Corpus
Modo: Corpus Pro

CONVENIOS DE SUELDOS Y PRESTACIONES ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL SINDICATO RESPECTIVO. SON APLICABLES ÚNICAMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SINDICALIZADOS (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 78/2025. · Registro digital (IUS): 33900
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-03-20
Promovente: Entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 78/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 15 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIO: DENIS REYES HUERTA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al quince de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA:

1. Que resuelve la contradicción de criterios 78/2025, entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 743/2024 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el diverso 2359/2023.

2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) resolver si los Convenios de Sueldos y Prestaciones celebrados entre los Ayuntamientos y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), resultan aplicables únicamente a los trabajadores sindicalizados; o bien, ante la falta de condiciones de trabajo que les sean propias, deben hacerse extensivos a los servidores públicos generales no sindicalizados, conforme lo establecido en el artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México.

ANTECEDENTES

Denuncia de la contradicción de criterios.

3. Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, formularon la denuncia de posible contradicción de criterios suscitada entre lo manifestado por el nombrado órgano jurisdiccional y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circunscripción, al resolver los asuntos anteriormente precisados.

Trámite ante el Pleno Regional.

4. En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los tribunales colegiados contendientes informaran –esencialmente– sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.

5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto y solicitó informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.

6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.

7. En proveídos de cinco y siete de noviembre de dos mi veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los tribunales colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes y que las sentencias emitidas en los juicios de origen han causado estado.

8. En acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que en relación con el tema de la presente contradicción, durante los últimos seis meses no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

9. En esa misma fecha, se confirmó el turno a la Magistrada ponente.

10. El siete de enero de dos mil veintiséis, se listó el asunto para su discusión.

AMICUS CURIAE

11. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

13. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, esto es, uno de los tribunales que emitió parte de los criterios en contienda.

CRITERIOS DENUNCIADOS

15. A continuación, se expondrán –medularmente– las consideraciones en las cuales los tribunales colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

16. Juicio laboral. **********, demandó del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, la reinstalación en el puesto que había desempeñado, así como el pago de salarios caídos y diversas prestaciones con motivo del despido injustificado del que dijo fue objeto.

17. Asunto del que conoció el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, quien lo registró con el consecutivo **********. Posteriormente, en el momento procesal oportuno, dictó el laudo de nueve de abril de dos mil veinticuatro, en el que –esencialmente– absolvió del otorgamiento y pago de las prestaciones extralegales solicitadas con base en los Convenios de Prestaciones de Ley y Colaterales.

18. Demanda de amparo directo. Inconforme con lo anterior, **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo.

19. Trámite del juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al tribunal colegiado en cita, quien la admitió a trámite.

20. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal, en lo que interesa, determinó conceder la protección constitucional, a efecto que la autoridad responsable emitiera un diverso laudo en el que abordara de nueva cuenta el reclamo de las prestaciones extralegales solicitadas por la quejosa conforme al convenio sindical, tomando en consideración que el mismo le resulta aplicable a la accionante; por los siguientes motivos:

21. Primeramente, refirió que la parte demandada no acreditó con ninguna de las probanzas ofrecidas que la actora fuese trabajadora de confianza, por lo que la consideró como trabajadora general.

22. Destacó lo establecido en el artículo 54 de la Ley del Trabajo para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y refirió que, si bien en su primer párrafo estatuye que los convenios celebrados con el sindicato únicamente serán aplicables a los trabajadores que pertenezcan al mismo, lo cierto es que también preceptúa que las instituciones deben fijar reglamentos en los que se contengan las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos, tanto sindicalizados, como generales.

23. Así, ya que se consideró a la actora como trabajadora general, y toda vez que el ayuntamiento no exhibió las condiciones de trabajo que le correspondían al no estar sindicalizada, estimó que le son aplicables los convenios pactados por el sindicato, dado que la ley burocrática no hace distinción entre los trabajadores generales sindicalizados y los que no pertenecen al mismo, por lo que se entiende que realizan las mismas funciones.

24. En ese orden de ideas, señaló que de acuerdo a una interpretación conforme del artículo 1o. Constitucional y de lo señalado en el tercer párrafo del citado numeral 54, no es posible discriminar a los trabajadores en sus condiciones laborales, por lo que, en esa medida, no se puede segregar a los servidores públicos generales por el hecho de no estar sindicalizados, pues si éstos realizan una función igual a la de un sindicalizado, tienen derecho a recibir las mismas prestaciones, con independencia de que se encuentren afiliados o no; lo anterior, en virtud de lo determinado por el ya referido artículo primero de la Carta Magna, así como el diverso 86 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula que a trabajo igual, salario igual.

25. Entonces, si las dependencias públicas no cuentan con documento que avale las condiciones generales de trabajo aplicables, se deberá estar a lo establecido en la citada normativa; por tanto, los convenios sindicales resultan aplicables a los servidores públicos, excluyendo únicamente a los de confianza.

26. Sostuvo lo anterior, en la contradicción de tesis 200/2011 resuelta por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el criterio jurisprudencial que de dicho asunto derivó, en la que se analizó el artículo 54 de la referida ley burocrática (antes de ser reformado al texto actual), pues determinó que los "Convenios de Prestaciones de Ley y Colaterales" que suscriben los municipios del Estado de México, de común acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la misma entidad federativa, resultan aplicables a todos los servidores públicos que presten sus servicios en la institución correspondiente, sin exclusión alguna.

27. Por tanto, los trabajadores generales que no se encuentren expresamente afiliados a la citada organización sindical, pueden verse beneficiados con las condiciones de trabajo previstas en los citados convenios; sin perjuicio de que durante el procedimiento laboral, el patrón acredite que ha fijado las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos no sindicalizados.

28. Precisó, que si bien en la ejecutoria emitida por la extinta Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se analizó el numeral 54 de la ley burocrática en cita, en su texto anterior a la reforma publicada el dieciséis de diciembre de dos mil catorce; empero, el contenido de dicho precepto continúa previendo que las instituciones públicas de la entidad federativa deben contar con un Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, aplicable tanto a los servidores públicos sindicalizados, como a los de carácter general.

29. Entonces, sólo en caso de que las dependencias acrediten contar con el documento que avale las condiciones laborales de los trabajadores generales, diversas de las estipuladas para los servidores públicos sindicalizados, se podrá excluir a los primeros de los beneficios que prevé el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales celebrado entre el patrón equiparado y el sindicato burocrático.

30. Por lo que, si la entidad gubernativa no exhibe en juicio el reglamento o documento en las que aparezcan dichas condiciones, debe entenderse que los pactos sindicales resultan aplicables a todos los trabajadores de carácter general; con exclusión de los trabajadores de confianza, en virtud que sus condiciones se encuentran establecidas en el contrato, nombramiento o formato único de movimiento de personal y en la normatividad de cada institución.

31. Señaló que esto es así, dado que en la jurisprudencia 2a./J. 137/2011, con registro digital 160481, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FIJAN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.", la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estableció la aplicación de los convenios sindicales a los trabajadores generales, por el hecho de que no existiera disposición expresa en la ley burocrática, sino porque de acuerdo con el artículo 54 del ordenamiento legal en cita, es obligación de los Ayuntamientos establecer sus condiciones laborales en un documento distinto de aquél que rige para los servidores públicos sindicalizados.

32. Consideró que, aun cuando el precepto legal en análisis se reformara con posterioridad a la publicación de la precitada jurisprudencia, es aplicable en lo conducente, dado que éste infringe el principio dispuesto en la fracción V, del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, consistente en que "a trabajo igual corresponderá salario igual".

33. Así, el tribunal contendiente concluyó que en virtud que la quejosa fue servidora pública general y el Ayuntamiento demandando no evidenció contar con un reglamento que fijara las condiciones laborales de los servidores públicos generales, es que resultaba incorrecto el actuar de la autoridad responsable, al no hacer extensiva la aplicación del citado Contrato Colectivo de Trabajo en el laudo reclamado, con independencia de que se acreditara o no la calidad de trabajador sindicalizado.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

34. Juicio laboral. **********, demandó al Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, entre ellas, la aplicación de los beneficios contenidos en el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales, celebrado entre el Ayuntamiento demandado y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México.

35. De dicha demanda conoció el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, la cual radicó con el número **********; una vez integrado el expediente, emitió el laudo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el que determinó –medularmente– absolver del otorgamiento y pago de las prestaciones extralegales solicitadas.

36. Demanda de amparo directo. En desacuerdo con lo anterior, **********, por conducto de su apoderada legal, promovió demanda de amparo directo; asimismo, el Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, por conducto de la Presidenta Municipal, promovió amparo adhesivo.

37. Trámite del juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al tribunal colegiado en cita, quien la admitió a trámite.

38. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El referido tribunal, en lo que interesa, determinó negar la protección de la Justicia de la Unión al quejoso, y consecuentemente declarar sin materia el amparo adhesivo promovido por la dependencia gubernamental en su carácter de tercera interesada, en virtud de lo siguiente:

39. Indicó que la parte quejosa sustentó el reclamo de horas extras con base en la jornada laboral reducida prevista en el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales; sin embargo, aquél es aplicable únicamente para los trabajadores sindicalizados.

40. Así, destacó que de las manifestaciones de la parte actora, mismas que tomó a manera de confesión expresa, se trata de una persona trabajadora de confianza, en términos del artículo 8, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esto en virtud que refirió ser chofer del Presidente Municipal.

41. En ese sentido, señaló que la extinta Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 265/2011, estableció:

a. Que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, por lo que, si encuentran que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas;

b. De los numerales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, deriva la obligación de dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, de apreciar los hechos en conciencia y de resolver de manera clara, precisa y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio;

c. La obligación de examinar las acciones no depende de su naturaleza legal o extralegal, sino que constituye un imperativo categórico en todos los casos en que se someta a su jurisdicción la resolución de una controversia laboral; y,

d. Reiteró que si un trabajador pretende el otorgamiento de una prestación extralegal, tiene la carga procesal de demostrar que tiene derecho a recibir el beneficio invocado, esto, al exhibir la cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo en que sustente su exigencia y acreditar que se ubica en el supuesto contenido en la norma extralegal.

42. Asimismo, precisó que la referida Sala definió que las cláusulas de los Contratos Colectivos de Trabajo, contienen prestaciones extralegales que son de interpretación estricta; de conformidad con las jurisprudencias 2a./J. 128/2010 y 2a./J. 148/2011, con registros digitales 163849 y 160514, respectivamente, de rubros: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA." y "PRESTACIONES EXTRALEGALES. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENEN OBLIGACIÓN DE EXAMINAR SU PROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS."

43. Analizó el contenido del artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a la fecha de presentación de la demanda, del que destacó que:

a. Cada institución pública o dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, contará con un Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los servidores públicos sindicalizados y generales;

b. Ante la falta de los documentos que avalen dichas condiciones generales de trabajo, deberá estarse a lo establecido por dicha ley; y,

c. Que los beneficios que se establezcan en los Reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo y en los Convenios de Sueldos y Prestaciones, no serán extensivas a los servidores públicos de confianza, toda vez que sus condiciones se encuentran establecidas en el contrato, nombramiento o formato único de movimiento de personal y en la normativa de cada institución.

44. Atento a lo anterior, refirió que no resulta aplicable el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales señalado por el accionante, dado que con las pruebas que ofreció no demostró que fuera trabajador sindicalizado, cuestión que resulta indispensable para su otorgamiento.

45. En ese orden de ideas, resaltó que si bien la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 137/2011, con registro digital 160481, de título: "SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FIJAN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO."; ésta no resulta aplicable al caso en estudio, dado que para emitir dicho criterio la citada Sala interpretó el artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, antes de las modificaciones realizadas el veintinueve de agosto de dos mil trece, dieciséis de diciembre de dos mil catorce y diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; por tanto, el numeral analizado es diverso al interpretado por la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal del País.

46. Consecuentemente, precisó que si bien al momento que la nombrada Sala analizó el numeral referido, emitió un criterio aplicable debido a la necesidad de distinguir a qué servidores públicos se fijaban las condiciones generales de trabajo; circunstancia que en este momento no acontece, dado que el artículo analizado ahora establece distintos puntos, esto es, a) distingue respecto a qué trabajadores son aplicables las condiciones de trabajo; y, b) dispone que a falta de éstas, deberá estarse a lo dispuesto en la ley de la materia.

47. Así, determinó que no es dable hacer extensivos los beneficios previstos en el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales a la parte actora, lo que incluye las condiciones de trabajo ahí establecidas, pues el trabajador no satisfizo el requisito necesario para tal efecto, esto es, demostrar su carácter de sindicalizado.

48. En ese sentido, señaló que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, prevé tres tipos de servidores públicos: a) generales; b) de confianza; y c) sindicalizados; así, el artículo 6o., primera parte del párrafo primero de la legislación burocrática en cita, establece que los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza.

49. Asimismo, el diverso numeral 7 de dicha normativa, define a los servidores públicos generales como aquéllos que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, material, administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales internos de procedimientos o guías de trabajo.

50. Por su parte, el artículo 8 de la legislación en cita, indica que son servidores públicos de confianza aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública, así como los que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de su encargo. En ese tenor, las funciones que se entienden de confianza son las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y protección civil, así como las que se relacionen con la representación directa de los titulares de las dependencias, con el manejo de recursos, las que realicen los auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, secretarias y demás personal operativo que les sea asignado directamente.

51. Destacó que en la legislación burocrática no existe definición respecto a un servidor público sindicalizado; sin embargo, del artículo 11 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se advierte que los servidores públicos generales podrán ocupar puestos de confianza; no obstante, en caso de ser sindicalizados, podrán renunciar a esa condición, o bien, obtener licencia del sindicato correspondientes antes de ocupar el puesto.

52. En virtud de lo anterior, definió que un servidor público sindicalizado es aquél de carácter general con la nota distintiva de haberse afiliado y con ello cubrir las cuotas correspondientes a la organización sindical.

53. De lo señalado en los párrafos que anteceden, indicó que se advierte un trato diferenciado determinado por la norma jurídica entre los servidores públicos, esto es así, pues los servidores públicos generales sólo gozarán de los beneficios que establezca la norma, o en su caso, el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, aplicable a éstos, sin que puedan beneficiarse de los convenios de sueldos y prestaciones celebrados con el sindicato.

54. Consecuentemente, los servidores públicos sindicalizados, además de lo que dispongan las normas legales y el reglamento conducente, también podrán beneficiarse de los convenios en cita; y, respecto a los servidores públicos de confianza, únicamente contarán con los derechos que prevé la norma.

55. Asimismo, realizó un análisis de la normativa en mención, a efecto de determinar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable, o si constituye una discriminación constitucionalmente válida; con sustento en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, emitida por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal del País, con registro digital 174247, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."

56. En ese sentido, consideró que dicho trato no transgrede el principio de igualdad, relativo a la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; pues dicho trato obedece a una finalidad objetiva y válida, dado que el artículo 123, apartado B, fracción X de la Carta Magna, establece que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes; esto es, el reconocimiento a la libertad sindical, igualmente previsto en el Convenio 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo.

57. Resaltó que dicha prerrogativa se sustenta fundamentalmente en cuatro postulados, 1. Derecho de libre asociación; 2. Derecho para redactar estatutos y reglamentos administrativos; 3. Derecho para elegir libremente a sus representantes; y, 4. Derecho de organización interna.

58. Postulados que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CXIV/2015, con registro digital 2010285, titulada: "LIBERTAD SINDICAL. POSTULADOS EN QUE SE SUSTENTA ESE PRINCIPIO.", señaló que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, pues no pueden concebirse una sin la existencia de las otras.

59. Así, precisó que el derecho de asociación a través de un sindicato parte del ejercicio de la libertad de la persona de coaligarse con otras para la defensa y mejoramiento de los derechos laborales, lo que necesariamente implica responsabilidades como aportar cuotas sindicales; que en el caso, el numeral 84, fracción III de la ley burocrática estatal, las reconoce y determina que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de cuotas sindicales.

60. Por tanto, que la norma prevea que sólo los servidores públicos sindicalizados se vean beneficiados de los convenios celebrados con el sindicato, con exclusión de los servidores públicos generales y de confianza, tiene una finalidad constitucionalmente válida, esto es, potencializar el ejercicio del derecho de libertad sindical y negociación colectiva.

61. Igualmente, refirió que la medida adoptada resulta proporcional con el fin pretendido, ya que el ejercicio de la libertad sindical y participación en sindicatos, incluso con apoyo económico, a través de las cuotas sindicales, encuentra sustento en que aquéllos que aportan, a diferencia de los que deciden no hacerlo, repercute en los beneficios derivados de la negociación colectiva que trae como consecuencia y resultado, los Convenios de Sueldos y Prestaciones, respecto de los que lógicamente no podrán verse beneficiados quienes no colaboraron en la construcción de una organización de defensa y procuración en la mejoría de los derechos laborales.

62. Concluyó refiriendo que, no puede considerarse la jornada laboral que pretendía el actor para el pago del tiempo extraordinario, en virtud que tal afirmación la hizo con base en el convenio de prestaciones que no le es aplicable por no encontrarse sindicalizado; por tanto, ante la falta del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los servidores públicos generales, deberá estarse a lo establecido por la normativa conducente.

63. Así, dado que no se exhibió medio convictivo que acreditara la jornada extraordinaria referida por el quejoso y, dado que el artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que corresponde al actor la carga probatoria de demostrar haber laborado el tiempo extraordinario, cuestión que no fue satisfecha, negó la protección constitucional.

64. Finalmente, toda vez que el órgano colegiado negó el amparo principal, declaró sin materia el amparo adhesivo promovido por la tercera interesada.

EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

65. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

66. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.

67. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.

68. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.

b) Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.

69. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.

70. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre dos cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.

71. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los tribunales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33900-c6d26a7e/convenios-de-sueldos-y-prestaciones-entre-los-ayuntamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.