TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE GUERRERO Y SUS MUNICIPIOS. PARA TENER DERECHO AL PAGO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBEN DEMOSTRAR QUE EXISTIÓ LA ORDEN POR ESCRITO EN LA QUE SE ESPECIFIQUEN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DESARROLLARÍA.
AMPARO DIRECTO 6/2024. 23 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: BASILIO ROJAS ZIMBRÓN. SECRETARIA: HILDA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.
Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero a veintitrés de enero de dos mil veinticinco.
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo citado al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, *** *** ** **,(1) por propio derecho, promovió amparo contra el laudo de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***/****.
La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como tercero interesado al *** *** ** **.
SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito admitió la demanda de amparo y ordenó formar el expediente 6/2024, dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de intervenir; asimismo, con fundamento en el artículo 181 de la Ley de Amparo, ordenó dar vista al tercero interesado; sin embargo, no presentó alegatos o amparo adhesivo.
TERCERO. Acuerdo de turno a ponencia. El quince de febrero de dos mil veinticuatro, se turnaron los autos al Magistrado Basilio Rojas Zimbrón, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Amparo; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, en relación con los diversos 73, 74 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 35, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que se reclama un laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad.
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La demanda relativa se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el laudo reclamado se notificó a la quejosa personalmente por conducto de su apoderado el uno de diciembre de dos mil veintitrés,(2) notificación que surtió efectos el mismo día hábil, conforme lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.
Por tanto, dicho plazo transcurrió del cuatro al veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, sin contar sábados y domingos, inhábiles; por tanto, dado que el escrito de demanda se presentó el ocho de ese mismo mes y año, como consta en la foja cuatro de autos, se concluye que la presentación de la demanda se hizo dentro del plazo legal.
Lo anterior se resume en el calendario siguiente:
Ver calendario
TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, porque así lo reconoció el Tribunal responsable, en el informe justificado, lo cual además se constató con el juicio laboral ***/****.
CUARTO. Antecedentes.
1. Por escrito presentado el día veintitrés de noviembre del año dos mil quince, *** *** ** ** presentó demanda reclamando las siguientes prestaciones:
"A) - El pago de tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, en virtud del despido injustificado del que fui objeto,"
"B).- El pago de la prima vacacional que se siga generando durante todo el tiempo que dure el presente juicio."
"C).- El pago del aguinaldo correspondiente a todo el tiempo que le presté mis servicios"
"D).- El pago de los salarios caídos generados y los que se continúen generando hasta la total cumplimentación del laudo que se dicte en el presente juicio, ejecutorio inclusive, a razón del salario que se precisa en el cuerpo de esta demanda."
"E).- El pago de los salarios devengados y no pagados correspondiente al periodo comprendido de 1º al 28 de octubre del año 2015."
"F) El pago de los días festivos, decretados por ley como de descanso obligatorio, y que no me los pago."
"G) El pago de los salarios devengados y no pagados correspondiente los días domingos de cada semana, de todo el tiempo que ha durado la relación de trabajo, en virtud de que me lo adeuda."
"H) - El pago de los días de descanso semanal, de los días domingos, que se sigan generando durante todo el tiempo que dure el presente juicio.
“I) El pago de la prima dominical, de todo el tiempo que ha durado la relación de trabajo, en virtud de que me lo adeuda.
"J) El pago de la prima dominical, que se siga generando durante todo el tiempo que dure el presente juicio.
"K) El pago de 182 horas extras que me adeuda el demandado, de todo el tiempo que ha durado la relación de trabajo.
"L) El pago de los días festivos de todo el tiempo que ha durado la relación de trabajo, en virtud de que me los adeuda.”
2. Por auto de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince (foja 10 del expediente laboral), el Tribunal Laboral dio entrada a la demanda en la vía y forma propuesta, registrándose en el Libro de Gobierno bajo el número que por turno le correspondió (***/****).
3. Siguiendo sus trámites legales, el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés se dictó el laudo que constituye el acto reclamado en el presente asunto.
QUINTO. Estudio.
Los motivos de inconformidad serán examinados en atención a los hechos y puntos debatidos, extrayendo de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se expusieron, lo cual no implica soslayar el derecho de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos, consagrados en el artículo 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional.
• CATEGORIA DE CONFIANZA.
La quejosa en su primer concepto de violación aduce que el laudo que reclama es contrario a derecho, pues para determinar la categoría de “confianza”, la responsable equivocadamente sostuvo que realizaba actividades de mando, toma de decisiones y que tuviera subordinados, lo cual considera incorrecto, pues –dice– no es suficiente que en el nombramiento aparezca la denominación de Directora, sino que debe acreditarse que sus funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos que refiere el artículo 5º de la ley del trabajo burocrático, pues –asegura– no está demostrado que realizara actividades de mando, de toma decisiones que tuviera subordinados.
Apoya su consideración en las jurisprudencias de rubros siguientes:
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.”
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.”
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CARGA DE LA PRUEBA DE ESE CARÁCTER.”
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTICULO 5º, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMAS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.”
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.”
Es infundado el disentimiento resumido.
En primer lugar y con la finalidad de evidenciar tal calificativa, es menester traer a colación lo señalado por el tribunal responsable para concluir que la trabajadora ocupaba un puesto de confianza, lo que hizo de la siguiente manera:
“Así tenemos que la parte actora en el hecho marcado con el número 1 de su escrito de demanda, visible en la foja 2 del expediente que se resuelve, manifiesta que, entre la categoría que ostentaba se encuentra la relativa a DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL y las actividades que desempeñaba consistían en acompañar al Presidente Municipal a eventos para tomar fotografías, tomar notas de sus discursos, para subir la información a internet en la página oficial del Ayuntamiento y a la del Alcalde a Facebook y mandar información a los diferentes medios de prensa, tal y como se puede apreciar en la transcripción que a continuación se realiza, para mejor proveer:
"1- Inicié a prestar mis servicios a favor del demandado el 16 de noviembre del 2012, en donde solamente para efectos de cobro de salario me signé una categoría de Directora de Comunicación Social de dicho Ayuntamiento, pero en realidad realizaba actividades administrativas como es acompañar al Presidente Municipal a eventos para tomar fotografías, tomar notas de sus discursos, para luego subir esa información en Internet a la página oficial del *** *** ** ** y al del Alcalde, en Facebook, y mandar información a los diferentes medios de prensa,..”
Ahora bien, del análisis efectuado a lo declarado por la accionante respecto a las actividades y/o funciones realizadas, se advierte que reúne la característica de confesión expresa, que prevé el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, el cual establece que las manifestaciones contenidas en las constancias, así como en las actuaciones del juicio laboral, constituyen una confesión expresa de los contendientes respecto de un punto controvertido y que adquiere plena eficacia demostrativa en su contra, sin necesidad de que sea ofrecida por éstos, por tratarse de una manifestación libre y espontánea, como se puede apreciar de la transcripción que se realiza del numeral citado:
"Artículo 794. Se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio."
Ahora bien, en lo que respecta a la categoría confesada por la actora, se entrara al estudio de los artículos 5 y 6 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios, y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que a la letra dicen:
"Artículo 5.- Son trabajadores de confianza (REFORMADO P.O. 05 DE ABRIL DE 2011)
I.- Los que integran la plantilla de la oficina de la Presidencia Municipal y aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Cabildo.
II.- Los Secretarios, subsecretarios, directores generales, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, jefes de oficina jefes o directores de institutos, todos los empleados de las secretarias particulares autorizados por el presupuesto; tesorero, cajeros y contadores, representantes apoderados del ayuntamiento, visitadores e inspectores,
III.- Los servidores públicos de organismos públicos coordinados o desconcentrados y descentralizados de carácter municipal, quienes conforme a su estructura orgánica tengan ese carácter, tales como directores generales, directores, jefes de departamento, jefes de oficina, todos los empleados de las secretarias particulares, tesorero, cajeros y contadores; representantes y apoderados, visitadores e inspectores;
IV. Asimismo, los de las dependencias y los de las entidades municipales, que desempeñan funciones que sean de:
a). Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento.
b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido.
d).- Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las áreas de Auditoría.
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características.
f)- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino a la baja y alta en inventarios.
g) Investigación científica siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo.
h) Asesoría o Consultoría, cuando se proporcione a los siguientes servicios públicos Presidente Municipal Secretario, Sub-secretario oficial mayor, Coordinador General, tesorero y Director General en las dependencias del Ayuntamiento.
i) El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarias particulares Ayudantías.
j) Los Secretarios particulares de Presidente Municipal, Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, Tesorero y Director General en los ayuntamientos, así como las destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la fracción I de este artículo.
Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos respectivo.
La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos.
Quedan excluidos de esta Ley los miembros de las instituciones policiales de los municipios, los que se regirán por sus propios ordenamientos.”
“Artículo 6.- Los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo y solo tendrán derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social en términos de la fracción XIV, del Apartado "B", del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo, por tanto, carecen de acción para demandar la indemnización constitucional por reinstalación o por despido, de conformidad con el mandato de la Carta Magna de la República, ya aludido (REFORMADO PO 05 DE ABRIL DE 2011)
Las personas que presten sus servicios mediante contrato civil o que estén sujetos al pago de honorarios quedarán protegidos por el derecho privado.”
Así tenemos que tomando en consideración lo transcrito y una vez vistas las manifestaciones realizadas por la actora en su escrito inicial de demanda respecto de la categoría y funciones que dice llevaba a cabo, se puede corroborar que la categoría desempeñaba y actividades son consideradas como de confianza con fundamento en el artículo 5 fracción IV inciso (a del ordenamiento legal ya citado, lo cual se considera así, toda vez que con motivo de la categoría de DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, realizaba sus funciones en representación del Ayuntamiento demandado para el cual prestaba sus servicios y tenía el poder de tomar decisiones respecto a la difusión de la información de los eventos y discursos del Presidente Municipal, actividades que son consideradas de gran relevancia e importancia y que solo las puede realizar un funcionario de la jerarquía y nivel de Dirección, por las consideraciones siguientes:
La Comunicación Social, juega un papel fundamental entre la Sociedad y la autoridad en cualquiera de los tres niveles de Gobierno, ya sea federal, estatal y municipal, en virtud que en las Áreas de Comunicación Social se determina la estrategia y las acciones a implementar con el fin de lograr una comunicación, difusión y divulgación oportuna, acorde a lo establecido en los Planes de Desarrollo a las metas, estrategia y línea de Gobierno de la Administración Municipal, y tiene como objetivo fundamental, mantener informada a la Ciudadanía sobre los resultados y actividades del Municipio.
Por lo tanto, como ya se dijo las actividades realizadas por la parte actora, las efectuaba en todo momento en representación del Ayuntamiento para el cual prestaba sus servicios, sin que las mismas se consideren de carácter administrativo dado que de acuerdo a la confesión expresa de la actora, para llevar a cabo, sus actividades y/o funciones, ella misma tomaba las decisiones de publicar la información obtenida de los eventos de la administración pública municipal del *** *** ** **, a los cuales acudía con el Presidente Municipal.”
Este tribunal considera correcta la determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Se explica.
En principio, debe tenerse presente que del contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de aquellos con base en lo dispuesto por el artículo 123 del mismo ordenamiento constitucional.
Igual, del último de los preceptos citados se deriva que los trabajadores al servicio del Estado de base, sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley; que en caso de que sean separados de manera injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, así como el que las personas que desempeñen éstos disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
Por otra parte, deben destacarse los siguientes artículos de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente:
“Artículo 5. Son trabajadores de confianza:
I. Los que integran la plantilla de la oficina de la Presidencia Municipal y aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Cabildo.
II. Los Secretarios, subsecretarios, directores generales, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, jefes de oficina, jefes o directores de institutos, todos los empleados de las secretarías particulares autorizados por el presupuesto; tesorero, cajeros y contadores; representantes y apoderados del ayuntamiento, visitadores e inspectores;
III. Los servidores públicos de organismos públicos coordinados o desconcentrados y descentralizados de carácter municipal, quienes conforme a su estructura orgánica tengan ese carácter, tales como directores generales, directores, jefes de departamento, jefes de oficina, todos los empleados de las secretarías particulares; tesorero, cajeros y contadores; representantes y apoderados, visitadores e inspectores;
IV. Asimismo, los de las dependencias y los de las entidades municipales, que desempeñan funciones que sean de:
a). Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. b). Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
c). Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido.
d). Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las áreas de Auditoría.
e). Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características.
f). En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios. g). Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo.
h). Asesoría o Consultoría, cuando se proporcione a los siguientes servicios públicos: Presidente Municipal, Secretario, Sub-secretario, oficial mayor, Coordinador General, tesorero y Director General en las dependencias del Ayuntamiento.
i). El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías particulares o Ayudantías.
j). Los Secretarios particulares de: Presidente Municipal, Secretario, Sub-Secretario, Oficial Mayor, Tesorero y Director General en los ayuntamientos, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la fracción I de este artículo.
Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos respectivo. La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos. Quedan excluidos de esta Ley los miembros de las instituciones policiales de los municipios, las que se regirán por sus propios ordenamientos.”
“Artículo 6. Los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo y sólo tendrán derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, en términos de la fracción XIV, del Apartado "B", del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo, por tanto, carecen de acción para demandar la indemnización constitucional por reinstalación o por despido, de conformidad con el mandato de la Carta Magna de la República, ya aludido. Las personas que presten sus servicios mediante contrato civil o que estén sujetos al pago de honorarios quedarán protegidos por el derecho privado.”
Entonces, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 123, apartado B, fracción XIV de la Constitución Federal, en relación con los diversos 5 y 6 de la Ley número 51 del Estado de Guerrero, los trabajadores de confianza están limitados en sus derechos laborales, pues sólo pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social, al estar excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que sólo se confiere a los trabajadores de base.
Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 22/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., dispone que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales. Ahora bien, si el Constituyente Permanente no tuvo la intención de otorgar a los trabajadores de confianza el derecho a la estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Norma Suprema, la cual únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de la seguridad social, entonces, por principio ontológico, no puede contravenir la Constitución General de la República, específicamente el derecho humano a la estabilidad en el empleo previsto únicamente para los trabajadores de base, en la fracción IX de los indicados precepto y apartado, ni el de igualdad y no discriminación, porque la diferencia entre trabajadores de confianza y de base al servicio del Estado la prevé la propia Norma Fundamental.” (Registro: 2005824, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Tesis: 2a./J. 22/2014 (10a.), página 876).
Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 21/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es la siguiente:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado; de ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso la "remoción libre", lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público.” (Registro: 2005825, Décima Época, Segunda Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Tesis: 2a./J. 21/2014 (10a.), página 877).
Sentado lo anterior, debe señalarse que fue correcto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con base en las pruebas ofrecidas por las partes, la confesión expresa de la actora, así como del análisis de la ley de la materia en sus artículos 5 y 6, tuviera por acreditada la categoría de confianza con la que contaba la actora.
Lo anterior en razón de que la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 5, define claramente a los trabajadores de confianza, atendiendo a las actividades desempeñadas.
Por tanto, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, ya que de considerarse exclusivamente la denominación de éste, se podría sujetar la voluntad soberana a lo determinado en el acto administrativo mediante el cual el patrón equiparado nombra a un servidor público, cuando es el patrón el que debe someterse a lo establecido en la Constitución General de la República y de las leyes emanadas de ésta.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 71/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER. Las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias estatales y municipales, describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de confianza; sin embargo, si alguna ley, reglamento o cualquier otra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33319-3ac25907/trabajadores-al-servicio-del-estado-de-guerrero-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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