VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, ESTANCIA Y TENENCIA DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y LAS OBLIGACIONES FISCALES Y ADUANERAS RELACIONADAS CON ELLAS. NO ES ILEGAL LA ORDEN RELATIVA AUNQUE SE DIRIJA GENÉRICAMENTE AL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 230/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión fiscal 500/2009, es del siguiente tenor:
"QUINTO. Los agravios son jurídicamente ineficaces. En ellos, la autoridad recurrente, aduce concretamente que la sentencia viola el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que contrario (sic) a lo que sostiene la Sala, la orden de visita domiciliaria sí cumple con los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que se dirigió al propietario, poseedor o tenedor de la mercancía, sin que sea necesario el señalamiento del nombre de la persona a quien va dirigida, debido a que conforme a la naturaleza de la visita, la autoridad desconoce los datos identificatorios de la persona que tiene en su poder la mercancía de origen de otro país, por lo que se omitió citar el nombre del contribuyente, al no saber si la mercancía es de su propiedad o bien, de otro causante. Añade la disidente que es legal que la orden de visita domiciliaria se dirija al propietario, poseedor o tenedor de la mercancía, ya que tiene como finalidad revisar la legal propiedad o posesión de las mercancías que se encuentran en el domicilio ahí señalado, no así la situación fiscal del individuo, por lo que basta que contenga los datos del domicilio en que se encontraba la mercancía, al contener los elementos suficientes que permitan la identificación de los bienes, pues no se verificó la situación fiscal de **********. Continúa diciendo la discorde que a la orden de visita dirigida al propietario, poseedor y tenedor de mercancías de procedencia extranjera no puede exigírsele la determinación de la persona a quien va dirigida, dado que es imposible dentro de la lógica jurídica, especificar el nombre, ya que sería obligar a la autoridad a que esa verificación sólo la hiciera a persona identificada por su nombre, lo cual haría difícil el ejercicio de las facultades de fiscalización de mercancías o bienes que se introducen al país, en contravención a las leyes y ordenamientos fiscales, dado que para que el mandamiento escrito de autoridad competente esté fundado y motivado, basta que se dirija al propietario, poseedor y tenedor de la mercancía de otro país. Agrega la discrepante, que de aceptarse el criterio de la a quo, se coartarían las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ya que pudiera darse el caso que si las mercancías de procedencia extranjera que se encontraran en el domicilio de la contribuyente, resultaran ser propiedad de otra persona física o moral, y la orden de visita domiciliaria se hubiese dirigido a persona cierta, aquélla se encontraría impedida para llevar a cabo la revisión, dado que tal mandamiento se encontraba direccionado a otra persona; que la orden de visita se giró para que se revisara la mercancía de procedencia extranjera que se encontrara en el domicilio ahí señalado, sin que ello conlleve a revisar exclusivamente las mercancías propiedad de la actora en el juicio de nulidad, pues, existía la posibilidad de que en el domicilio fiscal de **********, se encontraran mercancías de procedencia extranjera que no fueran de su propiedad, por lo que no resulta factible que se dirigiera a dicha persona moral, ya que no se iba a revisar su situación fiscal, sino las mercancías de origen extranjero que estuvieran en su domicilio, que no necesariamente tenían que ser de su propiedad. Concluye la disconforme que el ejercicio de las facultades de comprobación en contribuciones en materia aduanera y de comercio exterior tienen características particulares que ameritan un tratamiento especial en relación con los demás procedimientos de fiscalización, debida su naturaleza eminentemente móvil de las mercancías generadoras de dichas contribuciones, porque pueden fácilmente cambiarse de un lugar a otro o inclusive pueden ser vendidas por el importador, resultando difícil saber con certeza quién es el propietario de ellas, razón por la que las órdenes respectivas cumplen con el artículo 16 constitucional, al expedirse al propietario y/o poseedor de la mismas, ya que de lo contrario, se estarían coartando las facultades de comprobación de la autoridad fiscal en ese ámbito. No asiste la razón jurídica. Previo (sic) a razonar y fundamentar tal aserto, de especial relevancia resulta hacer algunas acotaciones sobre las órdenes de visita domiciliaria que pueden practicar las autoridades fiscales, desde la perspectiva constitucional y legal que las rigen. Para tal efecto, en primer lugar, se estima necesario realizar el estudio de lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a los requisitos que debe cumplir la autoridad administrativa para llevar a cabo actos de molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, a fin de estar en posibilidad de determinar con conocimiento de causa, si la orden de visita domiciliaria para verificar la legal estancia o tenencia en el país, por estar dirigida al propietario, conductor y/o tenedor, resulta violatoria de dicha Norma Suprema, por no consignar el nombre del individuo o representante legal de la persona moral a quien se pretende visitar. Dicho precepto, en la parte que interesa previene: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). De la lectura del numeral transcrito se observa que contempla diversos requisitos a los cuales debe sujetarse la autoridad administrativa cuando ejerza sus facultades de comprobación, entre ellas, las que tengan la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados, señalando como uno de ellos que su ejercicio se debe ajustar a lo dispuesto por las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Los requisitos aludidos son los siguientes: (se transcribe). El referido numeral 38, establece lo siguiente: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Del texto anterior se desprende que los requisitos que establece el numeral en comento, son: Constar por escrito. Señalar la autoridad que lo emite. 3) Estar debidamente fundado y motivado. 4) Expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. 5) Ostentar la firma del funcionario competente para ello. 6) El nombre o nombres de las personas a las cuales vaya dirigido o, en su caso, si se ignora su nombre, señalar datos suficientes que permitan su identificación. 7) En caso de que se trate de resoluciones que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de dicha responsabilidad. Por su parte, el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, textualmente establece: ‘Artículo 43.’ (se transcribe). Como se puede apreciar, este numeral agrega otros requisitos que debe contener una orden de visita, además de los establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, entre los cuales se encuentran los siguientes: el lugar o lugares donde deba efectuarse la visita y, el nombre de la persona o personas que deban efectuar la misma. Lo antes expresado se corrobora con la jurisprudencia 7/93 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/90, en sesión de ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, que es del tenor siguiente: ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que señala: ‘VISITAS DOMICILIARIAS, ÓRDENES DE. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER.’ (se transcribe). Ahora bien, se estima conveniente analizar a la luz de las leyes fiscales, los diversos tipos de facultades con que cuenta la autoridad hacendaria en términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados hayan cumplido cabalmente con lo que establecen las diversas disposiciones fiscales, a las cuales ineludiblemente, se les debe aplicar lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los requisitos consignados en los artículos 38 y 43 del código indicado, toda vez que se trata de actos de molestia que inciden en la esfera jurídica de los gobernados. Para ello, se transcribe el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). Del examen del numeral preinserto, se infiere que entre los medios con que cuenta la autoridad hacendaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados, en ejercicio de sus facultades de comprobación, se pueden destacar las siguientes: Requerir al contribuyente para que presente diversa documentación a fin de rectificar errores aritméticos u omisiones en las declaraciones, solicitudes o avisos que presente. Solicitar a los gobernados para que exhiban su contabilidad y que proporcionen los datos, documentos o informes que se les soliciten. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados a fin de revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Revisar los dictámenes de contador público sobre los estados financieros de los contribuyentes. Efectuar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en el Registro Federal de Contribuyentes, así como constatar la legal estancia de bienes o mercancías en el país. Practicar avalúos o verificación física de todo tipo de bienes, incluso durante su transporte. Cabe destacar que en todos estos casos existe la necesidad de que el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades se realice en estricto acatamiento a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo que disponen los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, pues, de lo contrario, se violarían en perjuicio de los gobernados, las garantías de legalidad y de seguridad jurídica consagradas por nuestra Constitución, por lo que necesariamente las órdenes que al efecto se emitan deben constar por escrito, estar firmadas y emitidas por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, el objeto de la misma, los destinatarios de la orden o en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. Resulta aplicable por analogía, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que a continuación se cita, seguida de sus datos de identificación, cuya voz y texto son los siguientes: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, DEBE PRECISAR EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN.’ (se transcribe). De lo precedentemente relatado se colige con meridiana claridad que el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades hacendarias para verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados tiene diversas modalidades, entre las que destaca por su importancia en el problema jurídico planteado, efectuar visi
as domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los particulares, a fin de revisar su contabilidad, constatar que han cumplido con la obligación de expedir comprobantes fiscales, así como respecto a la presentación de avisos o solicitudes en el Registro Federal de Contribuyentes y verificar la legal estancia o tenencia de mercancía en el país, la cual debe de cumplir con los requisitos que al efecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordenamientos específicos que la regulen. Por lo tanto, cualquier acto de molestia que se dirija al gobernado, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que al efecto establece la Constitución Federal en su artículo 16, así como los ordenamientos respectivos que regulen la actuación por parte de la autoridad, esto es, los que señalan el artículo 38 y, en su caso, el numeral 43 del Código Fiscal de la Federación. Así, considerando todos los anteriores elementos, resulta indudable que las autoridades al momento de ejercer sus facultades de comprobación, a fin de verificar la legal importación, tenencia y estancia en territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera, deben cumplir con los requisitos antes mencionados, a saber: 1) constar por escrito; 2) ser emitida por autoridad competente; 3) estar debidamente fundada y motivada; 4) señalar el lugar que ha de inspeccionarse; 5) indicar la persona o personas a las cuales va dirigida o, los datos que permitan su identificación; 6) Precisar el objeto de la misma; 7) sujetarse a lo dispuesto por las leyes respectivas; 8) asentar el nombre de la persona o personas que deban efectuar la misma; y, finalmente, 9) estar firmada por el funcionario competente para ello, pues sólo en esa medida se podrán respetar los derechos fundamentales de los gobernados, toda vez que la actuación de la autoridad, en este tipo de revisiones, implica, necesariamente, un acto de molestia para el particular. A más de que, tratándose de las visitas domiciliarias, el artículo 16 constitucional protege fundamentalmente la inviolabilidad al domicilio del gobernado, elevada a una garantía individual, es decir, que para que sea válida la intromisión de la autoridad administrativa en el domicilio, debe cumplir exactamente con todas las formalidades y exigencias que dicha norma contempla y que autoriza las visitas domiciliarias y las asemeja a las órdenes de cateo. En vista de lo razonado, es incuestionable que resulta ilegal la orden de visita domiciliaria que se encuentra dirigida simplemente al propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, al no apegarse a lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Federal y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, como a continuación se explicitará. Como quedó precisado en líneas de antelación, el antedicho precepto 38, fracción IV, establece como uno de los requisitos que deben reunir los actos administrativos que se le van a notificar a los gobernados, el de señalar el nombre de la persona a la que vaya dirigido, o bien, en caso de que se ignore su nombre, los datos que permitan su identificación. Justamente por ello, el hecho de que la orden materia de controversia en el juicio contencioso administrativo, a través de la cual la autoridad hacendaria pretendió verificar la legal importación, tenencia y estancia en territorio nacional de la mercancía de origen de otro país, se encuentre dirigida al propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía que se va a revisar viola lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que aun cuando no está encaminada a revisar la situación fiscal de la contribuyente, parte actora en el juicio, sino la legal estancia de tales bienes en el país; empero, no es menos exacto que, conforme a la naturaleza de esas visitas, rige un aspecto relevante, fundamental y preponderante, como lo es el reconocimiento que hace el numeral 16 de la Ley Suprema, acerca de la inviolabilidad del domicilio como derecho subjetivo del particular elevado a garantía individual, que paralelamente obliga a la autoridad administrativa a cumplir en su exacta dimensión con cada una de las formalidades y exigencias que prevé dicha norma constitucional y la disposición legal secundaria correspondiente, previamente a la intromisión al domicilio del gobernado. Por eso, se estima indispensable que ese tipo de visitas domiciliarias contengan el nombre de la persona física o denominación de la persona moral a quienes va dirigida, en virtud de que, la consecuencia directa e inmediata es la intromisión del domicilio del gobernado, para la verificación de la legal estancia en el territorio nacional de las mercancías de procedencia extranjera que se ubiquen en el domicilio consignado en el mandamiento respectivo. De tal forma que el nombre de la persona constituye un requisito ineludible e insoslayable, a efecto de que la mencionada visita domiciliaria se apegue a la Constitución Federal y a las disposiciones jurídicas específicas o, en su defecto, en el caso de ignorarse dicho nombre o denominación, señalar los datos que permitan su identificación, desde el momento en que, como se dijo, ese acto administrativo entraña la intromisión del domicilio, que se regula bajo ciertas directrices constitucionales y legales, entre ellas, el señalamiento del nombre de la persona a quien va dirigido, que válidamente puede conocerse por la autoridad fiscal previamente a su emisión, por tratarse de un contribuyente al que se pretende revisar mercancía de procedencia extranjera que está sentada en su domicilio (no en movimiento) y, que es el que precisamente, se protege a través de la garantía individual de que se trata. Máxime, porque no debe perderse de vista que de acuerdo al artículo 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, las personas que importen mercancías están obligadas a estar inscritas en el padrón de importadores y, en su caso, en el padrón de importadores de sectores específicos que están a cargo del Servicio de Administración Tributaria, debiendo encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como acreditar que están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. De modo que si la autoridad aduanera, al emitir la orden de visita domiciliaria en cuestión, precisó el domicilio donde va a practicarse, fácilmente puede corroborar y constatar el nombre, denominación o razón de la persona a quien va dirigida, porque en su caso, cuenta con los datos relativos y, en esa medida, no resulta apegado a derecho, que el mandamiento combatido en el juicio de nulidad, contenga la frase lingüística ‘propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera’, ya que se vincula con un domicilio y con la finalidad de verificar la legal importación de mercancía extranjera ahí establecida, que por consecuencia, debe reunir entre otros requisitos, el nombre de la persona a quien va dirigido el citado acto de molestia o bien, contener los datos suficientes que permitan su identificación, al estar de por medio la garantía individual de inviolabilidad del domicilio. En esa virtud, es inconcuso que para que se respete la garantía de seguridad jurídica del gobernado, ha menester que se asiente expresamente a qué persona se dirige la orden de visita domiciliaria, ya que lo que se pretende verificar es la legal tenencia y estancia de la mercancía de procedencia extranjera que se sitúa en el domicilio del contribuyente (no está en movimiento fuera del lugar a visitar), razón por la que los elementos ‘propietario, poseedor y/o tenedor’, no son suficientes para identificar a la persona a la cual se le dirige. Tampoco es óbice a lo narrado la afirmación de la disidente en el sentido de que al momento de practicarse la visita domiciliaria, pudiera encontrarse dentro del domicilio materia de la orden de visita domiciliaria mercancía de procedencia extranjera que no sea propiedad de la persona visitada, sino de un tercero, lo que haría imposible su embargo precautorio. En efecto, los artículos 144, fracciones III, X y XVI, 151, fracción II y 155, de la Ley Aduanera, estatuyen: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). ‘Artículo 151.’ (se transcribe). ‘Artículo 155.’ (se transcribe). Del examen sistemático del panorama general normativo reproducido, haciendo uso de una adecuada hermenéutica jurídica, que permite fijar su verdadero sentido y alcance, se impone concluir que entre las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal se encuentra, la de requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y de terceros la documentación sobre las mercancías de importación o exportación y, en su caso, practicar el embargo precautorio de esas mercancías ante la falta de acreditamiento de la legal estancia en el país, comprobando la comisión de infracciones e imponiendo las sanciones respectivas. En la inteligencia de que dicho embargo precautorio procederá cuando no se acredite con la documentación aduanera respectiva que la mercancía a revisar se sometió a los trámites previstos en la Ley Aduanera, para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país o bien, cuando no se acredite su legal estancia o tenencia. Por tal razón, si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el territorio nacional no se acredite, las autoridades aduaneras procederán a embargarla precautoriamente, cuyo visitado contará con el plazo de diez días para demostrar la legal estancia y ofrecerá las pruebas que estime pertinentes para ello. En función de esas premisas, es incontrovertible que la circunstancia de que la orden de la visita domiciliaria se dirija a persona específica y determinada (nombre del contribuyente), a efecto de cumplir con el artículo 16 de la Carta Magna, en correlación con el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, de ninguna manera impide a los visitadores que la practican, llevar a cabo el embargo precautorio de la mercancía de origen de otro país, cuya legal estancia en el territorio nacional no se acredita, aun cuando no sea propiedad del visitado, ya que recuérdese, las autoridades aduaneras cuentan con facultades no solamente para requerir a los contribuyentes, sino a terceros por los informes y documentación de las mercancías de importación, además de que el acreditamiento de mérito no únicamente se refiere a la legal estancia, sino también a la debida tenencia, es decir, respecto a mercancía extranjera que detente la persona visitada, que bien puede pertenecer a terceros, que por cierto, de encontrarse al momento de la práctica de la visita domiciliaria, es dable jurídicamente su embargo precautorio; sin perjuicio de que respectivamente el visitado o el tercero dentro del plazo legal acrediten la legal estancia o tenencia en el país. De ahí que contrario a lo que pretende la recurrente, por imperativo de la ley, la autoridad aduanera ejecutora, al momento de llevar a cabo la visita domiciliaria en cita, sí puede jurídicamente practicar el embargo precautorio de la mercancía de procedencia extranjera, respecto de la cual no se acreditó su legal estancia o tenencia en el territorio nacional, aun cuando el respectivo mandamiento esté dirigido a una persona distinta a la propietaria de la mercancía, ya que como se vio, esto último no constituye un impedimento legal para ello. Razonarse en distintos términos, implicaría sostener un criterio que se aparta ostensiblemente del sentido y alcance de la normatividad aduanera atinente a la regulación de las atribuciones de las facultades de comprobación en materia aduanera y de comercio exterior y del embargo precautorio, en atención a que se le impediría y coartaría al ente administrativo, sin justificación válida, la práctica del embargo precautorio de bienes respecto de los cuales no se acreditó la legal estancia y tenencia en el país, por el solo hecho de que no son propiedad del visitado, lo que precisamente se pretendió evitar por el legislador, al autorizar expresamente a las autoridades aduaneras requerir a terceros por esa acreditación, así como embargar precautoriamente cualquier mercancía de procedencia extranjera, cuya legal tenencia o estancia no se acredite al momento de que se efectúe la visita domiciliaria. Como corolario de las consideraciones expuestas, debe señalarse que en el caso particular, no se está ante una excepción a la regla general de que en la orden de la visita domiciliaria debe constar el nombre o denominación de la persona a quien va dirigida, como ocurre, en las órdenes encaminadas a verificar la legal procedencia de los vehículos extranjeros, porque éstos son bienes que se encuentran en continuo movimiento, y que no necesariamente son conducidos por la misma persona en todo momento, lo que hace prácticamente imposible que la autoridad administrativa (facultada para emitir la orden) conozca el nombre de la persona a la cual se le va a dirigir, bastando que se encuentre dirigida al propietario, conductor y/o tenedor para que no resulte violatoria de lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se llega a esa conclusión, en virtud de que la mercancía de procedencia extranjera que se pretende verificar, a diferencia de las referidas unidades motrices, se supone que están estáticas dentro del domicilio en la fecha en que tendrá verificativo la práctica de la diligencia, esto es, no están en un constante movimiento que llegue al grado de impedir conocer el destinatario de la orden respectiva, que, como se ha dicho, puede indagarse y, en su caso, saberse por la autoridad aduanera antes de que emita la orden respectiva, por tratarse de un contribuyente que bien puede estar registrado en el padrón de importadores o en el Registro Federal de Contribuyentes. Por consiguiente, tratándose de órdenes de visita domiciliaria para verificar la legal procedencia de las mercancías extranjeras en determinado domicilio, la precisión del nombre de la persona a quien se dirige sí constituye un elemento de legalidad, como correctamente lo sostiene la Sala Fiscal y administrativa, porque esa facultad de comprobación tiene lugar en el domicilio del gobernado, o sea, está vinculada con la intromisión al domicilio del gobernado que se rige bajo la garantía individual prevista en el artículo 16 constitucional (inviolabilidad del domicilio), lo que no sucede con la verificación de vehículos de otro país, que no encuentra su razón de ser y justificación en alguna intromisión al domicilio. Cítase al respecto, las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visibles en las páginas 1512 y 811, Tomos XIX, marzo de 2004 y XVI, diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis son del tenor siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD ALEGA QUE BASTA CON ESPECIFICAR EN LA ORDEN DE VISITA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA, QUE ÉSTA SE PRACTICARÁ A SU PROPIETARIO O POSEEDOR, AUN TRATÁNDOSE DE NEGOCIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.’ (se transcribe). En mérito a las consideraciones esgrimidas, este órgano jurisdiccional no comparte la tesis sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1378, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN EN MATERIA ADUANERA. NO ES ILEGAL POR ESTAR DIRIGIDA AL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR DE LA MERCANCÍA.’ (se transcribe). Se dice que no se comparte el criterio reproducido, ya que como se indicó, la orden de visita domiciliaria de mercancías de procedencia extranjera tiene como finalidad la intromisión al domicilio que es protegida por la garantía individual de inviolabilidad al domicilio, que por lo tanto, debe reunir los requisitos previstos por los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, entre los que se encuentran el señalamiento expreso de la persona a quien se dirige el mandamiento o bien, que se asienten los datos que permitan su identificación. En esa tesitura, no puede considerarse válido ese tipo de órdenes, por el hecho de que estén dirigidas al ‘propietario y/o poseedor’ de las mercancías, ya que las autoridades fiscales sí pueden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22461-98b80fd3/visita-domiciliaria-para-verificar-la-legal-importacion-estancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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