EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos sexto y octavo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue denunciada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito dentro del juicio de amparo en revisión civil 120/2010, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Al resolver el recurso de revisión 120/2010, en donde el acto reclamado se hizo consistir en el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de origen, analizó la procedencia del juicio de garantías dada la existencia de un juicio en estado de trámite donde la parte quejosa había promovido una acción de nulidad de juicio concluido.
Para una mayor comprensión de la presente resolución, resulta conveniente narrar los siguientes antecedentes:
Una persona demandó en la vía ordinaria civil la acción de prescripción positiva sobre un bien inmueble. En razón de que la actora no contaba con el domicilio de la parte demandada, se hicieron las investigaciones necesarias ante las instituciones correspondientes, al no tener ninguna información sobre el domicilio de la demandada, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos.
Posteriormente, se dictó un auto mediante el cual se declaró en rebeldía a la parte demandada, en consecuencia, se dictó sentencia definitiva, en donde se declaró procedente la acción de prescripción positiva sobre el inmueble materia de la litis y se condenó a la demandada al pago de gastos y costas generadas en el juicio.
Inconforme con esa resolución, la demandada promovió juicio de amparo indirecto, contra el ilegal emplazamiento hecho dentro del juicio de origen. Seguidos los trámites correspondientes, el Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada.
En contra de la anterior sentencia, la tercero perjudicada interpuso recurso de revisión del cual conoció el mencionado Tribunal Colegiado bajo el número ARC. 120/2010 de su índice, quien consideró que la interposición de la acción de nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento, sí constituye una defensa legal, a través de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, cuando éste se trata del ilegal emplazamiento al juicio natural y que corresponde al mismo que es materia de la litis en el juicio de nulidad en comento, con base en los siguientes argumentos:
"En primer término se abordarán aquellos argumentos dirigidos al estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa a que se encuentre en trámite ante los tribunales algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
"Lo anterior, en virtud de que el estudio de las causales de improcedencia resultan de orden preferente a las cuestiones de fondo del asunto, por ser un aspecto de orden público de conformidad con la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, en correlación con la jurisprudencia número 940, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:
"‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’
"Así como la jurisprudencia número 622, visible en el Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, página 414, cuyo sumario dice:
"‘AMPARO INDIRECTO. DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL, EN SEGUNDA INSTANCIA. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (tesis 158 Apéndice de 1985, Común al Pleno y a las Salas), es de obligatoria observancia, en tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere otro motivo legal, el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para este Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal, y con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios.’
"Lo que trae como consecuencia, que de actualizarse una causa de improcedencia se decrete el sobreseimiento en el juicio de garantías sin que exista necesidad de abordar el fondo de la cuestión constitucional debatida.
"En ese orden de ideas, se aduce que la quejosa interpuso en forma separada al juicio de garantías, la acción de nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento, el cual está dirigido a nulificar el acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio de usucapión 1073/2007 del índice del juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Querétaro.
"Lo anterior, expone la recurrente, actualiza la causal de improcedencia de mérito, en razón de que la acción de nulidad 3030/2009 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro, pretende revocar todo lo actuado en el juicio 1073/2007 referido. Misma que no fue apreciada ni atendida por el Juez de Distrito.
"Por ello, estima la recurrente que si el acto reclamado deriva del referido juicio de usucapión, en contra del cual se encuentra en trámite ante los tribunales un medio de defensa ordinario que tiene por efecto modificar, revocar o nulificar todo lo actuado en el referido juicio; entonces, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"El planteamiento de la recurrente deviene fundado en principio porque no se atendió la causal de improcedencia de mérito -que fue planteada en vía de alegatos- por parte de la Juez Federal. Y porque este Tribunal Colegiado considera que en la especie sí se actualiza la referida causal de improcedencia.
"En el caso concreto, de las constancias que integran el sumario constitucional se desprenden copias certificadas de la demanda de nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento, promovido por **********, en su carácter de apoderada legal de **********, número 3030/09 del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro, Querétaro -fojas 212 a 232 del expediente de amparo-.
"Escrito inicial en el cual se advierte que la promovente señala como prestaciones, entre otras, la nulidad del juicio de prescripción positiva 1073/2007 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Querétaro, Querétaro, así como la sentencia dictada en el mismo y la escritura respectiva, en razón de que no fue oída y vencida en el juicio mencionado.
"Demanda que fue admitida a trámite mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil nueve -foja 233 ídem-. Y emplazada a la contraria el veinte de enero de dos mil diez -foja 235 ídem-.
"Ahora, para evidenciar por qué sí se actualiza la referida causal de improcedencia, es conveniente citar el contenido de la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo:
"‘XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.’
"En relación con el contenido del precepto legal transcrito y para comprender el significado de defensa legal, tenemos que atender en primer término no sólo al principio de impugnación, sino también al derecho de todo gobernado de tener la posibilidad de acudir ante las instancias legales en defensa de sus intereses y derechos.
"Por ello, la connotación de defensa legal que prevé la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo no debe interpretarse en forma restrictiva o limitada, sino de la manera más amplia que comprenda cualquier instrumento, derecho procesal o acción que comprenda la posibilidad del gobernado de obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado.
"Esto, porque el principio que subyace de la citada causal de improcedencia es el de definitividad que rige en el juicio de garantías, entendiéndose por éste como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que ya no pueda ser impugnado por ningún medio y cuya interposición de éste, pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación.
"De tal manera que para que proceda el juicio de garantías, debe tratarse de ‘actos definitivos’ en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada.
"En efecto, la fracción XIV del antes citado artículo 73 de la Ley de Amparo establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que se encuentre en trámite algún recurso o defensa legal que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas; en todos estos supuestos, el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo.
"En este sentido debe señalarse que el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, opera cuando el quejoso ha tomado la decisión de impugnar a través de los medios que prevé la ley, la legalidad del acto reclamado y a su vez ocurre ante la potestad federal a promover el juicio de amparo.
"Por ello, el legislador consideró la improcedencia del juicio de garantías cuando esté en trámite un medio de defensa legal a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado, pues en ese caso, el acto reclamado se encuentra sub júdice, al encontrarse pendiente una decisión que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, por lo mismo, éste carece de la calidad de acto definitivo.
"Precisado lo anterior, en relación a la interpretación que debe darse al término ‘defensa legal’ a que se refiere la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es preciso entender en primer término qué debe entenderse por medio de impugnación y si en esta expresión se comprenden los medios de defensa legales.
"Así, tenemos que Briceño (sic) Sierra, en su obra Derecho Procesal, 2a. edición, Editorial Harla. México 1995, página 672, señala que: ‘Hay en la impugnación un dato que no debe olvidarse: El dinamismo de la instancia. La impugnación es la aplicación del instar con un fin particular, individualizado. La peculiaridad que singulariza a este tipo de instancia es aquella pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase de actos jurídicos’.
"Gómez Lara en su obra Teoría General del Proceso, 9a. edición, editorial Oxford. México 2000, página 297, afirma que aun cuando es posible definir los medios de impugnación, es imposible clasificarlos: ‘Lo cierto es que una reglamentación uniforme de los medios de impugnación, en cuanto a sus clases, naturaleza y procedimientos, es imposible de lograr, ello deriva de las diversas concepciones no sólo legislativas sino doctrinales de cada país y de cada cultura jurídica. Por tanto, la teoría general del proceso sólo puede enfocar el tema de los medios de impugnación, advirtiendo que éstos son recurso, procedimientos, instancias o acciones, reconocidas a favor de las partes, para que éstas puedan combatir los actos o resoluciones de los tribunales, cuando éstos sean incorrectos, equivocados o no apegados a derecho o injustos. Si los recursos reglamentados en determinado sistema son dos, tres o cinco, si reciben diferentes nombres y si sus alcances o procedimientos son distintos reiteramos que ello deriva o depende de factores legislativos o doctrinales peculiares o característicos de la cultura jurídica del lugar de que se trate.’
"El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 11a. edición, Editorial Porrúa, México, 1998, Tomo III, página 2105, define: ‘Los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia’.
"Por su parte Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, 28a. edición, México, 2005, página 560, reconoce entre los medios de impugnación aquellos de carácter ordinario o extraordinario y respecto de éstos últimos considera: ‘no sólo comprenden los recursos ordinarios y extraordinarios que pueden hacerse valer contra las resoluciones judiciales, tales como la revocación, la apelación, el juicio de amparo, la apelación extraordinaria y la queja. También hay que incluir en ellos la oposición del tercero, el incidente de nulidad, la audiencia en rebeldía, la restitución in integrum, la revisión de oficio, la protesta, etcétera.’
"Según Pallares, un juicio extraordinario puede constituir una forma de impugnar los actos o resoluciones judiciales, entre los que indudablemente pueden comprenderse todos aquellos juicios autónomos que tengan como finalidad la defensa de los intereses o derechos del gobernado y que tengan como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
"De lo anterior se infiere que los medios de impugnación son todos aquellos instrumentos jurídicos-procesales para controvertir actos y resoluciones de carácter judicial y, que por ende, son considerados como medios de defensa legal a favor de aquella parte o persona que considere vulnerada su esfera jurídica. Por tanto, la acepción ‘medios de impugnación’ al ser el instrumento procesal para hacer efectivo el derecho de defensa de una persona, puede considerarse, igualmente, como un ‘medio de defensa legal’.
"Esto, porque los medios de impugnación no sólo están referidos a los recursos, incidentes, revisiones de oficio, audiencia de rebeldía, o la oposición de terceros, que ordinariamente prevé la ley para que dentro de un procedimiento se controviertan los actos y las decisiones de carácter judicial; sino también están dirigidos, desde una connotación más amplia a aquellos medios de impugnación o defensa legales que el interesado pueda ejercer en forma extraordinaria, como pudieran ser las acciones autónomas que llevan a revocar, modificar o nulificar el acto reclamado.
"De tal forma que entre estos medios de impugnación o de defensa legal podemos encontrar aquellos que son de carácter ordinario, como son los que se pueden instar dentro del propio procedimiento en donde se pronuncia o se realiza el acto a controvertir. Y también podremos hallar los medios autónomos o extraordinarios al procedimiento primigenio, pero que a través de éstos también se puede obtener la revocación, modificación o nulidad del acto o resolución impugnada.
"En ese sentido, la acción de nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento indudablemente constituye un medio de defensa legal que tiene por objeto obtener la revocación, modificación o nulidad del acto reclamado en el juicio de garantías, cuando éste se trate del ilegal emplazamiento.
"Para así justificarlo, es importante atender a las características de la acción de nulidad de juicio concluido a saber:
"Por regla general debe decirse que no procede la nulidad de un juicio por la tramitación de otro, en atención al principio de cosa juzgada, sin embargo, existe una excepción a esta regla, y lo es: cuando el primer procedimiento se haya tramitado en forma fraudulenta. A esta pretensión se le denomina acción de nulidad de un juicio concluido, por ser resultado de un proceso fraudulento, y consiste en la falta de verdad por simulación en que incurra quien lo promueva, sólo o con la colusión de los demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les interese, en perjuicio de terceros. Ello porque la materia de dicho procedimiento es la violación a la garantía de debido proceso legal. Por tanto, aunque esta acción de nulidad absoluta no está reglamentada en forma específica en el Estado de Querétaro, a falta de disposición expresa es de establecer que válidamente deriva de la aplicación de la regla general contenida en el artículo 8o. del Código Civil del Estado, que determina: ‘Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.’.
"Al respecto, se suele denominar fraude procesal al acto o conjunto de actos procesales realizados en forma artificiosa o engañosa por una o ambas partes para perjudicar a otra persona, obtener un beneficio indebido o lograr un objetivo que no sería posible satisfacer sino mediante un proceso irregular. El fraude procesal tiene consecuencias tanto en el ámbito del derecho procesal civil como en el campo del derecho penal.
"El fraude procesal consiste en la realización de uno o varios actos de una o varios sujetos procesales tendiente a lograr a través de la actividad procesal, pero en forma maquinada un daño ilícito en perjuicio de un sujeto pasivo que normalmente será tercero al proceso, pero que puede ser la contraparte.
"Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso o a un tercero ajeno, impidiendo se administre justicia correctamente.
"La doctrina ha estimado que el juicio de nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento se considera como una aplicación en el terreno procesal de la acción pauliana.
"Tanto la doctrina, como la jurisprudencia y diversas ordenamientos legales, han considerado a la acción de nulidad de juicio concluido como un medio de defensa legal que se instaura contra la figura de la cosa juzgada, como una forma de excepción de ésta; y que procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualiza alguna de las siguientes hipótesis que se mencionan en forma enunciativa:
"a) Si son producto del dolo de una de las partes en perjuicio de la otra;
"b) Si se falló con base en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia; o bien, que se declaren falsas en el mismo proceso en que se ejercite la presente acción;
"c) Si después de dictada la resolución se han encontrado uno o más documentos decisivos que la parte no pudo presentar por causa de fuerza mayor o por un hecho imputable al contrario;
"d) Si la resolución adolece de error de hecho en el juzgado que resulta de los actos o documentos de juicio. Dicho error existe cuando el fallo se funda en la admisión de un hecho cuya exactitud debe excluirse por modo incontrastable o cuando se supone la inexistencia de un hecho cuya verdad queda establecida positivamente, y, en ambos casos, si el hecho no representaba un punto controvertido sobre el cual la sentencia debía expedirse;
"e) Si la resolución emitida en el juicio, cuya nulidad se pretende, es contraria a otra dictada con anterioridad y pasada también en autoridad de cosa juzgada respecto de las partes, siempre que no se haya decidido la relativa excepción de cosa juzgada;
"f) Si la resolución es el producto del dolo del Juez, comprobado con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;
"g) Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes, en el juicio cuya nulidad se pide;
"La acción de nulidad de juicio concluido puede ser ejercitada por quienes hayan sido partes en el proceso, sus sucesores o causahabientes o terceros, a quienes perjudique la resolución.
"Comúnmente la interposición de la acción de nulidad de juicio concluido no suspenderá la ejecución de la resolución firme que la motivare. Excepción a la regla anterior será el caso en que de ejecutarse la sentencia que ha quedado firme en el juicio reclamado nulo se pueda causar un daño irreparable al promovente de la nulidad.
"Respecto de los efectos de la sentencia declaratoria de la nulidad de un juicio concluido están dirigidos a desconocer la eficacia de la cosa juzgada que se produjo en una determinación judicial en el juicio seguido en forma fraudulenta, con el propósito de que el afectado por dicho procedimiento tenga la posibilidad de intervenir en él y hacer efectivo su derecho de defensa.
"De lo anterior se sigue que, si bien la prestación principal que se demanda en el juicio de nulidad es la declaración judicial de nulidad absoluta de un juicio concluido, por ser resultado de un proceso fraudulento, la naturaleza de la acción es civil, cuenta habida de que, estando en presencia de un juicio autónomo, la materia de la litis está constituida, no por la que fue materia del juicio cuya nulidad se pide, sino por el procedimiento seguido en aquél, es decir, la litis y las acciones que se demandan son diferentes de las que fueron en el juicio primigenio.
"Así la acción ejercitada en el juicio de nulidad es la nulidad absoluta de un juicio concluido por ser resultado de un proceso fraudulento y, la litis, la violación del debido proceso legal conforme a las diversas hipótesis previstas en la ley.
"Por tanto, en el procedimiento de nulidad de juicio concluido se analiza la conducta procesal de las partes en ese juicio y si ésta constituye o no un actuar fraudulento, para determinar si procede la anulación de ese procedimiento.
"Conforme a lo anterior, el juicio de nulidad que se intentó tiene por objeto decretar la nulidad de todo el procedimiento concluido. De esta manera la acción de nulidad que nos ocupa constituye el único medio de defensa legal que tiene por objeto destruir la autoridad de la cosa juzgada.
"Si bien el juicio de nulidad es un medio de defensa independiente y autónomo que tiene por objeto declarar la existencia de un fraude procesal y cuyos alcances son diversos a la resolución que se dicte en el amparo, dada su propia naturaleza y la materia de estudio de dichas instancias. Lo cierto es que ese juicio constituye un medio de defensa legal que intentó el afectado para obtener la nulidad de la sentencia dictada en el juicio primigenio y la eficacia de la cosa juzgada, lo que indudablemente le daría la oportunidad de intervenir en el juicio para defender sus intereses y derechos.
"Por ello, el juicio de nulidad en comento, tiene por efecto el revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, cuando éste se trata del ilegal emplazamiento al juicio primigenio, ya que a través de ese medio de defensa legal, se ventila la posibilidad de dejar sin efecto alguno el proceso fraudulento y obtener la oportunidad de ser oído en el procedimiento que en su oportunidad se reanude.
"Por tanto, aunque en el texto de la fracción XIV del artículo en cita no se mencione expresamente qué debe entenderse por ‘defensa legal’ y si ésta debe estar prevista en la ley para ser utilizada dentro del procedimiento del que derivan los actos reclamados ante las autoridades que los emiten; no debe perderse de vista que el legislador al señalar como procedente el trámite de una defensa legal con la que pueda revocarse, modificarse o nulificarse el acto reclamado, lo hace desde la perspectiva jurídica de que el juicio de garantías no puede subsistir simultáneamente con aquél ante la eventualidad de sentencias contradictorias.
"De ahí que si existe la posibilidad de que el acto reclamado pueda sufrir una variante por existir un medio de defensa legal en trámite que lo pueda alterar, es indudable que el juicio de garantías resulta improcedente, en virtud de que en caso contrario, podrían generarse resoluciones antagónicas.
"En estas condiciones, es claro que si la quejosa promovió un juicio de nulidad, por considerar fraudulento el juicio del que emanan los actos reclamados, con tal ejercicio de dicha acción, sí se está ante un medio de defensa legal procedente en contra de los actos de autoridad reclamados dentro del procedimiento; pues es, en sí mismo, un procedimiento que puede llevar a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
"Por tanto, la promoción del juicio de nulidad por juicio fraudulento por parte de la quejosa, al constituir un medio de defensa ejercido para obtener la nulidad del juicio concluido por procedimiento fraudulento, indudablemente que hace improcedente el juicio de garantías, en términos de lo previsto por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo.
"En esas condiciones, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de dicho ordenamiento.
"Conforme al resultado a que se ha arribado, se hace innecesario el estudio de los restantes agravios planteados en el recurso de revisión dirigidos a controvertir el fondo del asunto.
"Ahora, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el criterio que aquí se sustenta para tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, es discordante con el pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en la tesis número V.2o.C.T.24 C, consultable en la página 1756 del Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"‘NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO Y EN TRÁMITE AL MOMENTO DE RESOLVER EL JUICIO DE GARANTÍAS INSTAURADO CONTRA LA FALTA O ILEGAL EMPLAZAMIENTO, INHERENTE AL PROCEDIMIENTO CUYA NULIDAD SE RECLAMA. NO CONFIGURA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La interpretación histórica, literal, teleológica y sistemática de las fracciones XIII y XIV del artículo 73 de la ley de la materia evidencia que los recursos o defensas legales cuya tramitación, a propuesta del quejoso, ocasiona la improcedencia del juicio de garantías deben estar previstos en la ley, por regla general, dentro del procedimiento del que deriva el acto reclamado, como instrumentos ordinarios de impugnación para obtener la revisión o re-examen de la resolución discutida o eliminar la situación considerada injusta; y de esta manera determinar la firmeza o privación de efectos del propio acto materia del recurso o del medio de defensa. Ciertamente, este motivo de improcedencia surgió a través de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentadas en que el principio de autoridad de las resoluciones judiciales no debía exponerse a un conflicto insoluto, por encontrarse en trámite un recurso interpuesto por el quejoso; así se reconoció en la exposición de motivos del Código de Procedimientos Federales de seis de octubre de m
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23085-0af1156c/emplazamiento-cuando-se-promueve-amparo-por-su-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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