TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE CHIAPAS. CUANDO ALEGAN DESPIDO INJUSTIFICADO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ESTÁ OBLIGADA A ESTUDIARLO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA XX.3o. J/1 (10a.)].
AMPARO DIRECTO 910/2014. 2 DE DICIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: J. MARTÍN RANGEL CERVANTES. SECRETARIA: MARÍA ESTHER CASTRO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio de los conceptos de violación.
Los motivos de disenso se consideran infundados, como enseguida se verá.
En una parte del primer y en el segundo conceptos de violación, la solicitante del amparo refirió que se infringieron sus derechos humanos consagrados en el artículo 16 constitucional, porque la autoridad responsable no hizo mención respecto a la prueba de inspección judicial que ofreció, en la que al momento de su desahogo el patrón no puso a la vista los documentos que le fueron requeridos en tiempo y forma, acorde a la carga procesal que le correspondía conforme lo inmerso en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la legislación burocrática local, lo cual excluye de la carga procesal a la trabajadora, pues es de explorado derecho que quien niega tiene la obligación de probar cuando su negativa envuelve una afirmación, como sucedió en el juicio laboral **********, porque la tercero interesada Secretaría de Educación negó el derecho de la quejosa respecto de las prestaciones exigidas en los numerales 14 y 17 constitucionales.
Citó como apoyo a sus argumentos los criterios de rubros: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS." y "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL."
En otro contexto, expuso que la responsable fue omisa en valorar la prueba confesional a cargo de **********, quien se desempeñaba como encargado de nóminas del Ayuntamiento demandado, quien no asistió a la citada diligencia; por ende, se le declaró confeso y se tuvieron por ciertos los hechos manifestados por la obrera.
Los argumentos de mérito son infundados.
Dicha calificativa se considera así porque, en primer término, del contenido de los autos que integran el juicio laboral **********, origen del acto reclamado (y no juicio laboral **********, como equivocadamente refirió la inconforme), no se aprecia que la trabajadora, ahora quejosa, haya ofrecido la prueba de inspección judicial a la que aludió, menos que se haya desahogado en juicio.
Además, de las constancias que obran en autos, se apreció que, **********, encargado de nóminas del Ayuntamiento demandado, no fue declarado confeso fíctamente, porque sí asistió al desahogo de la prueba confesional a su cargo, siendo que, a quien hicieron efectivo ese apercibimiento por no acudir a dicha diligencia fue a **********, tesorero municipal, como se aprecia a fojas 120 vuelta y 121 ídem.
En otra parte del primero y en el segundo conceptos de violación la peticionaria de garantías expuso, en síntesis, que:
a) La autoridad laboral no entró al estudio de todas las pruebas que ofreció, ni valoró las objeciones que efectuó a través de su apoderado en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, pues únicamente se avocó a determinar que era una trabajadora de confianza, por tanto, que no le correspondía el derecho de las acciones y prestaciones exigidas, cuando la obrera en su escrito de demanda expuso que inició a laborar por primera vez como auxiliar administrativo, encomendándosele diversas funciones de cajera.
b) Respecto de lo anterior, adujo que el Ayuntamiento demandado no opuso excepciones, ni demostró con pruebas lo contrario, en relación con la categoría que ostentaba la quejosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la legislación burocrática local, circunstancias que afirmó, omitió ponderar el tribunal laboral.
c) De la confesión de la quejosa no se advirtió que haya mencionado que desempeñara una labor de confianza, por tanto, en nada beneficia esa probanza al demandado, porque afirma, la plaza que ocupaba era de auxiliar administrativo pero las últimas funciones que desempeñó eran de cajera.
d) Reiteró que el patrón fue omiso en demostrar que se tratara de una trabajadora de confianza porque no exhibió el primer nombramiento, nóminas o cualquier otro documento que demostrara sus excepciones, por lo que, al no acreditar la causa de rescisión laboral, debió ser condenado al pago de las prestaciones que reclamó.
Las disidencias de mérito se estiman infundadas, acorde con lo siguiente:
De las constancias que integran el expediente laboral **********, origen del acto reclamado, se advierte que la solicitante del amparo al narrar los hechos de su demanda, respecto al puesto y funciones que desempañaba para el Ayuntamiento demandado, expuso que inició a laborar para la patronal el diecisiete de enero de dos mil cinco, con funciones de auxiliar administrativo, pero a partir de la administración dos mil ocho a dos mil once, continuó laborando como cajera adscrita a la tesorería municipal, funciones que desempeñó hasta la fecha del despido inustificado que alegó (fojas de la 4 a la 10 del juicio laboral de origen).
Por su parte, la patronal, al dar contestación a la demanda laboral en cuanto a la categoría y actividades que desarrollaba la trabajadora, expuso que el último cargo que ostentó fue de cajera adscrita a la tesorería municipal, es decir, que sostenía una relación laboral con categoría de confianza, realizando las siguientes actividades: Llevaba el control de la elaboración de cheques; pagos de lista de raya, porque tenía acceso al dinero en efectivo que cobraba como cajera; resguardaba documentación oficial y confidencial del área donde desarrollaba sus funciones y vigilaba y supervisaba las actividades de las demás cajeras que tenía a su cargo (foja 38 ídem).
En el laudo combatido, en lo conducente, la responsable consideró que la quejosa, con la categoría de "cajera adscrita al área de tesorería municipal" era una trabajadora de confianza, al no reunir los supuestos del artículo 7 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas (foja 216 vuelta ídem).
Ahora bien, el artículo 6, primer párrafo, y fracción V, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establece:
"Artículo 6. Se consideran trabajadores de confianza y, en términos de la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social a que se contrae esta ley, aquellos que realicen funciones de dirección; inspección, supervisión, vigilancia y fiscalización; auditoría, siempre que se refiera a funciones propias de las contralorías o de las áreas de auditoría determinadas por las leyes de control administrativo y financiero; adquisición y destino de bienes y/o servicios, sólo cuando tengan facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones, compras, enajenación o arrendamiento, así como los que elaboren los documentos técnicos para realizar las compras de bienes o la asignación de los contratos para los servicios públicos; asesorías y consultorías; y además, aquellos que manejen directamente fondos o valores con la facultad legal para disponer de ellos, o bien, los que sean responsables del resguardo y manejo de documentos o datos de orden confidencial, cuando determinen el ingreso o salida de los mismos, su baja o alta en los inventarios, o su sola conservación o traslado a algún lugar; los cuales se encuentran comprendidos de manera enunciativa mas no limitativa, en la siguiente clasificación:
"…
"V. En los Municipios: Los secretarios del Ayuntamiento, los secretarios particulares, secretarios técnicos, secretario del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el tesorero, el oficial mayor, el cajero general, contralores, delegados, auditores, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, de área, de oficina, y de unidad, los inspectores, contadores, cajeros, abogados o representantes legales, asesores jurídicos, asesores en general, los agentes, subagentes municipales."
En torno al carácter de "confianza" que se da a los trabajadores, el Máximo Tribunal del País, actuando en Pleno y en Sala, ha sustentado el criterio en el sentido de que para determinar si un servidor público tiene la categoría de confianza o no, deben ponderarse las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera a este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza.
Por tanto, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza (excepción opuesta por el Ayuntamiento demandado), deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeñó o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo.
Orientan a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias:
P./J. 36/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 10, Tomo XXIII, febrero de 2006, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 175735, de rubro y texto:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.—De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo."
2a./J. 160/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 123, Tomo XX, noviembre de 2004, materia laboral, registro digital 180045, del tenor siguiente:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.—La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando."
En ese orden de ideas, este órgano pluripersonal, contrario a lo estimado por la inconforme, estima legal la determinación tomada por el tribunal responsable, al considerar que el puesto y las funciones que desempeñó la actora, ahora quejosa, en la fuente de trabajo, eran propios de una trabajadora de confianza.
Esto es así, porque con las pruebas que obran en autos se demostró que no se trató de una trabajadora de base, puesto que se evidenció que sus funciones eran de "cajera", pues así lo confesó expresamente la obrera.
Se afirma lo anterior, al tomar en consideración que quedó evidenciado en párrafos precedentes que la accionante en su escrito inicial de demanda, específicamente en el "apartado de hechos", confesó que inicialmente fue contratada en el cargo de auxiliar administrativo, pero que a partir del dos mil ocho sus funciones fueron de cajera adscrita al área de tesorería municipal.
De lo señalado, como atinadamente lo consideró el tribunal laboral, se desprende que la quejosa, en la categoría de "cajera", tenía funciones de una trabajadora de confianza, por tanto, contrario a lo argüido por la inconforme, la prueba de mérito resultó apta para demostrar que las funciones que desempeñó son catalogadas por el artículo 6, párrafo primero y fracción V, de la legislación local aplicable, como pertenecientes a un trabajador de confianza, pues el citado precepto legal dispone que se considerarán con esa categoría a los empleados que se desempeñen como cajeros.
Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONFESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.—Por confesión debe entenderse el reconocimiento que una persona hace de un hecho propio que se invoca en su contra, y dicha prueba sólo produce efectos en lo que perjudica a quien la hace."(1)
Máxime que, se evidenció aún más la calidad de trabajadora de confianza de la inconforme, como correctamente hizo mención el tribunal burocrático, con las pruebas documentales que ofreció, consistentes en dos credenciales de identificación que obran a foja 14 del juicio laboral, las que acreditaron que se desempeñó como cajera e inspector fiscal, lo cual corrobora lo confesado por la obrera.
Por las razones que informa, se cita la jurisprudencia 2a./J. 77/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 756, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2001445, que dice:
"PRUEBA DOCUMENTAL EN UN JUICIO LABORAL CONSISTENTE EN CREDENCIAL O GAFETE. SI NO ES OBJETADA Y DESVIRTUADA POR EL PATRÓN, ES APTA PARA PRESUMIR LA RELACIÓN LABORAL.—De los artículos 20, 21, 776, 784, 804, 805 y 830 al 834 de la Ley Federal del Trabajo se infiere que si el actor, para acreditar la relación laboral cuya existencia niega el patrón, exhibe como prueba la documental consistente en la credencial o gafete que lo acredita como su trabajador, sin que aquél la objete o demuestre su objeción en cuanto a su contenido y firma, y de su análisis la Junta advierte diversos datos de identificación que lo vinculan laboralmente con aquél, dicha probanza resulta apta para demostrar la prestación de un trabajo personal y, por ende, para presumir la existencia de la relación laboral; sin embargo, en términos del artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo tal presunción admite prueba en contrario, por lo que el valor probatorio que se le otorgue, debe sujetarse al análisis conjunto que la Junta realice para, en su caso, determinar si existen elementos probatorios que permitan desvirtuar la presunción mencionada."
De igual forma, agregó copia simple de la declaración inicial de situación patrimonial de ocho de marzo de dos mil cinco, de donde se desprende que se desempeñaba para la patronal con el cargo de "cajera" (fojas de la 15 a la 24).
Probanzas que fueron debidamente valoradas por la autoridad responsable en términos del artículo 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de las que se desprendió que la ahora quejosa se desempeñaba al servicio de la empleadora con las funciones de cajera adscrita a la tesorería municipal.
En consecuencia, opuesto a lo estimado por la quejosa, de las constancias que obran en el sumario se demostró que las funciones ejercidas por ésta coinciden sustancialmente con las que señaló la patronal, por tanto, este órgano colegiado advierte que los elementos de convicción que obran en el juicio resultaron suficientes para considerar procedente la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el Ayuntamiento demandado, al haber desarrollado la obrera funciones de cajera, especificadas como de confianza en el artículo 6, primer párrafo y fracción V, de la legislación en consulta; además, de que se evidenció que también fungió como inspector fiscal, categoría y funciones que, de igual forma, participan de la misma característica.
Así, en contravención a lo alegado por la solicitante del amparo, al atender la autoridad responsable no sólo el puesto que desempeñaba sino las funciones inherentes al mismo y acorde al resultado que arrojaron las probanzas exhibidas en juicio, la Junta laboral, acorde con lo dispuesto por los numerales 94 y 95 de la ley burocrática local aplicable, determinó que se trató de una trabajadora con la calidad de confianza; de modo que, el laudo combatido por lo que a este punto atañe, no es violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa, como lo argumentó en sus motivos de disenso, puesto que al haber quedado justificado que su categoría y funciones eran propias de una trabajadora de confianza, no gozaba de estabilidad en el empleo.
Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XLVII/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 12, Tomo XXII, diciembre de 2005, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. AL NO GOZAR DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CARECEN DEL DERECHO A DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—De la interpretación del primer párrafo de la referida fracción IX, en el sentido de que los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, en relación con la fracción XIV del propio precepto y apartado, se advierte que sólo los trabajadores de base de los Poderes de la Unión gozan de estabilidad en el empleo, por lo que no pueden ser suspendidos o cesados, sino por causa debidamente comprobada y justificada, lo que les permite permanecer en él, incluso contra la voluntad del patrón, mientras no exista causa que justifique su despido. En ese tenor, si los trabajadores al servicio del Estado que desempeñen cargos de confianza únicamente disfrutan de las medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de la seguridad social, sin tener derecho a la estabilidad o inamovilidad en el empleo, se concluye que no les asiste el consagrado en el segundo párrafo de la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para demandar una indemnización en caso de separación injustificada, dado que, salvo disposición en contrario de la respectiva ley reglamentaria en la que se incrementen los mínimos constitucionales, por regla general su separación no será injustificada."
En ese tenor, resulta inaplicable el criterio citado por la quejosa, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE BASE COMISIONADOS EN FUNCIONES DE CONFIANZA.", en virtud de que, la inconforme no se trató de una trabajadora de base, sino que era de confianza.
Ahora bien, respecto a los diversos criterios citados por la peticionaria de garantías, de rubros: "TRABAJADORES DE CONFIANZA. CUANDO EL PATRÓN SE EXCEPCIONA MANIFESTANDO QUE TIENE TAL CARÁCTER, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE LA PRUEBA." y "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ARGUMENTANDO QUE ERA DE CONFIANZA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.", sus contenidos se ajustan al caso concreto, esto es, es cierto que al patrón le correspondía la carga de la prueba de demostrar que la quejosa se trató de una trabajadora de confianza; no obstante lo anterior, como se vio, al atender la responsable el principio de adquisición procesal, las pruebas que obran en autos justificaron que la obrera se ubicó en esa hipótesis.
Consecuentemente, se hace innecesario el análisis de los motivos de disenso inmersos en los incisos a) y c), en los que la quejosa afirmó que la responsable no valoró todo el material probatorio que ofreció para justificar sus alegaciones, ni las objeciones que formuló, y que de su confesión no se dedujo que haya afirmado ser trabajadora de confianza; porque a ningún fin práctico conduciría efectuarlo, ni redundaría en su beneficio, toda vez que, con el resultado de esas pruebas no desvirtuaría lo ya justificado, es decir, su afirmación en los hechos de su escrito de demanda y la evidencia que arrojaron las pruebas que ofreció, en el sentido de que su cargo y funciones eran de "cajera", por tanto, se trató de una trabajadora de confianza, la cual no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, ni a exigir la reinstalación o que se le otorgue un nombramiento de base.
En igualdad de circunstancias, se estima desacertado lo alegado por la obrera en el inciso b), al afirmar que el patrón no opuso excepciones respecto a la categoría que ostentó ni demostró con pruebas lo contrario.
Lo anterior es así, puesto que si el patrón no planteó discusión respecto a la calidad del puesto afirmado por la quejosa, lógico es que no existió controversia en lo que concierne a este tópico; de ahí que ninguna carga probatoria representa esta circunstancia para con la patronal, más aún que el tribunal laboral patentizó dicha cuestión a foja 129 del expediente natural, en donde especificó:
"En ese orden de ideas, tenemos que las partes contendientes estuvieron de acuerdo que la trabajadora se desempeñaba al servicio de la patronal, como ‘cajera’ en el área de tesorería municipal."
Bajo este contexto, quedó evidenciado que, en cuanto a la categoría que afirmó ostentar la quejosa de "cajera" adscrita a la tesorería municipal, en la fuente de trabajo, no existió controversia que dirimir.
Por otra parte, también se consideran infundados los alegatos vertidos por la quejosa en el inciso d), porque contrario a ello, aun cuando el patrón haya sido omiso en exhibir pruebas que demostraran que se trató de una trabajadora de confianza, esa circunstancia no desvirtúa la confesión expresa y espontánea que sostuvo, en relación con que se desempeñó con la categoría y funciones de "cajera" adscrita al Ayuntamiento demandado, lo que, como ya se analizó, evidenció que se trató de una trabajadora de confianza, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la legislación burocrática local aplicable, máxime que, como ya se expresó, no existió controversia en relación con la categoría en que la quejosa desempeñaba su labor para la patronal demandada.
Además, no debe soslayarse que en el juicio laboral las pruebas rendidas por la actora pueden beneficiar a la parte demandada, al operar el principio de adquisición procesal, porque la Junta laboral tiene la obligación de valorar las pruebas que obran en autos para resolver la cuestión planteada, toda vez que los medios de prueba deben relacionarse entre sí para formar una unidad capaz de crear convicción en el juzgador, cuando sea posible.
Por tanto, conforme al principio de adquisición procesal, la prueba no favorece únicamente a quien la aporta, sino que debe beneficiar a cualquiera de las partes con la finalidad de obtener con el resultado de los medios de convicción el esclarecimiento de los aspectos controvertidos, ya que los tribunales laborales están obligados a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente al dictar el laudo conforme lo inmerso en el citado numeral 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.
Ilustra lo antes precisado, la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 80, Volúmenes 103-108, Quinta Parte, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro digital 243401, de rubro y texto:
"PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL.—En virtud del principio de adquisición procesal, las Juntas están en aptitud de esclarecer los hechos y las pruebas existentes en autos, cualquiera que sea la parte que las haya ofrecido."
En otro fragmento del primer concepto de violación, la peticionaria de garantías manifestó que la responsable dejó de analizar como acción principal el despido injustificado, pues sólo se limitó a determinar si era una trabajadora de confianza.
Citó como apoyo a sus argumentos los criterios de rubros: "CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR DESPIDO, Y AQUÉL LA NIEGA, ADUCIENDO ABANDONO O INASISTENCIAS POSTERIORES POR PARTE DEL ACTOR." y "SALARIOS CAÍDOS. DEBEN PAGARSE A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, CUANDO SE DETERMINA LA ILEGALIDAD DE SU DESPIDO."
Los argumentos son infundados.
Esto es así, al resultar improcedente el análisis de la separación laboral y sus causas, porque tratándose de trabajadores de confianza, como es el caso de la actora, pueden ser separados de su cargo y no tienen derecho a la reinstalación, porque no gozan de estabilidad en el empleo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. VI/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 217, Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al excluir a los trabajadores de confianza de la aplicación de la propia ley, no transgrede la garantía de estabilidad en el empleo consagrada en la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien es cierto que en las diversas fracciones que integran el apartado B de este precepto constitucional se establecen las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado, a través de la ley reglamentaria correspondiente, así como los derechos que tienen, también lo es que tales derechos se prevén a favor de dos tipos de trabajadores, los de base y los de confianza, y al señalar en su fracción XIV que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, está limitando los derechos laborales de este tipo de trabajadores, lo que implica que los derechos que otorgan las doce primeras fracciones del apartado B del mencionado precepto constitucional, serán aplicables a los trabajadores de base, ya que es en ellas donde se regulan los derechos de este tipo de trabajadores y no para los de confianza. Es decir, la calidad laboral de estos últimos, aun cuando se encuentra reconocida por la citada fracción XIV, al establecer que gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, porque se trata de un derecho que no puede ser restringido, sino que debe hacerse extensivo a las condiciones laborales de cualquier trabajador, según las cuales preste sus servicios, así como de los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, porque se trata de medidas de protección de carácter general, los excluye de los derechos colectivos que consagra la propia Ley Fundamental y, en cuanto a la relación de trabajo individual, de las normas que protegen al trabajador de base en la estabilidad en el empleo, por lo que el derecho a solicitar la reinstalación ante un despido injustificado, corresponde únicamente a los trabajadores de base y no a los de confianza, pues a éstos ese derecho no les fue reconocido por el Constituyente, de manera que el hecho de que la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Norma Fundamental, no haga referencia expresa de su aplicación a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, no significa que los derechos en ella previstos sean atribuibles a estos últimos, ya que basta considerar lo dispuesto en la fracción XIV del mencionado apartado para determinar que por exclusión de esta fracción quedan al margen del derecho que otorga la fracción IX."
Asimismo, la tesis 2a. CXV/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 66, Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, DERIVADA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25714-b344c9f4/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIEN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DESPIDO INJUSTIFICADO. TRATÁNDOSE DEL ALEGADO POR UN TRABAJADOR DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ OBLIGADA A ESTUDIARLO PARA DETERMINAR LA PROCEDEN (AMPARO DIRECTO)
- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS. PARA TENER DERECHO AL PAGO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBEN DEMOSTRAR QUE EXISTIÓ LA ORDEN POR ESCRITO EN LA QUE SE (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TRABAJADORES DE CONFIANZA. LA AUTORIDAD LABORAL INFRINGE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL ESTATAL SI PARA CONSIDERAR CON TAL CARÁCTER A UNA PERSONA SE BASA EN UN ORDENAMIENTO LEGAL DISTIN (XX.1o.T.106 L)
- TRABAJADORES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA. DEBEN CONSIDERARSE DE BASE SI LA LEY DEL SERVICIO CIVIL NO DISPONE QUE EL CARGO O PUESTO CONFERIDO ES DE CONFIANZA, INDEPE (V.2o.C.T.5 L)
- SÍNDICO O PRESIDENTE MUNICIPAL, CARECE DE FACULTAD PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEMANDADO A FIN DE COMPARECER AL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. (X.A.T.74 L (9a.))
- CONFIANZA, TRABAJADORES DE. DEBE EXISTIR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY PARA CONSIDERARLOS COMO TALES. (II.T.9 L )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis