.
"En consecuencia, es evidente que, en el asunto que nos ocupa sí se satisfizo el fin que se pretendía con la emisión del acto de autoridad reclamado y que, por tanto, el mandamiento de captura impugnado dejó de surtir los efectos que legalmente le corresponden por cuanto a que carece de objeto su ejecución al haberse conseguido su finalidad con la presentación voluntaria de los inculpados ante el Juez del proceso, lo que configura la causa de improcedencia que señala el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, y por ello procede sobreseer en el juicio con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal.
"Por otra parte, aun cuando los impetrantes del amparo aducen que no sólo se reclamó la ejecución de la orden de aprehensión sino ésta en sí misma; cabe mencionar que, por razón de orden público se estudió previamente la procedencia del juicio de garantías, y al hacerlo se advirtió la operancia de la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, citado, de ahí que, ello impidió entrar al análisis de las cuestiones del fondo del asunto, atento al criterio sustentado en la jurisprudencia número 1804, localizable en la página 2905, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.'
"No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión el argumento que esgrimen los quejosos respecto a que con ello se contraviene el espíritu de las reformas de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 1994, concretamente a lo ordenado en el último párrafo, de la fracción X del artículo 73 citado, toda vez que:
"1o. La regla de excepción contenida en ese dispositivo, como toda norma excepcional, sólo es aplicable al caso específico a que se refiere; por ende, no es posible pretender que resulte ser aplicable a casos diversos de aquel al que con toda precisión se refirió el legislador.
"2o. La interpretación conjunta de lo dispuesto por esa norma y la contenida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, conducen a concluir que fue intención del legislador que el caso de excepción a que se refiere la primera, opere en todos los casos que estén comprendidos dentro de los supuestos, pero sin perjuicio de que pueda ser operante alguna de las otras diversas causas de improcedencia previstas, no sólo en el artículo 73 de la Ley de Amparo, sino, en general, en dicha Ley, en la Constitución Política Mexicana o en cualquier otro cuerpo normativo que resultara ser aplicable.
"3o. Cabe precisar que la circunstancia de que un acto de autoridad jurídicamente deje de producir efectos que legalmente le corresponden, como resultado lógico-jurídico-natural de la existencia de hechos o actos jurídicos que se produjeron con posterioridad a la emisión de dicho acto, se revela como una situación de las denominadas `de hecho', no de derecho; por ende, no es posible evitar así, mediante decreto, por ley, por voluntad del legislador (o en su caso del juzgador), que tal supuesto se actualice, por muy buenas intenciones que se persiguen, a través de ese acto legislativo (o, en su caso, judicial). Pretender esto, sería tanto como intentar, por decreto, colocar al gobernado y a sus autoridades en circunstancias diversas de aquellas que real y objetivamente, les corresponden.
"Por último, se hace notar que, el hecho de que la Juez de Distrito no se haya cerciorado si el procurador responsable recibió el oficio por el que se le comunicó que quedó sin efecto el mandato de captura, ello no tiene trascendencia jurídica alguna, pues en nada influye respecto de la configuración de la improcedencia con base en la cual se decretó el sobreseimiento de mérito, ni mucho menos en la determinación que dejó sin efecto la orden de aprehensión impugnada.
"Con base en lo narrado, al haber resultado infundados e inoperantes los motivos de agravio esgrimidos por los quejosos, procede confirmar la sentencia que se revisa."
"Amparo en revisión No. 175/94 (penal).
"Quejoso: Rodolfo González Maldonado.
"Recurrente: El mismo...
"AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Primera Instancia de la ciudad de Ríoverde, S.L.P., como ordenadora; procurador general de Justicia de este Estado, agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de este Estado, agente del Ministerio Público Investigador de la ciudad de Ríoverde, S.L.P., agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Ríoverde, S.L.P., Policía Judicial de este Estado, Policía Municipal de la ciudad de Ríoverde, S.L.P., y Subdirección de Protección Social en la Zona Media, como ejecutoras...
"ACTO RECLAMADO: De la autoridad que señalo como ordenadora, reclamo la orden dictada por ella para que se me prive de mi libertad en forma contraria a derecho, señalando claramente que de lo que indico como acto reclamado obra un expediente formado por tal especie, cuyo número ignoro, así como el contenido del mismo, pues es legal que existiendo orden de aprehensión el expediente que en ella obra se encuentra en el sigilo del juzgado, en este caso, el hoy responsable; y de las autoridades que señalo como ejecutoras el tratar de cumplimentar la orden de privarme de mi libertad dictada por la ordenadora señalada...
"CONSIDERANDO...
"CUARTO. Son infundados los agravios pretranscritos, sin que la obligación de suplir su deficiencia lleve a conclusión distinta, según se desprende de las siguientes consideraciones:
"Ante todo, cabe referir:
"1. Que el quejoso señala como actos reclamados:
"1.1. La orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ríoverde, San Luis Potosí, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por el delito de daño en los bienes; y,
"1.2. La ejecución de esa orden por el resto de las autoridades señaladas como responsables.
"2. Que el día treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el interesado ejercitó acción constitucional en contra de dicho mandamiento de captura.
"3. Que el día cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el afectado por la orden de aprehensión, se presentó ante la autoridad responsable, ante quien rindió su declaración preparatoria.
"4. Que ese mismo día, dicho Juez giró el oficio número 1466/94, al procurador general de Justicia del Estado, mediante el cual le informó que dejara sin efecto la orden de aprehensión en cuestión; y,
"5. Que el día ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez responsable dictó auto de formal prisión en contra del ahora quejoso por dicho ilícito.
"A. Contrario a lo que alega el recurrente, en el caso, el sobreseimiento decretado por el Juez inferior en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la misma Ley, es correcto y precisamente por ello no es posible que se entre al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, además, si no se iba a examinarla resolución impugnada, era innecesario transcribir los conceptos de violación, por lo que no existe la incongruencia de que habla el recurrente.
"B. Carece de razón el inconforme en cuanto aduce que no han cesado los efectos del acto reclamado, ya que, a su juicio, la consecuencia directa e inmediata de la orden de aprehensión librada en su contra, es que ahora se le esté procesando.
"En efecto, de la existencia de la orden de aprehensión reclamada se desprende que la autoridad judicial que la dictó, pretendió, mediante ese acto de autoridad, únicamente, lograr que se privara de su libertad deambulatoria al ahora quejoso con el exclusivo fin de que fuera presentado de inmediato ante ella, a fin de estar en posibilidad de determinar, con la previa audiencia del interesado, sobre la procedencia de iniciar en su contra un procedimiento penal por considerarlo presunto responsable de la producción de hechos que la ley castiga con sanción privativa de la libertad.
"Igualmente, del análisis de las constancias a que se refieren los apartados tercero, cuarto y quinto que anteceden, se desprende que en el procedimiento penal en que se produjo el acto reclamado, a pesar de no haberse ejecutado la orden de captura impugnada, el directamente interesado acudió ante la autoridad judicial responsable y se sometió a su jurisdicción, pues le decretó su detención virtual y, previa la oportunidad que se le otorgó para ser oído en su defensa (se asegura esto sin prejuzgar sobre la validez constitucional de la actuación), se dictó en su perjuicio auto de formal prisión; además de que consta que dejó insubsistente y sin efecto legal alguno dicha orden de aprehensión, comunicando esta circunstancia al procurador general de Justicia del Estado.
"Consecuentemente, debe convenirse en que de constancias se desprende que se satisfizo la finalidad o mérito que se pretendía con la emisión del acto de autoridad reclamado y que, por tanto, la orden de aprehensión impugnada dentro del procedimiento penal en que se dictó, dejó de surtir los efectos que legalmente le corresponden por cuanto a que carece de objeto su ejecución al haberse conseguido la finalidad que mediante ese acto se pretendía.
"C. Es irrelevante lo que argumenta el inconforme en el sentido de que su presentación ante el Juez de la causa, lo fue con motivo de la obligación que le impuso la Juez de Distrito al concederle la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que, independientemente de si se presentó en forma voluntaria o en acatamiento a lo ordenado en el incidente de suspensión, de cualquier manera, es evidente que con ello se sometió a la jurisdicción del Juez responsable.
"Congruentemente con lo referido, debe concluirse que tiene razón la Juez de Distrito al considerar que en lo que atañe a la impugnación que en este juicio se produce de la orden de referencia y su ejecución, opera la causa de improcedencia que fija la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, estuvo en lo correcto al sobreseer en este juicio, con fundamento en lo que ordena la fracción III del artículo 74 de la propia Ley.
"D. Es inexacto que con las consideraciones antes aludidas, se contravenga la reciente reforma que sufrió la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor a partir del día primero de febrero del año en curso, concretamente en cuanto a lo ordenado por el último párrafo de la fracción X del artículo 73, a propósito de la diversa causa de improcedencia que establece ese precepto, toda vez que:
"1o. La regla de excepción contenida en ese dispositivo, como toda norma excepcional, sólo es aplicable al caso específico a que se refiere; por ende, no es posible pretender que resulte ser aplicable a casos diversos de aquel al que con toda precisión se refirió el legislador.
"2o. La interpretación conjunta de lo dispuesto por esa norma y la contenida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, conducen a concluir que fue intención del legislador que el caso de excepción a que se refiere la primera, opere en todos los casos que estén comprendidos dentro de sus supuestos, pero sin perjuicio de que pueda ser operante alguna de las otras diversas causas de improcedencia previstas, no sólo en el artículo 73 de la Ley de Amparo, sino, en general, en dicha Ley, en la Constitución Política Mexicana o en cualquier otro cuerpo normativo que resultara ser aplicable.
"3o. Cabe precisar, que la circunstancia de que un acto de autoridad jurídicamente deje de producir los efectos que legalmente le corresponden, como resultado lógico-jurídico- natural de la existencia de hechos o actos jurídicos que se produjeron con posterioridad a la emisión de dicho acto, se revela como una situación de las denominadas `de hecho', no de derecho, por ende, no es posible evitar, así, mediante decreto, por ley, por voluntad del legislador (o, en su caso, del juzgador), que tal supuesto se actualice, por muy buenas intenciones que se persigan a través de ese acto legislativo (o en su caso jud
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3863-732fbdb3/orden-de-aprehension-el-amparo-en-su-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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