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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ES OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO CUBRIR LAS APORTACIONES PARA QUE AQUÉLLOS GOCEN DEL BENEFICIO A LA VIVIENDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. · Registro digital (IUS): 25830
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-09-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO), Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SE
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II , Pág. 1543.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GLORIA GARCÍA REYES, LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA, EMMA HERLINDA VILLAGÓMEZ ORDÓÑEZ, FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ, MIGUEL MENDOZA MONTES Y SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA. PONENTE: FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ. SECRETARIO: SAMUEL VARGAS ALDANA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del primero de marzo de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, el cual sustentó su criterio en el amparo directo 418/2014, que consideró contradictorio con el sostenido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del citado circuito), en el juicio de amparo directo 900/2009.

TERCERO.-Criterios participantes. El entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del citado circuito), resolvió el juicio de amparo directo 900/2009, mediante ejecutoria de siete de mayo de dos mil diez.

El referido juicio de amparo, fue promovido por **********, adscrita a la Secretaría de Administración Urbana en el Área de Enlace Administrativo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puebla, señalando como acto reclamado, el laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, mediante el cual, entre otros aspectos, absolvió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puebla (tercero perjudicado), del pago, o en su caso, entrega de constancias relativas a las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que debió realizar el demandado por todo el tiempo que duró la relación laboral.

Las consideraciones en que se sustenta la aludida ejecutoria de amparo, en lo que aquí interesa, son:

"Como octavo concepto de violación manifiesta que es incorrecto que se le absuelva al Ayuntamiento de pagar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, porque consta que fue dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y forzosamente debieron descontársele el pago de estas aportaciones y en la diligencia de inspección ocular no se exhibieron estos pagos.

"Por lo que se refiere al pago de Sistema de Ahorro para el Retiro en la diligencia de inspección ocular de fecha veintidós de noviembre de dos mil seis se acreditó el pago de esta prestación.

"En relación a las cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe indicarse que el actor reclamó en el apartado siete del capítulo de prestaciones de su demanda laboral, el pago o en su caso la entrega de las constancias relativas a los enteros que por concepto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debió realizar el demandado a su favor por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, pues omitieron hacerle la entrega de las constancias respectivas.

"Al respecto, el Ayuntamiento demandado se excepcionó diciendo que es improcedente el pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en virtud de que no está obligado al pago de las mismas.

"Precisada la prestación reclamada por el actor y la forma en que se excepcionó el Municipio demandado, se estima que los conceptos de violación propuestos respecto del tópico que nos ocupa, son infundados.

"Es verdad que el artículo 115 constitucional, en relación con el 2 de la Ley Orgánica Municipal, no exime al Municipio de otorgar vivienda a sus trabajadores, pero tampoco los obliga al no existir fundamento legal para tal propósito, en atención al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, que reza que las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes les permiten.

"Respecto de la tesis aislada aplicada por el tribunal responsable de rubro: ‘UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. NO ES UNA EMPRESA Y, POR LO MISMO, NO LE ES APLICABLE LA OBLIGACIÓN IMPUESTA A LOS PATRONES EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’; fue invocada por analogía y por mayoría de razón, ya que al prever el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo que sólo las empresas tienen obligación de proporcionar habitación a sus trabajadores aportando para ello el cinco por ciento de sus salarios; mientras que el Municipio es una entidad de derecho público que tiene como propósito satisfacer en el ámbito de su competencia las necesidades colectivas de la población asentada en su circunscripción territorial, de ahí que no pueda catalogarse como una empresa en los términos del precepto legal citado, resultando improcedente el otorgamiento de vivienda a sus trabajadores.

"Ahora bien, no por el hecho de que tenga asignado un presupuesto determinado para cada ejercicio fiscal o cuente con un patrimonio propio y con recursos suficientes, de suyo hace procedente la condena al pago del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque no existe fundamento legal que lo obligue a ello, por tratarse de una relación laboral de carácter burocrática cuya finalidad primordial es la prestación de servicios públicos.

"En esa tesitura, ante la negativa del demandado para pagar la prestación en comento y sin fundamento legal en la legislación burocrática estatal y municipal, correspondió a la parte actora acreditar que el Ayuntamiento efectuó descuentos a su salario por concepto de cuotas obrero patronales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y como consecuencia, que tiene derecho a que le devuelvan las constancias relativas; por lo tanto, al no haberlo hecho así, fue correcta la absolución decretada por el tribunal responsable.

"Finalmente, si bien los artículos 11 y 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y la de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, respectivamente, prevén la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, ello no da lugar a otorgar la prestación reclamada; pues en el caso no opera la aplicación supletoria en virtud de que sólo procede tratándose de omisiones o vacíos legislativos, mas no así respecto de situaciones que el legislador local no tuvo la intención de establecer, de modo que si el legislador local no previó lo relativo al otorgamiento de la prestación de vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de cualquier otro organismo para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, no constituye una omisión que necesariamente deba subsanarse aplicando supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, en los términos de los numerales invocados.

"Es aplicable la tesis de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42, Tercera Parte, Tomo XXVII, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA.-Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria.’

"En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados para los efectos de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar pronuncie uno nuevo en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria considere que es improcedente la excepción de prescripción opuesta por la demandada, que las pruebas que aportó la demandada no son suficientes para acreditar la inexistencia de la relación laboral a partir del quince de marzo de dos mil cinco, le niegue valor probatorio a la testimonial que ofreció la demandada a fin de acreditar la inexistencia del despido determine que están precisadas las horas extras que trabajó la quejosa, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda. ..."

Cabe indicar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito informó a este Pleno de Circuito, que con base en el anterior criterio, recientemente resolvió el juicio de amparo directo 206/2014, en ejecutoria de cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Tal juicio constitucional fue promovido por **********, en su carácter de ********** adscrito a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, señalando como acto reclamado el laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, mediante el cual, entre otros aspectos, fue omisa en pronunciarse con respecto al reclamo consistente en el pago de aportaciones o en su caso entrega, de las constancias relativas a los enteros que por conceptos del INFONAVIT, FOVISSSTE y SAR, debió realizar el Ayuntamiento demandado.

Las consideraciones que sustentan la anterior ejecutoria de amparo, en lo conducente, son:

"Por lo que hace al pago de aportaciones o en su caso entrega de las constancias relativas a los enteros, que por concepto de INFONAVIT, FOVISSSTE y SAR debió realizar el Ayuntamiento demandado, debe decirse que la responsable fue omisa al respecto.

"Sin embargo, es evidente que no puede existir condena en relación con el pago de aportaciones al INFONAVIT y al SAR, ya que tales instituciones se encargan de administrar las aportaciones a la subcuenta de vivienda y retiro que cotizan los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional, siendo que en el caso el aquí quejoso laboró para un Ayuntamiento y de ahí que dicho régimen no sea aplicable.

"Por su parte, si bien el FOVISSSTE, es un fondo que administra las subcuentas de vivienda para los trabajadores del apartado B, lo cierto es que, en tal institución sólo cotizan los trabajadores de los poderes del orden federal, no municipal, de manera que los trabajadores que prestan sus servicios para la administración pública municipal en cualquier entidad de la República Mexicana, no tienen derecho a ser incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni como consecuencia a su fondo de vivienda (FOVISSSTE), de ahí que a pesar de la omisión de la responsable de pronunciarse en torno a tal reclamo, ésta no pueda causar perjuicio alguno.(1)

"Máxime, que en el caso el Ayuntamiento demandado precisamente se excepcionó, en el sentido de que tales prestaciones de seguridad social reclamadas, no estaban reconocidas en ningún precepto legal y el actor tampoco acreditó que el Municipio demandado hubiera suscrito algún convenio ya fuera con el Instituto Mexicano del Seguro Social o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ..."

Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, resolvió el juicio de amparo directo 418/2014, mediante ejecutoria de quince de agosto de dos mil catorce.

El referido juicio de amparo, fue promovido por **********, en su carácter de **********, adscrita a la Dirección de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puebla, señalando como acto reclamado el laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, mediante el cual, entre otros aspectos, absolvió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puebla (tercero perjudicado), al pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por todo el tiempo que duró la relación laboral.

Las consideraciones en que se sustenta la referida ejecutoria de amparo, son:

"DÉCIMO.-Pronunciamiento sobre los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

"En primer lugar, debe decirse que la litis en el presente juicio constitucional, sólo se centrará en analizar el pronunciamiento que la responsable hizo en relación con la prestación que la quejosa reclamó consistente en el pago de las aportación al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores.

"Es así, porque el resto de los pronunciamientos en los que sustento las condenas y absoluciones el tribunal responsable, ya fueron analizados por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en el que ordenó reiterarlos; por ende, la presente litis constitucional se centra, como ya se dijo, en la consideración antes referida (pago de las aportaciones al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores).

"Esto es, en la ejecutoria del juicio de amparo 1729/2013, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, se analizó la constitucionalidad del estudio que hizo el tribunal responsable sobre la acción principal en el juicio laboral. Dicho tribunal consideró infundados los conceptos de violación, porque estimó que a quien correspondía demostrar que contaba con nombramiento de base era a la parte actora (quejosa en ese juicio), que en ese sentido si no cumplió con su débito procesal entonces fue correcta la absolución a la que concluyó la responsable.

"Asimismo, consideró fundado pero inoperante el concepto de violación en el que dijo que el laudo reclamado era incongruente, porque no fijo la litis correctamente y se citaron diversos ordenamientos legales que no fueron aportados por las partes; que ello era así, porque si bien el laudo era incongruente lo cierto es que, a ningún efecto práctico conduciría otorgar la protección constitucional, si de cualquier manera la actora no probó su acción principal.

"Posteriormente, estimó fundado el argumento en el que dijo que el tribunal omitió pronunciarse respecto a los salarios devengados; porque consideró que se abstuvo de ello, empero, como ya había determinado sobre esa prestación en el laudo de veintidós de noviembre de dos mil doce, que fue sustituido por el que fue materia de ese juicio constitucional, lo único que tenía que hacer al emitir la nueva resolución era reiterar esa condena.

"Finalmente, estimó fundado el argumento relativo a la consideración en que sustentó la absolución al pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; ya que dijo que había sido incorrecta la absolución respectiva porque la autoridad laboral responsable resolvió de manera incongruente ya que integró a la litis argumentos y medios de prueba que no fueron expuestos por la parte demandada.

"Así, en los efectos de la ejecutoria relatada, el tribunal federal vinculó a la responsable a reiterar las condenas y absoluciones que no fueron materia de la concesión de amparo; esto es, absolver al Ayuntamiento demandado de la acción principal ejercitada de despido injustificado, como a las prestaciones derivadas como son la reinstalación, indemnización constitucional, veinte días por año, prima de antigüedad y salarios caídos. Condenar al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y a exhibir las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

"También, a reiterar la condena respecto del pago de salarios devengados y no cubiertos, como lo había hecho en el laudo de veintidós de noviembre de dos mil doce.

"Finalmente, con plenitud de jurisdicción, resolviera sobre el pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Previo a analizar el pronunciamiento relativo a la acción relativa al pago de las aportaciones de vivienda, debe decirse que, el acceso a una vivienda digna, en términos generales, es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, y no puede limitarse a persona alguna, el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas las personas y, por tanto, no debe ser excluyente.

"Ahora, lo que delimita el alcance del Derecho es el contenido del artículo, pues lo que persigue es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual, no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo, ya que en caso contrario, no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente. De forma que lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal constituye un derecho mínimo, sin que obste reconocer que los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas, sin que ello implique hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada. En ese sentido, todos los trabajadores tienen derecho a adquirir una vivienda, por ello, surge la obligación de los patrones de contribuir, tal y como lo establece el artículo 123 constitucional.

"Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CXLVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, del Libro 5, abril de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.-El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere «adecuada» requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.’

"Establecido lo anterior, debe decirse que el laudo reclamado es inconstitucional, porque el derecho de los trabajadores a la vivienda, forma parte de aquellos que integran la seguridad social, a los que los trabajadores de los Ayuntamientos tienen derecho en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como lo reconoció la responsable en el laudo, por tanto, basta que se acredite la existencia de la relación laboral para la procedencia de la acción, sin que se tengan que demostrar mayores elementos, como lo consideró la Junta del conocimiento, como las fechas de cotización, la existencia de una subcuenta y los descuentos del 5% del salario, a que hace alusión en el laudo.

"En efecto, para abordar el problema jurídico, es necesario tomar en cuenta lo que establecen los artículos 115, fracción VIII; 116, fracción VI y 123, párrafo segundo y apartado B, de la Constitución Federal:

"‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"‘...

"‘VIII.

"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.’

"‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

"‘Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

"‘...

"‘VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’

"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"‘B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"‘I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;

"‘II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;

"‘III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año;

"‘IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

"‘En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la República;

"‘V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;

"‘VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes;

"‘VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración pública;

"‘VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;

"‘XI (sic). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

"‘En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

"‘X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les (sic)

"‘XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"‘a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

"‘b). En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

"‘c). Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

"‘d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

"‘e). Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

"‘f). Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos;

"‘XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.

"‘Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última;

"‘XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

"‘Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

"‘Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25830-96962147/trabajadores-al-servicio-del-ayuntamiento-del-municipio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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