DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIO POR VIA TELEFONICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO SE MANIFESTO SABEDOR DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA. DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.
CONTRADICCION DE TESIS 30/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, en virtud de que si bien las ejecutorias de las que derivan los posibles criterios contradictorios versaron sobre asuntos de naturaleza mercantil, los puntos jurídicos controvertidos que corresponde dilucidar pertenecen a la materia común, pues uno de ellos se refiere a si el Juez de Distrito puede analizar en la sentencia una causal de improcedencia previamente desestimada por un Tribunal Colegiado de Circuito al revocar el auto del Juez Federal en el cual había desechado la demanda; y el otro tema se refiere a la aplicabilidad del término de ciento ochenta días previsto en el artículo 22, fracción III, de la Ley de Amparo, si el quejoso residente en el extranjero tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento del que emanaron los actos reclamados.
En efecto, aunque ambos Tribunales Colegiados de Circuito sustentaron sus respectivas tesis en amparos en revisión en materia mercantil, que por extensión queda comprendida en la civil, en el caso la posible contradicción de tesis trata en un aspecto el tema relativo a la interpretación de los artículos 21 y 22, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación al artículo 73, fracciones XII y XIII, del propio ordenamiento legal, sobre la oportunidad para presentar la demanda de amparo cuando el quejoso, haciéndose sabedor de la existencia del juicio entablado en su contra, en la etapa de emplazamiento, reside fuera del país; pues en tanto que un tribunal sostiene que debe hacerse dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento el quejoso del acto reclamado, porque estima que el caso queda comprendido dentro de la regla genérica que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el otro afirma que opera la excepción prevista en la fracción III del artículo 22 del propio ordenamiento, y que por tanto la demanda puede presentarse dentro de los ciento ochenta días siguientes al en que tenga conocimiento el quejoso de la existencia del juicio. En otro aspecto, el Primer Tribunal sostiene que el hecho de que un tribunal resuelva presuntivamente que no se actualiza una causal de improcedencia al fallar en revisión (toca sobre "improcedencia"), no impide al Juez Federal que al fallar en la audiencia constitucional examine de nueva cuenta la misma causal, si se la hace valer una de las partes, y cuenta con nuevas pruebas distintas de las ya examinadas; en cambio, el Segundo Tribunal afirma que al haber resuelto el Tribunal Colegiado previamente que no se da determinada causal de improcedencia, el juzgador ya no puede ocuparse nuevamente de su estudio en la sentencia, salvo que se apoye en el análisis de otras pruebas distintas de las examinadas por el Tribunal Colegiado. Por ello, tales cuestiones no resultan aplicables únicamente en asuntos que corresponden a la materia genéricamente civil, sino a la materia común relativa al juicio de garantías.
Es aplicable al respecto la tesis del Tribunal Pleno de este alto tribunal, publicada en la página cuarenta de la Gaceta número cuarenta y uno del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, con el rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia del amparo y no a los criterios que entran en contradicción al resolverse esos amparos. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustenten sobre temas de la especialidad de la Sala, pero no cuando se sustenten criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque estos criterios se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino de materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones; además de que se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver tales contradicciones, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que no son materia de la competencia especializada de las Salas."
SEGUNDO. La parte relativa de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 367/93, en lo conducente dice:
"TERCERO. Es sustancialmente fundado uno de los agravios preinsertos, y suficiente para revocar la sentencia sujeta a revisión. El recurrente tiene razón en cuanto alega que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de manera indebida estimó inoperante la causal de improcedencia que hizo valer, consistente en la extemporaneidad de la demanda de garantías. En efecto, si bien es cierto lo establecido por dicho juzgador en el fallo impugnado, en el sentido de que este propio Tribunal Colegiado en la ejecutoria pronunciada el diez de agosto de mil novecientos noventa y dos, en la improcedencia civil número 218/92, revocó el acuerdo por el que había desechado tal demanda por notoria extemporaneidad y ordenó su admisión; empero, es de resaltarse que ello se debió a que de lo narrado en dicha demanda y de las constancias anexas a la misma se apreciaron datos que hacían suponer que en la especie el término para el ejercicio de la acción constitucional era el de ciento ochenta días previsto por el artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; pero este tribunal, además, puntualizó que dependería del estudio que de las documentales mencionadas se realizara, así como de los informes justificados que rindieran las responsables y de las pruebas que aportaran, que podría llegarse al conocimiento cierto y verdadero de si el juicio es o no improcedente por la causa invocada para desechar la demanda, o sea, si el quejoso estuvo en el supuesto del artículo 21 de la Ley de Amparo y por ende, debía haberla presentado dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. En esas condiciones, el Juez de Distrito en realidad no debió limitarse a desestimar la susodicha causal de improcedencia apoyándose en la mencionada ejecutoria de este Tribunal Colegiado, sino que tenía la obligación de analizar las constancias de autos a fin de establecer con certeza y sin lugar a duda si la demanda es o no extemporánea. En la especie, el quejoso en su escrito inicial sostiene que en el juicio ejecutivo mercantil número 775/91, del que derivan los actos reclamados, indebidamente fue emplazado en el rancho de Patambarillo, del Municipio de Penjamillo, Michoacán, perteneciente al Distrito Judicial de La Piedad, puesto que desde el año de 1964, mil novecientos sesenta y cuatro, radica en los Estados Unidos de Norteamérica, en 2125 Cox Lane de Hughson, California. Sin embargo, en el hecho cinco de la propia demanda manifestó haber tenido conocimiento del procedimiento reclamado el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en que se lo comunicó por teléfono su padre, con quien se había entendido la diligencia de emplazamiento, y que en esa misma fecha les dio instrucciones a sus abogados, también por vía telefónica, para que procedieran a contestar la demanda enderezada en su contra, indicándoles que les mandaría el poder necesario lo más rápido posible; agregando en el hecho sexto, que aquéllos presentaron la contestación a la demanda pero no se acordó favorablemente porque no anexaron el poder que acreditara que fueren sus apoderados. Esta última circunstancia quedó demostrada en autos del juicio de amparo, mediante las copias fotostáticas del escrito de contestación de la demanda suscrita por Ernesto Ayala Pérez y José Luis Corona Rodríguez, ostentándose apoderados del entonces demandado, de fecha diecinueve del precitado mes y año, y del acuerdo que al mismo recayó, que obran entre las constancias del juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, aportadas por el apoderado del quejoso debidamente certificadas por la Secretaría del Juzgado responsable. Esa comparecencia de los abogados a quienes el quejoso encomendó contestaran la demanda ciertamente evidencia que desde entonces se manifestó sabedor del susodicho juicio promovido en su contra, como alega el recurrente. Esto determina, de conformidad con el último de los dos párrafos de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo, que en el caso no es aplicable lo dispuesto en el primer párrafo en el sentido de que cuando los actos reclamados deriven de un juicio en el que el agraviado no haya sido citado legalmente, éste tendrá el término de 180 días para interponer la demanda de garantías si residiera fuera de la República, sino la regla genérica establecida en el artículo 21 de la propia Ley, de que tal término será de quince días contados desde el día siguiente al en que el agraviado se hubiese ostentado sabedor de los actos que reclama. Por tanto, si el quejoso se manifestó sabedor del juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos combatidos, desde el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, pero presentó su demanda constitucional hasta el dos de junio de mil novecientos noventa y dos, en esa virtud es obvia su extemporaneidad respecto del auto de exequendo, dictado el cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno, y del emplazamiento y embargo practicados en cumplimentación del mismo el treinta de ese mes y año, surtiéndose en relación a esos actos la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la propia Ley de Amparo. Incluso la contemplada por la fracción XIII de dicho precepto, con motivo de que el quejoso no agotó el incidente de nulidad del emplazamiento antes de acudir al amparo, a pesar de que estuvo en posibilidad de hacerlo. Siendo igualmente improcedente el juicio de garantías por lo que ve a los actos reclamados subsecuentes al emplazamiento, como son la sentencia de remate y su ejecución, por derivarse éstos del emplazamiento consentido tácitamente, ya que no se combaten por vicios propios, sino señalándose como consecuencia de dicho emplazamiento. Sobre el particular tienen aplicación la jurisprudencia número 70 y la número 71, publicadas respectivamente en las páginas 116 y 117 del Apéndice de 1917 a 1988, cuyos rubros dicen: `ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA' y `ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS.'- Consecuentemente, procede revocar la sentencia sujeta a revisión para sobreseer en el juicio de garantías con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."
TERCERO. En la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión número 276/92, en la parte relativa se sostiene lo siguiente:
"TERCERO. Los agravios antes transcritos son jurídicamente ineficaces en una parte e infundados en otra. Argumenta el recurrente en los motivos de disenso que expresa, que es incorrecto el proceder del a quo que se actualizó cuando desestimó las causales de improcedencia que hizo valer en el libelo de fecha primero de junio de mil novecientos noventa y dos, al declarar inoperantes las consideraciones que al efecto expuso, señalándose a ese tercero perjudicado que este Segundo Tribunal Colegiado en ejecutoria que dictó al resolver el toca 85/92, había revocado la resolución por la que se desechó por ese juzgador la demanda de amparo por extemporánea, y estableció que el término para la promoción del juicio de garantías debía computarse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22, fracción III, de la Ley de Amparo, virtud a la aseveración del quejoso de que residía fuera del país, y que por la misma razón no tuvo obligación de promover incidente de nulidad de actuaciones por defecto o falta de emplazamiento. Consideraciones que rigen el considerando segundo del fallo, en que se analizaron las causales de improcedencia que adujo actualizadas el tercero perjudicado, que resultan, contrario de lo que se aduce en los agravios que de ello se ocupan, ajustadas a derecho. Lo que resulta de esta manera por razón de que al escrito de la demanda de garantías que promovió Luis Madrigal Arauza, y cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, le recayó en forma inicial acuerdo de fecha 31 de enero de 1992, en el cual el a quo determinó extemporánea la demanda por haberse presentado fuera del plazo de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo; estimación que basó en el relato de antecedentes que hace el quejoso en su escrito de queja constitucional y en especial en las aseveraciones de que el día diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, tuvo conocimiento en el lugar de su domicilio, ubicado en los Estados Unidos de Norteamérica, y por vía telefónica, de la instauración del juicio del que deriva el acto reclamado, y que en esa misma fecha estableció conversación telefónica con dos abogados del lugar en que se promovió el procedimiento para que hicieran los trámites necesarios para la defensa de los intereses de ese demandado, y determinó además la inaplicabilidad del término que otorga el artículo 22 de la Ley de Amparo y en especial de lo dispuesto por la fracción III. Resolución que se revocó por este Tribunal Colegiado el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, al resolver el toca 85/92, por razón de que en tal ejecutoria se determinó incorrecta la aplicación del término que para la interposición de la demanda concede el artículo 21 de la ley de la materia, y que por el contrario debía, para los efectos de la admisión de la demanda y cómputo del plazo para la interposición de la misma, estarse al lapso de los ciento ochenta días a que se refiere la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo, determinándose, asimismo, que no eran obstáculo para arribar a tal determinación las aseveraciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda sobre el conocimiento que dijo haber tenido del acto reclamado en fecha anterior al período de quince días, pues se concluyó que ello resultaba insuficiente para determinar que el promovente del amparo había tenido un conocimiento real y completo del acto reclamado en forma tal que justificara la inaplicabilidad del término de ciento ochenta días, porque relató el quejoso que ese conocimiento lo tuvo sólo por vía telefónica y en el sitio de su residencia, fuera del territorio de la República. Lo que hace consecuente que el a quo no podía ya, legalmente y al momento de dictar sentencia en cuanto al fondo, establecer de nueva cuenta la extemporaneidad de la interposición de la demanda sin que obraran nuevas pruebas que así lo resaltaran, diferentes de aquellas que habían sido ya analizadas tanto por el Juez como por este tribunal, y que por ello correctamente estableció la inoperancia de las alegaciones que al efecto se expusieron por el tercero perjudicado y traen también como resultado que los agravios que ellos rebaten resulten jurídicamente ineficaces por referirse a una situación sobre la que este Tribunal Colegiado ya emitió resolución. Por otra parte, son carentes de razón las alegaciones en el sentido de que el proceder del quejoso encuadra en el caso de excepción que consigna el último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo porque Luis Madrigal Arauza, afirma, se sometió expresamente a la jurisdicción del Juez responsable cuando ordenó a los licenciados Ernesto Ayala Pérez y José Luis Corona Rodríguez que contestaran la demanda, porque ello le obligó, aduce el recurrente, a promover incidente de nulidad de actuaciones por falta o defecto en el emplazamiento por haber quedado sujeto a los medios ordinarios de defensa, ya que dejó de ser tercero extraño al procedimiento, invocando aplicables los criterios que este Tribunal Colegiado sostuvo al resolver el A.R.C. 118/89, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y nueve, de los rubros: `PERSONA MORAL. NO ES TERCERA EXTRAÑA PARA EFECTOS DEL AMPARO, SI LA PERSONA FISICA QUE OSTENTA SU REPRESENTACION LEGAL, SE SOMETIO A LA JURISDICCION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.' y `EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE REQUIERE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.', y concluye que el quejoso adecuó su conducta a la causa de excepción a la regla que establece el artículo 22 de la ley de la materia, y que se actualiza, en términos del último párrafo de ese mismo precepto, cuando el interesado en cualquier forma se manifieste sabedor del procedimiento que motive el acto reclamado. Siendo ello así, en razón de que para una correcta interpretación del último párrafo del precepto legal en cita debe partirse de la base de que los plazos que estableció el legislador para la interposición de la demanda de garantías, en el artículo 22 de la Ley de Amparo, fueron a fin de dar oportunidad a quienes no residan en el lugar en donde se tramite el procedimiento, de preparar en debida forma su defensa, y que la excepción a que hace referencia el último párrafo de ese numeral, y cuya aplicación se invoca por el recurrente, sólo cobra vigencia en los casos en los cuales exista prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento que motivó el acto reclamado en fecha anterior al plazo de los noventa o ciento ochenta días; lo que en la especie no ocurrió, porque la demanda de amparo se solicitó cuando no había fenecido ese lapso de tiempo que se precisa en el segundo de los casos. Sin que tampoco sea óbice la circunstancia de que el quejoso haya reconocido que dio instrucciones telefónicas a los licenciados Ernesto Ayala Pérez y José Luis Corona Rodríguez para que promovieran su defensa y ni aun el que esos profesionistas hubiesen presentado ocurso ante el Juez responsable, habida cuenta que a tal promoción le recayó acuerdo denegando las peticiones que en él se contenían por falta del poder con que se ostentaban los ocursantes; situación que sólo corrobora la apreciación de este Tribunal Colegiado acerca de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 22 de la ley de la materia, por ser precisamente la intención del legislador preservar a las personas en contra de situaciones análogas a la presente, en la que por ausencia en el lugar del juicio del directo interesado o de persona con poder bastante para representarlo, estuvo impedido para comparecer y ser oído en defensa de sus intereses. Resultando por ello mismo inaplicables las tesis invocadas en el escrito de agravios, por referirse a situaciones diversas, pues en el procedimiento del que deriva la ejecutoria en que se sostuvieron, las quejosas comparecieron a juicio y se sometieron a la jurisdicción del tribunal por medio de una persona física que tenía el carácter de representante legal de las directas afectadas..."
CUARTO. Asimismo, en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia civil 85/92, en la parte conducente consideró:
"CUARTO. Son fundados los agravios que anteceden.
"Asiste razón al recurrente cuando asevera, en los agravios que formula ante este Tribunal Colegiado, que el a quo al emitir la resolución materia del recurso, y determinar actualizada una causal de improcedencia del juicio de garantías, que lo llevó a desechar la misma, verificó una incorrecta interpretación de lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo.
"En efecto, precisan los dispositivos legales de mérito lo siguiente: `ART. 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.'
"`ART. 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. III. Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior. No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.'
"Ahora bien, conteniendo el numeral 22 del ordenamiento legal en cita los casos de excepción a la regla genérica que se establece en el artículo 21, en relación con el término de que los quejosos disponen para interponer la demanda de garantías, y como en forma específica la fracción III determina los plazos en los supuestos de que los agraviados tengan su residencia fuera del lugar en donde se emita el acto reclamado, sea dentro de la República o fuera de ella, debe entenderse que la intención del legislador al establecerlo de esta manera, lo fue el dar oportunidad a quien no radica en el lugar en donde se ventile el procedimiento que le irroga perjuicio, de preparar en debida forma su defensa, esto es, la salvedad consignada en la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo, respecto del término para la interposición de la demanda de garantías se instituyó por el legislador tomando en consideración la radicación o residencia del agraviado, respecto del lugar en donde se haya seguido el juicio que lo motivó.
"En ese orden de ideas, si el promovente de la queja constitucional afirmó, al relatar los antecedentes de su demanda, tener su residencia fuera de la República, en la ciudad de Hughson, California y ser residente de los Estados Unidos de Norteamérica, y que en ese país tiene su fuente de trabajo, debe concluirse que el Juez de Distrito debió, para los efectos de la admisión de la demanda y cómputo del término para la interposición de la misma, estarse al plazo de los ciento ochenta días a que se refiere la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo.
"Sin que para ello resulte óbice la aseveración del quejoso, de que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el día diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, mediante una conversación telefónica que tuvo con su padre Antonio Madrigal, porque además de que esa circunstancia, por sí sola, sería insuficiente para concluir que el promovente de la queja constitucional tuvo conocimiento real y completo de los actos reclamados que justificaran la falta de aplicación de lo establecido por la fracción III del artículo 22, el supuesto a que se refiere la parte final del primer párrafo de la fracción en comento, que precisa que si el interesado vuelve al lugar en que se ha seguido el juicioquedará sujeto al término a que se refiere el artículo 21, debe entenderse en el sentido de que ese plazo de quince días debe iniciarse a partir de la fecha en que el agraviado hubiese regresado al lugar del juicio, si lo hubiese hecho antes de transcurridos los términos de 90 o 180 días, y no a partir de aquel en que conoció del acto reclamado, porque de esta manera se hace nugatoria en perjuicio del agraviado la oportunidad que otorga el legislador a quien no resida en el lugar del juicio, de preparar debidamente su defensa.
"En ese orden de ideas, al resultar fundados los agravios expresados lo procedente es revocar la determinación que se revisa y ordenar al a quo que, de no encontrar otra causa manifiesta de improcedencia del juicio, admita a trámite la demanda de garantías."
QUINTO. Previamente a cualquier otra cuestión debe establecerse como presupuesto ineludible si existe la contradicción de tesis denunciada.
Para tal efecto es preciso señalar que por lo que toca al primero de los aspectos jurídicos a dilucidar, consistente en el hecho de si es posible que el Juez de Distrito examine una causal de improcedencia sobre la cual con anterioridad un Tribunal Colegiado de Circuito al revocar el auto de desechamiento de la demanda de amparo relativa decidió que no se actualizaba, no existe la oposición de criterios denunciada.
Lo anterior es así, porque el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 367/93, acerca del problema jurídico que nos ocupa, señaló que en una ejecutoria anterior había revocado el auto del a quo en el que éste había desechado la demanda de amparo por notoria extemporaneidad, debido a que de lo narrado en la demanda y de las constancias anexas se apreciaron datos que hacían suponer que sobre el particular el término para el ejercicio de la acción constitucional era el de ciento ochenta días previsto por el artículo 22, fracción III, de la Ley de Amparo, añadiendo que en esa resolución también se puntualizó que dependería del estudio que de las documentales mencionadas se realizara, así como de los informes justificados y de las pruebas que se aportaran, que podría llegarse al conocimiento cierto y verdadero de si el juicio era o no improcedente por la causa invocada para desechar la demanda, o sea si el quejoso estuvo en el supuesto del artículo 21 de la Ley de Amparo y por ende, debía haberla presentado dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados; por ello, estableció dicho tribunal, el Juez de Distrito no debió limitarse a desestimar en la sentencia respectiva tal causal de improcedencia, sino que tenía la obligación de analizar las constancias de autos a fin de establecer con certeza si la demanda era o no extemporánea.
Por su parte, al resolver la revisión 276/92, el Segundo Tribunal Colegiado de ese mismo Circuito, en un asunto similar al anterior, pues derivaba también de un juicio ejecutivo mercantil, en el que había identidad en los antecedentes, fechas e inclusive se trataba de las mismas partes, expresó que al resolver con anterioridad la improcedencia 85/92 el Juez de Distrito había aplicado incorrectamente el término que para la interposición de la demanda concede el artículo 21 de la ley de la materia, y determinó que para los efectos de la admisión de la demanda y cómputo del plazo debía de estarse al lapso de los ciento ochenta días a que se refiere la fracción III del artículo 22 de la misma ley; esto hacía consecuente que el a quo no podía ya legalmente y al momento de dictar sentencia, establecer de nueva cuenta la extemporaneidad de la presentación de la demanda sin que obraran nuevas pruebas que así lo resaltaran, diferentes de aquellas que habían sido ya analizadas tanto por el Juez como por ese propio tribunal.
De lo anteriormente relatado se colige que los criterios contenidos en las ejecutorias indicadas, en el primer aspecto que se examina, no reúnen los requisitos necesarios para que exista contradicción de tesis.
Lo anterior en virtud de que este alto tribunal ha estimado al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 197-A de la Ley de Amparo, que para estar en aptitud de dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir: 1) Discrepancia de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica; 2) La discrepancia debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas expresadas en la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues son precisamente esas consideraciones las que constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales; y 3) Los distintos criterios deben provenir del examen de los mismos elementos.
Al respecto, la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 22/92, publicada en las páginas 22 y 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, corre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3620-7adb0655/demanda-de-amparo-termino-para-interponerla-articulo-22 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTRADICCION DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURIDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- DISPARO DE ARMA DE FUEGO, AUTONOMIA DEL TIPO PENAL DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE TABASCO). (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- ACCION DE RESCISION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR FALTA DE PAGO PUNTUAL DE LA RENTA. HECHOS CONSTITUTIVOS QUE DEBE PROBAR EL ACTOR, CUANDO NO SE SEÑALA LUGAR PARA EL CUMPLIMIENT (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis