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RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80-A DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 401/2002. · Registro digital (IUS): 17698
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DICOPEL, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 193.

AMPARO EN REVISIÓN 401/2002. DICOPEL, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Previamente resulta pertinente precisar que solamente son materia de estudio los agravios relativos a la inconstitucionalidad hechos valer por la autoridad responsable, en virtud de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se ocupó de los agravios relativos a la improcedencia al resolver el amparo en revisión RA.178/2002 los que fueron desestimados; así en los agravios materia del presente recurso la autoridad sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

a) La sentencia impugnada transgrede lo dispuesto en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, al considerar que el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el tercero transitorio violan el principio de proporcionalidad tributaria, al establecer que para efectos de liberarse de la responsabilidad solidaria se deben cubrir los pagos de los meses de enero a septiembre cuando no se trata de una limitación, sino de un requisito que implica el cumplimiento de las disposiciones fiscales para cumplir con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

b) Que los ingresos no pueden limitarse a las cantidades en efectivo que reciben los contribuyentes, sino que también deben considerarse los bienes y servicios, así como los créditos que representan un valor numérico que influye en la determinación de la utilidad de las personas físicas y morales, con independencia de que al momento de ingresar a su patrimonio carezcan de liquidez, porque el crédito puede ser en especie; así atendiendo al concepto de renta personal, el cual comprende todo tipo de ingreso de una persona porque finalmente se destina al consumo o a la alimentación, el ingreso objeto del consumo está formado por bienes y servicios adquiridos durante el periodo con el ingreso monetario percibido o con fondos previamente acumulados. Que el ingreso está constituido por toda cantidad, bien, derecho o servicio al que se le puede asignar un valor pecuniario y produce una modificación positiva en el patrimonio de una persona.

c) Si el patrimonio puede quedar integrado no sólo por bienes, sino por derechos, es válido que el legislador haya establecido como regla general de causación del impuesto sobre la renta por parte de las personas físicas cualquier tipo de ingresos.

d) Que la intención del legislador al establecer el subsidio acreditable no fue la de beneficiar por igual o en la misma proporción a los trabajadores, sino que pretendió que el beneficio fuera proporcionalmente mayor para los trabajadores con menos ingresos, así como que el beneficio aumente proporcionalmente en la medida en que el contribuyente reciba menos prestaciones exentas y disminuya proporcionalmente, según se perciban más prestaciones exentas, y para obtener esa proporción aplicable a fin de determinar el monto del subsidio deben incluirse las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del total de las erogaciones efectuadas por los empleadores relacionadas con la prestación de los servicios personales subordinados que constituyen percepciones para los trabajadores.

e) Que de no incluirse dichas cuotas dentro de las erogaciones del empleador, se provocaría que algunas prestaciones de seguridad social que perciben los trabajadores con motivo de los gastos que en ese renglón realiza el patrón, no se consideraran para determinar la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable, aun cuando estuvieran exentos del impuesto, con lo que no se cumpliría con la voluntad del legislador, porque no se incluirían dentro de las erogaciones patronales por concepto de previsión social a pesar de derivar del pago de cuotas patronales.

f) Que tratándose de los ingresos de las personas físicas la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye como elementos de causación del gravamen a los conceptos que tienen jurídicamente la naturaleza de ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, como son las prestaciones que se obtengan por ese servicio; por tanto, con la afirmación de que las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no son un indicio de la capacidad económica del contribuyente, se pierde de vista que esos conceptos constituyen prestaciones que se obtienen de servicios personales subordinados y al provocar una modificación positiva del patrimonio implican reflejo de la capacidad económica de quienes las obtienen.

g) Que el Juez de Distrito fundó su resolución en una tesis de la Suprema Corte de Justicia que no ha integrado jurisprudencia y, por tanto, no es obligatoria; en cambio dejó de observar lo dispuesto en la jurisprudencia número 19/2001 de la Segunda Sala que establece que las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sí deben ser incluidas como erogaciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados, para efectos del cálculo de la proporción del subsidio acreditable para los trabajadores a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

h) Que los principios de proporcionalidad y equidad rigen para los impuestos mas no para los beneficios que se establezcan, como lo es el subsidio acreditable al impuesto sobre la renta de los trabajadores, así antes de calcular el subsidio se debe determinar el impuesto a cargo del trabajador, porque el subsidio únicamente está destinado a disminuir la carga tributaria que incide en el contribuyente, por eso es un beneficio.

Son infundados los agravios formulados antes sintetizados.

En principio, conviene precisar que el decreto que reformó el párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil uno, dice:

"Artículo Único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

"Artículo 80-A. ...

"Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio."

"Transitorios

"Primero. Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo aplicarse para el cálculo del subsidio acreditable a partir del 1o. de octubre del ejercicio de 2001.

"Segundo. Para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de 2001, se procederá como sigue:

"I. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro, dentro de las erogaciones efectuadas por conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados;

"II. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin incluir las cuotas y aportaciones señaladas en la fracción anterior;

"III. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto de la fracción I anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por nueve;

"IV. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto en la fracción II anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por tres, y

"V. El subsidio acreditable del ejercicio se obtendrá sumando los montos resultantes de las fracciones III y IV anteriores.

"Tercero. Los patrones que en su calidad de responsables solidarios enteren el impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a sus trabajadores por no haber considerado para la determinación del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este artículo, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, quedarán liberados de la responsabilidad solidaria por la retención del impuesto sobre la renta que resulte por la diferencia a que haya dado lugar la no inclusión de las cuotas y aportaciones antes señaladas, determinado conforme a este artículo, siempre que:

"a) Los pagos que se tengan que efectuar en los términos del párrafo anterior, sean los que correspondan al periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2001;

"b) El impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a que se refiere el inciso anterior, se pague a más tardar el último día del mes de noviembre de 2001, con actualización y recargos, y

"c) Los patrones quedarán liberados de la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y se entenderá por satisfecho el requisito establecido en el artículo 24, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las diferencias de impuesto a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en los incisos a) y b) anteriores."

Como se advierte de lo dispuesto en este acto legislativo, a partir del treinta de noviembre de dos mil uno se dispuso que para efectos del cálculo del subsidio acreditable no se incluirían las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro.

Por otra parte, para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de dos mil uno, el legislador estableció en el artículo segundo transitorio del referido decreto un mecanismo complejo conforme al cual los patrones retenedores deben considerar lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tanto en su texto anterior como en su texto reformado vigente a partir del treinta de noviembre.

Del análisis de lo dispuesto en ese numeral se concluye que el mecanismo allí regulado implica finalmente que para el cálculo del subsidio acreditable anual el patrón debe considerar respecto de los primeros nueve meses del año las referidas cuotas de seguridad social y, en la cuantificación del subsidio correspondiente a los tres meses restantes, octubre, noviembre y diciembre, no incluirá tales cuotas.

Por último, en el artículo tercero transitorio del propio decreto se establece una serie de requisitos que deben cumplir los patrones con el fin de quedar liberados de su responsabilidad solidaria por la falta de retención del impuesto sobre la renta que resulte por la diferencia a que haya dado lugar la no inclusión de las cuotas y aportaciones de seguridad social, al calcular en el pasado el subsidio acreditable regulado en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ahora bien, tomando en cuenta que en el sistema transitorio para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de dos mil uno, el legislador dispuso que respecto de los primeros nueve meses de esa anualidad sí deberían cuantificarse las mencionadas aportaciones patronales y, por ende, aplicarse lo dispuesto en el texto anterior del párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta debe estimarse que los agravios formulados por la responsable son infundados en tanto que, como acertadamente lo sostuvo el Juez de Distrito, lo previsto en los numerales impugnados sí transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, tal como lo sostuvo el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el veintitrés de octubre de dos mil uno, por unanimidad de votos, el amparo directo en revisión 949/2001, promovido por Exportadora de Sal, S.A. de C.V., cuyas consideraciones dieron lugar a las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, octubre de 2001

"Tesis: P. XXII/2001

"Página: 24

"RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal al aplicar el mecanismo de reducción del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, deben contemplarse en su carácter de gastos de previsión social realizados por el patrón relacionados con la prestación de servicios personales subordinados, a las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dando lugar a que estos conceptos integren materialmente la base gravable del impuesto en comento y, por ende, sean tomados en cuenta para incrementar el monto de la obligación tributaria a cargo de los trabajadores. En tal virtud, si las referidas aportaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República, tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que, por una parte, las cuotas pagadas al Seguro Social en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca y, por otra parte, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, debe concluirse que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad al regular un mecanismo conforme al cual la obligación tributaria a cargo de los trabajadores se incrementa como consecuencia del pago de conceptos que no son reveladores de su capacidad contributiva.

"Amparo directo en revisión 949/2001. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 23 de octubre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

"El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintitrés de octubre en curso, aprobó, con el número XXII/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de octubre de dos mil uno."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, octubre de 2001

"Tesis: P. XXI/2001

"Página: 25

"RENTA. LAS APORTACIONES PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NO REVELAN CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS TRABAJADORES. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de proporcionalidad tributaria garantizado en el artículo 31, fracción IV, constitucional implica que las cargas impositivas establecidas por el legislador deben atender a la capacidad contributiva de los gobernados, por lo que el sistema que rige la determinación de un impuesto debe dar lugar a gravar en mayor cuantía a quienes revelen en mayor medida dicha capacidad; en ese tenor, tratándose del impuesto sobre la renta que grava los ingresos de las personas físicas que prestan un trabajo personal subordinado, debe estimarse que las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no pueden considerarse como reveladoras de la capacidad contributiva de los trabajadores en relación con los cuales son pagadas, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República y al sistema legal correspondiente, tales erogaciones tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tienda a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por una parte, se determinan atendiendo no sólo al salario de los trabajadores sino también a las necesidades señaladas de sostener el sistema de seguridad social general y del referido fondo y, por otra parte, en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca, así como que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones."

"Amparo directo en revisión 949/2001. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 23 de octubre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

"El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintitrés de octubre en curso, aprobó, con el número XXI/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de octubre de dos mil uno."

Las consideraciones contenidas en el referido fallo resultan exactamente aplicables al presente asunto, tal como se precisó en la sentencia que se recurre, incluso respecto de lo previsto en el artículo segundo transitorio del decreto que reformó el párrafo quinto del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil uno, en la medida en que dispone la aplicación del sistema de cálculo del subsidio acreditable previsto en el texto anterior del párrafo quinto del citado artículo 80-A.

En cuanto al argumento de la responsable en el sentido de que la tesis invocada por el Juez del conocimiento no es obligatoria toda vez que no integra jurisprudencia es de igual manera infundado, toda vez que como la propia recurrente lo sostiene, la aplicación de una tesis no obligatoria no le causa agravio, además de que ya existen más de cinco precedentes sustentando el mismo criterio sin ninguno en contrario.

Efectivamente esta Primera Sala, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sustentó la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, junio de 2002

"Tesis: 1a. XLI/2002

"Página: 146

"RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES.-Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal al aplicar el mecanismo de reducción del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, deben contemplarse en su carácter de gastos de previsión social realizados por el patrón relacionados con la prestación de servicios personales subordinados, a las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dando lugar a que estos conceptos integren materialmente la base gravable del impuesto en comento y, por ende, sean tomados en cuenta para incrementar el monto de la obligación tributaria a cargo de los trabajadores. En tal virtud, si las referidas aportaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República, tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que, por una parte, las cuotas pagadas al Seguro Social en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca y, por otra parte, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, debe concluirse que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad al regular un mecanismo conforme al cual la obligación tributaria a cargo de los trabajadores se incrementa como consecuencia del pago de conceptos que no son reveladores de su capacidad contributiva.

"Amparo directo en revisión 308/2002. GLG Ingeniería Internacional, S.A. de C.V. 10 de abril de 2002. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés."

Además, esta Primera Sala, en sesiones de ocho de mayo, veintiuno de agosto, once y dieciocho de septiembre de dos mil dos, resolvió el amparo directo en revisión 142/2002 y los amparos en revisión 180/2002, 153/2002 y 246/2002, quejosas: Casa Autrey, Sociedad Anónima de Capital Variable, Warner Lambert Distribuidora, Sociedad Anónima de Capital Variable, GFCM Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable y Aminotec, Sociedad Anónima de Capital Variable; de las ponencias de los señores Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juventino V. Castro y Castro (en ausencia de este último se hizo cargo la primera) y Juan N. Silva Meza (en los dos últimos), por unanimidad de cinco, cuatro, cinco y cinco votos, respectivamente, con las consideraciones sustentadas en los criterios jurisprudenciales transcritos.

Al respecto, es necesario precisar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:

"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

(Reformado, D.O. 9 de junio de 2000)

"Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas.

"También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados."

En este contexto, contrario a lo afirmado por la autoridad recurrente, la tesis con base en la cual se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal sí tiene el carácter de obligatoria de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo antes transcrito.

Por último, en cuanto a la falta de observancia aducida respecto de la tesis jurisprudencial número 19/2001 emitida por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, también es infundado dicho argumento, porque de la lectura de dicha tesis se desprende que resolvió una contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo del Décimo Quinto Circuito, cuya materia radicó en determinar si deben o no incluirse las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de las erogaciones que realiza el empleador relacionadas con la prestación de los servicios subordinados, a fin de determinar la proporción aplicable para obtener el monto del subsidio acreditable contra el impuesto derivado de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en ese caso, los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios contrarios, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito consideró que en el supuesto referido debían incluirse las cuotas mencionadas, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que en el mismo supuesto no debían incluirse las aludidas cuotas.

Las tesis de mérito dicen lo siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: 2a./J. 19/2001

"Página: 253

"RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. PARA OBTENER LA PROPORCIÓN APLICABLE PARA CALCULAR EL MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE CONTRA ESE TRIBUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 80-A DE LA LEY RELATIVA, DEBEN INCLUIRSE LAS CUOTAS PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DENTRO DE LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS.-Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla prevista en el propio artículo, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicarlo por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por los conceptos señalados, proporción que se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo ejercicio por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo y, por otro, que la intención del legislador al establecer el citado subsidio, no fue la de beneficiar por igual o en la misma proporción a todos los trabajadores, sino que pretendió que el beneficio fuera proporcionalmente mayor para los trabajadores con menos ingresos y proporcionalmente menor para los que perciban ingresos mayores, así como que el beneficio aumente proporcionalmente en la medida en que el contribuyente reciba menos prestaciones exentas y disminuya proporcionalmente, según se perciban más prestaciones exentas, resulta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17698-4924906b/renta-el-articulo-tercero-transitorio-del-decreto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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