SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR PARA LA INSCRIPCIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ DIVERSOS PORCENTAJES PARA CUBRIR LAS CUOTAS Y APORTACIONES EN LOS RAMOS DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1041/98. GRUPO DACORP, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. En su primer agravio sostiene la quejosa, hoy recurrente, que la a quo aplica en forma incorrecta la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 28, 72 y 106 de la Ley del Seguro Social.
Al efecto, sostiene que por cuanto hace al artículo 28, no es verdad que el mismo entre en vigor hasta el primero de enero del año dos mil siete, como lo sostuvo el Juez del conocimiento, pues del artículo vigésimo quinto transitorio se desprende que desde la entrada en vigor de la ley, se aumentará el límite superior de 10 a 15 veces el equivalente al salario mínimo general que rija en el Distrito Federal para los seguros de invalidez y vida, y en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, éste se irá incrementando.
Es fundado este agravio para revocar la parte de la sentencia correspondiente.
En efecto, de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que la Juez de Distrito consideró que respecto de los artículos 28, 72 y 106 de la ley impugnada, procedía decretar el sobreseimiento del juicio, pues según su criterio, los mismos aún no entraban en vigor cuando se presentó la demanda de garantías, acorde con lo dispuesto en diversos artículos transitorios; así, al referirse al artículo 28, la Juez Federal indicó que el mismo no causaba perjuicio a la quejosa, ya que se encontraba en vacatio legis, pues conforme al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social, entraba en vigor hasta el primero de enero de dos mil siete.
Pues bien, tal y como lo aduce la recurrente, el artículo 28 de la Ley del Seguro Social entró en vigor en la misma fecha en que lo hizo la propia ley, según se advierte del análisis integral del artículo vigésimo quinto transitorio de la ley en cita, que dispone:
"El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1o. de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos en cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007."
Por su parte, el artículo 28 en mención, establece:
"Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva."
Ahora bien, del contenido de los preceptos transcritos se desprende que el artículo 28 impugnado, se trata de una norma de naturaleza autoaplicativa, pues de acuerdo con el indicado artículo transitorio, desde la entrada en vigor de la ley, los patrones quedan obligados a aplicar como límite superior para el salario base de cotización, el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a excepción de los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, en los que a partir de la vigencia de la ley, deberán aplicar quince veces el salario mínimo aludido, el que se aumentará en un salario mínimo referido por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco, en el año dos mil siete.
En consecuencia, es de concluirse que, contrario a lo que sostuvo la Juez de Distrito, no se actualiza la causa de improcedencia que ésta invocó en relación al repetido artículo 28.
OCTAVO. Continúa señalando la recurrente que, tocante al artículo 106 de la ley impugnada, tampoco opera la referida causal de improcedencia, pues si bien es cierto que las tasas que en el precepto legal se establecen entraban en vigor en el año de mil novecientos noventa y ocho, no lo es menos que la causa que se alegó como inconstitucional fue la relativa a la base de cotización, la cual se rompía por establecerse sobre salarios mínimos generales para el Distrito Federal, en lugar del salario base de cotización que establece el artículo 27 de la propia ley, consistente en el salario diario integrado de los trabajadores.
El anterior argumento también resulta fundado.
El artículo 106 reclamado señala:
"Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente: I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal; II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado, y III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general para el Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, la cantidad inicial que resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor."
A su vez, el artículo décimo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social, en que se fundó la Juez de Distrito para declarar la improcedencia del juicio de garantías en relación con el diverso 106, dispone:
"Décimo noveno. La tasa sobre el salario mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción I del artículo 106, se incrementará el primero de julio de cada año en sesenta y cinco centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007. Las tasas a que se refiere la fracción II del artículo 106, se reducirán el primero de julio de cada año en cuarenta y nueve centésimas de punto porcentual la que corresponde a los patrones y en dieciséis centésimas de punto porcentual la que corresponde pagar a los trabajadores. Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007."
Los anteriores artículos regulan la forma en que se financiarán y determinarán las prestaciones en especie relativas a las cuotas del seguro de enfermedades y maternidad.
Relacionado con el artículo 106 en cita, se encuentra el artículo 13 del Reglamento para el Pago de Cuotas (respecto del cual no existió pronunciamiento en la sentencia) y que dispone:
"Artículo 13. Las cuotas del seguro de enfermedades y maternidad se determinarán en la forma siguiente: I. Una cuota fija patronal para prestaciones en especie, que se obtendrá aplicando el 13.9% al importe del salario mínimo general del Distrito Federal y multiplicando la cantidad así obtenida, por el número de días del mes de que se trate. El porcentaje señalado, se modificará en los términos del artículo décimo noveno transitorio de la ley; II. Cuando el trabajador perciba salario superior a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal, además de la cuota establecida en la fracción anterior, se cubrirá una cuota adicional obrero-patronal, que se determinará tomando como base la diferencia que resulte de restar al salario base de cotización, el importe de tres veces el salario mínimo citado. Al importe de dicha diferencia se le aplicará el 6% como cuota patronal y el 2% como cuota obrera. Estos porcentajes se modificarán, en los términos señalados en el artículo décimo noveno transitorio de la ley; III. Una cuota obrero-patronal destinada a financiar las prestaciones en dinero, que se determinará sobre la base de cotización señalada en el artículo 11 de este reglamento, a la que se aplicará el 0.70% como cuota patronal y el 0.25% como cuota obrera, y IV. Una cuota obrero-patronal destinada a financiar las prestaciones en especie de los pensionados y sus beneficiarios en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esta cuota se determinará sobre la base de cotización señalada en el artículo 11 de este reglamento, a la que se aplicará el 1.05% como cuota patronal y el 0.375%, como cuota obrera. El Gobierno Federal aportará en los términos que establece la ley."
En la fracción I del citado artículo 106, se establece que se pagará mensualmente, por cada asegurado, una cuota patronal equivalente al 13.9% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal. El artículo 13 del reglamento indica que la cuota fija patronal para prestaciones en especie, se obtendrá aplicando el 13.9% al importe del salario mínimo general del Distrito Federal y multiplicando la cantidad obtenida por el número de días del mes de que se trate. Además, se agrega: "El porcentaje señalado, se modificará en los términos del artículo décimo noveno transitorio de la ley.".
Por su parte, el citado artículo transitorio dispone que la tasa sobre el salario mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere la fracción I del artículo 106, se incrementará el primero de julio de cada año en sesenta y cinco centésimas de punto porcentual, e indica que tales modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán en el año 2007.
Según se aprecia, es claro que los patrones están obligados a partir de la entrada en vigor de la ley, a pagar mensualmente la cuota equivalente al 13.9% de un salario mínimo general para el Distrito Federal, como prestación en especie del seguro de enfermedades y maternidad por cada asegurado, cuota que se calculará en términos de lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento; empero, se prevé en el mismo artículo 13 del reglamento y en el décimo noveno transitorio de la ley, una "modificación" al porcentaje del 13.9% que se traduce en un incremento anual de sesenta y cinco centésimas de punto porcentual. Esta modificación al porcentaje es la que iniciará en el año de 1998 y terminará en el 2007. De otra manera no se entendería el uso de las palabras "modificará" e "incrementará", empleadas en relación al porcentaje a pagar, ni que al hablarse de la vigencia se indique que las "modificaciones comenzarán" en el año de 1998 y terminarán en el 2007.
En tales condiciones, es obvio que la quejosa estaba facultada para reclamar la inconstitucionalidad de los referidos artículos 106 de la Ley del Seguro Social y 13 del reglamento de cuotas por su sola entrada en vigor, por lo que ve a la obligación ahí contenida de pagar mensualmente la cuota equivalente al 13.9% de un salario mínimo para el Distrito Federal que se obtendrá multiplicando la cantidad obtenida por el número de días del mes de que se trate.
No se desatiende que, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se reformó el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, para establecer que tal ley entraría en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete; sin embargo, la quejosa presentó su demanda el once de agosto del mismo año de mil novecientos noventa y siete, por lo que al reclamar las referidas normas en su carácter de autoaplicativas, está dentro del término de treinta días a que se refiere la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo, pues el cómputo relativo feneció, precisamente, el día de la presentación de la demanda.
En tal virtud, si la impugnación realizada por la quejosa, descansó en el hecho de que la base para el pago de las aportaciones o cuotas, sería el equivalente a 13.9% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal, y si la base prevista en el referido artículo 106 entró en vigor al igual que la ley en términos generales, es evidente que el juicio de amparo en contra de tal precepto (y artículo reglamentario relacionado) sí era procedente, por existir afectación o perjuicio desde la entrada en vigor.
Al haber resultado fundado el argumento antes señalado, se impone revocar el sobreseimiento decretado respecto de los artículos 28 y 106 de la Ley del Seguro Social, y al no existir otra causal de improcedencia que impida su estudio, se procederá al análisis de los argumentos expuestos como conceptos de violación.
Cabe mencionar, que a efecto de guardar una congruencia con los restantes preceptos, el análisis de tales conceptos de violación se efectuará al final del presente fallo.
NOVENO. En el segundo agravio, sostiene la quejosa que en relación con los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, la Juez a quo en forma incorrecta determina sobreseer, al considerar que los mismos no han entrado en vigor.
Al efecto, esgrime en sus agravios que si bien es cierto que acorde con los artículos noveno transitorio de la Ley del Seguro Social, y primero y segundo del decreto publicado el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la vigencia de la ley se encontraba diferida, no lo es menos que, con la emisión de los Acuerdos 267/97 y 268/97 por parte del consejo técnico, se modificó la entrada en vigor de la ley reclamada y que dicha modificación fue indebida, pues un acuerdo administrativo no puede modificar la entrada en vigor de una ley emanada del Congreso de la Unión.
Es por un lado infundado y por otro inoperante el agravio a estudio.
Primeramente cabe aclarar que, según se advierte de la sentencia recurrida, la Juez a quo en el considerando tercero sobreseyó respecto de los artículos 28, 72 y 106 de la Ley del Seguro Social por considerar que los mismos se encontraban en vacatio legis. Y, en el considerando cuarto, negó la protección federal, entre otros, respecto de los artículos 71 y 74 del ordenamiento citado y en cuanto a los Acuerdos 267/97 y 268/97, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En consecuencia, en cuanto a los argumentos encaminados a combatir un sobreseimiento que no existió respecto de los artículos 71 y 74 aludidos, los mismos son inoperantes.
No obstante lo anterior y en forma coincidente, esta Primera Sala advierte de oficio que en relación a tales artículos 71 y 74, así como por los acuerdos administrativos señalados (por los que se negó el amparo federal), opera la misma causa de improcedencia decretada en cuanto al artículo 72, por lo que con el propósito de guardar sincronización con el análisis de las causales de improcedencia, esta Sala determina declarar infundado tal agravio con base en los siguientes razonamientos, aplicables igualmente a los multicitados artículos 71 y 74 de la Ley del Seguro Social y Acuerdos 267/97 y 268/97.
Esto es así, porque la acción de amparo presupone la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, que cuando es transgredido por alguna ley o acto de autoridad, legitima al afectado a acudir al juicio de garantías, demandando que esa violación a su esfera jurídica cese, y es lo que constituye el interés jurídico.
Tratándose del amparo contra leyes, el interés jurídico se acredita con la demostración de ser sujeto de la norma que se reclama y con el perjuicio que le cause la ley, ya sea por su entrada en vigor o por su aplicación concreta.
Los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social disponen:
"Artículo 71. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que establezca el reglamento relativo."
"Artículo 72. Para los efectos de la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa, por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.0025. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente:
"Prima = [(S/365) + V * (I + D)] * (F/N) + M
"Donde:
"V= 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.
"F= 2.9, que es el factor de prima.
"N= Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
"S= Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.
"I= Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100.
"D= Número de defunciones.
"M= 0.0025, que es la prima mínima de riesgo.
"Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma se harán conforme al párrafo primero de este artículo.
"No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa."
"Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta. La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, disminuyéndola o aumentándola en una proporción no mayor al cero punto cero uno del salario base de cotización con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que serán de cero punto veinticinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de cotización respectivamente. La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia."
Los anteriores preceptos regulan la determinación, fijación y revisión de primas respecto del seguro de riesgos de trabajo.
Por otro lado, el artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social establece, en relación con el pago del seguro de riesgos de trabajo, lo siguiente:
"Artículo noveno. Los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo. A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997. Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia de esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo."
Asimismo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se reformó el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
"Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete.
"...
"Artículo segundo. Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, como del decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 1996, relacionados con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán por un periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respectivas competencias, publicarán en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos a que se refiere el párrafo anterior."
Lo expuesto, relacionado entre sí, revela que las disposiciones relativas a las cuotas del seguro de riesgos de trabajo no entrarán en vigor sino hasta seis meses después del primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho, esto es, todavía durante el cuarto bimestre de mil novecientos noventa y ocho, los sujetos obligados al pago de cuotas del seguro de riesgos de trabajo deberán hacerlo conforme a los ordenamientos abrogados, debido a que los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de la ley, continuarán sujetos hasta ese entonces a las mismas cuotas que venían cubriendo en dicho seguro.
No es tema de discusión, el hecho de que la empresa quejosa se inscribió en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, fecha en que genéricamente entró en vigor la ley, de acuerdo con los artículos transitorios ya descritos, para lo cual ofreció como prueba copia certificada del aviso de inscripción patronal ante ese organismo, al que se le asignó el registro Y5424417-10, con fecha de la causa del aviso de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis (folio 82 del expediente de amparo); por tal motivo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en las disposiciones normativas, sin embargo, debe esperar para promover el amparo, que las referidas normas reclamadas le obliguen.
Bajo estas circunstancias, es válido afirmar que la vigencia de los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social comenzará, como ya se dijo, después de seis meses del primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que en la fecha en que se presentó la demanda, los citados preceptos aún no entraban en vigor, por encontrarse en presencia de lo que la doctrina ha llamado vacatio legis, es decir, el periodo comprendido entre la publicación de una ley y su inicio de vigencia.
Durante la vacatio legis la norma adolece de un elemento esencial que le resta toda fuerza de imperio en relación con sus destinatarios: la vigencia, la ley no obliga en este tiempo aun cuando se haya expedido, promulgado y publicado por los órganos legalmente facultados para ello porque precisamente así lo ordena en su propio texto y, en consecuencia, si su aplicación no es exigible, nadie puede ser afectado por su contenido, lo que se traduce en que cualquier persona que estime transgredido un derecho en esos términos, carecerá de interés jurídico para reclamarla porque ningún perjuicio le ocasiona el estado transitorio de la norma.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, que se comparte, y que a continuación se invoca:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, diciembre de 1995
"Tesis: 2a./J. 81/95
"Página: 289
"AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el periodo que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho periodo la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor.
"Amparo en revisión 1166/95. Jerónimo, S.A. de C.V. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Ma. Alejandra de León González.
"Amparo en revisión 1202/95. Martha Camarena Cortés. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.
"Amparo en revisión 1279/95. María del Carmen Villarreal Moreno. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza.
"Amparo en revisión 1394/95. Farmacéutica Marco's, S.A. de C.V. 1o. de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.
"Amparo en revisión 1677/95. Jorge Miguel Mejía Palma. 1o. de diciembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.
"Tesis de jurisprudencia 81/95. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
"Nota: Esta tesis de jurisprudencia se publicó nuevamente en el Tomo III, enero de 1996, pág. 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con su ejecutoria."
No pasa inadvertido el argumento de la inconforme, al sostener que con la situación actual, al haberse abrogado el reglamento respectivo anterior, no hay norma jurídica aplicable para calcular el pago de la prima de seguro por riesgos de trabajo conforme a la ley anterior, por lo que es pertinente hacer algunas precisiones en relación con este tema.
El artículo segundo transitorio del decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por el que se expide la Ley del Seguro Social, establece que en tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes, continuarán aplicándose los reglamentos de la ley que se deroga en todo lo que no se opongan al presente ordenamiento; y si por lo que respecta a las cuotas del seguro de riesgos de trabajo la ley inicia su vigencia seis meses posteriores a partir del primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho, debe entenderse que aun cuando esté expedido el nuevo reglamento éste no tendrá vigencia sino simultáneamente cuando suceda lo correspondiente a la ley.
Del citado artículo segundo transitorio, vinculado con el noveno transitorio de la misma ley, puede deducirse fácilmente que continúan vigentes el Reglamento para el Pago de Cuotas al Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, y del anterior Reglamento para la Clasificación de las Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, porque de lo contrario se opondría a lo ordenado por el artículo noveno transitorio. Éste es uno de esos casos en que el Congreso de la Unión con la finalidad de permitir y hacer viable jurídicamente la observancia de las disposiciones transitorias de una ley extiende temporalmente la de los reglamentos, pues de acuerdo al principio de rango legal, derivado del artículo 89, fracción I, constitucional, la función de las normas reglamentarias es la de hacer posible la debida observancia de la ley reglamentada, ya que de no ser así habría un vacío legal y es lo que se pretende evitar.
En relación con los anteriores agravios, cabe precisar que la circunstancia de que al momento de resolver el presente recurso ya estuvieran en vigor los citados preceptos impugnados, no puede llegar al extremo de considerar que por ese hecho el juicio de amparo sería procedente, pues es evidente que el acto reclamado debe analizarse a la luz de su existencia en la fecha en que se presenta la demanda de amparo, cuando ello sucedió los preceptos aludidos no se encontraban en vigor, por lo que el juicio de garantías respecto de tales artículos era improcedente de origen y dicha improcedencia no se pudo haber convalidado por el solo transcurso del tiempo. De aceptar lo contrario, se permitiría que a través del juicio de amparo se pudieran reclamar actos futuros, probables y, en fin, cualquier acto que aún no existiera en el ámbito real de aplicación o que aún no se hubiera generado la condición a la que estuviera sujeto, lo cual provocaría un rompimiento en la estructura y reglas de procedencia del juicio de amparo.
Una vez expuesto todo lo anterior, y al quedar demostrada la causa de improcedencia anunciada, se llega a la conclusión de que efectivamente la quejosa carece de interés jurídico para impugnar los artículos 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, toda vez que, como quedó asentado, cuando se promovió el juicio de garantías aún no había iniciado su vigencia, por lo que procede decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. El mismo pronunciamiento debe hacerse respecto de los Acuerdos 267/97 y 268/97, expedidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que se refieren a la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad de las cuotas de seguros de riesgos de trabajo, por lo que siguen la misma suerte de los artículos de la ley analizados.
En efecto, los referidos acuerdos disponen:
"Acuerdo 267/97. Este consejo técnico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 252, 253, 79 y 80 de la Ley del Seguro Social en vigor desde el 1o. de abril de 1973; 24, fracciones II y III, del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo y, primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada el 21 de diciembre de 1995, mediante el cual se establece qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7155-008ca63e/seguro-social-el-articulo-28-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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