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Modo: Corpus Pro

DESPIDO INJUSTIFICADO. TRATÁNDOSE DEL ALEGADO POR UN TRABAJADOR DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTÁ OBLIGADA A ESTUDIARLO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). SALARIOS CAÍDOS. DEBEN PAGARSE A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, CUANDO SE DETERMINA LA ILEGALIDAD DE SU DESPIDO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 700/2013. · Registro digital (IUS): 24876
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 1876.

AMPARO DIRECTO 700/2013. 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: WALBERTO GORDILLO SOLÍS, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO COELLO AVENDAÑO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación son fundados, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor.

En primer término se destaca que no pasa inadvertido para este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que en el caso, **********, ejercitó tanto su acción inicial como la ampliación de su demanda contra la Subsecretaría de Educación Federalizada, antes Servicios Educativos para Chiapas, Secretaría de Educación del Estado y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo (fojas de la 3 a la 5 y de la 31 a la 43 del juicio natural).

Por su parte, el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en proveído de **********, admitió la demanda en la vía y forma propuestas y, entre otras cosas, ordenó correr traslado, entre otros, a la Subsecretaría de Educación Federalizada, y en lo relativo al reconocimiento de la personalidad de los representantes de la parte actora, fue enfática en sostener que no le reconocía personalidad, entre otros, al licenciado ********** (foja 53 ibídem).

El **********, la autoridad aquí señalada como responsable dictó un acuerdo en el que entre otras cosas dijo:

"Por otra parte, vista la razón que obra en autos a foja 57 de la que se advierte que dicha fedataria se vio imposibilitada para emplazar a juicio a la Subsecretaría de Educación Federalizada, por las razones asentadas en la misma, en esa medida, se comisiona al actuario adscrito a este tribunal para que con una copia simple de la razón de referencia, dé vista a la parte actora en su domicilio señalado en autos, y le requiera para que dentro del término de 3 tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, hecho que sea se proveerá lo conducente." (foja 143 vuelta ibídem).

Dado lo anterior, el licenciado **********, el **********, solicitó que dejara de tenerse como parte demandada a la Subsecretaría de Educación Federalizada (foja 145 ibídem); lo que fue acordado de conformidad por la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mediante acuerdo de ********** (foja 146 ibídem).

Lo que desde luego constituye una irregularidad, porque se dejó de tener como parte demandada a un ente jurídico, dada la promoción presentada por un tercero ajeno a las partes; sin embargo, ello de modo alguno trascendió a los intereses de la parte obrera, pues no puede abstraerse que la diversa demandada Secretaría de Educación del Estado, admitió el vínculo laboral; de ahí la intrascendencia de reponer el procedimiento a efectos de que se regularice lo anterior, pues de todas formas la situación de la parte ahora quejosa no mejorará en dicho sentido.

Puntualizado lo anterior, se destaca que ningún agravio le irroga al promovente de garantías, el hecho que se le haya considerado como trabajador de confianza, porque, en efecto, así lo manifestó en su libelo de ampliación de demanda, ya que fue enfático en afirmar en su hecho XIII, lo siguiente: "pues no omito manifestar que el puesto que el actor venía desempeñando era de confianza"; de ahí que, se insiste, en nada afecta al actor la consideración en tal sentido.

En esa tesitura, como lo consideró la responsable, los trabajadores de confianza, se encuentran excluidos del régimen que tutelan el artículo 123, apartado B, constitucional y la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, para demandar, en su caso, la reinstalación en el puesto del que fue separado y las prestaciones a él vinculadas.

Bajo ese panorama, se estima fundamentalmente acertado lo resuelto por la autoridad responsable al absolver a la parte patronal de la acción principal de reinstalación demandada por el hoy peticionario de amparo, el reconocimiento de la calidad de trabajador de base, cumplimiento de contrato y otorgamiento de nombramiento correspondiente, que reclamara en los incisos a), h), i), j) y k) de su libelo de demanda; por ser esas prestaciones accesorias una consecuencia necesaria de la principal, la cual resultó improcedente, pues el actor está limitado de sus derechos laborales, en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional.

A manera de ejemplo, se cita la jurisprudencia 673, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 546, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, que es del tenor siguiente:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los Estados y Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, de conformidad con el artículo 123 de la misma Constitución; por su parte, del mencionado artículo 123, apartado B, fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, se infiere que los trabajadores de confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo; por tal razón no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que la Constitución y la ley no les confiere."

Asimismo, la tesis P. LXXIII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 176, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. El artículo 123, apartado B, establece cuáles son los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza; configura, además, limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplicables a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente la fracción XIV de este mismo apartado los limita en cuanto a su aplicación íntegra, puesto que pueden disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este apartado."

En cambio, en suplencia de la deficiencia de la queja, la absolución de la prestación consistente en el pago de salarios caídos, contenida en la parte final del considerando V del laudo impugnado y reflejada en su resolutivo cuarto, es incorrecta, ya que no obstante que quedó acreditada la calidad del actor como trabajador de confianza y que no goza de la estabilidad en el empleo, debe analizarse si el despido alegado existió, y si fue o no justificado, a efecto de determinar el pago de los salarios caídos, ya que el trabajador disfruta de las medidas de protección al salario, como se explica a continuación.

En efecto, la Sala responsable consideró en este aspecto lo siguiente:

"... Luego entonces (sic), atendiendo la circunstancia de que los trabajadores de confianza se encuentran excluidos del régimen que tutela la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas y de lo preceptuado en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, es por ello que también se encuentran excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo y únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, por lo tanto, cuando son separados de su cargo, no pueden demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo al despido injustificado, como es la reinstalación o indemnización constitucional, así como salarios caídos, dado que ese derecho sólo les es conferido por la propia Constitución a los empleados que son de base, por lo que la patronal no estaba obligada a observar lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley burocrática local; siendo procedentes las excepciones opuestas por la enjuiciada.

"Es aplicable al caso la jurisprudencia número I.6o.T. J/118, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1233, cuyos rubro y texto establecen:

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO RECLAMAN LA REINSTALACIÓN Y LA DEPENDENCIA DEMANDADA ADUCE QUE DIO POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR LA RESOLUCIÓN DE BAJA NI LAS CAUSAS DE AQUÉLLA, TODA VEZ QUE DICHOS SERVIDORES NO GOZAN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. Cuando un trabajador de confianza al servicio del Estado demanda la reinstalación y la dependencia demandada aduce que dio por terminada la relación laboral por haberle perdido la confianza, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no está obligado a analizar las irregularidades de la resolución de baja invocadas por el servidor público, ni las causas de la pérdida de la confianza, toda vez que en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal dichos trabajadores no gozan de estabilidad en el empleo, lo cual es acorde con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. VI/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 217, de rubro: «TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.»’

"Consecuentemente, se absuelve a la Secretaría de Educación a reinstalar como trabajador de base al actor **********, en la categoría de **********, con la clave presupuestal número **********, adscrito a la Subsecretaría de Educación Federalizada, dependiente de la Secretaría de Educación, las cuales reclama en los incisos I), J), y K), del capítulo de prestaciones de la demanda.

"La anterior determinación se apoya en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 183/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 240, octubre de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro dicen:

"‘DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA DE REINSTALACIÓN, Y LA INTENTE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA, OPERA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien es cierto que conforme al indicado precepto constitucional, cuando se demanda la reinstalación con motivo de un despido injustificado, por regla general no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo, también lo es que conforme al artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, al que remite la Constitución Federal, tratándose de trabajadores de confianza el patrón queda eximido de la obligación de reinstalarlos mediante el pago de una indemnización, en virtud de que la naturaleza de sus funciones impide que el patrón continúe depositando su confianza en ellos cuando ya la perdió.’

"Por lo anterior, siendo los salarios caídos consecuencia inmediata y directa de la indemnización constitucional, no habiendo procedido ésta, corren la misma suerte, ya que se derivan de la misma acción principal de la acción directa del despido injustificado que reclama, así como por tratarse de personal de confianza no tienen estabilidad en el empleo y hacer este tipo de reclamos de salarios caídos, por tanto, se absuelve a la Secretaría de Educación, de pagar al actor **********, los salarios caídos a partir del **********, que reclama en su escrito de aclaración de demanda.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial sin número, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 799, Tomo XVI, julio de 1994, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto reza:

"‘SALARIOS CAÍDOS. SU PAGO SIGUE LA SUERTE DE LA INDEMNIZACIÓN.’ (la transcribe)."

La determinación que antecede es violatoria de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia que establecen los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

Es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 204/2007, visible en la página 205, Tomo XXVI, noviembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170892, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.", determinó que los trabajadores de confianza al servicio del Estado, aunque no gozan de la garantía a la estabilidad en el empleo, la fracción XIV del apartado B del artículo 123, constitucional, sí prevé para ellos el derecho de protección al salario, además, que éste no puede ser restringido.

En ese mismo tenor, la mencionada Sala de la Corte, en la jurisprudencia 2a./J. 72/2010, consultable en la página 271, Tomo XXXI, junio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 164430, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. SU PAGO PROCEDE CON LOS INCREMENTOS CORRESPONDIENTES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE SE CUBREN LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO RESPECTO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN."; reiteró que en la diversa 2a./J. 132/2006, publicada en la página 309, Tomo XXIV, septiembre de 2006, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 174173, del epígrafe: "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN.", consideró lo siguiente:

"1. De los artículos 5o., 123, apartado A, fracciones X, XII, XXII y XXVII, incisos b), d), e), f) y h), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1o., 3o., 6o. y 10 del convenio relativo a la Protección del Salario, 6o., 7o. y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretados de acuerdo a los fines del derecho del trabajo, según lo disponen los artículos 2o., 3o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende la existencia del derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, como remuneración justa derivada de la actividad laboral, cuya tutela permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado, lo que conlleva deberes de abstención y promoción dirigidos a los poderes públicos y particulares a esos efectos, así como medidas prohibitivas tendentes a evitar todo tipo de actos que induzcan al trabajador a desviar el salario de sus fines generales.

"2. Los llamados salarios caídos deben entenderse comprendidos dentro de esa protección del derecho al goce efectivo del producto del trabajo."

Además, en la referida jurisprudencia citada en primer lugar, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que en la diversa 2a./J. 53/2001, que emergió de la contradicción de tesis 58/2001, ese Alto Tribunal estableció lo que enseguida se reproduce:

"... 3. En la contradicción de tesis 58/2001-SS, este Alto Tribunal estableció que los salarios caídos o vencidos, son definidos por la doctrina como aquellos que el trabajador debió recibir si la relación laboral se hubiera desarrollado de manera normal desde la fecha en que fue despedido o desde que se separó del trabajo por causa imputable al patrón, hasta que se ejecute la resolución o laudo que ordene la reinstalación o el pago de una indemnización cuando ésta no proceda.

"4. El derecho a percibir los salarios caídos supone la existencia de una relación de trabajo cuya disolución fue impugnada por el trabajador y resultó imputable al patrón. Es decir, el pago de los salarios caídos al trabajador es establecido en su favor, siempre que el despido del que hubiera sido objeto sea calificado como injustificado. En este contexto, el tribunal ha dejado claro que el pago de los salarios vencidos obedece al incumplimiento de las obligaciones patronales, incumplimiento que, entre otras cosas, impide que el trabajador preste sus servicios al patrón, por causas imputables a éste, debiéndosele, por tanto, cubrir los salarios que debió percibir de haber continuado normalmente la relación laboral.

"5. Los salarios caídos suponen que durante el lapso transcurrido entre el despido y la cumplimentación de la resolución que ordene la reinstalación en el empleo, o bien, la indemnización correspondiente, el trabajador ha estado en condiciones de prestar sus servicios personales al patrón y que ha sido por causas imputables a éste que el trabajo no se ha desempeñado.

"6. Con esa base, este tribunal determina que los salarios caídos entran dentro del ámbito de protección que entraña el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, como remuneración justa derivada de la actividad laboral. Dicha tutela comprende tanto el supuesto en que es posible la reinstalación del trabajador, como tratándose de la excepción a dicha regla (trabajadores de confianza), de conformidad con lo previsto en los artículos 48, 49, fracción III, 50, fracción III y 947 de la Ley Federal del Trabajo, máxime que en este último supuesto el deber de reinstalación es suplido por una indemnización legal y, además, el pago del salario y el de los salarios vencidos.

"Es decir, el pago de salarios caídos, en ambos supuestos, se encuentra comprendido dentro del ámbito de tutela constitucional e internacional relativa al goce efectivo del producto derivado de la actividad laboral.

"7. Por tanto, toda vez que los salarios caídos suponen que durante el lapso transcurrido entre el despido y la cumplimentación de la resolución que ordene la reinstalación en el empleo, o bien, la indemnización correspondiente, el trabajador ha estado en condiciones de prestar sus servicios personales al patrón y que ha sido por causas imputables a éste que el trabajo no se ha desempeñado, es dable entender que están comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho fundamental de los trabajadores al goce y protección efectiva del salario consagrado en la Constitución Federal, máxime que su adecuada tutela frente a todos los poderes públicos y particulares permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado.

"...

"9. Además, la resolución de problemas interpretativos sobre el alcance del derecho al salario, en sus distintas manifestaciones, debe tomar necesariamente en consideración las medidas sociales de carácter constitucional, internacional y legal tendentes a garantizarlo.

"En ese sentido, llegado el caso de que sean legalmente atendibles dos posiciones interpretativas relacionadas con el salario de los trabajadores, los poderes públicos dentro del Estado mexicano deben acoger aquel entendimiento que derive la mayor eficacia posible del goce efectivo del producto de la relación laboral, tomando en cuenta que ello tiende a promover el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, como remuneración justa derivada de la actividad laboral, cuya tutela permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado, lo que cobra especial aplicación tratándose de trabajadores que se encuentran en una posición de clara desventaja económica frente a la parte patronal."

Ahora, es cierto que en ambas jurisprudencias 2a./J. 132/2006 y 2a./J. 53/2001, que emergió de la contradicción de tesis 58/2001, a que alude en la que nos ocupa, el Alto Tribunal del País analizó la Ley Federal del Trabajo, legislación diversa a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Local Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, sin embargo, su cita se actualiza por la trascendencia de los argumentos que utiliza la Segunda Sala del máximo intérprete de la Constitución, al establecer, en lo que interesa que:

• El salario caído o vencido es, conforme a la doctrina, aquel que el trabajador debió recibir si la relación laboral se hubiera desarrollado de manera normal desde la fecha en que fue despedido o desde que se separó del trabajo por causa imputable al patrón, hasta que se ejecute la resolución o laudo que ordene la reinstalación o el pago de una indemnización cuando ésta no proceda.

• El derecho a percibir los salarios caídos supone la existencia de una relación de trabajo cuya disolución fue impugnada por el trabajador y resultó imputable al patrón. Es decir, el pago de los salarios caídos al trabajador es establecido en su favor, siempre que el despido del que hubiera sido objeto sea calificado como injustificado.

• Los salarios caídos están dentro del ámbito de protección que entraña el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, como remuneración justa derivada de la actividad laboral. Dicha tutela comprende tanto el supuesto en que es posible la reinstalación del trabajador, como tratándose de la excepción a dicha regla (trabajadores de confianza); es decir, el pago de salarios caídos, en ambos supuestos, se encuentra comprendido dentro del ámbito de tutela constitucional e internacional relativa al goce efectivo del producto derivado de la actividad laboral.

• Los salarios caídos están comprendidos dentro del ámbito de protección del derecho fundamental de los trabajadores al goce y protección efectiva del salario consagrado en la Constitución Federal, máxime que su adecuada tutela frente a todos los poderes públicos y particulares permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado.

• La resolución de problemas interpretativos sobre el alcance del derecho al salario, en sus distintas manifestaciones, debe tomar necesariamente en consideración las medidas sociales de carácter constitucional, internacional y legal tendentes a garantizarlo.

• Llegado el caso de que sean legalmente atendibles dos posiciones interpretativas relacionadas con el salario de los trabajadores, los poderes públicos, dentro del Estado mexicano, deben acoger aquel entendimiento que derive la mayor eficacia posible del goce efectivo del producto de la relación laboral, tomando en cuenta que ello tiende a promover el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, como remuneración justa derivada de la actividad laboral, cuya tutela permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado, lo que cobra especial aplicación tratándose de trabajadores que se encuentran en una posición de clara desventaja económica frente a la parte patronal.

Establecido lo anterior, la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, vigente en la época de los hechos, en lo conducente, establece:

"Artículo 1. La presente ley es de orden público, observancia general e interés social, tiene por objeto regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias u órganos que integran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Municipios y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o convenios, señalen su ámbito de aplicación.

"Los principios consignados en esta ley, tienen su fundamento en los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

"El reglamento de esta ley, deberá contener los principios a que alude el párrafo anterior."

"Artículo 3. Para los efectos de esta ley, las relaciones de trabajo se entienden establecidas en unidades burocráticas, correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus respectivos trabajadores; así como las de los organismos o entidades paraestatales y las de los Municipios y sus trabajadores."

"Artículo 5. Los trabajadores del servicio civil para los efectos de esta ley se clasificarán en:

"I. De confianza;

"II. De base; e

"III. Interinos."

"Artículo 6. Se consideran trabajadores de confianza y, en términos de la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social a que se contrae esta ley, aquellos que realicen funciones de dirección; inspección, supervisión, vigilancia y fiscalización; auditoría, siempre que se refiera a funciones propias de las contralorías o de las áreas de auditoría determinadas por las leyes de control administrativo y financiero; adquisición y destino de bienes y/o servicios, solo cuando tengan facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones, compras, enajenación o arrendamiento, así como, los que elaboren los documentos técnicos para realizar las compras de bienes o la asignación de los contratos para los servicios públicos; asesorías y consultorías; y además, aquellos que manejen directamente fondos o valores con la facultad legal para disponer de ellos, o bien, los que sean responsables del resguardo y manejo de documentos o datos de orden confidencial, cuando determinen el ingreso o salida de los mismos, su baja o alta en los inventarios, o su sola conservación o traslado a algún lugar; los cuales se encuentran comprendidos de manera enunciativa mas no limitativa, en la siguiente clasificación:

"..."

"Artículo 7. Serán considerados trabajadores de base, los no incluidos en el artículo anterior siempre y cuando las funciones o materia de trabajo sea de carácter permanente y definitivo y que la plaza que ocupen sea de base, los que serán inamovibles después de 6 meses de nombrados sin nota desfavorable en su expediente."

"Artículo 31. Son causas de terminación de la relación laboral, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, organismos, Municipios y demás órganos a que se refiere esta ley, las siguientes:

"I. La renuncia del trabajador

"...

"XI. El cese dictado por el titular de la dependencia, organismo, Municipio o cualquiera de los órganos a que se refiere esta ley, en el que el trabajador haya laborado, por las causas señaladas en el artículo 31 Ter."

"Artículo 31 Ter. Ningún trabajador podrá ser cesado o despedido sino por causa justificada. El cese de la relación de trabajo y, por ende, la rescisión de los efectos del nombramiento de un trabajador, sólo podrá decretarse, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, organismos, Municipios y demás órganos que señala esta ley, por las siguientes causas:

"..."

"Artículo 32. Cuando un trabajador incurra en alguna o algunas de las causas de cese a que se refiere el artículo anterior, el jefe inmediato de éste procederá a instrumentar acta administrativa, en la que se asentarán los hechos, declaraciones y pruebas que estimen pertinentes, firmándose la misma ante la presencia de dos testigos; para tal efecto, se notificará por escrito al trabajador cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la instrumentación del acta administrativa, haciéndole saber que de no asistir, se llevará a cabo aun sin su presencia, se hará de su conocimiento la causa o causas que se le imputan, así como, el derecho que tiene de ser oído en su defensa, de asistir si así lo desea acompañado de su abogado o persona de su confianza, además, de la posibilidad de ofrecer pruebas a su favor.

"La notificación del citatorio la hará el jefe inmediato del trabajador, a través de una persona adscrita a la dependencia, organismo, Municipio y demás órganos que señala esta ley, para la que el trabajador labore; y en caso de que el trabajador se negare a recibir o a firmar de recibido el citatorio, dicha circunstancia se asentará por quien realice la notificación bajo prote

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24876-97ac121e/despido-injustificado-tratandose-del-alegado-por-un-trabajador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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