ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS PARA HACER CONSTAR FALTAS COMETIDAS POR EL TRABAJADOR. SU INCOMPARECENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR EL PATRÓN NO GENERA LA PRESUNCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS IMPUTADOS, QUE HAGA INNECESARIA SU RATIFICACIÓN EN SEDE JUDICIAL.
AMPARO DIRECTO 579/2017. 14 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: SILVIA VALESKA SOBERANES SÁNCHEZ.
Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de catorce de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo directo laboral 579/2017, promovido por **********, por propio derecho, relativo al juicio laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete, ante la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo contra el acto de la prenombrada Junta, que hizo consistir en el laudo pronunciado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente laboral **********, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales (fojas 4 a 16 de este juicio).
SEGUNDO. Por acuerdo de presidencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete, entre otras determinaciones, se admitió a trámite la demanda; lo que originó la formación del juicio de amparo directo laboral 579/2017; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho para formular alegatos, y de los terceros interesados, para promover amparo adhesivo, en términos de lo previsto por el artículo 181 de la Ley de Amparo, sin que se ejercieran tales prerrogativas (fojas 20 a 23 ídem).
TERCERO. En proveído de presidencia de once de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa, para el dictado del proyecto de resolución correspondiente (foja 26 ibídem).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción I, inciso d), 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, referente a la denominación, residencia, competencia por especialización plena, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este órgano jurisdiccional; las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Circuito y residencia indicados, el cual, conforme al punto "Octavo" modifica el diverso 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año citado, que determina la división de circuitos y fija la competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
Cabe precisar que, en términos de lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en lo que aquí interesa, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, que en lo conducente establece: "...Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo..."; el presente juicio constitucional se resolverá con base en los preceptos de la Ley de Amparo contemplados en ese Decreto, pues la demanda respectiva se presentó ante la autoridad responsable, con posterioridad al día dieciocho de junio de ese año, fecha en que en términos del citado artículo primero transitorio del aludido Decreto entraron en vigor las reformas a la precitada Ley de Amparo, por lo que no se actualiza el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo segundo transitorio.
En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 4/90, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de mil novecientos noventa, materia Común, página 125, de rubro y texto:
"JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda."
Al igual que la jurisprudencia emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con número de identificación VII.2o.T. J/6 (10a.), publicada en la página dos mil cuatrocientos cincuenta y siete, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias: Común, Penal, de rubro: "JUICIOS DE AMPARO EN MATERIAS DIVERSAS A LA PENAL. EL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES INAPLICABLE A AQUÉLLOS Y A LOS RECURSOS QUE DE ELLOS EMANEN, INICIADOS CON ANTERIORIDAD AL 18 DE JUNIO DE 2016."
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del laudo reclamado quedó acreditada con los autos originales del juicio laboral que la Junta responsable, por conducto de su Presidente, remitió al rendir su informe con justificación.
TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo fue presentada oportunamente de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el laudo reclamado se notificó personalmente a la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, el uno de junio de dos mil diecisiete, pues así se advierte de la certificación actuarial visible en la foja doscientos cincuenta y cuatro del expediente laboral; y, el escrito de demanda se presentó el doce de junio siguiente ante la junta del conocimiento; esto es, al séptimo día hábil del término establecido para tal efecto, el cual transcurrió del dos al veintidós de junio de esa anualidad, tomando en consideración que deberán descontarse los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio de ese mismo año, por haber sido sábados y domingos, y, por ende inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación signada por la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Junta responsable, que consta en la foja dieciséis vuelta del presente juicio, lo que se ilustra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
CUARTO. No transcripción. Resulta innecesario transcribir tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación formulados en su contra, cuenta habida que la Ley de Amparo no prevé como obligación dicha transcripción para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se les estudia y se les da respuesta, lo que se hará a continuación; en la inteligencia que se entregan copias certificadas de tales documentos a los integrantes de este cuerpo colegiado, para su debido conocimiento; asimismo, para debida constancia, se agrega copia certificada del acto reclamado al cuaderno de amparo, de conformidad con lo determinado por el Pleno de este Tribunal Colegiado en sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.
Al respecto, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".
También se comparte la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuatrocientos seis, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO".
No se inobserva que los invocados criterios fueron emitidos conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; empero, al existir en lo concerniente identidad jurídica entre dicho ordenamiento y el vigente en la actualidad, son aplicables al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de este último ordenamiento legal.
QUINTO. Estudio del asunto.
Para mayor claridad en la exposición del presente asunto, resulta conveniente, previo a abordar el estudio de los motivos de disentimiento planteados por la parte quejosa, destacar los antecedentes relevantes del caso, que derivan de las constancias que integran el juicio laboral **********, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte lo siguiente:
• Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil catorce (fojas 1 a 6 del expediente laboral), ante la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; **********, por conducto de su apoderado legal **********, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones siguientes:
"...A). La reinstalación del C. **********, en el puesto que venía desempeñando, y en consecuencia el cumplimiento del contrato que lo ligaba al Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del artículo 48 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
B). El pago de los salarios caídos, desde la fecha en que el actor fue separado injustificadamente y que debe computarse a partir del día 16 de enero de 2014 en que injustificadamente fue separado porque supuestamente incurrió en el desempeño de su trabajo en falta de probidad y causas análogas según se encuentran previsto en las fracciones II y XV del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
C). El pago de todas aquellas cantidades que resulten a favor del actor por mejoras, compensaciones, nivelaciones de salario y todas aquellas prestaciones que emanen como diferencia a favor del actor mi representado y que se encuentran previstas en el contrato colectivo de trabajo, así como los artículos 91, 93, 94, 95, 97 y 98 del reglamento interior de trabajo por todo el tiempo que dure el presente juicio, como son los conceptos 32, 33 y 35, todas las prestaciones que se generen en futuras revisiones de contrato mientras dure la separación del actor.
D). El pago de los aguinaldos que se generen a partir del año 2014, hasta que se cumpla con el laudo que se dicte en los términos de la cláusula 107 del contrato colectivo de trabajo.
E). El pago de 90 días de sueldo en los términos de la parte final de la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, por haber sido objeto de un despido injustificado.
F). El reconocimiento y cómputo de la antigüedad general del actor por parte del instituto demandado, durante todo el tiempo que transcurra como trámite del presente juicio.
G). El pago de las cantidades erogadas por el actor durante todo el tiempo que dure el presente juicio, por concepto de cuotas obrero patronales, al Instituto Mexicano del Seguro Social.
H). El pago de las cuotas al afore que corresponda durante todo el tiempo que dure el presente juicio.
I). Reclamo el reconocimiento de la antigüedad por los años de servicio que al actor, mi mandante, no le reconoce la parte demandada, ya que tiene una fecha de ingreso del 14 de septiembre de 2000, al servicio de la demanda y solo se le reconocen 11 años, 9 quincenas y 10 días, cuando que tiene en realidad más de 13 años de servicios, tomando en cuenta la fecha de ingreso que aparece en su respectivo de pago.
J). Intereses moratorios que causen por la omisión de las obligaciones que se deriven de las prestaciones marcadas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), de conformidad con el costo porcentual promedio que señale el Banco de México, computado cada mes desde la fecha del despido hasta aquella en que se cumplimente el laudo correspondiente." (fojas 1 a 3 del expediente laboral).
La parte actora fundó su reclamo en los hechos precisados en su demanda, a los que se hará alusión en la medida que se estime necesario.
• La Junta responsable, entre otras cosas, radicó el asunto y admitió a trámite la demanda laboral en cuestión bajo el número **********; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; realizó los apercibimientos respectivos en caso de no comparecer a la audiencia, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (foja 8 ídem).
• La audiencia de ley tuvo verificativo el nueve de abril de dos mil catorce; en cuya etapa de conciliación, la Junta del conocimiento tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio; en la de demanda y excepciones, a la parte actora ratificando su escrito inicial de demanda, en tanto al Instituto demandado dando contestación a la misma, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito que presentó en la propia diligencia, y a través del cual opuso las defensas y excepciones que estimó convenientes y reconvino al actor en los siguientes términos:
"...Con fundamento en el artículo 878, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, y por ser el momento procesal oportuno, demando en reconvención a la parte (sic) del pago de la siguiente prestación: A). El pago de la cantidad de $********** (********** PESOS, ********** M.N.) por concepto de la deuda contraída el día 20 de enero de 2014 con este Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como se demostrará en el momento procesal oportuno, derivado del adeudo contraído con la Caja de Previsión y Ahorros..." (foja 35 vuelta).
• Sin embargo, al momento de correr traslado a la parte actora con el escrito de contestación, ésta no contestó la reconvención planteada ni solicitó plazo para dar contestación a la misma, por lo que, la autoridad laboral tuvo por contestada la reconvención de mérito en sentido afirmativo; luego, señaló fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 36 y 37 ídem).
• Posteriormente, en la continuación de la audiencia que tuvo verificativo el diez de julio de dos mil catorce, las partes ofrecieron los medios de convicción acordes con sus pretensiones y, la Junta del conocimiento proveyó lo conducente sobre su admisión y desahogo (fojas 140 y 141 ídem).
• Seguido el juicio por sus etapas procesales, la Junta del conocimiento, previo otorgamiento a las partes del derecho para formular alegatos, el veinte de febrero de dos mil diecisiete declaró cerrada la instrucción (fojas 216 y 219 del juicio laboral); y, previo al dictado del laudo respectivo, la parte actora, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado la dilación en su emisión, del cual correspondió conocer a la Jueza Décimo Segunda de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, bajo el número 257/2017, en el que en sentencia de once de abril de dos mil diecisiete, otorgó la protección constitucional solicitada (fojas 231 a 234 ídem); y, en cumplimiento a dicha ejecutoria, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete la responsable dictó el laudo correspondiente (fojas 249 a 253 ídem), en cuyos puntos resolutivos concluyó:
"...PRIMERO. La parte actora no probó su acción; la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, justificó sus excepciones y defensas.
SEGUNDO. SE ABSUELVE a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social de reconocer y pagar al actor C. **********, todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, en términos del considerando que antecede.
TERCERO.Notifíquese personalmente a las partes..." (foja 253 vuelta del juicio laboral).
Laudo que se erige como acto reclamado en esta vía.
Inicialmente, con el objeto de delimitar la litis constitucional, debe precisarse que no será materia de pronunciamiento la omisión en que incurrió la responsable de pronunciarse en relación con la reconvención planteada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del quejoso, toda vez que ésta no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, por el contrario, es favorable a sus intereses, y la parte a la que podría agraviar no promovió juicio de amparo directo principal para controvertirla.
Tampoco será materia de análisis la absolución tácita decretada a favor del Instituto demandado al pago de (J) intereses moratorios, toda vez que el quejoso no plantea motivo de disentimiento alguno en contra de tal absolución, y este Tribunal no advierte queja deficiente que suplir al respecto en su beneficio, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; máxime que la Ley Federal del Trabajo no contempla el pago de intereses moratorios con motivo de la falta de pago de otras prestaciones de orden laboral; por tanto, al carecer de sustento jurídico, resulta improcedente su reclamó y debe permanecer incólume su absolución.
En ese tenor, la litis constitucional en el presente juicio se constriñe al estudio de las absoluciones decretadas a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social del cumplimiento y pago de todas las prestaciones que le fueron reclamadas bajo los incisos del A) al I) del escrito inicial de demanda.
Ahora bien, los argumentos que hace valer la parte quejosa en sus conceptos de violación son parcialmente fundados, suplidos en lo necesario en su deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, los que, además, por razón de técnica, serán analizados en un orden diverso al propuesto en la demanda de amparo, por así autorizarlo el diverso numeral 76 del ordenamiento legal en cita.
Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que este tribunal comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de dos mil dieciséis, Tomo III, página dos mil dieciocho, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."
A efecto de dar respuesta convenientemente a los conceptos de violación planteados, es menester destacar los siguientes antecedentes relevantes del caso, que se desprenden del procedimiento de investigación laboral ********** que el Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo para determinar la terminación del vínculo laboral con el aquí quejoso **********, de los que se desprende, lo siguiente: El aquí amparista se desempeñaba como auxiliar de almacén en el Hospital General de Subzona Unidad Médica Familiar Número "16", del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Omealca, Veracruz y, en el acta administrativa de diecisiete de diciembre de dos mil trece, se le imputaron las siguientes irregularidades:
"... *Los formatos de reaprovisionamiento a los servicios no se encuentran firmados por el responsable del mismo, además de carecer del visto bueno o autorización de los directivos de la unidad.
• Desfasamiento en la captura de vales de reaprovisionamiento a los servicios por parte del responsable del sub-almacén.
• De la muestra analizada se encontró que durante los meses de marzo a noviembre de 2013 se identificó que 269 vales, con 3,023 artículos con un importe de $**********, presentan inconsistencias de registro en demasía en el sistema de abasto institucional módulo SAI almacénes, en relación con lo solicitado por los servicios de Ceye, laboratorio y servicios básicos de este hospital, como se detalla en el anexo 1 de la presente acta..." (fojas 55 y 56 del expediente laboral)
En la constancia de hechos de veintitrés de diciembre de dos mil trece, se asentó lo siguiente:
"...El día de hoy 23 de diciembre de 2013 se solicita al administrador de la unidad entregue a la dirección médica respuesta a lo solicitado por la supervisión lo cual comenta que él y el auxiliar de almacén tienen en bodega anexa al almacén insumos en resguardo fuera del SAI, los cuales fueron contados en su totalidad, siendo un total de 120 claves que representan 1,696 piezas por un importe de $********** pesos M/N que restando del total de las diferencias encontradas en la supervisión que fueron 269 claves con 3,023 piezas con un importe de $********** pesos M/N quedando diferencias pendientes por 149 claves con 1,054 piezas con un importe de $********** pesos M/N, las cuales no son aclaradas como se muestra en la siguiente tabla:
(Se inserta tabla)
Por lo cual el un (sic) servidor como Director de la unidad verifica que los insumos que se registraron en la tabla previa y que suman la cantidad de $********** pesos M/N se encuentren en la unidad y que no hayan sido tomados de Ceye por lo cual se levanta acta administrativa (Anexo acta administrativa de fecha 23 de diciembre 2013) firmando tal acta incluyendo al encargado de la Ceye. Así mismo se menciona que el C. ********** auxiliar de almacén es quien cuenta con clave personalizada para ingresar al sistema automatizado SAI y es quien realiza las actividades de registro en el sistema de la dotación de material a Ceye y otros servicios de la unidad (sic)..." (fojas 68 a 70 ídem).
En razón de lo anterior, mediante citatorio de siete de enero de dos mil catorce, se le indicó al trabajador **********, que debía comparecer el trece de enero de dos mil catorce a las Oficinas de Investigaciones Laborales dependiente de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos en Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en Orizaba, Veracruz, con motivo del procedimiento de investigación laboral **********, acorde con lo dispuesto en las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo (fojas 113 a 116 ídem), haciéndose constar que no compareció, teniéndosele por confeso de las irregularidades que se le atribuyeron (fojas 117 ídem).
En la propia fecha se llevaron a cabo diversas diligencias de ratificación y de declaración de las demás personas involucradas con la investigación de mérito (fojas 94 a 112 ídem), de las cuales destaca la llevada a cabo por **********, Jefe de Oficina adscrito a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Hospital precisado, en la cual, además de ratificar el acta administrativa de diecisiete de diciembre de dos mil trece, en cuanto a las conductas que se le atribuyeron al quejoso, manifestó lo siguiente:
"...destaca las irregularidades que se presentaron en los registros y reportes del Módulo Instituto Mexicano del Seguro Social-SAI Almacénes de Unidades Médicas, estos registros en cantidades superiores a las registradas en las solicitud (sic) ordinario de reaprovisionamiento de CEYE, laboratorio y servicios de intendencia y vales extraordinarios para subalmacén, lo anterior toda vez que no fue aclarado en el momento de la supervisión así como en el plazo que se otorgó en el acta administrativa señalada al inicio de esta declaración, al no ser aclarado se presume que existe un daño al patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de $********** (********** mil ********** pesos ********** m.n.) es importante señalar que los documentos originales con los que se determinaron las inconsistencias obran en poder del Director, el personal que se acreditó como responsable del almacén al momento de la supervisión fue el C. ********** quien personalmente atendió la supervisión y exhibió los documentos antes mencionados, con lo que se determinó que se realizaron registros en el sistema Instituto Mexicano del Seguro Social-SAI Almacénes de Unidad médica en cantidades superiores a lo que aparece registrado en los formatos de solicitud ordinaria de reaprovisionamiento de CEYE y laboratorio y vales extraordinarios, toda vez que no fueron exhibidos los artículos que en su momento debieron existir como sobrantes en el almacén de la unidad; dicha actividad de registro en el sistema SAI está identificada en el numeral 111 del procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado y en donde señala como responsable a la persona del almacén de la unidad médica de realizar los registros de salidas, surtido a servicio o el reaprovisionameinto a la CEYE, el cual exhibo y entrego en este momento y que consta de siete fojas útiles escritas de un solo lado, lo que se hace constar para los efectos legales..." (fojas 99 y 100 del juicio laboral).
Derivado de dicha investigación, en resolución de quince de enero de dos mil catorce, el Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz Sur, estimó que el actor había incurrido en faltas de probidad y honradez en su función como auxiliar de almacén, adscrito al Hospital General Subzona No. 167 de Omealca, Veracruz al no sujetarse al "Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado ********** en sus numerales 103, 106, 107, 108, 110 y 111", al presentarse serias inconsistencias tales como falta de firma de quien recibe, llenado de vales, diferencias en el registro en el Sistema SAI-Almacén, los cuales provocaron un daño patrimonial al instituto, por lo que estimó que su conducta se ubicaba en el supuesto previsto en el artículo 47, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que determinó rescindir la relación laboral con el actor (fojas 122 a 128 ídem).
Mediante acta circunstanciada de dieciséis de enero de ese mismo año, realizada en la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos en Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Orizaba, Veracruz, ********** y **********, abogadas adscritas a Investigaciones Laborales de esa Jefatura, hicieron constar que a las diez horas de ese mismo día se constituyeron en el Hospital General Subzona Número "16" de Omealca, Veracruz, con el objeto de notificar a **********, el oficio rescisorio de la relación laboral, el cual le entregaron y leyó, pero se negó a firmarlo; por lo que, mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil catorce en la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz el Instituto demandado solicitó que se notificara al trabajador el oficio 329001410100/1013/2014 de quince de enero de dos mil catorce, por el cual se rescindió su contrato individual de trabajo (fojas 118 y 119 ídem).
Relatado lo anterior, procede el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa.
Por tratarse de un aspecto de estudio previo y preferente, este órgano de control constitucional analizará en primer orden, las disensiones que hace valer el peticionario del amparo, en el sentido de que la Junta responsable inadvirtió que el derecho del Instituto demandado para rescindirle la relación laboral se encontraba prescrito, toda vez que transcurrieron más de treinta días desde que aquél tuvo conocimiento de las faltas que se le imputaron, lo que ocurrió, según afirma, el dos de diciembre de dos mil trece, en virtud de que, en el acta administrativa de diecisiete de diciembre de dos mil trece, se indicó que las partes hicieron señalamientos en su contra desde esa fecha; por lo que, aduce, al dieciséis de enero de dos mil catorce en que se le rescindió la relación laboral, transcurrieron más de treinta días que disponía para hacerlo, acorde con lo dispuesto por el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.
Es infundado el anterior motivo de disenso, cuenta habida que el precepto invocado es del tenor siguiente:
"Artículo 517. Prescriben en un mes:
I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; (...)
En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible (...)".
Como se desprende del numeral transcrito, prescriben en un mes, las acciones de los patrones pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33370-ba5ddd98/actas-administrativas-levantadas-para-hacer-constar-faltas-cometidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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