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SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FIJAN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2011. · Registro digital (IUS): 23257
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO E
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 3134.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado Enrique Munguía Padilla, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 152/2011, en sesión de quince de abril de dos mil once, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERANDO. ... QUINTO. ... Enseguida, se establecerá por qué se consideran infundados los conceptos de violación del trabajador peticionario del amparo identificados con los numerales 3.1) y 3.2), en los que, medularmente, sostiene que el tribunal responsable soslayó analizar que ofreció como prueba el convenio de prestaciones de ley y colaterales signado entre el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) y el Ayuntamiento demandado, el cual estima que sí le es aplicable, por lo que considera inexacto el juicio del tribunal responsable en el que sostiene que sólo beneficia a los trabajadores sindicalizados, pues, insiste, él no es trabajador de confianza y, además, refiere que la aplicabilidad del convenio mencionado en su beneficio, implica que su jornada de trabajo semanal equivalía a treinta y cinco horas, por lo que con base a dicha documental, si se demostraba que el trabajador había laborado más de treinta y cinco horas a la semana, cualquier excedente debía computarse como tiempo extraordinario. Lo cual incluso se puede apreciar del resultado de la prueba de inspección, de la cual se demuestra que permanecía dentro de la fuente de trabajo por el tiempo correspondiente a la comida del actor. Sobre la base expuesta, se estima, por un lado, que el tribunal responsable no soslayó analizar el convenio de prestaciones colaterales, pues en el cuarto considerando del laudo reclamado se estableció lo siguiente: ‘IV. Los actores (se precisan sus nombres) ofrecieron y fueron desahogadas como pruebas de su parte las siguientes: ... Las documentales en copia fotostática de los convenios de prestaciones de ley y colaterales, celebrados entre el Ayuntamiento demandado durante los años de 2005 y 2006, los cuales obran en fojas de la 84 a la 115 de los autos, probanzas que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad de contenido y firma por la parte demandada, razón por la cual, merecen pleno valor probatorio, mismos que perjudican a los intereses de los reclamantes, toda vez que de dichos documentos se desprende que las prestaciones establecidas en los mismos sólo serán aplicables a los trabajadores sindicalizados, sin que se hagan extensivas a los demás servidores públicos que laboren para el Ayuntamiento demandado; aunado a lo anterior, los accionantes no demostraron con medio de prueba alguno pertenecer a la organización sindical antes referida ...’. De la anterior transcripción se aprecia que el tribunal responsable sí valoró los convenios de prestaciones colaterales que fueron ofrecidos como prueba; empero, consideró que las prestaciones establecidas en dichos acuerdos, sólo serán aplicables a los trabajadores sindicalizados, sin ser extensivas a los demás servidores públicos que laboren para el Ayuntamiento demandado; aunado a que los actores no demostraron con medio de prueba alguno pertenecer a la organización sindical. A fojas noventa y siete a ciento trece del juicio natural se encuentran glosados los convenios de prestaciones de ley y colaterales celebrados entre el Ayuntamiento de Lerma, Estado de México y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, de dos mil cinco y dos mil seis, en ambos convenios la cláusula XIV.5 denominada ‘Cumplimiento de prestaciones’, versa al tenor siguiente: ‘Las prestaciones establecidas en este convenio sólo serán aplicables a los trabajadores sindicalizados, sin que se hagan extensivas a los demás servidores públicos que laboran para el H. Ayuntamiento de Lerma, a excepción de las extraordinarias que se pudieran conseguir.’. Ahora bien, de las constancias descritas es legalmente establecer, que en el laudo emitido por la autoridad responsable, contrario a lo aseverado por el trabajador quejoso, se realizó una correcta interpretación al considerar que, en su carácter de trabajador de confianza, no le son aplicables los convenios celebrados entre el Ayuntamiento demandado y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, toda vez que en estos convenios contienen (sic) una cláusula que de forma implícita excluye al personal que no sea sindicalizado, esto es, limita su aplicación al personal que pertenezca al sindicato en mención. Sobre la temática en estudio, se estima necesario transcribir el numeral 184 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, por tanto, forma parte del bloque constitucional en el que se delinean los principios rectores del derecho laboral mexicano: ‘Artículo 184. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.’. De la interpretación del artículo transcrito, se aprecia que el legislador federal precisó que las condiciones de trabajo que están contenidas en un contrato colectivo de trabajo deben de aplicarse, por regla general, a todos los operarios, incluso aquellos que sean de confianza, con la excepción de que si en el contrato colectivo respectivo se establece una disposición en contrario, dichas condiciones no les beneficiarán. En el caso a estudio, la forma en que está redactada la cláusula XIV.5 denominada ‘Cumplimiento de prestaciones’, al utilizar las palabras ‘sólo’ o ‘única y exclusivamente’ permite a esta integración concluir que los beneficios contenidos en el convenio mencionado están circunscritos únicamente a aquellos trabajadores que, al laborar para el Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, formen parte, al mismo tiempo, del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y excluye de forma implícita a cualquier otro trabajador. Luego, para que al hoy quejoso le sean aplicables los convenios en comento, debe encontrarse reconocida su calidad de sindicalizado en el padrón de agremiados de la agrupación de referencia, lo que fue analizado de esa manera por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; por tanto, si el actor ... no acreditó en aquella instancia que era trabajador sindicalizado, se concluye que no tiene derecho al pago de las prestaciones que exigió con base en el referido convenio, ni a los límites de la jornada de trabajo establecida en dicho acuerdo de voluntades; de ahí lo infundado de sus argumentos, pues, la condena respecto al tiempo extraordinario laborado se basó únicamente en el tiempo excedente a las cuarenta y ocho horas semanales máximas que trabajó el actor durante el último año laborado; máxime que, contra lo que plasmó el actor, en el caso, la prueba de inspección que ofreció redundó en su beneficio, al tener por cierto el horario de labores que afirmó en su escrito inicial de demanda, como se aprecia de la transcripción siguiente: (se transcribe la valoración de la inspección por parte del tribunal de trabajo). Cabe precisar que este tribunal no comparte el criterio con el rubro: ‘CONVENIOS LABORALES. SON APLICABLES PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TANTO SINDICALIZADOS COMO DE CONFIANZA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO).’, emitido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en la especialidad señalada, pues, conforme a la naturaleza de los convenios debe estarse a la voluntad de los contratantes, y si en el caso, los convenios de prestaciones de ley y colaterales celebrados entre el Ayuntamiento de Lerma, Estado de México y el Sindicato (sic) de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, de los años dos mil cinco y dos mil seis, prevén que será de aplicación sólo para el personal sindicalizado, es jurídico concluir, que solamente a éstos les es aplicable el pacto y no a empleados de diversa índole, como son los de confianza ..."

Similares consideraciones realizó el citado Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos 563/2010 y 495/2010, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.

CUARTO. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 127/1999, en sesión de ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERANDO. IV. ... Asimismo, es fundado el último de los motivos de inconformidad aducidos por los impetrantes relativo a que la responsable indebidamente absolvió a la patronal del pago de las prestaciones que se encuentran establecidas en los convenios de trabajo celebrados entre el Ayuntamiento de Nicolás Romero y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, por la sola circunstancia de no haber sido demostrado ser miembros del referido sindicato, razonamiento que en su concepto resulta ilegal, porque el artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo establece que las estipulaciones del contrato colectivo de trabajo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa aunque no sean miembros del sindicato y como quedó demostrado que trabajaron en el Ayuntamiento demandado tienen derecho a las prestaciones que reclamaron en los incisos del g) al p) de su escrito de reclamación. Ciertamente en el tema que nos ocupa: Aplicación extensiva a todos los trabajadores de la empresa o establecimiento de los convenios colectivos, en virtud del artículo 9 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo por no ser tratado en aquel ordenamiento. El artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo establece: ‘Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184.’. Por su parte, el numeral 184 dispone: ‘Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.’. De la anterior transcripción, se advierte que dichos artículos hacen extensivos los beneficios a todos los trabajadores sin excepción, salvo disposición expresa en contrario contenida en el mismo convenio por lo que respecta a los trabajadores de confianza, circunstancia que no se actualiza en el caso y aun cuando existiere esa limitación, no excluiría a los actores por no ser éstos trabajadores de confianza. Luego entonces, la redacción que se utiliza en los referidos convenios, refiriéndose a los trabajadores como ‘trabajadores sindicalizados’ no puede de manera alguna invocarse como argumento para considerar que sólo a ellos les son aplicables y hacer nugatorio el contenido del referido precepto. Una nueva reflexión sobre este tema por parte de este tribunal lo lleva a la consideración de que no es obstáculo para la conclusión anterior la circunstancia de que los referidos convenios no se denominen contratos colectivos de trabajo, sino ‘convenios de trabajo’ que celebran por una parte el Ayuntamiento de Nicolás Romero y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, puesto que en principio el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo define al contrato colectivo precisamente como: ‘El convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, y uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos’. Encontrándose reguladas en ellos las principales condiciones, a que se refiere el diverso numeral 391 del mismo ordenamiento como materia de su regulación, tales como: montos de los salarios, las bases sobre la integración y fundamento de las comisiones mixtas, y un sin número de prestaciones de carácter económico para los trabajadores, entendiéndose que las restantes ya no se mencionan por haber quedado definidas en convenios anteriores y no sufrir variación, o bien, por entenderse que quedan reguladas conforme a las disposiciones legales sin ningún beneficio adicional para los trabajadores. Pero aun suponiendo que únicamente hubiere sido el monto de los salarios la materia de la convención ello sería suficiente para considerarlo como un contrato colectivo de conformidad con el artículo 393 del citada (sic) ley laboral que reza: ‘No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falta la determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales.’. A mayor abundamiento, de las constancias de autos no se advierte la celebración de un ‘contrato colectivo de trabajo’ entre el referido sindicato y el Municipio, ni tampoco se invocó su existencia, ni menos aún se hizo valer como excepción, por lo que las consideraciones de equiparar (sic) el referido convenio de condiciones generales de trabajo a un ‘contrato colectivo’ no riñe con tales constancias. En tales condiciones, procede conceder a los quejosos la protección federal solicitada para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado en lo relativo al pronunciamiento sobre las prestaciones reclamadas contenidas en los incisos del g) al p) del escrito de demanda, con excepción del inciso n), y únicamente por lo que hace a los quejosos ********** condene al pago de vacaciones y su prima por lo que hace al periodo de mil novecientos noventa y seis, por considerarse ilegales las consideraciones que formula en estos tópicos y, hecho que sea, con plenitud de jurisdicción resuelve lo procedente ..."

Similares consideraciones adoptó el mencionado órgano jurisdiccional federal, al resolver los amparos directos 166/1999, 219/1999, 339/1999 y 308/1999, motivo por cual resulta innecesario transcribir la parte conducente. De la reiteración de ese criterio derivó la siguiente jurisprudencia:

"Núm. registro: 193572

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa, Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, agosto 1999

"Tesis: II.T. J/1

"Página: 658

"CONVENIOS. APLICACIÓN RESPECTO DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 396 y 184, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, se hacen extensivos los beneficios a todos los trabajadores sin excepción, salvo disposición expresa en contrario contenida en el mismo contrato colectivo de trabajo, en tratándose de los trabajadores de confianza. Por lo cual, el que en esos convenios se aluda sólo a los ‘trabajadores sindicalizados’, no puede de manera alguna invocarse como argumento que únicamente a ellos les son aplicables esas prerrogativas y hacer nugatorio ese derecho a los burócratas no sindicalizados; aun cuando a ese acuerdo de voluntades no se le denomine contrato colectivo de trabajo, sino convenio de trabajo, pues el numeral 386, de ese ordenamiento legal, define al primero de los mencionados como, el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, condiciones, entre las que se encuentra como principal el monto del salario; en cuya virtud basta para considerarlo como contrato colectivo de trabajo, el que hubiere sido materia de la convención el monto del salario, aunque no regule las restantes, porque en términos del artículo 393, de la ley referida, sólo el pacto omiso en la determinación de percepciones, no producirá efectos de contrato colectivo de trabajo."

El mismo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 332/2002, en sesión de veintisiete de junio de dos mil dos, en la parte que interesa, determinó:

"CONSIDERANDO. ... IV. ... Es fundado pero inoperante el concepto reseñado bajo el inciso b), ya que si bien los artículos 396 y 184 de la Ley Federal del Trabajo, se encuentran en la parte sustantiva y actualmente de conformidad con el artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios no es dable aplicar supletoriamente aquella ley a ésta en esa parte; también lo es, que el capítulo III de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se refiere a las condiciones generales del trabajo, y en su artículo 54 establece: ‘cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo con el sindicato en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término.’. Esto es, la propia ley burocrática local en el numeral transcrito con antelación establece que las condiciones generales de trabajo que el Ayuntamiento fija de común acuerdo con el sindicato son ‘aplicables a sus servidores públicos’, entendiéndose por éstos de conformidad con el diverso numeral 4, fracción I, de la propia ley ‘toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo’. Luego, si aquel numeral, ni ninguno otro de la ley local, establece que los contratos colectivos de trabajo únicamente son aplicables para los sindicalizados debe entenderse que rigen para todos los servidores públicos; luego se aplican también para los no sindicalizados o de confianza. Sirve de apoyo a esta consideración la jurisprudencia 108, visible en las páginas 85 y 86 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (transcribe). Al margen de lo anterior, tocante al argumento de que la jurisprudencia del rubro: ‘CONVENIOS, APLICACIÓN RESPECTO DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, no debe servirle a la juzgadora sino tan sólo para normar su criterio, ya que conforme a lo previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria entre otras autoridades, para los del trabajo, locales, federales; luego entonces, debe ser acatada. Tocante a que la jurisprudencia de mérito está equivocada, se le contesta al inconforme que es de explorado derecho que las autoridades de amparo deben resolver conforme a la ley que se encuentra vigente al momento en que se suscita el conflicto laboral y que éstos evidentemente se originan en fecha anterior a la en que se emiten las resoluciones de amparo. Por ello, es absurdo suponer que las ejecutorias que motivaron la jurisprudencia en comento debieron resolverse conforme a la ley vigente al momento de fallarse el juicio de amparo respectivo, pues en la especie los conflictos del trabajo derivaron en los juicios laborales números 134/97, 139/97, 27/98, 139/98 y 311/98 (con los que se relacionan las ejecutorias de mérito) mismos que se suscitaron encontrándose vigente el estatuto jurídico que establecía la supletoriedad mencionada. En cuanto a lo reseñado bajo el inciso c), cabe decir al inconforme, como ya se dijo, que al trabajador sí le era aplicable el convenio que exhibió, al margen de que la nueva ley burocrática local no contemple la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo y el convenio data del año de 1999, cuando ya se encontraba en vigor la nueva ley, toda vez que el capítulo III de la misma, referente ‘a las condiciones generales del trabajo’ como ya se apuntó, no excluye a los trabajadores no sindicalizados de las condiciones generales de trabajo pactadas entre Ayuntamiento y sindicato; luego entonces, en la especie no es aplicable el principio civilista invocado por el inconforme del rubro: ‘res inter alios acta’ (los contratos sólo afectan, comprometen y/o benefician a las partes) porque en materia laboral existe el principio constitucional que establece: ‘a trabajo igual, salario igual’, que se vería vulnerado al realizar una interpretación del citado convenio de acuerdo a aquél. Además lo dicho se sustenta en el diverso principio que reza: ‘donde la ley no distingue no se debe hacer distinción alguna’. Por otro lado, se le contesta al inconforme respecto a lo reseñado bajo el inciso d), que el convenio exhibido por el operario, no establece un periodo de vigencia para su aplicación, ni tampoco el demandado al referir que el ‘convenio no le era aplicable al trabajador’, refirió que aquél fuera vigente tan sólo por el año de 1999; luego entonces, la responsable fue certera al tomarlo en consideración, respecto al año dos mil, amén de que el artículo 54 de la ley burocrática local, establece que los convenios en donde se establezcan las condiciones generales de trabajo, tendrán una duración de tres años y el demandado en todo caso, debía probar que existía otro contrato colectivo de trabajo para el año dos mil ..."

Análogas consideraciones adoptó el órgano jurisdiccional federal, al resolver los amparos directos 975/2005, 88/2006, 896/2006 y 943/2006, razón por la que no tiene sentido reproducir la parte conducente. La reiteración de ese criterio dio como resultado la siguiente jurisprudencia:

"Núm. registro: 171813

"Jurisprudencia

"Materia(s): Laboral

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, agosto de 2007

"Tesis: II.T. J/33

"Página: 1205

"CONVENIOS LABORALES. SON APLICABLES PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TANTO SINDICALIZADOS COMO DE CONFIANZA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO). El abrogado Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal establecía la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, la cual en sus artículos 396 y 184 señala que las condiciones de trabajo contenidas en un contrato colectivo se extienden a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario, y que resultan aplicables a todas las personas que trabajen en la empresa aunque no sean miembros del sindicato; sin embargo, en términos del numeral 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México vigente, aquel ordenamiento ya no resulta aplicable supletoriamente a esta ley en su parte sustantiva. No obstante lo anterior, el capítulo III de la actual legislación burocrática estatal se refiere a las condiciones generales de trabajo, la cual en su artículo 54 establece: ‘Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo, con el sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término’, de donde se advierte que las condiciones generales de trabajo contenidas en un convenio o contrato colectivo de trabajo celebrado con el sindicato, deben aplicarse a ‘los servidores públicos’, entendiéndose por éstos, de conformidad con el diverso numeral 4o., fracción I, de dicha ley ‘toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo’. Consecuentemente, si en ningún precepto de la ley local se establece que los convenios laborales son aplicables únicamente a los trabajadores sindicalizados, debe entenderse que rigen para todos los ‘servidores públicos’, es decir, tanto para los sindicalizados como para los de confianza."

El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 808/2009, en sesión de seis de octubre de dos mil nueve, retomó las consideraciones expuestas en el amparo directo 332/2002, el criterio de la jurisprudencia inmediata anterior y, adicionalmente, señaló lo siguiente:

"CONSIDERANDO. ... SEXTO. ... El artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, contenido en el capítulo III, denominado ‘De las condiciones generales de trabajo’, prevé que ‘Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo, con el sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término’. De tal disposición se desprende, que esas condiciones generales de trabajo plasmadas en un convenio o contrato colectivo de trabajo, celebrado con el sindicato, deben aplicarse a ‘los servidores públicos’, entendiéndose por éstos, de conformidad con el numeral 4, fracción I, de la propia ley, a ‘toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo’; por ende, si aquel numeral, ni algún otro de la ley local establece, que los convenios únicamente son aplicables a los sindicalizados, debe entenderse que rigen para los ‘servidores públicos’, es decir, que también se aplican para los no sindicalizados. El precepto 57, fracción VI, del propio ordenamiento dispone, que ‘Serán condiciones nulas y no obligarán a los servidores públicos, aun cuando las admitieren expresamente, las que estipulen: ... VI. Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de esta ley.’. En ese orden de ideas, se concluye que al margen de si la actora probó o no que era una trabajadora sindicalizada, lo cierto es que la responsable actuó legalmente, al establecer que los convenios celebrados entre el Ayuntamiento demandado y el Suteym, son aplicables a la misma. No es óbice para lo sustentado, que en el artículo 2 transitorio del convenio que ofreció como prueba la actora los pactos, se establezca que ‘El presente convenio será de aplicación única y exclusivamente al personal sindicalizado, este carácter de sindicalizado se les reconocerá exclusivamente conforme al padrón de agremiados del sindicato (Suteym)’ (F. 27); toda vez que se reitera, la ley burocrática local dispone que los pactos celebrados entre instituciones públicas o dependencias con sus sindicatos, en los que se fijen las condiciones generales de trabajo, rigen para los servidores públicos sin hacer distinción alguna, pudiendo excluir, desde luego, a voluntad de las partes del ámbito de su validez personal a cierta clase de trabajadores, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; por lo tanto, en la especie la exclusión de los empleados con el mismo trabajo no sindicalizados de base, infringe el principio de que ‘A trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en cuenta el sexo’, consagrado en la Constitución General de la República en su artículo 123, apartado B, fracción V, pues conforme a este principio no es válido establecer un trato preferencial en cuanto al salario de trabajadores que laboran para un mismo patrón, bajo idén

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23257-2a5d7a62/servidores-publicos-de-los-ayuntamientos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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