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Modo: Corpus Pro

JUICIOS DE AMPARO EN MATERIAS DIVERSAS A LA PENAL. EL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES INAPLICABLE A AQUÉLLOS Y A LOS RECURSOS QUE DE ELLOS EMANEN, INICIADOS CON ANTERIORIDAD AL 18 DE JUNIO DE 2016.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1127/2015. · Registro digital (IUS): 26646
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-09-09
Promovente: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2432.

AMPARO DIRECTO 1127/2015. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ. 21 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: ARTURO NAVARRO PLATA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El presente asunto se resolverá conforme a lo previsto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; toda vez que la demanda de amparo se presentó con posterioridad a esa fecha; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo primero transitorio(2) de la Ley de Amparo vigente.

Además, debe decirse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio(3) de la referida ley de la materia en vigor, se aplicará en el presente asunto la jurisprudencia emitida conforme a la ley anterior que, por regla general, sigue vigente y es obligatoria, desde luego, siempre y cuando no se oponga a la nueva publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:35 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 705», registro digital 2010982, de título, subtítulo y texto siguientes:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto."

Cabe precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, párrafo segundo, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en lo que aquí interesa, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, que en lo conducente establece: "...Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen..."; resultan inaplicables al presente juicio constitucional las modificaciones a los preceptos de la Ley de Amparo contemplados en ese decreto, pues la demanda respectiva se presentó ante la autoridad responsable con anterioridad al dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

A lo que se arriba si se toma en cuenta, principalmente, la exégesis de los artículos transitorios primero, segundo y cuarto del decreto que contiene las reformas de que se trata, que dicen:

"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo."

"Segundo. Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y los artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor en términos de lo previsto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

"Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen."

"Cuarto. Las disposiciones del presente decreto relativas a la ejecución penal, entrarán en vigor una vez que entre en vigor la legislación en la materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Así, resulta dable distinguir, en lo que atañe a la vigencia de la norma, que el decreto, por lo menos, contempla cuatro momentos, a saber:

1. Al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (dieciocho de junio de dos mil dieciséis);

2. Las reformas en materia estrictamente a las leyes penales descritas en el primer párrafo del artículo segundo transitorio, "en términos de lo previsto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014", es decir, en forma gradual "sin que pueda exceder" del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

3. De acuerdo con la fecha de inicio de los procedimientos "relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente decreto", se resolverán de acuerdo a las disposiciones que les dieron origen, es decir, en lo que aquí concierne, en materia de la Ley de Amparo este aspecto lo define la propia presentación de la demanda correspondiente, por lo que serán aplicables las reformas para aquellas que se presenten a partir del dieciocho de junio de dicho año y subsiguientes;

4. En materia de ejecución penal, la entrada en vigor será tan pronto lo sea la Ley Nacional de Ejecución Penal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio del año en curso).

En mérito de ello, de la interpretación sistemática (a coherencia), funcional (teleológica) y gramatical de los referidos preceptos transitorios se concluye, en primer lugar, que la intención del legislador fue la de dar armonía y consistencia al deber constitucional reservado de proporcionar el marco legal indispensable para que opere el Nuevo Sistema de Justicia Penal, instaurado desde dos mil ocho, con plazo máximo de consolidación de ocho años, como se observa, incluso, de la exposición de motivos que dio lugar a estas reformas, pues así se ve de la interrelación de todos los preceptos transitorios, de donde se aprecia la finalidad en lo que respecta a la materia penal.

Sin embargo, de la literalidad del segundo párrafo del artículo segundo transitorio, es dable establecer que éste rige, además, a las otras materias que fueron objeto del decreto, como la de amparo (artículo sexto), de cuyos preceptos modificados, este tribunal asume como de especial relevancia, entre otros, el 73 y el 79, por involucrar materias no exclusivas de la penal, imponiendo cargas u obligaciones de hacer para los órganos del Poder Judicial de la Federación, en las porciones normativas que ahora, respectivamente, dicen:

"Artículo 73. ...

"El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior.

"..."

"Artículo 79. ...

"I. a VII. ...

"En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos sólo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

"..."

De modo tal que, de la redacción del transitorio segundo (párrafos primero y segundo), cuando habla de los preceptos contemplados en el "presente decreto", se debe interpretar que se refiere a todos los artículos que fueron materia de modificación, incluidos los de la Ley de Amparo, los cuales entrarán en vigor conforme a la fecha en que den inicio los juicios directo e indirecto (sic), así como cualquier recurso que de ellos derive, aun cuando dicho transitorio en su párrafo segundo no sea del todo claro -siendo que bien pudo haber sido un tercer transitorio o un "segundo bis"- pues, se insiste, de su literalidad, por exclusión, se entiende que el legislador deliberadamente no incorporó en la entrada en vigor de toda la miscelánea penal, a los procedimientos jurisdiccionales distintos a aquéllos, lo que así se estima porque no se advierten razones en la exposición de motivos y en los debates sostenidos en las respectivas Cámaras del Congreso, que justifiquen el involucramiento de la reforma penal con otras diferentes, como la laboral, lo que puede deberse a una deficiente técnica legislativa.

Empero, lo cierto es que en aras de los principios de certeza y seguridad jurídicas y del debido proceso, tutelados por los artículos 14 y 17 constitucionales, este tribunal estima que el decreto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis de reformas a las diversas legislaciones, en lo atinente a los procedimientos distintos a la materia penal, en especial a los juicios de amparo en materia común y de trabajo, debe aplicarse a los asuntos que inicien a partir del dieciocho de junio de dicho año, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la demanda de amparo ante la autoridad correspondiente, ya sea en la vía directa o indirecta (autoridad responsable o Juez de Distrito o la autoridad jurisdiccional actuando en auxilio), de acuerdo con los artículos 170, fracción I, parte final, 107, en relación con los diversos 14, 15 y 35, todos de la Ley de Amparo vigente con anterioridad al decreto que aquí se está interpretando en cuanto a su fecha de aplicación.

Apoya a lo antes expuesto, la tesis 1a. LXXII/2004, de la Primera Sala de dicho Alto Tribunal del País, visible en la página 234 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 2004, Tomo XIX, del tenor literal siguiente:

"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.-De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente."

Luego, este asunto habrá de resolverse conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, según su artículo primero transitorio, en el texto anterior a la indicada reforma.

En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 4/90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, materia común, página 125, de rubro y texto:

"JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA.-El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda."

También cobra aplicación, la jurisprudencia VII.2o.T. J/1 (10a.), emitida por este propio tribunal, pendiente de publicación en el medio oficial de difusión, de título y subtítulo: "LEY DE AMPARO. EL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESULTA INAPLICABLE A LOS JUICIOS DE AMPARO (Y RECURSOS QUE DE ELLOS EMANEN), DISTINTOS A LA MATERIA PENAL, COMO LA COMÚN Y LABORAL, INICIADOS CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR."

SEGUNDO.-Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer del presente juicio de amparo directo de trabajo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d), 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la Oficina de Correspondencia Común en Xalapa y cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto "octavo" modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

TERCERO.-La existencia del acto reclamado fue aceptada por el tribunal responsable a través de su presidente al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con los autos del expediente laboral ********** del índice de la citada potestad laboral.

CUARTO.-La demanda de amparo fue presentada dentro del término legal de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que el laudo se notificó a la parte quejosa el ********** (foja 200 del expediente laboral) y la demanda se presentó el **********, según consta de la certificación que aparece al final de aquélla, por lo que el término comenzó a computarse(4) del **********; luego, la demanda fue presentada al décimo cuarto día hábil del término legal de que disponía para hacerlo, al ser inhábiles los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, uno, siete y ocho de noviembre de dos mil quince, por corresponder a sábados y domingos; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se deben descontar el dos y tres de noviembre de dos mil quince, por haber sido inhábiles para el tribunal responsable de acuerdo a la certificación correlativa, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

QUINTO.-No se transcribirán en su integridad(5) los considerandos que sustentan el acto reclamado, los conceptos de violación, ni los alegatos en caso de existir pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74(6) de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de resolver las cuestiones efectivamente planteadas; por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esos apartados a los integrantes de este cuerpo colegiado, tal y como se determinó en sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.

Cobra aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO.-De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

SEXTO.-Previo al análisis del laudo reclamado y los conceptos de violación que se enderezan en su contra, se estima necesario destacar algunos de los antecedentes de mayor relevancia que se aprecian de las constancias que conforman el juicio laboral.

1. El **********,(7) **********, a través de sus apoderados legales, demandó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa del ********** las siguientes prestaciones: (fojas 1 y 2 del expediente laboral)

"...

"a) La nulidad de cualquier escrito que contenga mi supuesta renuncia de derechos y/o finiquito cuya fecha ignoro, ya que cuando ingresé a prestar mis servicios a las órdenes de la entidad pública demandada, se me hizo (sic) firmar dos escritos tamaño carta en blanco, sin que en dichos escritos se haya contenido o contenga el desglose pormenorizado de todas y cada una de las prestaciones laborales y económicas a las cuales tengo derecho y sin haber sido además ratificada ante la presencia de alguna autoridad de conciliación y arbitraje y aprobada por la misma, y como consecuencia de ello:

"b) El cumplimiento del contrato individual de trabajo del suscrito **********, consistente en mi reinstalación en la categoría de **********.

"c) El pago de los salarios caídos y prestaciones que he dejado de percibir como trabajador, desde el día de mi injustificado despido, ********** y hasta la de aquella fecha en que sea cumplido el laudo que se dicte en este asunto, con base en las siguientes condiciones laborales: Un horario de labores de ********** horas de **********, con un salario base mensual de **********, es decir, con un salario base quincenal de **********, esto es, con un salario de ********** base; más el pago de 40 días de salario por concepto de aguinaldo, el cual se entrega de la siguiente forma, 20 días de salario en la primera quincena del mes de ********** y 20 días de salario en la primera quincena del mes de **********; más 20 de días de vacaciones repartidos en dos periodos anuales, el primero de ellos en el primer semestre del año y el segundo periodo en el segundo semestre del año, más un 50% del salario de los 20 días por concepto de prima vacacional; del mismo modo se reclaman todos los incrementos y mejoras en salarios y prestaciones que existan durante el tiempo que deje de percibir (sic) el trabajador.

"d) El pago de la cantidad de ********** por concepto de catorce días devengados del **********, mismos que laboré y no me fueron cubiertos, ya que mi despido injustificado se llevó a cabo el día **********, por parte de la entidad pública demandada.

"e) Mantenimiento de mi inscripción en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Veracruz o, en su defecto, el pago de los gastos que tenga erogar durante el tiempo que dure fuera de la demanda (sic) y que sean de aquellos que ampara dicha institución.

"f) La devolución y entrega material de dos escritos tamaño carta firmados en blanco por el promovente, ya que cuando ingresé a prestarles mis servicios a la demandada se me hizo firmar dichos documentos y aún no se me han devuelto..."

2. El **********, el tribunal del conocimiento radicó la demanda y la registró bajo el número ********** de su índice; en esa misma data, previno al actor para que en un término de tres días precisara las funciones que desempañaba para la demandada; asimismo, el periodo por el cual se encuentra reclamando aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, a los que hace mención en el inciso c) del capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda (foja 11 del juicio laboral); luego, en diverso proveído de **********, se constató que el actor no dio cumplimiento al requerimiento citado, por tanto, dio curso a la demanda; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; haciendo un oficio a la autoridad auxiliar para que en auxilio de la responsable realizara la notificación a la demandada al respecto; y, formuló los apercibimientos de ley que en derecho correspondieron. (fojas 13 vuelta a 18, ídem)

3. Después de diferir la audiencia de ley en dos ocasiones por no haber comparecido las partes, el ********** se constató que la parte actora dio cumplimiento parcial a la prevención de **********, precisando lo siguiente: "...Atento al requerimiento ordenado por acuerdo de fecha **********, al efecto le manifiesto que las funciones del suscrito consistieron como **********.

"Además el promovente reclama 20 días de vacaciones de los años ********** repartidos en dos semestres cada año de los ya citados, así como la parte proporcional del año **********, reclamando las vacaciones que en lo subsiguiente se genere (sic) hasta la total solución de este litigio..."; asimismo, aclaró el hecho 2 de su escrito inicial de demanda: "...2. El día ********** cuando el suscrito **********, ingresaba a mi centro de trabajo a las **********, se presentó a las oficinas de la **********..."; en consecuencia a lo anterior, ordenó correr traslado a la parte demandada por conducto de la autoridad auxiliar, para que en auxilio de la responsable llevara a cabo el emplazamiento ordenado, e hizo los apercibimientos de ley que en derecho correspondieron. (fojas 41 vuelta a 63 del expediente natural)

4. Después de diferir la audiencia de ley en tres ocasiones, por encontrarse las partes celebrando pláticas conciliatorias, el **********, tuvo verificativo la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la comparecencia de las partes; la etapa conciliatoria fracasó; en la diversa de demanda y excepciones, la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda y ampliaciones realizadas; luego, el Ayuntamiento demandado dio contestación a la demanda inicial y ampliaciones, oponiendo como excepciones las siguientes: falta de acción y de derecho; excepción de falsedad del actor e inexistencia del despido, e hicieron manifestaciones en vía de réplica y contrarréplica; luego, el tribunal responsable continuó con la audiencia en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, donde las partes se encontraron celebrando pláticas conciliatorias; por ende, la autoridad laboral señaló nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia en comento, e hizo los apercibimientos de ley que en derecho correspondieron. (fojas 84 a 87 vuelta del juicio natural)

5. El **********, fecha señalada para la celebración de la audiencia que antecede, el tribunal del conocimiento hizo constar la comparecencia de las partes; en principio, los contendientes ofrecieron sus medios de pruebas que creyeron convincente, y realizaron las objeciones correspondientes (fojas 89 a 120 vuelta del expediente laboral); empero, la autoridad laboral se reservó proveer de las pruebas ofrecidas, proveyéndolas en diverso acuerdo de **********. (fojas 121 a 126 vuelta del juicio natural)

6. El **********, el tribunal responsable hizo constar que acorde con la copia certificada del acuerdo de **********, se da cuenta, en relación a que el ********** demandado planteó incidente de acumulación en el diverso expediente laboral **********, para acumular los diversos **********; sin embargo, el tribunal del conocimiento declaró improcedente el incidente en comento, toda vez que las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a los controvertidos labores (sic) fueron distintas; en consecuencia a lo anterior, ordenó continuar la secuela procesal. (foja 135, ídem)

7. El **********, la autoridad responsable otorgó a las partes el término de tres días hábiles para que formularan alegatos, advirtiéndose que ninguna de las partes actuó en consecuencia. (foja 174 del sumario natural)

8. Mediante proveído de **********, el tribunal responsable declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para que se formulara el laudo correspondiente. (foja 176 vuelta, ídem)

9. El **********, el tribunal del conocimiento dictó el laudo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo uniinstancial.(8) (fojas 178 a 193 del juicio laboral)

Hasta aquí los antecedentes de mayor relevancia que se advierten de las constancias procesales.

SÉPTIMO.-A fin de delimitar la litis constitucional, se precisa que no será motivo de estudio en la presente sentencia la decisión del tribunal responsable de absolver al ********** demandado del cumplimiento y pago de las siguientes prestaciones (resolutivos tercero y cuarto del laudo reclamado):

* Aguinaldo.

* Prima vacacional.

* Veinte días de vacaciones de los años **********.

* Nulidad de cualquier documento que contenía renuncia de derechos.

* Devolución y entrega de material de dos escritos tamaño carta firmados en blanco por el accionante.

Ello, en razón de que tal determinación no es combatida por la vía directa de control constitucional por el trabajador, aquí tercero interesado, a pesar de que pudiese ser perjudicial a sus intereses; luego, tales determinaciones deben quedar incólumes.

De modo que lo único que es susceptible de estudio en el presente controvertido, en la medida que los conceptos de violación lo permitan pues, se itera, se está en presencia de un asunto de estricto derecho, son las condenas decretadas en contra del ********** demandado, reflejadas en los resolutivos segundo, tercero y cuarto del laudo que ahora se pone en entredicho (reinstalación, salarios caídos, salarios devengados del periodo correspondiente del ********** e inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social).

OCTAVO.-Cabe destacar que quien acude al juicio de amparo es el **********, en su carácter de patrón, motivo por el cual los conceptos de violación hechos valer deben ser analizados bajo el principio de estricto derecho, pues en el caso no se da ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo para que opere la figura de la suplencia de la queja deficiente en su favor, porque:

A) En materia laboral, únicamente procede en beneficio de la clase obrera (fracción V).

B) No se advierte que el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26646-07d9c964/juicios-de-amparo-en-materias-diversas-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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