CUOTAS COMPENSATORIAS. NO SON CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE QUE RESULTAN DE UN PROCEDIMIENTO EN QUE SE OYE A LOS INTERESADOS Y NO SON UNA EXPRESIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA. COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMERCIO EXTERIOR. LA POTESTAD TRIBUTARIA CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO ESTÁ CONDICIONADA A PROCEDIMIENTOS O REQUISITOS DE VALORACIÓN QUE IMPIDAN A ÉSTE FIJAR CONTRIBUCIONES EN DICHA MATERIA. COMERCIO EXTERIOR. LOS CRÉDITOS FISCALES PROVISIONALES DETERMINADOS CONFORME AL ARTÍCULO 121-B DE LA LEY ADUANERA PUEDEN DESVIRTUARSE MEDIANTE LAS PRUEBAS QUE EL GOBERNADO APORTE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA EMITIR, EXPRESA O TÁCITAMENTE, LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, POR LO QUE CON TAL REGULACIÓN SE RESPETA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 1996). CONTRIBUCIONES. CARECEN DE ESTA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO CUYO ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS Y A QUE EL ÓRGANO INVESTIDO DE LA RESPECTIVA ATRIBUCIÓN ACREDITE QUE DETERMINADOS HECHOS DEL PASADO JUSTIFICAN SU CREACIÓN. CRÉDITOS FISCALES. LA FACULTAD QUE CONFIERE EL ARTÍCULO 121-B DE LA LEY ADUANERA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA DETERMINARLOS PROVISIONALMENTE, SIN SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, NO SE RIGE POR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS). CUOTAS COMPENSATORIAS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES IMPLÍCITAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIONES X Y XXX, Y 131 CONSTITUCIONALES, PARA OTORGAR A UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL LAS ATRIBUCIONES QUE LE PERMITAN DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ESTABLECER, EN SU CASO, AQUÉLLAS. CUOTAS COMPENSATORIAS. EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE PARA SU ESTABLECIMIENTO NO ES ANÁLOGO AL QUE DESARROLLAN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA FIJAR LAS BASES, CUOTAS O TARIFAS DE UNA CONTRIBUCIÓN, NI PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN Y TAMPOCO TIENEN LA NATURALEZA DE UNA CONTRIBUCIÓN DE CARÁCTER EXTRAFISCAL CUOTAS COMPENSATORIAS. LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE ECONOMÍA) PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EN LAS QUE ESTABLEZCA PRESTACIONES PATRIMONIALES DE ESA NATURALEZA, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. LA FACULTAD DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE ECONOMÍA) PARA IMPONERLAS, NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE ESA NATURALEZA, PUES LA HIPÓTESIS DE HECHO QUE AL SER REALIZADA POR LOS GOBERNADOS PROVOCARÁ LA RESPECTIVA OBLIGACIÓN DE PAGO, SURGE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE EJERCE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. NO TIENEN NATURALEZA JURÍDICA DE CONTRIBUCIONES, EN VIRTUD DE QUE SU ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LAS PARTES INTERESADAS E, INCLUSO, AL ACREDITAMIENTO DE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL. CUOTAS COMPENSATORIAS. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL QUE RIGE SU ESTABLECIMIENTO, DETERMINACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO LES HAYA DADO (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. PARA DETERMINAR SU NATURALEZA DEBE ACUDIRSE TAMBIÉN A LO DISPUESTO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, INCORPORADOS AL ORDEN JURÍDICO NACIONAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA DEFINITIVA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS Y A QUE SE ACREDITE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA PROVISIONAL ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE REÚNA LOS ELEMENTOS SUFICIENTES CONFORME A LOS CUALES QUEDE ACREDITADO QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA, CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. DIVISIÓN DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACIÓN LITERAL. DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO.
AMPARO EN REVISIÓN 1162/96. XOCONGO MERCANTIL, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Por orden lógico y por referirse a una cuestión de orden público, se analizan de manera preferente los agravios expuestos por la autoridad recurrente, donde sostiene la existencia de diversas causales de improcedencia.
En primer término, se alega que debió sobreseerse en el juicio respecto de los actos que se hicieron consistir en la expedición y refrendo de los diversos ordenamientos legales cuya constitucionalidad se discute, y para lo cual se argumenta que tales actos no afectan por sí solos los intereses jurídicos de la quejosa, sin haberse tomado en cuenta la tesis citada en el respectivo informe justificado.
Es infundado tal argumento, pues si bien es cierto que los ordenamientos legales impugnados no afectan por sí solos los intereses jurídicos de la quejosa, no menos lo es que aquéllos son combatidos por esta última con motivo de actos de aplicación en su perjuicio, materializados en el oficio 326-A-7987, expedido por el administrador general de Aduanas en fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por el cual se determina a la quejosa un crédito fiscal por la cantidad de N$702,656.73 (setecientos dos mil seiscientos cincuenta y seis nuevos pesos 73/100 M.N.), por concepto de cuotas compensatorias y se le impone multa por la cantidad de N$1'053,995.00 (un millón cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco nuevos pesos 00/100 M.N.), acto este último también impugnado en el juicio de garantías, circunstancias que acreditan el interés jurídico de la quejosa.
Cobra aplicación al caso el criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del Pleno, consultable en la página 23 de la Gaceta Número 67, julio de 1993, Octava Época, que a la letra dice:
"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal."
No está por demás agregar que la tesis citada por la recurrente en el informe justificado que rindió no se actualiza en el presente caso, donde quedó plenamente acreditado que las diversas disposiciones de observancia general reclamadas sí se concretaron en la esfera jurídica de la quejosa, pues en el referido criterio se alude en forma genérica a la hipótesis en la que al acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso
En el segundo punto de los agravios se alega que conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debió decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en relación con el acto consistente en la resolución de carácter provisional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por la que se declara de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, a través de la cual se establecieron cuotas compensatorias provisionales a las importaciones originarias y procedentes de la República Popular China, por considerar que en la especie operó un cambio de situación jurídica, toda vez que con fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el subsecretario de Comercio Exterior e Inversión Extranjera signó la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, que revisa a la diversa de carácter provisional que se cita en líneas precedentes.
Es inoperante dicho agravio en atención a lo siguiente:
Según se advierte de la lectura de la sentencia recurrida, al analizar la alegada causal de improcedencia el Juez de Distrito la declaró infundada con base en los siguientes razonamientos:
"La fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo establece: 'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ...'. De la lectura del precepto legal antes transcrito puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: Que se haya promovido amparo en contra de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea este judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en stricto sensu, fiscal o agrario), en virtud del cual el quejoso se encuentre colocado en un estado jurídico determinado, es decir, que dicho acto haya definido la posición del promovente del amparo frente al orden jurídico; que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte, por el que se produzca una diversa situación jurídica que sustituya a la anterior, de tal manera que se agoten los efectos del acto reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste, sino del nuevo acto; que el nuevo acto sea autónomo, es decir, que no exista un vínculo de subordinación entre el acto reclamado y el nuevo acto, ni que este último derive o sea consecuencia necesaria del primero, de tal manera que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo, es decir, que su naturaleza permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun cuando fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer la eficacia del nuevo acto, que es posterior y diverso del acto reclamado, pues en caso contrario, el nuevo acto no podría subsistir si el primero adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica, sólo así, la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por lo antes expuesto, es que se habla en estos casos de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, no se modificaría la nueva situación jurídica. Tomando en consideración lo anterior, el suscrito estima infundada la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando resulta cierto lo que señala la responsable en el sentido de que la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres produce un cambio en la situación jurídica que produjo la diversa resolución de carácter provisional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por la que se declara de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales originarias y procedentes de la República Popular China, en tanto que la primera resolución modifica y confirma las cuotas compensatorias establecidas por la resolución de carácter provisional; sin embargo, en la especie, el suscrito considera que no se surte la causal de improcedencia en comento, toda vez que las citadas resoluciones no pueden estimarse autónomas, en tanto que la primera resolución citada remite a la de carácter provisional en lo relativo al monto de las cuotas compensatorias que confirma. Por otra parte, tampoco se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la resolución que cambia la situación jurídica establecida por la de carácter provisional, no fue emitida con posterioridad a la promoción del presente juicio, sino antes. Resulta aplicable al criterio anterior, el sustentado en la tesis número sesenta y seis, clave TC015066 CIV, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página noventa y uno, Tomo I, Segunda Parte-1, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: 'AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN.'."
Ahora bien, se estima inoperante el motivo de inconformidad que se trata, ya que en él no se combaten cabalmente las consideraciones aducidas por el Juez de Distrito para estimar infundada la causal de improcedencia en cuestión, limitándose la recurrente a señalar que "el a quo debió decretar el sobreseimiento del juicio constitucional respecto de la resolución citada en primer término en el párrafo que antecede, pues al continuarse con la secuela del procedimiento que de dicha resolución emanó, se resolvió confirmar la primera contra la cual también se promovió el juicio de amparo, por lo que es obvio que dicho sobreseimiento debió derivarse por actualizarse la causal de improcedencia hecha valer por esta responsable, la que señala que el juicio de garantías es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, en virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica y, en este caso, se está dictando sentencia también respecto de la segunda resolución impugnada por la quejosa. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia, pues la ley no señala como requisito que el nuevo acto sea autónomo, no obstante que, en el presente caso, si bien la resolución provisional es un antecedente de la resolución que la revisa, las 2 resoluciones subsisten independientes una de otra, por lo que tienen autonomía propia; ahora bien, el propio Juez de la causa reconoce a fojas 25, último párrafo, que existe un cambio de situación jurídica, ya que manifiesta lo siguiente: '... en virtud de que la resolución que cambia la situación jurídica establecida por la de carácter provisional ...'.".
Como se ve, tales argumentos de la recurrente no combaten las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito para estimar, por una parte, que las resoluciones a que se alude no son autónomas entre sí y, por otra, que la definitiva se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, consideraciones que llevaron al Juez Federal a concluir sobre lo infundado de la causal de improcedencia en análisis, y que al no ser ahora combatidas hace manifiesta la inoperancia del agravio en estudio.
Apoya lo anterior el contenido de la tesis sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 112 del Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO DE LA AUTORIDAD, POR LO QUE SUS AGRAVIOS RESULTAN INOPERANTES SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Deben considerarse inoperantes los agravios que se hacen valer en el recurso de revisión, cuando los argumentos expresados en ellos por la autoridad recurrente no se encuentran encaminados a controvertir los razonamientos y fundamentos legales en que se apoya la sentencia recurrida que concedió el amparo a la quejosa, procediendo, en consecuencia, confirmar en sus términos dicho fallo, pues al quedar firmes por tal motivo los razonamientos y fundamentos legales que lo sustentan, continúan rigiendo el sentido del mismo, en virtud, además, de que, en los términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias diversas a la penal, laboral y agraria, y en asuntos en que intervengan menores de edad o incapaces, la suplencia en la deficiencia de la queja sólo se admite respecto del particular recurrente, lo que implica que no está prevista respecto de la autoridad recurrente."
Por otra parte, en el tercer punto de los agravios se alega que el Juez de Distrito en el décimo primero considerando de la resolución que en esta vía se impugna, estudia indebidamente la causa de sobreseimiento hecha valer por la recurrente, la que se fundó en el hecho de que si la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, por la que se revisa la diversa de carácter provisional, le deparaba perjuicio, debió comparecer ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial antes de acudir al juicio de amparo para manifestar lo que a su derecho conviniera, al no haberlo hecho, la resolución de primero de octubre evidentemente constituye un acto emanado de otro consentido.
Tales alegatos son inoperantes.
Esto es así, ya que de la lectura del precitado considerando décimo primero del fallo recurrido, se advierte que para declarar infundada la causa de improcedencia en cuestión el Juez de Distrito razonó lo siguiente:
"DÉCIMO PRIMERO. Las multicitadas autoridades, presidente de la República y secretario de Comercio y Fomento Industrial, estiman que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, en relación con el acto consistente en: la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, por la que se revisa la diversa de carácter provisional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por considerar que si la quejosa estimaba que la resolución de carácter provisional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por la que se declara de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, originarias y procedentes de la República Popular China, le deparaba perjuicio, debió comparecer ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para manifestar lo que en derecho procediera, cuestión esta que no hizo y, en consecuencia, la resolución citada en primer término constituye un acto emanado de otro consentido. Para que opere la causal de improcedencia en estudio es necesario que concurran los dos requisitos siguientes: la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. De un análisis de los anteriores requisitos, cabe concluir que resulta infundada la citada causal de improcedencia, pues no obstante que, tal como lo señalan las responsables: la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, es una consecuencia directa de la diversa resolución de carácter provisional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, y que el promovente del amparo no impugnó la mencionada resolución provisional (previamente a la promoción del presente juicio de garantías); el suscrito estima que, en la especie, no se surte dicha causal de improcedencia, pues en la fecha en que se publicó tal resolución en el Diario Oficial de la Federación (quince de abril de mil novecientos noventa y tres), el hoy quejoso no tenía la necesidad ni la obligación de impugnarla, pues tomando en consideración las características de la misma, semejantes a una norma jurídica general y abstracta, es evidente que el hoy agraviado tenía la posibilidad de impugnarla en dos momentos, a saber: Dentro del término de treinta días siguientes a su entrada en vigencia, en caso de estimarla autoaplicativa, esto es, en caso de estimarla violatoria desde el momento de su entrada en vigor; o dentro de los quince días siguientes a la fecha de la realización de su primer acto de aplicación, en caso de estimarla heteroaplicativa. De lo antes expuesto, se concluye que al haberse impugnado la mencionada resolución por esta vía, dentro de los quince días siguientes a su primer acto de aplicación, consistente en el oficio 326-A-7987, de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, tal resolución no puede reputarse consentida. En las relatadas condiciones, es evidente que la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, tampoco puede considerarse como un acto derivado de otro consentido."
El análisis comparativo de las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito para desestimar la causa de improcedencia de que se trata, con las que ahora vierte la autoridad recurrente en el agravio que se examina, hace manifiesta la inoperancia de este último, ya que en él no se combaten en modo alguno tales consideraciones de dicho Juez de Distrito, limitándose la inconforme a reproducir lo alegado en su informe justificado ante ese juzgador.
En el cuarto punto de los agravios, se argumenta que el Juez de Distrito analizó incorrectamente la causal de improcedencia hecha valer por las responsables, prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al considerar que la circunstancia de cuestionar la constitucionalidad de la ley constituye una excepción al principio de definitividad, criterio del a quo que se dice es incorrecto, pues bastaría con que el promovente de un juicio de amparo señale como acto reclamado la ley que le concede un medio de defensa, para que pueda sustraerse de la obligación que tiene de agotar el principio de definitividad que la Ley de Amparo establece como requisito para la procedencia del juicio, además de que no se tomó en consideración el hecho de que la parte quejosa en su demanda de garantías no sólo invoca violaciones directas a la Constitución, sino que también alega violación a leyes secundarias, por lo que la cuestión litigiosa en este juicio se contrae a cuestiones de legalidad que debieron ser expuestas y resueltas ante la autoridad administrativa, citando en apoyo de tales argumentos la tesis jurisprudencial sustentada por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 126 de la Tercera Parte del Informe de labores de 1975, bajo la voz de: "RECURSOS ORDINARIOS. CUÁNDO DEBEN AGOTARSE AUNQUE SE RECLAME LA VIOLACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL.".
Es infundado tal agravio, pues como bien lo determinó el Juez de Distrito y según se constata del contenido del resultando primero de esta ejecutoria, en el juicio de garantías cuya sentencia se revisa, la quejosa reclamó la inconstitucionalidad de diversos ordenamientos legales con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, circunstancia que actualiza una excepción al principio de definitividad imperante en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la ley de la materia, queal efecto establece:
"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad."
Apoya lo anterior el contenido de las tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, visibles, respectivamente, en la página 108, Volúmenes 205-216, y página 29, Volúmenes 217-228, ambos de la Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dicen:
"RECURSO PREVISTO EN LA LEY IMPUGNADA. ES OPTATIVO AGOTARLO. INTERPRETACIÓN JUDICIAL Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha establecido que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, ya que sería contrario a los principios de derecho, obligar al quejoso a que se someta a las disposiciones de la ley, cuya obligatoriedad impugna por conceptuarla contraria al texto de la Constitución (jurisprudencia 96, página 214, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1954 y jurisprudencia 1, página 15, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965). La interpretación judicial contenida en la tesis transcrita, incuestionablemente determina el verdadero significado y alcance jurídico de la ley, en relación con los principios generales de derecho, constituyendo una verdadera labor de hermenéutica jurídica, lo que se corrobora por la circunstancia de que el legislador realizó la reforma atingente por decreto de 3 enero de 1968, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del mismo año, al adicionar con un párrafo tercero la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, a fin de establecer que, si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, o revocado o nulificado '... será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo'."
"LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. ES OPTATIVO AGOTARLOS O ACUDIR AL AMPARO. Si una persona pretende combatir el primer acto de aplicación de una ley, por considerar que éste es inconstitucional puede optar por agotar los recursos ordinarios o acudir al juicio de amparo, con fundamento en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que si hace esto último no cabe sobreseer por no haberse agotado previamente aquellos medios ordinarios de defensa."
No se opone a lo anterior el contenido de la tesis citada por la recurrente bajo la voz de: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", ya que dicho criterio se refiere al supuesto de que a la par de violaciones directas a la Constitución se alegue infracción a normas legales secundarias, supuesto distinto al que nos ocupa en la especie, en que se reclama la inconstitucionalidad de la ley, caso en el que por disposición expresa del artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, opera una excepción al principio de definitividad.
SÉPTIMO. No obstante lo anterior, este Tribunal Pleno, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo advierte que debe sobreseerse en el juicio de garantías por lo que respecta a los actos reclamados que se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 5o., fracciones II y VII, 16, fracción V, 17, segundo párrafo, 18, 20, 28 a 44 y 57 a 71 de la Ley de Comercio Exterior; 37 a 69, 75 a 116, 135 a 141, 162 a 176, y 5o. y 6o. transitorios del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y tres, mediante el cual se derogó el inciso c) de la fracción I del artículo 35 de la Ley Aduanera, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del citado dispositivo legal.
A tal conclusión se arriba como consecuencia de que no se acredita en autos ningún acto de aplicación en perjuicio de la quejosa de tales dispositivos legales.
Por lo que ve a los actos consistentes en los diversos preceptos que se reclaman de la Ley de Comercio Exterior, de su reglamento y del decreto mediante el cual se derogó el inciso c) de la fracción I del artículo 35 de la Ley Aduanera, cabe señalar que tales dispositivos no pudieron aplicarse en perjuicio de la quejosa, dado que, en abono a que los mismos no estaban vigentes al dictarse la resolución que dio lugar a la disposición de observancia general reclamada por la quejosa, en el artículo cuarto transitorio del primero de esos ordenamientos, se precisó que los procedimientos administrativos en materia de prácticas desleales de comercio internacional que se encontraran en trámite al momento de su entrada en vigor, el veintiocho de julio de mil noventa y tres, se resolverían conforme a lo previsto en la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si el respectivo procedimiento administrativo inició el catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, resulta inconcuso que los mismos no pudieron concretarse en perjuicio de la quejosa, circunstancia que se corrobora por lo establecido en el acápite de la resolución que revisa a la diversa de carácter provisional, impugnada por la quejosa, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, en el cual se expresa como fundamento el artículo cuarto transitorio de la referida Ley de Comercio Exterior y se citan diversos numerales de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto transitorio dispone:
"Cuarto. Los procedimientos administrativos a que se refiere este ordenamiento que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor, se resolverán en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior."
Para fortalecer la anterior conclusión, y para demostrar que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro tampoco se concretó en la esfera jurídica de la quejosa con motivo de la emisión de los actos de aplicación y disposiciones de observancia general reclamadas, conviene transcribir la resolución que revisa a la diversa de carácter provisional emitida el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, relativa a la investigación administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, originarias de la República Popular China, con independencia del país de procedencia. La referida determinación, cuya constitucionalidad también se controvierte en este juicio de garantías, es del siguiente tenor:
"Resolución que revisa a la diversa de carácter provisional que declaró de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 30.05, 52.01 a la 52.12, 53.01 a la 53.11, 54.01 a la 54.08, 55.01 a la 55.16, 58.03 y 59.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
"Resolución que revisa a la diversa de carácter provisional que declaró de oficio el inicio de la investigación administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales, mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 30.05, 52.01 a la 52.12, 53.01 a la 53.11, 54.01 a la 54.08, 55.01 a la 55.16, 58.03 y 59.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
"Con fundamento en los artículos 16 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; cuarto transitorio de la Ley de Comercio Exterior; 1o., fracción II, letra c, 2o., fracción II, 7o., fracción I, 8o., fracción I, 9o., 12, 15 y 17 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, y 1o., fracciones IV, VII y VIII, 2o., 3o., 5o., 6o., 9o., 10, 11, 18, 19, 20, fracción II, incisos a), b) y c) y 22 del Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, se emite la presente resolución tomando en cuenta los siguientes antecedentes y considerandos.
"Antecedentes
"Inicio de investigación
"1. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se allegó de diversa información referente al mercado de importación de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales originarios de la República Popular China, volúmenes y condiciones de precios en que los productos referidos han ingresado a territorio nacional, así como los efectos que dichas importaciones han causado a la producción nacional de mercancías idénticas y similares.
"2. Atento lo anterior, después de ser revisada la información, se consideró suficiente para presumir la existencia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de dumping,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17292-d0f406fe/cuotas-compensatorias-no-son-contribuciones-en-virtud-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR ELEMENTOS AJENOS A LA MANIFESTACIÓN OBJETIVA DE RIQUEZA QUE CONSTITUYE EL H (AMPARO EN REVISIÓN)
- SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR PARA LA INSCRIPCIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y (AMPARO EN REVISIÓN)
- ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR AL LICITANTE A QUE EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARA (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CON MOTIVO DE LA RESPUESTA RECAÍDA A UNA CONSULTA FISCAL EN RELACIÓN CON UNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES RECLAMADOS, SI PREVIAMENTE S (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis