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Modo: Corpus Pro

TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. SU PROCEDENCIA NO REQUIERE DE SENTENCIA JUDICIAL PREVIA EN LA QUE SE HAYA CONDENADO AL PAGO DEL CRÉDITO PREFERENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 323/2010. · Registro digital (IUS): 22772
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 422.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 323/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una posible contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito denunciantes, se encuentran facultados para tal efecto.

TERCERO. Para efectos de determinar si existe o no una contradicción de tesis, es necesario analizar en primer lugar los criterios de las ejecutorias que participan en esta contradicción de tesis.

I. Tesis del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. Para identificar la tesis contendiente en el presente asunto, que dicho Tribunal Colegiado sustentó, se exhibieron en autos las ejecutorias que emitió al resolver los amparos directos **********, **********, ********** y **********.

1. Amparo directo **********. De autos se desprende que dicho juicio de amparo deriva de un juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos promovido por el ********** en contra de las partes de un juicio ejecutivo mercantil con la finalidad de obtener el producto del remate de un inmueble gravado con hipoteca a favor de dicho instituto, por considerarse acreedor preferente en primer lugar, grado y prelación respecto de un predio que iba a ser rematado.

La Sala responsable resolvió en contra de dicho instituto por considerar, en esencia, que el contrato de crédito con garantía hipotecaria celebrado e inscrito con anterioridad al embargo sólo demuestra la existencia de un gravamen anterior al embargo, pero no el mejor derecho del tercerista a ser pagado, ya que la prueba idónea para acreditar el mejor derecho es una resolución judicial que haya condenado al pago del crédito.

El ********** promovió juicio de amparo directo en contra de dicha resolución aduciendo, entre otras cuestiones, que acreditó los elementos fundamentales para la procedencia de la tercería excluyente preferencial de derechos, que son: la identidad entre el bien gravado en el juicio y el mejor derecho para ser pagado. El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que conoció del juicio de amparo, resolvió negar el amparo al quejoso, en lo que interesa, con base en las consideraciones siguientes:

"La manifestación antes resumida es infundada, porque contrario a lo que sostiene el impetrante del amparo, los elementos de convicción que exhibió en la secuela probatoria de la tercería excluyente de preferencia de pago, no son idóneos para justificar su aserto en el sentido de que su derecho al pago de la deuda era preferente al del actor en el juicio ejecutivo mercantil. Esto es así, porque tal como lo consideró la alzada, la documental consistente en el contrato de crédito con garantía hipotecaria sólo acredita la existencia de un gravamen anterior al embargo, pero esta circunstancia de manera alguna es suficiente para establecer que ese crédito debe cubrirse de manera preferente al aquí quejoso, ya que era menester justificar de manera fehaciente esa situación, lo que en la especie no aconteció, pues el hecho de que el crédito haya sido inscrito con antelación a los demás gravámenes no legitima su derecho para que la deuda le sea cubierta de manera preferencial, habida cuenta de que esa circunstancia, como ya se dijo, debe quedar debidamente acreditada en autos, extremo éste que de manera alguna quedó probado, sobre todo que para que la prueba presuncional adquiera valor probatorio es necesario que exista un hecho conocido y de una manera racional se obtenga el conocimiento de otro desconocido. Lo anterior encuentra apoya en la jurisprudencia número 325, publicada en la página 220, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: ‘PRESUNCIONES.’ (se transcribe). Finalmente, cabe decir, que conforme al artículo 2894 del Código Civil de aplicación federal, así como a su correlativo 2046 del Código Civil del Estado de Yucatán, los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de tercero, lo que implica que el derecho se transmite con el bien hipotecado y puede oponerse a cualquier adquirente sea cual fuere el acto que le de origen, precisamente porque la hipoteca resulta inseparable del bien hipotecado, y en esa medida no quedan nugatorios los derechos del instituto acreedor ..."

Dichas consideraciones son esencialmente iguales a las que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el **********.

2. Amparo directo **********. En lo que interesan, los antecedentes del amparo directo ********** son los siguientes:

Una institución bancaria promovió demanda en juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos en contra de las partes de un juicio ejecutivo mercantil, a fin de que en sentencia firme se graduara la preferencia del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, sus convenios modificatorios y secuestro que existía a su favor, por considerarse acreedor preferente en primer lugar, grado y prelación respecto de un predio que iba a ser rematado.

Desahogado el juicio en todas sus etapas, la Juez natural dictó sentencia en la que declaró que la tercerista tenía derecho preferente para cobrar su crédito con el producto del remate del predio subastado en el juicio ejecutivo mercantil de donde derivó la tercería.

Inconforme con esa decisión, la demandada interpuso recurso de apelación. La Sala que conoció de la apelación revocó la sentencia de primer grado y resolvió que no había procedido el juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos, en esencia, porque la institución bancaria debió haber justificado en forma fehaciente su derecho preferencial, lo cual sólo podía hacerse demostrando la existencia de una resolución judicial que haya condenado al pago del crédito hipotecario, ya que la inscripción anterior de la hipoteca en el Registro Público y el juicio hipotecario en trámite no son suficientes para demostrar el derecho preferente. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el amparo directo **********.

El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito resolvió negar el amparo a la institución bancaria quejosa, con base en las consideraciones siguientes:

"De la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable determinó que quien alegare el derecho preferente, necesariamente debía acreditar, de modo fehaciente, que el crédito hipotecario era exigible, es decir, que acreditare la existencia de un procedimiento en el que el tercerista demuestre que el deudor ha incurrido en incumplimiento de la obligación de pago que contrajo en el contrato de hipoteca y, por ende, que ha sido condenado mediante sentencia judicial a pagar al acreedor hipotecario el importe del crédito reclamado, de conformidad con el artículo 2893 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 1054 del Código de Comercio, que señala que el derecho del acreedor hipotecario a ser pagado en forma preferente, surge a partir del incumplimiento en el que incurra el deudor respecto de la obligación garantizada. Por tanto, que como de las constancias que aportó resultaban insuficientes para establecer que el crédito reclamado fuera exigible, dado que no justificó dicho extremo mediante la exhibición de la resolución judicial que hubiera definido su derecho y, por ende, que debiera cubrirse de manera preferente ante el incumplimiento de su acreditado, consecuentemente, que carecía de legitimación para instar la acción que intentó y exigir que la deuda le fuera cubierta de modo preferente. Para combatir esa decisión, la solicitante de garantías alega en concreto que no podía condicionarse la procedencia de una tercería excluyente de preferencia a la existencia de una sentencia que acreditara la exigibilidad del crédito cuyo pago se estima preferente, citando como apoyo el criterio judicial colegiado de rubro: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. PARA ACREDITAR LA EXIGIBILIDAD Y EL MONTO DEL CRÉDITO DEL TERCERISTA, NO ES NECESARIO EXHIBIR UNA SENTENCIA EJECUTORIADA.’ (se transcribe). Los anteriores argumentos se estiman infundados, toda vez que, efectivamente, en una parte de la tesis que invoca la Sala responsable para sustentar la sentencia reclamada, este Tribunal Colegiado, en su anterior denominación, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito sostuvo que el crédito hipotecario inscrito con antelación a un embargo, no necesariamente legitima al acreedor para exigir su pago preferente, sino que debe demostrarse que ese crédito sea exigible para la procedencia de su derecho, a través de las constancias que acreditaran la existencia de un procedimiento en el que el tercerista hubiera demandado al acreditado el pago de la deuda y la resolución judicial que le otorgara el derecho de ser pagado, pues de lo contrario, no quedaba demostrado que el crédito fuera exigible y tuviera derecho a obtener su pago, ya que ello no debía presumirse, sino probarse fehacientemente. La tesis que se menciona es la número XIV.1o.12 C, que aparece publicada en la página 1242, del Tomo XIII, mayo de 2001, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el IUS con el número 189556, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL CRÉDITO HIPOTECARIO INSCRITO CON ANTELACIÓN NO NECESARIAMENTE LEGITIMA AL ACREEDOR PARA EXIGIR SU PAGO PREFERENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).’ (se transcribe). Lo anterior es así, porque si bien es verdad que el artículo 1367 del Código de Comercio estatuye que la tercería excluyente de preferencia debe fundarse en el mejor derecho que un tercero deduzca para ser pagado; también lo es que ese mejor derecho no puede calificarse únicamente con los tipos de acreedores contendientes, sino que es menester examinar las disposiciones legales que rigen cada tipo de crédito para estar en aptitud de determinar cuál de aquéllos posee el mejor derecho para ser pagado, y si es o no necesario promover previamente a la tercería, un juicio en el que se dilucide si le corresponde o no el pago relativo. En la especie, tratándose de un crédito hipotecario como el que tiene a su favor el actor tercerista es necesaria la remisión a las leyes civiles locales, de las cuales se aprecia, como considera acertadamente la Sala responsable, que para que un acreedor hipotecario pueda ser pagado preferentemente, esto es, para que pueda hacer valer la calidad de crédito privilegiado, requiere ineludiblemente que su pago esté decretado judicialmente, ya que esto y no otra cosa se desprende de la lectura del artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el cual dispone categóricamente que el juicio hipotecario procederá para el pago o la prelación de un crédito hipotecario, siempre que éste conste en documento debidamente registrado y que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse, conforme a lo prevenido en el artículo 2061 del Código Civil de esta entidad, y siempre que en este último caso acredite el demandante que ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 2062 y 2063 del propio código; es decir, que la procedencia del juicio hipotecario se contempla para dos hipótesis: una, para obtener el pago del crédito respectivo, y otra, para conseguir la preferencia de dicho crédito; supuesto este último que debió tener en cuenta el demandante tercerista, antes de ocurrir en tercería para reclamar la preferencia del derecho que alegó para ser pagado con prioridad a su contraparte, lo que no hizo; de aceptar el sentido contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la parte deudora ya que sin haber sido oída en juicio, se le obligaría a pagar el crédito relativo y a los demás acreedores se les desplazaría por un crédito cuya exigibilidad es desconocida. Se sostiene lo anterior, pues no basta que el acreedor hipotecario manifieste que el crédito es exigible para tenerlo como verdad absoluta, ya que considerarlo de ese modo implicaría coartar el derecho del deudor a demostrar lo contrario en el juicio correspondiente. Luego, si por deuda exigible se entiende aquélla cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho, es claro que ello implica la necesidad de demostrar que en resolución judicial consta que ya se hubiera decretado a favor del tercerista el pago correspondiente, pues como atinadamente apunta la Sala responsable, puede darse el caso de que el deudor hipotecario se encontrare al corriente en sus pagos, o bien que se hubiera liberado de su obligación mediante el pago respectivo y, por tanto, que por tales razones no pueda estimarse que la deuda preferente que opone el tercerista sea exigible. En esas condiciones, es claro que al no haber justificado la ahora solicitante de amparo el hecho de que el pago de su crédito hipotecario ya hubiere sido decretado a su favor judicialmente, es patente que tampoco podía prosperarle la tercería excluyente de preferencia que promovió, y al haberlo estimado así la Sala responsable en la sentencia reclamada, es inconcuso que obró con apego a derecho, por ende, no resulta violatoria de garantías. Así, en relación con el criterio que invoca para apoyar sus conceptos de violación, de rubro: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. PARA ACREDITAR LA EXIGIBILIDAD Y EL MONTO DEL CRÉDITO DEL TERCERISTA, NO ES NECESARIO EXHIBIR UNA SENTENCIA EJECUTORIADA.’, publicado en la página 1553 del Tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registrado en el IUS con el número 177772, y que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo **********, el diecisiete de marzo de dos mil cinco, se expresa que no se comparte, en virtud de que en dicha tesis, básicamente se sostiene que para acreditar la exigibilidad y el monto del crédito, el tercerista no tiene la obligación de exhibir la sentencia ejecutoriada que condenare al pago de ese crédito, al estimar que la ausencia de tal resolución no restaba exigibilidad al crédito y, además, que de la regulación legal de la tercería excluyente de preferencia, no se derivaba la carga de probar la previa emisión de una sentencia para que se produzca esa exigibilidad o para que se demostrare el monto del débito. En razón a lo anterior y ante la contradicción de criterios entre el que sostiene en el presente asunto este Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, y el que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, formúlese la correspondiente denuncia en la vía que proceda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el precepto citado. Por las relacionadas consideraciones, lo que procede es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita ..."

Con base en las resoluciones de los AD. **********, AD. ********** y AD. **********, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, emitió la tesis siguiente:

"No. Registro: 189556

"Tesis aislada

"Materia(s): Civil

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, mayo de 2001

"Tesis: XIV.1o.12 C

"Página: 1242

"TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL CRÉDITO HIPOTECARIO INSCRITO CON ANTELACIÓN NO NECESARIAMENTE LEGITIMA AL ACREEDOR PARA EXIGIR SU PAGO PREFERENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). El hecho de que un inmueble embargado en juicio garantice también el derecho real de hipoteca en cumplimiento de una obligación adquirida con anterioridad y su preferencia de pago, a cargo del mismo deudor, que incluso fuera inscrita en el Registro Público de la Propiedad, si bien denota la preferencia prelatoria que se tiene respecto del último gravamen, y como tal no necesita entrar a concurso, sin embargo, por sí sola no legitima al acreedor para exigir ese privilegio, pues debe demostrarse no únicamente que se tiene derecho a su cobro sino que es igualmente exigible, lo cual quiere decir que ese derecho preferencial debe demostrarse con las constancias que acrediten la existencia de un procedimiento en el que el tercerista demandara al acreditado el pago de la deuda y de esa manera existiera resolución judicial que otorgara el mejor derecho de ser pagado, pues de lo contrario no se demuestra que el crédito sea exigible y se tenga derecho a obtener su pago, ya que lo anterior no debe presumirse sino probarse fehacientemente, a más de que no hace nugatorio el derecho del acreedor hipotecario, porque conforme a lo dispuesto en el numeral 2046 del Código Civil del Estado de Yucatán, los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de tercero, lo que implica que el derecho se transmite con el bien hipotecado y puede oponerse a cualquier adquirente sea cual fuere el acto que le dé origen, precisamente, porque la hipoteca es inseparable del bien sobre el cual recae, y en esa medida no hace nugatorios los derechos del acreedor.

"Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito.

"Amparo directo **********, **********, **********. 26 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Carlos Fernando Estrada Alpuche.

"Amparo directo **********. **********. 13 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Juliana Martínez Cerda.

"Amparo directo **********. **********. 22 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: María Isidra Domínguez Ojeda."

II. Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Para identificar la tesis contendiente en el presente asunto, que dicho Tribunal Colegiado sustentó, se exhibió en autos la ejecutoria que emitió, al resolver el amparo directo **********. En lo que interesa, los antecedentes de dicho asunto son los siguientes:

Una persona física promovió un juicio ejecutivo mercantil en contra de una persona moral reclamando el pago del principal e intereses moratorios derivados de diversos pagarés. El Juez natural admitió la demanda, emplazó a la parte demandada y embargó la empresa de la parte demandada como unidad económica.

Durante el curso de dicho procedimiento, después de que había sido trabado el embargo, el actor promovió tercería excluyente de preferencia en contra de las partes de otro juicio ejecutivo mercantil en el que la parte demandada era la misma persona moral demandada por el actor. El Juez natural dictó sentencia de primera instancia en el juicio de tercería, resolviendo que era improcedente e infundada la tercería promovida por la parte actora. En contra de dicha resolución la parte actora promovió recurso de apelación, cuya resolución confirmó la sentencia de primera instancia. Esa resolución constituye el acto reclamado en el AD. **********.

La Sala responsable fundó en dos razones la improcedencia de la tercería. Por una parte, señaló que se requería de una sentencia favorable, que hubiese quedado firme, a favor de la parte actora para acreditar la preferencia invocada y el monto preciso del crédito reclamado. Por otra parte, la Sala señaló que para que procediera la tercería se requería que el embargo se hubiese inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuestión que no se acreditó.

En lo que interesa, el actor adujo en sus conceptos de violación, que el derecho de prelación de un crédito no proviene de una sentencia que lo haya reconocido, sino de la propia naturaleza del crédito constituido, es decir, de la garantía particular proveniente del crédito en sí mismo, o de la que se adquirió en relación con el deudor o al tercero.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró fundado dicho concepto de violación, aunque a la postre lo declaró inoperante, por considerar que en el caso concreto el embargo sobre la negociación comercial debió haberse inscrito en el Registro Público de Comercio, en virtud de que dicha inscripción sí era necesaria para determinar la prelación en función del tiempo frente a terceros, con base en las consideraciones siguientes:

"Efectuada la anterior relación de antecedentes, es menester referirse a los dos aspectos torales involucrados en la especie, a saber, la exigibilidad y el monto del crédito, por un lado, y la inscripción del gravamen en el Registro Público correspondiente, por el otro. Sobre el primer aspecto, o sea, la demostración de la exigibilidad y monto del crédito que el tercerista tiene a su favor, es conveniente aludir a los artículos 1367 y 1374 del Código de Comercio, que disponen: (se transcriben). De acuerdo con esos preceptos, la tercería excluyente de preferencia es una acción que tiene un tercero para obtener que, con el precio del bien o bienes rematados, se le pague con preferencia al ejecutante, es decir, mediante ella el tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el producto de remate o de la enajenación de los bienes embargados, antes de que se haga el pago a la actora en el juicio principal. Así, el objeto de la tercería excluyente de preferencia es decidir cuál crédito se tiene que pagar primero, de modo que en ese procedimiento se dirime el mejor derecho que el tercero deduce para ser pagado y, por tanto, la tercería debe fundarse en la existencia de un derecho de crédito y la preferencia sobre el crédito del ejecutante, o sea, que por su naturaleza, excluye al derecho de crédito del acreedor en el juicio principal, de tal forma que, para declarar la preferencia que alegue el tercerista, la sentencia respectiva debe contener el análisis y pronunciamiento sobre la existencia del derecho de crédito y su calidad privilegiada, así como la demostración de la exigibilidad y el monto del crédito. Así, lo ha sostenido este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I. 3o.C.207 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de dos mil uno, página 1,823, que ahora se reitera y que señala: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. SU OBJETO ES DECLARAR CUÁL CRÉDITO TIENE QUE PAGARSE PRIMERO.’ (se transcribe). Por lo que se refiere a la necesidad de demostrar la exigibilidad y el monto del crédito, debe indicarse que ello tiene por objeto que el juzgador tenga la certeza de que no es posible negar el pago del crédito, así como determinar la cantidad que debe ser aplicable al crédito tercerista, o cuál es el importe que debe entregarse al ejecutante, en caso de que el crédito preferente sea menor que el precio del bien rematado, o bien a cuánto asciende el remanente que debe quedar a disposición del deudor. Lo anterior, deriva, en primer término, del artículo 2190 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone: (se transcribe). Conforme a ese precepto, un crédito es exigible cuando su pago no puede rehusarse conforme a derecho, por lo que, en la tercería excluyente de preferencia debe existir la certeza de que es un derecho de crédito preferente exigible y líquido, por lo que el deudor no podría rehusar legalmente denegar el pago correspondiente, ya que, de lo contrario, no podría haber un mejor derecho a ser pagado por parte del tercerista. Los artículos 2079 y 2080 del propio Código Civil, señalan el tiempo en que el pago de una obligación debe hacerse, de la manera siguiente: (se transcriben). De acuerdo con esos preceptos, el pago de una obligación debe realizarse en el término pactado, con excepción de los casos en que exista permisión o previsión diversa, o en su defecto, con posterioridad al transcurso del plazo de treinta días siguientes a la interpelación respectiva. Luego, una vez llegada la fecha de pago convenida, o cumplido el término que debe seguir a una interpelación, no cabe al deudor rehusar el pago que le sea requerido, es decir, la deuda resulta exigible. Debe matizarse lo anterior, señalando que, en adición a la sujeción a término que impone la necesidad de esperar el decurso temporal necesario antes de estimar vencido y, por tanto, exigible un débito, es necesario que el mismo exista y sea válido, amén de que no esté sujeto a alguna condición, bien sea suspensiva o resolutoria, acorde a lo previsto en los artículos 1938, 1939, 1940, 2224 y 2225 del invocado Código Civil, de la siguiente manera: (se transcriben). Acorde con la regulación de las figuras a que se refieren los preceptos transcritos, la inexistencia, la nulidad o las condiciones a que se sujete una obligación, impiden exigir el pago de ésta, situación que hay que tener en cuenta además de la incidencia de tiempo antes precisada. En segundo lugar, lo expuesto encuentra apoyo en el artículo 1374 del Código de Comercio, transcrito líneas arriba, que establece claramente que una vez definida la tercería de preferencia, se hará pago al acreedor que tenga mejor derecho, lo que implica necesariamente que en ese procedimiento debe dilucidarse, además de la existencia y preferencia del crédito, su monto, pues de otra forma no podría hacerse el pago previsto en el dispositivo legal invocado. En la especie, como se desprende de los antecedentes que se derivan del cuaderno de tercería, reseñados previamente, el ahora quejoso tiene a su favor un derecho de crédito derivado del pago de seis pagarés que suman un total de **********, con base en el cual inició el juicio ejecutivo mercantil número **********, mismo que, al promoverse la tercería excluyente de preferencia no había concluido con sentencia ejecutoriada. Sin embargo, la sola ausencia de esa resolución definitiva no restaba exigibilidad al crédito porque de la regulación legal de la tercería de preferencia no deriva la carga de probar la previa emisión de una sentencia para que se produzca la exigibilidad de la obligación y, por ende, no puede condicionarse la procedencia de la tercería de preferencia a la exhibición de esa resolución, como sostuvo la Sala responsable. De igual manera, el monto del crédito estaba determinado en la suma de **********, con independencia de que existieran cantidades pendientes de liquidar, como las correspondientes a los intereses moratorios y a los gastos y costas, ya que, en todo caso, si en el procedimiento de tercería debe retenerse, mediante depósito, el producto de la venta del bien rematado, hasta que se decida la tercería, era factible que, establecida la preferencia a favor del tercerista, se pagara el importe antes mencionado y se esperara la liquidación de la cantidad restante, o en su defecto, solamente se decretara el pago de la cantidad líquida, pero, en todo caso, fue inexacta la consideración de la Sala responsable en el sentido de que el monto del crédito no se había acreditado. En ese tenor, resultan fundados los motivos de violación, mismos que, sin embargo, son inoperantes. Lo anterior, se debe, por un lado, a que, como se dejó asentado en la parte inicial de este considerando al calificar de inoperantes parcialmente los conceptos de violación, el quejoso se abstuvo de combatir uno de los razonamientos medulares de la sentencia reclamada, o sea, el referente a que es una regla general para determinar la prelación de los créditos, la inscripción de los gravámenes en el Registro Público de la Propiedad, misma que es bastante para sostener el sentido del fallo reclamado ... . Al respecto, debe observarse que la preferencia de los créditos frente al deudor común deriva de las disposiciones sustantivas respecto de la prelación que los mismos tienen, ya que la tercería excluyente de preferencia entraña la concurrencia de acreedores frente al deudor común, por lo que debe definirse cuál es el derecho de crédito preferente que debe ser cubierto con los bienes del deudor. En efecto, no basta que el tercerista demuestre que es acreedor del mismo deudor al ejecutante, sino que es necesario que acredite que el derecho de crédito que tiene es preferente en relación con el acreedor ejecutante, atendiendo a la garantía que esté relacionada con su derecho, ya que ambos y otros acreedores que pudieran existir, pretenden ser pagados con el mismo bien o bienes pertenecientes al deudor, o con el producto de su venta judicial, de manera que es conveniente acudir a la ley sustantiva civil federal que regula los diversos criterios que deben observarse para discernir la preferencia crediticia. Previamente, es necesario para aclarar que, sin perjuicio del criterio que deba seguirse en cada caso de los que se mencionan en los párrafos subsecuentes, tratándose de la prelación de un crédito deb

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22772-e1383dbd/terceria-excluyente-de-preferencia-su-procedencia-no-requiere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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